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Sentencia AC-673-21 — Registro 15128

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución que inadmitió a trámite motivo de oposición de falta de legitimidad del demandado por no haber subsanado los puntos solicitados tal como que adecuara su oposición para el caso de título de ejecución (pagaré), se ordenó seguir por la vía de apremio y rechazó de plano recurso de reposición, en demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por ejecutante contra recurrente; La Autoridad recurrida concluyó que el auto cuestionado pone fin a la oposición planteada y se equipara a la sentencia que desestima la oposición y apelable sin suspensión de las actuaciones, por lo que el recurrente consintió el acto al no ajercitar el recurso de apelación y debe sobreseerse por incurrir en causal de inadmisibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, se encuentra conforme a derecho, pues SOBRESEE las diligencias con fundamenta en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Señala la Corte que el Código Procesal Civil establece que procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos que la ley expresamente señale. Señala el Ad-Quem que la decisión del Juez de Letras Civil, de rechazar in limmine o de plano la oposición planteada, mediante el auto de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, es un auto que pone fin a la oposición planteada y que por ende debe equipararse a la sentencia que desestime la oposición y apelable sin suspensión de las actuaciones, en aplicación del artículo 797 del Código Procesal Civil, pues nada dice el legislador del rechazo de plano de la oposición planteada por el ejecutado, considerando que existe similitud de razones entre el auto que decide la oposición y el que rechaza de plano la tramitación de la oposición planteada, dicho de otra manera, son análogos entre sí y merecen el mismo tratamiento procesal. De lo anterior resulta que debe sobreseerse el amparo interpuesto, al ser aplicable el artículo 46.3 por haber consentido los actos el agraviado, el no ejercitar el recurso de apelación contra el auto de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán..."..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la pedidora tenía la vía del Recurso de Apelación contra la resolución dictada en fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por lo que contaba con éste medio de defensa judicial, medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, siendo el recurso de apelación un remedio procesal ordinario que la ley pone a su disposición a efecto de enmendar la vulneración a los derechos constitucionales que arguye fueron cometidos por la Juez A-quo, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo, por tratarse de un acto que tenía expeditos recursos ordinarios que la ley pone a su disposición, como remedio a los actos procesales que se consideren vulneran derechos fundamentales y así volver eficaz la tutela de los derechos de la quejosa..."..."El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada Raquel Cáceres Calix..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, sobreseyendo el recurso de amparo interpuesto por la Abogada RAQUEL CÁCERES CÁLIX, a favor de la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS S.A., contra la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el Abogado Carlos Benjamín Santos Hernández, en su condición de Apoderado Legal del señor Joel Enrique Padilla Rubio, en contra de la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS S.A., por medio de su representante legal, el señor José Roberto Medina Rubí. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90, 94 y 95 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha ocho (8) de enero de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Carlos Benjamín Santos Hernández, en su condición de Apoderado Legal del señor Joel Enrique Padilla Rubio, interponiendo Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, contra la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS S.A., a través de su propietario y representante legal, el señor José Roberto Medina Rubí, para que sea requerido por la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.590,000.00). (Folios 1-5 del expediente del A-quo) 2) En fecha doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Raquel Cáceres Calix, en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS S.A., presentando escrito de oposición a la demanda de ejecución de título extrajudicial interpuesta por el Abogado Carlos Benjamín Santos Hernández, en su condición de Apoderado Legal del señor Joel Enrique Padilla Rubio. (Folios 47-50 del expediente del A-quo) 3) En fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “…PRIMERO: PREVIO a resolver sobre la admisión del escrito que antecede, que se proceda a subsanar en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles lo siguiente: 1) Que se adecué el motivo de oposición por aquel que corresponda para los títulos valores según lo preceptúa el Código Procesal Civil para este tipo de procesos, ya que el título de ejecución es un pagaré, debiéndose fundamentarse jurídicamente conforme a éste.- 2) Que se aclare en qué consiste cada uno de los medios ofertados.- 3) Que se presente copia del escrito de subsanación y sus anexos…” (Folio 78 vuelto del expediente del A-quo). 4) En fecha quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Raquel Cáceres Calix, en su condición antes indicada, presentando escrito de subsanación del auto de fecha trece de marzo de dos mil veinte. (Folios 82-88 del expediente el A-quo) 5) En fecha diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “…PRIMERO: Téngase por presentado el escrito de subsanación de fecha quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021) por parte de la ABOGADA RAQUEL CÁCERES CALIX en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA en su condición de parte ejecutada. SEGUNDO: VISTO el escrito de subsanación de la oposición presentado en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020) por la parte ejecutada, en consecuencia, INADMÍTASE A TRÁMITE la oposición planteada, en virtud de los argumentos facticos y jurídicos que se han relacionado en la presente resolución. TERCERO: sígase directamente la vía de apremio.…” (Folio 141 vuelto del expediente del A-quo) 6) En fecha dos (02) de febrero del dos mil veintiuno (2021) la Abogada Raquel Cáceres Calix, presento recurso de reposición contra la resolución de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021) dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que en fecha cuatro (4) de febrero del dos mil veintiuno (2021) resolvió: “… Rechácese de plano y sin ningún otro trámite el recurso de reposición interpuesto por la Abogada Raquel Cáceres Calix…”. (Folio 144 al 147 y 185 del expediente del A-quo) 7) En fecha doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Raquel Cáceres Calix, presentando recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS, S.A., en contra del auto resolutivo de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, argumentando la peticionaria que dicha resolución le vulnera a sus representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90, 94 y 95 de la Constitución de la República. (Folios 1-13 del expediente del Ad-quem) 8) Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, conociendo del recurso de amparo impetrado, por unanimidad de votos falló: PRIMERO: Sobreseyendo la acción de amparo interpuesta. SEGUNDO: Que se envíe en trámite de consulta obligatoria la presente sentencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. (Folios 93 99 vuelto del expediente del Ad-quem) 9) Que en fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, conocida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por la Abogada RAQUEL CACERES CALIX, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado Carlos Benjamín Santos Hernández, en su condición de apoderado legal del señor Joel Enrique Padilla Rubio, contra la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS S.A., a través de su propietario y representante legal, el señor José Roberto Medina Rubí. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, es violatorio de derechos constitucionales contenidas en los artículos 82, 89, 90, 94 y 95 de la Constitución de la República, resolución que INADMÍTASE A TRÁMITE la oposición planteada, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida contra la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS S.A., a través de su propietario y representante legal, el señor José Roberto Medina Rubí. (Ver Folio 141 frente y vuelto de la Pieza de antecedentes de Primera Instancia) CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, mediante la cual resuelve Sobreseer la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada RAQUEL CACERES CALIX, a favor de la Sociedad Mercantil AUTOCONSA DE HONDURAS S. A., contra la resolución de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (4) Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución dictada en fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual INADMITE A TRÁMITE la oposición planteada por la parte ejecutada, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado Carlos Benjamín Santos Hernández, en su condición de Apoderado Legal del señor Joel Enrique Padilla Rubio, en contra de la sociedad mercantil denominada AUTOCONSA DE HONDURAS S.A. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente expone en la interposición de la acción constitucional impetrada que el acto recurrido es violatorio de derechos constitucionales; arguye que en representación de la sociedad AUTOCONSA DE HONDURAS S.A. DE C. V., presentó oposición alegando el único motivo de FALTA DE LEGITIMIDAD DEL DEMANDADO, en virtud de que el ejecutante no fue claro y preciso a quien demandaba, y que lo resuelto por el Juzgado de Letras Civil, que en su parte dispositiva resuelve inadmitir a trámite la oposición planteada, es violatoria de derechos constitucionales; continúa argumentando la impetrante que presentó recurso de reposición contra la resolución referida, para que dicho Juzgado enmendara el grave error y admitiera a trámite la oposición a la ejecución, quien mediante resolución de fecha cuatro de febrero del dos mil veintiuno, rechaza de plano y sin ningún otro trámite el recurso de reposición. Argumenta la pedidora que con dicha resolución se violenta el debido proceso, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República y artículo 3 del Código Procesal Civil, pues las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y que la resolución sea motivada. Al inadmitir a trámite la oposición a la ejecución, la Juez condicionó el derecho de defensa de su representada a meros formalismos, con lo cual se viola el derecho de defensa, debido proceso y legalidad, establecidos en los artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la República, en relación al derecho de acceso a los Juzgados y Tribunales, establecido en el artículo 1 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, se encuentra conforme a derecho, pues SOBRESEE las diligencias con fundamenta en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Señala la Corte que el Código Procesal Civil establece que procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos que la ley expresamente señale. Señala el Ad-Quem que la decisión del Juez de Letras Civil, de rechazar in limmine o de plano la oposición planteada, mediante el auto de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, es un auto que pone fin a la oposición planteada y que por ende debe equipararse a la sentencia que desestime la oposición y apelable sin suspensión de las actuaciones, en aplicación del artículo 797 del Código Procesal Civil, pues nada dice el legislador del rechazo de plano de la oposición planteada por el ejecutado, considerando que existe similitud de razones entre el auto que decide la oposición y el que rechaza de plano la tramitación de la oposición planteada, dicho de otra manera, son análogos entre sí y merecen el mismo tratamiento procesal. De lo anterior resulta que debe sobreseerse el amparo interpuesto, al ser aplicable el artículo 46.3 por haber consentido los actos el agraviado, el no ejercitar el recurso de apelación contra el auto de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (9): Que la garantía de Amparo, es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO (10): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la pedidora tenía la vía del Recurso de Apelación contra la resolución dictada en fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por lo que contaba con éste medio de defensa judicial, medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, siendo el recurso de apelación un remedio procesal ordinario que la ley pone a su disposición a efecto de enmendar la vulneración a los derechos constitucionales que arguye fueron cometidos por la Juez A-quo, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo, por tratarse de un acto que tenía expeditos recursos ordinarios que la ley pone a su disposición, como remedio a los actos procesales que se consideren vulneran derechos fundamentales y así volver eficaz la tutela de los derechos de la quejosa. CONSIDERANDO (11): Que, al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)….; 2)….; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada Raquel Cáceres Calix. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 numeral 3 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina A. Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de junio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-673-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL