Sentencia AC-711-21 — Registro 14779
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación; confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que desestimó excepción de prescripción o caducidad de la pretensión contra ejecución de título judicial, ordenando seguir con actuaciones de apremio sobre bienes del deudor en demanda de pago de cantidad de dinero por reclamo de pago de honorarios profesionales debidos y no pagados promovida por persona natural contra recurrente; El Tribunal de Apelaciones coincide con la resolución emitida ya que al tratarse de una ejecución de título judicial interpuesto en tiempo y forma, no se encuentra prescrita por ser una ejecución de título judicial firme de condena y al reclamante le asiste el derecho de reclamar el pago de sus honorarios profesionales no satisfechos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"observa esta Sala de lo Constitucional, que el demandante de amparo ha centrado su argumentación en destacar como motivo principal de su formalización, la violación a su derecho de defensa como manifestación del derecho fundamental a un debido proceso, consistente, a su juicio, en falta de motivación de la sentencia recurrida en apelación, sosteniendo el impetrante que la sentencia de primera instancia y confirmada por la alzada, carece de claridad y congruencia, lo anterior como primer agravio y como segundo y último agravio, expone que, se le vulnera el debido proceso, al habérsele declarado sin lugar una excepción de prescripción opuesta a una reclamación de honorarios profesionales, contestando el Tribunal de Alzada literalmente lo siguiente: “…En el caso subjudice el recurrente señaló como agravios que la obligación se encuentra prescrita, con fundamento en el artículo 2296 numeral 1 del Código Procesal Civil, el cual señala el plazo para reclamar las obligaciones de honorarios de abogados, alegato que expuso también en la oposición a la ejecución judicial presentada por el demandante-ejecutante, abogado Julio Cesar Ramírez Mejía; al respecto, este tribunal Ad-quem, comparte absolutamente el criterio de la Jueza de primera instancia, en cuanto a la inaplicabilidad del artículo antes relacionado pues, el presente caso corresponde a una ejecución de título judicial, con resolución firme de condena, procediendo su ejecución, y el artículo alegado por el apelante está referido a obligaciones que no provengan de acciones, judiciales firmes, por lo que, le asiste el derecho al reclamante del pago de sus honorarios profesionales no satisfechos…”. ..."de la revisión de los antecedentes se observa a folio cinco de la primera pieza, la resolución definitiva firme de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, la que en su parte resolutiva entre otros manda: “…despáchese ejecución contra la sociedad mercantil denominada Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V., a través de su representante legal, señora ANA MARIA MADRID, como parte demandada, conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV, Título II, Libro VI del Código Procesal Civil, para el pago de la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (l.765,000.00) más las costas de ejecución.- Es sobre este título ejecutivo que el demandante solicitó por la vía de apremio, la ejecución de dicha resolución firme de condena de pago de honorarios profesionales debidos y no pagados..esta Sala estima que, al tratarse de un título ejecutivo consistente en una sentencia condenatoria firme, requiere de un procedimiento de ejecución diferente al procedimiento establecido en el artículo 2296 numeral 1 del Código Procesal Civil, para el cobro de honorarios profesionales alegado por el impetrante, por lo que es procedente la inaplicabilidad de dicha disposición legal por establecer este un procedimiento distinto al requerido en el caso de autos. La anterior explicación jurídica, está plasmada de forma clara y congruente en la sentencia de primera instancia, entendible a la primera lectura, descartándose así que la confirmatoria de la misma por la Corte de Apelaciones, vulnere el debido proceso, por carecer de los requisitos determinados en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil relativos a la claridad, precisión y exhaustividad el primero, a la motivación de las sentencias el segundo y a la congruencia de las sentencias el último..."..."esta Sala ha sostenido en otras ocasiones que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."..."la sentencia recurrida en amparo, es contentiva de los requerimientos exigidos por el legislador en el artículo 3 del Código Procesal Civil, es decir, respetuosa del derecho fundamental genérico del debido proceso, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, a favor de la sociedad mercantil denominad Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras Civil de Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda por la vía de apremio la ejecución de resolución firme de condena de pago de una cantidad de dinero por reclamo de pago de honorarios profesionales debidos y no pagados, promovida por el Abogado Julio Cesar Ramirez Mejía, actuando en su condición personal, contra la sociedad mercantil denominad Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Julio Cesar Ramirez Mejía, actuando en su condición personal, promoviendo demanda por la vía de apremio la ejecución de resolución firme de condena de pago de una cantidad de dinero por reclamo de pago de honorarios profesionales debidos y no pagados. (Folios 1-4 de la pieza del A-quo) 2) En fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V., promoviendo oposición a la ejecución de título judicial por prescripción. (Folios 66-72 de la pieza del A-quo) 3) En fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la excepción de prescripción o caducidad de la pretensión de ejecución fundamentada en el artículo 763.1 del Código Procesal Civil. interpuesta por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS contra la ejecución de título judicial presentada por el abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA actuando en causa propia. Desestimándose por lo tanto el incidente presentado.- SEGUNDO: Se ordena seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, TERCERO: Con fundamento en el artículo 120 del Código Procesal Civil relacionado con artículo 202 sobre la notificación, publicación, archivo y registro de la y presente resolución y en cumplimiento del apartado número siete del Acuerdo No. PCSJ 30-2020 de fecha 24 de mayo del 2020, habilítense días y horas inhábiles para efecto de notificación de la presente resolución.- CUARTO: El computo del plazo para recurrir la presente resolución se contará partir del DÍA SIGUIENTE HÁBIL a la notificación, quedando en suspenso mientras la Corte Suprema de Justicia habilita los días у horas inhábiles…” (Folio 188-190 de la pieza del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de Apoderado Legal la Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V., contra la sentencia referida en el numeral que precede; la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. -SEGUNDO: CONFIRMAR LA SENTENCIA IMPUGNADA. -TERCERO: CON COSTAS.” (Folios 15-21 de la pieza del Ad-quem) 5) En fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V., contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considera que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 64, 90 y 321 de la Constitución de la República. 6) En fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en consecuencia, se ordena a la Secretaría de este Tribunal, poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 45 del recurso) 7) Que en fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de la análisis jurídico lo siguiente: “…Del examen de la resolución venida en amparo, se aprecia que el Ad-quem, expone en el considerando Sexto y Séptimo de sus fundamentos de derecho, lo siguiente: "En el caso subjudice el recurrente señaló como agravio que la obligación se encuentra prescrita, con fundamento en el art. 2296 numeral 1 del Código Procesal Civil, el cual señala el plazo para reclamar las obligaciones de honorarios de abogados, alegato que expuso también en la oposición a la ejecución judicial presentada por el demandante-ejecutante, abogado JULIO CESAR RAMÍREZ MEJÍA, al respecto este Tribunal ad- Quem comparte absolutamente el criterio de la jueza de primera instancia, en cuanto a la inaplicabilidad del artículo antes relacionado pues, el presente caso corresponde a una ejecución de título judicial, con resolución firme de condena, procediendo su ejecución y el artículo alegado por el apelante está referido a las obligaciones que no provengan de acciones judiciales firmes, por lo que le asiste el derecho al reclamante del pago de sus honorarios profesionales no satisfechos". "Asimismo, en base al Principio de completa Satisfacción del ejecutante establecido en el artículo 743 numeral 2, ... solo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante.... en consecuencia, al tratarse de una ejecución de Título Judicial interpuesto en. tiempo y forma, no se encuentra prescrita la obligación. En consonancia con lo anteriormente expuesto, esta Representación Fiscal al realizar un análisis del caso sub judice, comparte el criterio esgrimido por la Alzada, al desprenderse de los autos que la Ejecución de Título Judicial, proviene de una sentencia firme, de la cual se pretende su ejecución, cuya finalidad es la satisfacción del derecho que tiene el ejecutante a su favor, derivado de la sentencia. En virtud de lo anterior, el Ministerio Público estima que en el caso de autos la resolución emitida por el Ad-Quem es razonable, congruente y justa, por lo que no se aprecia ninguna violación al Debido Proceso o Derecho de Defensa alegados por el recurrente. VI.- OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 48-52 del recurso de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o Restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que se conoce el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, a favor de la sociedad mercantil denominad Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras Civil de Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda por la vía de apremio la ejecución de resolución firme de condena de pago de una cantidad de dinero por reclamo de pago de honorarios profesionales debidos y no pagados, promovida por el Abogado Julio Cesar Ramírez Mejía, actuando en su condición personal, contra la sociedad mercantil denominad Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V. CONSIDERANDO (3): Que observa esta Sala de lo Constitucional, que el demandante de amparo ha centrado su argumentación en destacar como motivo principal de su formalización, la violación a su derecho de defensa como manifestación del derecho fundamental a un debido proceso, consistente, a su juicio, en falta de motivación de la sentencia recurrida en apelación, sosteniendo el impetrante que la sentencia de primera instancia y confirmada por la alzada, carece de claridad y congruencia, lo anterior como primer agravio y como segundo y último agravio, expone que, se le vulnera el debido proceso, al habérsele declarado sin lugar una excepción de prescripción opuesta a una reclamación de honorarios profesionales, contestando el Tribunal de Alzada literalmente lo siguiente: “…En el caso subjudice el recurrente señaló como agravios que la obligación se encuentra prescrita, con fundamento en el artículo 2296 numeral 1 del Código Procesal Civil, el cual señala el plazo para reclamar las obligaciones de honorarios de abogados, alegato que expuso también en la oposición a la ejecución judicial presentada por el demandante-ejecutante, abogado Julio Cesar Ramírez Mejía; al respecto, este tribunal Ad-quem, comparte absolutamente el criterio de la Jueza de primera instancia, en cuanto a la inaplicabilidad del artículo antes relacionado pues, el presente caso corresponde a una ejecución de título judicial, con resolución firme de condena, procediendo su ejecución, y el artículo alegado por el apelante está referido a obligaciones que no provengan de acciones, judiciales firmes, por lo que, le asiste el derecho al reclamante del pago de sus honorarios profesionales no satisfechos…”. CONSIDERANDO (4): Que de la revisión de los antecedentes se observa a folio cinco de la primera pieza, la resolución definitiva firme de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, la que en su parte resolutiva entre otros manda: “…despáchese ejecución contra la sociedad mercantil denominada Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V., a través de su representante legal, señora ANA MARIA MADRID, como parte demandada, conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV, Título II, Libro VI del Código Procesal Civil, para el pago de la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (l.765,000.00) más las costas de ejecución.- Es sobre este título ejecutivo que el demandante solicitó por la vía de apremio, la ejecución de dicha resolución firme de condena de pago de honorarios profesionales debidos y no pagados. Así las cosas, esta Sala estima que, al tratarse de un título ejecutivo consistente en una sentencia condenatoria firme, requiere de un procedimiento de ejecución diferente al procedimiento establecido en el artículo 2296 numeral 1 del Código Procesal Civil, para el cobro de honorarios profesionales alegado por el impetrante, por lo que es procedente la inaplicabilidad de dicha disposición legal por establecer este un procedimiento distinto al requerido en el caso de autos. La anterior explicación jurídica, está plasmada de forma clara y congruente en la sentencia de primera instancia, entendible a la primera lectura, descartándose así que la confirmatoria de la misma por la Corte de Apelaciones, vulnere el debido proceso, por carecer de los requisitos determinados en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil relativos a la claridad, precisión y exhaustividad el primero, a la motivación de las sentencias el segundo y a la congruencia de las sentencias el último. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala ha sostenido en otras ocasiones que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (6): Que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Así las cosas, la sentencia recurrida en amparo, es contentiva de los requerimientos exigidos por el legislador en el artículo 3 del Código Procesal Civil, es decir, respetuosa del derecho fundamental genérico del debido proceso, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, a favor de la sociedad mercantil denominad Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras Civil de Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda que por la vía de apremio se solicita la ejecución de resolución firme de condena de pago de una cantidad de dinero por reclamo de pago de honorarios profesionales debidos y no pagados, Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para la debida ejecución del pago ordenado en la sentencia recurrida. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., trece de mayo de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando en su condición de apoderado judicial la sociedad mercantil denominada Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V; contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras Civil de Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda que por la vía de apremio se solicita la ejecución de resolución firme de condena de pago de una cantidad de dinero por reclamo de pago de honorarios profesionales debidos y no pagados.-CONSIDERANDO: Que la recurrente estima que la sentencia recurrida en amparo no está apegada a derecho por violentar a su representada el derecho fundamental a un debido proceso, al confirmar el razonamiento jurídico tanto de primera instancia, como de la Corte de apelaciones recurrida, señalando que existe una errónea interpretación de la norma procesal aplicada y la falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 2296.1 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional ha constatado que el suplicante mediante interposición de recurso de reposición impugna la sentencia emitida por esa Sala exactamente con los mismos argumentos planteados y ya contestados en el recurso de amparo en cuestión, por lo que es menester señalar que, estudiados de nuevo los antecedentes, se concluye que se ratifica la respuesta a este recurso de reposición brindada en el recurso de amparo impugnado, por lo que procede aplicar la máxima que indica: “ante un mismo planteamiento misma respuesta”. CONSIDERANDO: Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces marcados por el legislador o los procedimientos legalmente preestablecidos. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N.º 7 , 41, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando en su condición de apoderado judicial la sociedad mercantil denominada Agropecuaria la Heredad, S.A. de C.V; y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo y resolución de fecha trece de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-711-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL