Sentencia AC-661-21 — Registro 15867
Resumen
Resolución que inadmite a tramite solicitud con relación a la demanda para el reclamo de honorarios profesionales vía procedimiento Especial promovida por impetrante, contra Cooperativa de Ahorro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, al evidenciarse que no se ha seguido el procedimiento para el Cobro de Honorarios establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil antes citado, para dilucidar el reclamo de honorarios profesionales por parte de los profesionales del derecho a sus clientes, señalándose el procedimiento especial a seguir, el cual no puede quedar a discreción del Juez, ello en observancia al principio de legalidad procesal tal como lo establece el artículo 7 numeral 1 del Código procesal Civil, que reza: “El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas.”. En ese sentido yerra el Tribunal de Alzada al argumentar que, “en la pretensión del cobro de honorarios el profesional del derecho devenía en la obligación de haber acreditado sus actuaciones como tal en el Juzgado de Letras Civil, para poder activar la competencia del Juzgado de Letras para que pueda conocer del proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 89 ya apuntando, así como también yerra en sugerir que el juzgado competente para conocer de la pretensión de cobro de honorarios en el Juzgado penal”. Analizado el presente proceso, esta Sala advierte que tanto el A-quo, como el Ad-Quem, violentan el debido proceso al hacerse evidente que pretenden dar una incorrecta dirección procesal a la pretensión de pago de honorarios, procedimiento especial que tiene definido su cauce; vulnerando con ello los derechos que invoca el recurrentes en Amparo, pues se ha irrespetado el debido proceso al dictar una resolución, con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución, específicamente el artículo 90 y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras, constituyendo este motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar el debido proceso, en razón de no haber dado cumplimiento el ad quem a su obligación, de hacer valer el Principio de Aplicación de la Norma Procesal, substanciando siempre las actuaciones con arreglo a las normas procesales vigentes."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 7, NUMERAL 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, a favor del abogado EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA; contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, con relación a la demanda para el reclamo de honorarios profesionales promovida por el abogado EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROSPERIDAD LIMITADA. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentadas están contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el señor EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA, en su condición personal, interponiendo DEMANDA PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROSPERIDAD LIMITADA, a través de su representante legal el señor JULIAN SANCHEZ AGUILERA. (Folios 01 y 05 de la Primera Pieza de los antecedentes).-2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia dieciséis de marzo del año dos mil veinte, en la cual su parte dispositiva: RESUELVE: “PRIMERO: INADMITESE A TRAMITE la presente Solicitud de Pago de Honorarios Profesionales Vía Procedimiento Especial, junto con los documentos acompañados, promovida por el ABOGADO EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA quien actúa en causa propia, en virtud que no cumple con los requisitos expresamente establecidos en la ley para su admisión, ya que en la normativa procesal civil aplicable se establece expresamente cuales son las clases de procesos para comparecer en las presentes diligencia, debiendo el compareciente adecuar la misma al proceso declarativo ordinario que establece el artículo 399.2 del Código Procesal Civil ya que como dispone dicha normativa es a través del proceso ordinario que se decidirán las demandas cuya cuantía supere los CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00); por lo tanto, no puede solicitarse por esta vía el reclamo de Honorarios Profesionales, pues, este procedimiento es para juicios promovidos en el Juzgado Civil, siendo improcedente tal acción por la vía instada.- De igual forma, no se aclara el fundamente atinente a la competencia básica del órgano Jurisdiccional citado en la demanda de mérito y tampoco se justifica ante este Tribunal de Justicia el cobro de los intereses exigidos en la presente acción, sin definirse en razón de que solicita el pago de los mismos.- SEGUNDO: Por medio de la Secretaría del Despacho se devuelvan los documentos que le interesen al compareciente.- TERCERO: Archívense las presentes diligencias, sin ulterior desarrollo….”. (Folios 29 al 30 de la Primera Pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, en su condición de representante procesal del señor EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos, dictó sentencia en fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, mediante la cual FALLA: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA, contra el auto de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020).- SEGUNDO: SE CONFIRMA dicha resolución.- TERCERO: SIN COSTAS por no existir contraparte.”. (Folios 20 y 24 de la Segunda Pieza de los antecedentes).-4) Que el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del señor EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA, contra la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha ocho de noviembre del dos mil veintiuno. (Folios 1–05 y 29 de la presente Recurso).-5) Que en fecha veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, que emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE PARCIALMENTE, el amparo solicitado, bajo el argumento siguiente: “En atención a lo expuesto por el recurrente y revisado el antecedente de mérito, se advierte que el reclamo de honorarios profesionales, obedece a actuaciones realizadas ante el Juzgado de lo Penal, es decir, ante una jurisdicción y materia diferente, razón por la cual el trámite determinado en el artículo 89 del Código Procesal Civil, que instituye el cobro de honorarios, es aplicable a las actuaciones judiciales que se hayan ventilado en la vía civil, por lo que la pretensión del recurrente no corresponde dentro del procedimiento especial para el reclamo de honorarios; sin embargo se aprecia que la norma procesal civil en el artículo 29, que respecto a la competencia objetiva, dispone: “Corresponde a los Juzgados de Letras el conocimiento en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales”, de lo cual se advierte la competencia del Juzgado de Letras Civil sobre la Demanda para el Pago de Honorarios Profesionales, por lo que el recurrente puede plantear su petitoria en dicha instancia civil, de acuerdo al procedimiento que corresponde.”. (Folios 32 al 36 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que declara por mayoría de votos, Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Roberto Antonio Cruz, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte (2020), que INADMITE A TRAMITE la solicitud para el pago de Honorarios Profesionales vía Procedimiento Especial, promovida por el abogado EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA, en contra de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROSPERIDAD LIMITADA, representada legalmente por el señor JULIAN SANCHEZ AGUILERA.-CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en Amparo Abogado Roberto Antonio Cruz, muestra su discrepancia con la Resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta los derechos de petición, defensa, debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en Amparo Abogado Roberto Antonio Cruz, argumenta en el escrito de interposición que habiendo presentado Demanda para el reclamo de Honorarios Profesionales en base al procedimiento establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil, el A-quo en fecha dieciséis de marzo del dos mil veinte, inadmite a trámite el mismo, amparándose que el mismo se debe adecuar al artículo 399.2 del Código Procesal Civil, por lo cual el juzgador no puede cambiar la norma de forma antojadiza, pues ya el artículo 17 del Código Civil, establece que no puede dársele otro sentido a la Ley que el que ya tiene atribuido, resolución que fue recurrida ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, quien por mayoría de votos declarada sin lugar, basándose que su representado debió tazar sus honorarios profesionales en el Juzgado que realizo sus actuaciones. Argumenta que tanto el A-quo, como el Ad-quem interpretan erróneamente la ley que es clara, violentando con ello el debido proceso, petición, defensa y legalidad.-CONSIDERANDO (5): En el escrito de formalización del recurso de Amparo, el pedidor centra su argumento en que el concepto de las violaciones que se han cometido, radica en resolución de fecha dieciséis de marzo del dos mil veinte, emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y la resolución de fecha cuatro de febrero del dos mil veinte, emitida por la Corte Primera de Apelaciones, que han infringido la ley, no tomando en consideración lo señalado en los artículos 22, 28, 89 del Código Procesal Civil y en circular No. 16 emitida por la Corte Suprema de Justicia en fecha cinco de diciembre del dos mil dieciséis, siendo clara la errónea aplicación y violación a las normas jurídicas procesales en el presente caso y con ello violación a las garantías constitucionales señaladas.-CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 64 que dispone: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”; Artículo 80: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 94 “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que haya sido impuesta resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.”; y artículo 321 “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”.- CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrantes como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la sentencia impugnada, de lo dispuesto en los artículos 22, 28 y 89 del Código Procesal Civil, que por su orden establecen: “CARÁCTER SUPLETORIO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativo, laborales, y de otra índole procesal.”; “COMPETENCIA GENERICA. Corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de todos aquellos litigios fundados en el derecho privado que no estén atribuidos por la ley a otros órganos jurisdiccionales, así como de aquellos otros que las leyes les atribuyan expresamente.”; “COBRO DE HONORARIOS. 1. Los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al Arancel o al convenio de Honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama, en su caso. 2. Presentada esta reclamación, se requerirá al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. 3. Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, resolverá el juzgado o tribunal con base a la documentación aportada fijando la cantidad debida, mediante auto. 4. Si se impugnaren los honorarios por excesivos, se procederá previamente a su tasación conforme a lo previsto en este Código para las costas, salvo que el profesional del derecho acredite la existencia de Contrato o presupuesto previo por escrito aceptado por el impugnante en cuyo caso, se dictará auto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación. 5. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que asciende la minuta, más las costas. 6. El pago de los honorarios gozarán de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos.”.-CONSIDERANDO (8): Que el objeto de la Ley sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional; por ello uno de los principios que rigen en la substanciación de la acción de Amparo es la prevalencia del derecho sustancial, observándose en las alegaciones del recurrente motivos esenciales a efecto de recurrir en Amparo la Resolución dictada en fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.-CONSIDERANDO (9): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Asimismo, otro de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el de legalidad procesal regulado en el artículo 7 que dispone: “1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas. 2. Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas. 3) Cuando no se señale una formalidad especifica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos.”.-CONSIDERANDO (10): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[2]. La Corte ha afirmado que, para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[3]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[4] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó:Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[5] Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona específicamente a lo establecido en los artículos 22, 28 y 89 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho petición, defensa y debido proceso.-CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (13): Que la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Civil, se ha manifestado sobre el cobro de Honorarios Profesionales en diferentes sentencias[6] haciendo alusión a lo siguiente: “…el artículo 89 del Código Procesal Civil cuenta con un procedimiento especial que establece “que los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al Arancel o al Convenio de Honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama”… Sumado a lo anterior, el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho vigente al momento de presentarse la demanda, expresamente establece en su párrafo tercero: “De negarse el poderdante a la cancelación de los honorarios profesionales que se le adeuden al Profesional del Derecho o Notario, podrá cualquiera de las partes de manera conciliatoria, peticionar a la Comisión del Arancel que requiera la presencia de ambas partes para la solución del conflicto de honorarios; de negarse a la celebración del proceso conciliatorio establecido en el artículo 58 de la presente Ley, deberá el Profesional del Derecho o Notario, requerir de manera judicial su pago de honorarios profesionales en aplicación del artículo 2296 del Código Civil y 89 del Código Procesal Civil, ante el Juzgado de Letras Civil Competente, por la vía del Proceso Abreviado.”. Así la Corte Suprema de Justicia en fecha cinco de diciembre del dos mil dieciséis, con instrucciones de la Sala Laboral, emite CIRCULAR No. 16, misma que establece: “…la naturaleza de los honorarios profesionales es de carácter privado y en consecuencia solo pueden ser reclamados ante los Tribunales Civiles, de conformidad con los artículos 28, 29 y 89 del Código Procesal Civil…”.-CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, al evidenciarse que no se ha seguido el procedimiento para el Cobro de Honorarios establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil antes citado, para dilucidar el reclamo de honorarios profesionales por parte de los profesionales del derecho a sus clientes, señalándose el procedimiento especial a seguir, el cual no puede quedar a discreción del Juez, ello en observancia al principio de legalidad procesal tal como lo establece el artículo 7 numeral 1 del Código procesal Civil, que reza: “El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas.”. En ese sentido yerra el Tribunal de Alzada al argumentar que, “en la pretensión del cobro de honorarios el profesional del derecho devenía en la obligación de haber acreditado sus actuaciones como tal en el Juzgado de Letras Civil, para poder activar la competencia del Juzgado de Letras para que pueda conocer del proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 89 ya apuntando, así como también yerra en sugerir que el juzgado competente para conocer de la pretensión de cobro de honorarios en el Juzgado penal”. Analizado el presente proceso, esta Sala advierte que tanto el A-quo, como el Ad-Quem, violentan el debido proceso al hacerse evidente que pretenden dar una incorrecta dirección procesal a la pretensión de pago de honorarios, procedimiento especial que tiene definido su cauce; vulnerando con ello los derechos que invoca el recurrentes en Amparo, pues se ha irrespetado el debido proceso al dictar una resolución, con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución, específicamente el artículo 90 y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras, constituyendo este motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar el debido proceso, en razón de no haber dado cumplimiento el ad quem a su obligación, de hacer valer el Principio de Aplicación de la Norma Procesal, substanciando siempre las actuaciones con arreglo a las normas procesales vigentes.[7] POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 7.1, 22, 28, 89 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, a favor del Abogado EDUARDO ANTONIO ROSALES MEZA, contra la resolución de fecha CUATRO (4) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0661-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.
[3] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.
[4] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[5] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.
[6] Casación Civil Número 80-2019 y 132-2019, dictadas en fecha 20 de enero del 2021.
[7] Artículo 21 del Código Procesal Civil publicado mediante Decreto No. 211-2006 en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 26 de mayo del 2007.