Sentencia AC-645-21 — Registro 14682
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución de un título extrajudicial. Estimando el recurrente que, los derechos y garantías constitucionales que considera violentados a su representación procesal, se encuentran contenidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Que visto el caso para sentencia, ponderados los argumentos esbozados por la recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, conviene reiterar la jurisprudencia consolidada que ha mantenido la Sala de lo Constitucional referente a que no corresponde, en la acción de Amparo, pronunciarse sobre cuestiones o alegaciones de mera legalidad; tales como las reiteradamente alegadas por el garantista contra las actuaciones judiciales ordinarias; incurriendo inclusive en contradicción en términos, al postular la vigencia del Código Tributario (Decreto 22-97), en lo que le favorece y denegando, a la vez, su ultra actividad; en la resolución judicial impugnada por la vía de amparo, en lo que estimare desfavorable para su resistencia a la pretensión. Por lo demás, cabe observar que tales argumentaciones no son coherentes, claras, relacionadas a la prueba practicada y valorada en el proceso; por lo que tampoco logra trascender hacia nociones jurídicas que evidencien la invocada infracción a los derechos constitucionales de su representación procesal. En consecuencia, procede sobreseer la presente garantía constitucional de amparo, por los motivos expuestos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ARTURO SARMIENTOS, a favor de SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q. HONDURAS S.A , contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE UN TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en representación del Estado de Honduras; contra la SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q. HONDURAS S.A.- Estimando el recurrente que, los derechos y garantías constitucionales que considera violentados a su representación procesal, se encuentran contenidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, interponiendo Demanda de Ejecución de Titulo Ejecutivo extrajudicial, se dicte despacho de ejecución, se practique investigación de bienes del deudor y responsable solidario. (Folios 1–5 de la Primera Pieza del Juzgado).-2) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, presentando oposición a la ejecución de título extra judicial por falta de competencia del tribunal ante quien se presentó la demanda y, promoviendo nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo, los títulos los requisitos legales exigidos. Así, como la prescripción o caducidad de la pretensión. (Folios 50 al 52 de la Primera Pieza del Juzgado).-3) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Estimar los siguientes motivos de oposición 1.- Falta de competencia del Tribunal ante el cual se presenta.- 2.- Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, en consecuencia, se DECLARA CON LUGAR LA OPOSICION PLANTEADA por el Abogado JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES, en su condición de representante procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q HONDURAS S.A , contra la ejecución de título extrajudicial para el pago de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO (L. 535,667.28), presentada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.- SEGUNDO: Desestima el motivo de oposición consistente en PRESCRIPCION O CADUCIDAD DE LA PRETENSION.- TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUCICIAL.- CUARTO: SIN COSTAS.-(Folios 218–221 de la Primera Pieza de los antecedentes).-4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada JENSY LADY LEE ZAVALA ZAVALA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual, por mayoría de votos de sus miembros, Falló: “PRIMERO: CON LUGAR el recurso de Apelación contra la Sentencia dictada el 11 de junio de 2020, SEGUNDO: Se revoca los ordinales: primero (numerales 1 y 2 ) tercero y cuarto de la resolución impugnada TERCERO: Se confirma el ordinal segundo de la parte dispositiva, por no recurrirse.- CUARTO: Sin lugar el motivo de oposición de falta de competencia del tribunal ante el cual presenta. - QUINTO: Sin lugar el motivo de oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos.- SEXTO: Se absuelve al ejecutante, de los motivos de oposición alegados.- SEPTIMO: Con Lugar la demanda de ejecución de título extrajudicial, en consecuencia, se ordena seguir adelante con las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO (L.535,667.28), más los intereses reclamados, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de las sentencias. - OCTAVO: Con costas al ejecutado en primera instancia. - NOVENO: Sin costas, en segunda instancia…”; por considerar, inter alia, que la sentencia que antecede fue emitida sin apegarse a los requisitos formales que establece el artículo 200 del Código Procesal Civil.[1] (Folios 22 al 31 de la Segunda Pieza de los antecedentes).-5) Que el Abogado OSCAR ARTURO SARMIENTOS, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q HONDURAS S.A, contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64 y 90 de la Constitución; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021). (Folio 31 del presente Recurso).-6) Que en fecha seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, y por emitido su dictamen, siendo de la opinión porque SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista; apreciación jurídica que se fundamentó en que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada explica, cómo el Certificado de deuda, que sirvió de título ejecutivo; se emitió conforme a los requisitos legales contenidos en los artículos 98 y 99 del Código Tributario (Decreto 22-97). (Folios 34–40 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía de amparo la acción promovida por el Abogado OSCAR ARTURO SARMIENTOS, a favor de SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q. HONDURAS S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE UN TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en representación del Estado de Honduras, contra la SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q. HONDURAS S.A.; procediendo a la revocatoria parcial de la resolución apelada, por las bases de sustentación sucintas en los Antecedentes de la presente sentencia.- CONSIDERANDO (4): Que, asimismo, la sentencia bajo estudio acoge los agravios primero y segundo de la apelación, relacionados ambos por el mismo concepto de infracción denunciado, como es la falta de valoración de los medios de prueba aportados por el Estado de Honduras; quien demostró a través de tales medios probatorios, que la Certificación que sirve de título de ejecución proviene de las resoluciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en el expediente 321-13-12000-1302, como son: 1) DEI-DA-AGC-585-L-2012 del 20 de diciembre de 2012, donde se determinó que SERVI Q HONDURAS S.A., debe pagar por impuesto sobre la renta adicional para el año de 2010, la cantidad de L 3, 972, 148.23 e impuesto por aportación solidaria temporal, la cantidad de L 41, 106.57 (Ver folios 118 al 120 PP). 2) DEI-DL-171-15-10000-2431 del 18 de junio de 2015, mediante el cual se desestima el recurso de reposición contra la resolución anteriormente enunciada. (Ver folios 123 al 126 PP). 3) Auto de Informe de Cierre, por haber vencido el plazo para apelar y ordenando la remisión de las diligencias al departamento de recaudación y cobranzas, a folio 128 PP. 4) correlativos Avisos de Cobro, visibles de folios 134 al 144 PP. - Por ende, estima la resolución de Alzada, la Certificación visible a folio 08 PP, es un título de ejecución que reúne los requisitos establecidos en los artículos 203 del Código Tributario (Decreto 170-2016); 98 y 99 del Código Tributario (Decreto 22-97) y 782.4 del Código Procesal Civil; siendo de recibo los agravios expuestos por el recurrente, debiendo desestimarse el motivo de oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales.- CONSIDERANDO (5): Que, finalmente, consideró del caso motivar el Tribunal Ad Quem, que ameritaba corregir al resolutivo del órgano jurisdiccional de instancia, en cuanto al motivo de admisión de oposición consistente en falta de competencia del Tribunal ante quien se presentó la demanda; lo cual no se ajusta a la legalidad establecida para juzgar de conformidad a la jurisdicción, normas de competencia y normas de reparto. Concluye el Ad Que, a este respecto, que la competencia es la capacidad reconocida a los jueces, para ejercer la jurisdicción en ciertos casos determinados en la ley. Así pues, nada tendría que ver si el documento acompañado reúne los requisitos legales, para que opere la falta de competencia; pues tal argumento debería denunciarse a través de un motivo de oposición distinto, constitutivo de un presupuesto procesal, cuya falta impide la constitución regular del proceso.-CONSIDERANDO (6): Que el recurrente, Abogado OSCAR ARTURO SARMIENTOS, ha aducido en el escrito de formalización de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q. HONDURAS S.A., que tal resolución del Ad Quem vulnera el derecho contenido en los artículos 64 y 90 de la Carta Magna; por lo que pide su tramitación constitucional, suspensión del acto reclamado y otorgamiento garantista. Sostiene, en favor de su petición, argumentos legales que resultan conducentes a impugnar la legalidad y fuerza ejecutiva del título extrajudicial que se demanda de su representada, en virtud del cobro de los créditos basados en Certificación de Deuda emitida por el Servicio de Rentas (SAR) (Sic.); lo cual considera el objeto mismo de la acción de amparo, constando en el expediente número 0801-1917-02916-CPEE.-CONSIDERANDO (7): Que, sigue refiriendo el garantista, que contra la referida certificación de la Resolución emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), se esgrimieron los motivos de Oposición que constan en los Antecedentes; los cuales se reconducirían a la carencia de sustento de la deuda tributaria reclamada, por no haber una Resolución Administrativa firme, ni sentencia dotada de igual condición de firmeza; en inobservancia del artículo 98 del Código Tributario (Decreto 22-97) y sus reformas en el Decreto No. 210-2004; pues existían solicitudes y recursos administrativos, tanto en Servicio de Administración de Rentas (SAR), como en la Secretaria de Finanzas, pendientes de resolver. Sostiene el garantista, que no debería brindársele procedibilidad a la ejecución de título en mención, por infringir las garantías y derecho al debido proceso de que goza su representación procesal, al no podérsele atribuir el carácter de título legítimo, que conllevaré aparejada ejecución forzosa; así como por incurrir en prescripción o caducidad de la pretensión, de conformidad a lo prescrito en el artículo 136 del antes citado Código Tributario (Decreto 22-97), por haber transcurrido más de cinco (5) años para que el Fisco exigiera el pago de la correspondiente obligación. Habiendo resuelto la Corte Ad Quem la desestimación de los respectivos motivos de oposición en forma confusa, ambigua, falta de claridad y precisión, fundamentando la reunión de la plenitud de requisitos legales para la validez del título, sin indicar en cuál de los dos Códigos Tributarios se encuentran enlistados los mismos, realizando una fundamentación jurídica combinada del proceso; además de confundir el procedimiento de la instancia judicial y la aplicación del Código Procesal Civil. Por todo ello, habiéndose tramitado la admisión de la demanda precitada con fundamento en el Código Tributario (Decreto 22-97), no vigente y, en consecuencia, incorrecto; es que se solicita declarar la nulidad absoluta de actuaciones, a partir inclusive del auto de fecha 12 de mayo de 2017, garantizando el debido proceso y ordenando al Juez A Quo dicte la resolución correspondiente de conformidad a la norma tributaria vigente; impidiendo la continuación de la ejecución del Título Extrajudicial.-CONSIDERANDO (8): Que visto el caso para sentencia, ponderados los argumentos esbozados por la recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, conviene reiterar la jurisprudencia consolidada que ha mantenido la Sala de lo Constitucional referente a que no corresponde, en la acción de Amparo, pronunciarse sobre cuestiones o alegaciones de mera legalidad;[2] tales como las reiteradamente alegadas por el garantista contra las actuaciones judiciales ordinarias; incurriendo inclusive en contradicción en términos, al postular la vigencia del Código Tributario (Decreto 22-97), en lo que le favorece y denegando, a la vez, su ultra actividad; en la resolución judicial impugnada por la vía de amparo, en lo que estimare desfavorable para su resistencia a la pretensión. Por lo demás, cabe observar que tales argumentaciones no son coherentes, claras, relacionadas a la prueba practicada y valorada en el proceso; por lo que tampoco logra trascender hacia nociones jurídicas que evidencien la invocada infracción a los derechos constitucionales de su representación procesal.[3] En consecuencia, procede sobreseer la presente garantía constitucional de amparo, por los motivos expuestos.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 60, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente garantía constitucional de amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de mayo del dos mil veintidós.VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado OSCAR ARTURO SARMIENTO a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q. HONDURAS S.A., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022) y por la cual se falla SOBRESEYENDO la acción de amparo interpuesta por el compareciente contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación promovido por la representante procesal del Estado de Honduras, contra el fallo dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha once (11) de junio de dos mil veinte (2020); el cual resultara estimatorio de dos (2) motivos de oposición contra la ejecución de título extrajudicial para el pago de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L 535, 667.28), presentada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, ante el Iudex A Quo. -CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes, que la referida acción de Amparo se interpuso en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021), procediendo a sobreseerse, a la vista del caso, por considerar este alto Tribunal, oído que fue el parecer de la Fiscal del Despacho, no existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.- CONSIDERANDO (2): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual se cumplimentó, según consta a folios 60 y subsiguientes del expediente.-CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición de la parte recurrente, se interpone recurso de reposición por el Abogado OSCAR ARTURO SARMIENTO a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q. HONDURAS S.A., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en el que se declara sobreseimiento con respecto a la acción promovida, según notificada el día lunes veinticinco (25) de abril de 2022; solicitando, con el mérito del mismo, se proceda a reponer la sentencia impugnada; otorgándose, en definitiva, la presente garantía de amparo.-CONSIDERANDO (4): Que el principio de independencia judicial se encuentra normativizado, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por las Cortes y Tribunales, en el ámbito de su competencia.-CONSIDERANDO (5): Que, el régimen de las impugnaciones debe regirse por la legalidad constitucional en un Estado de Derecho, en proscripción de la arbitrariedad judicial. De tal manera que se considera bien dictado el sobreseimiento de la garantía de amparo, que le franquean la Constitución y las leyes al recurrente, debido a que está acreditada de autos la tesitura de mera legalidad que funda el sobreseimiento. Lo anterior, vista la presentación de argumentos faltos de coherencia y claridad, particularmente en lo atinente a la fundamentación jurídica; consideraciones que no trascienden, en definitiva, hacia nociones jurídicas que evidencien la infracción de los derechos constitucionales, invocada por el garantista, a favor de su representación procesal.-CONSIDERANDO (6): Que en tal orden de ideas se estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho en virtud no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; señalando la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 120, párrafo segundo, que, una vez solicitada reposición ante la Sala de lo Constitucional o, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en su caso, deberá ésta sin más trámite, denegar o enmendar el fallo.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 60, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 45, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado OSCAR ARTURO SARMIENTO RIVERA a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL SERVI Q. HONDURAS S.A., contra la resolución definitiva dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que la Secretaría notifique al recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo y Resolución de fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaídas en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0645-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver: Numeral Cuarto de los Antecedentes de Hecho, a folio veintitrés frente de la pieza de Apelaciones.
[2] En observancia a lo estipulado en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
[3] En parecido sentido y resulta ilustrativa la sentencia STC 201/1994 de 4 de julio, Tribunal Constitucional español, según la cual: “… No corresponde al Tribunal Constitucional, que no es una tercera instancia y órgano revisor que tenga que efectuar el control de mera legalidad, rectificar errores, equivocaciones o incorrecciones jurídicas en la interpretación y aplicación de las normas legales, realizadas por los Jueces y Tribunales (…), salvo que al hacerlo violaran alguna garantía constitucional”. MONTERO AROCA, J. et al. Amparo constitucional y proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. Pág. 44.