Sentencia AC-638-22 — Registro 15679
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que Sobreseyó la acción de amparo interpuesta contra la del a-quo, con relación a Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida. En perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, NO se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem no apreció la vulneración a los derechos fundamentales del Debido Proceso y Derecho de petición invocados por el impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, haciendo prevalecer con ello la tutela judicial efectiva y el acceso a los tribunales tal y como lo determina la ley..." ..." Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe revocar la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintidós (2022) que Sobreseyó la acción de amparo interpuesta por la Abogada JENNI ELIZABETH SIERRA SIERRA, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A DE C.V., contra la resolución de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictadas por el Juzgado del Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, con relación a Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el señor JOSE RAMON OSORIO MURILLO, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A DE C.V. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos de petición, debido proceso y propiedad privada, consignados en los artículos 80, 90 y 103 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada JENNI ELIZABET SIERRA SIERRA, interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A DE C.V., contra la resolución de fecha nueve (9) de abril del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado del Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, con relación a Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el señor JOSE RAMON OSORIO MURILLO, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A DE C.V. -(Folio 01 al 09 de la pieza de los antecedentes) 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintidós (2022) emitió su fallo, mediante el cual: FALLA: “SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO, presentada por la Abogada JENNI ELIZABETH SIERRA SIERRA, contra la resolución de fecha nueve de febrero del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el expediente identificado bajo el número 0501-2019-02728, contentivo de una Demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial interpuesta por JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en contra del PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A…” (Folio 44 al 45 de la pieza de Corte de apelaciones) 3) Que en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo civil venido en consulta, conocido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpuesto por la Abogada JENNI ELIZABETH SIERRA SIERRA, contra el Auto Resolutivo de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en relación a la Demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial interpuesta por JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A. DE C. V. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante Auto resolutivo, es violatorio de los derechos de petición, debido proceso y propiedad privada, consignados en los artículos 80, 90 y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintidós (2017), mediante la cual resuelve sobreseer la acción de Amparo interpuesta por la Abogada JENNI ELIZABETH SIERRA SIERRA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A. DE C. V., contra la resolución judicial de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o Seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que se ha recurrido en amparo el Auto Resolutivo dictado en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual tiene por personada a la abogada JENNI ELIZABETH SIERRA, y por revocado el poder conferido en su momento a la abogada MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso, por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente en Amparo, comparece ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, impugnando mediante la vía constitucional de Amparo, el Auto Resolutivo de fecha diez de diciembre del dos mil veintiuno, que si bien es cierto en el escrito de interposición del amparo refiere que la resolución que se recurre es la de fecha nueve de febrero del dos mil veintidós que inadmite a trámite el recurso de reposición, todo lo argumentado por el pedidor en dicho escrito lo hace en base a la resolución de fecha diez de diciembre del dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la cual interpone el recurso de amparo, asimismo en el escrito de formalización del recurso se señala claramente que la resolución que se impugna es la emitida el diez de diciembre del dos mil veintiuno, por lo que no queda duda de la resolución que se recurre mediante la acción constitucional de amparo; en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio jurídico plasmado por la referida Corte de Apelaciones que resuelve sobreseer la acción de amparo impetrada, bajo los siguientes argumentos: (SIC) “CUARTO: Por su propia naturaleza, las resoluciones en la que se resuelve sobre un recurso de reposición, sin perjuicio de la acción intentada contra el acto que las motivó, no admiten recurso en contra, habiendo la Sala de lo Constitucional establecido en reiterada jurisprudencia, que es irrecurrible una resolución que resuelva un recurso de reposición (ACA 642-2016). QUINTO: El artículo 46 establece los motivos por los cuales se declara inadmisible el recurso de amparo, entre ellas, el de mera legalidad, disponiendo que dentro del trámite se sobreseerán las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. Este Tribunal considera que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso. El sustento jurídico de la inadmisibilidad de este recurso se encuentra plasmado en la Ley sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1.-“. CONSIDERANDO (10): Que no comparte esta Sala de lo Constitucional, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia de fecha ocho de abril del año dos mil veintidós, haya sido la correcta, al sobreseer el recurso de amparo presentado, por considerar que se alegan cuestiones de mera legalidad; ello porque el recurrente hace referencia a cuestiones de vulneración de derecho de petición y debido proceso, que debieron ser respondidas por el Juez de Letras, al establecer el impetrante que: En resolución de fecha diez de diciembre del dos mil veintiuno, la señora Juez no da respuesta a lo peticionado, simplemente se da como apoderada legal del parque industrial real, omitiendo pronunciarse sobre aspectos de vital importancia y que puede traer una repercusión económica sobre su representada, pues omitió pronunciarse sobre el desistimiento de la nulidad planteada por la abogada Maritza Geraldina Guevara, en nombre de su representada, entre otras peticiones; por ello la omisión de la señora Juez de no resolver cada una de las pretensiones, a criterio del recurrente vulnera el derecho de petición, debido proceso y propiedad privada.- En ese orden de ideas se aprecia en la pieza principal informe rendido por la Juez del Juzgado de Letras Civil, específicamente en el acápite cinco que establece lo siguiente: “En fecha 6 de diciembre del 2021 la abogada JENNI ELIZABETH SIERRA SIERRA, presentó un escrito de personamiento y revocación de poder, el cual fue resuelto mediante el auto de fecha 10 de diciembre del 2021 que obra a folio 663 y del cual la Honorable Corte de Apelaciones solicita su copia, he de manifestar que en dicho escrito la abogada Jenni Sierra peticiona tener por desistido el incidente de nulidad, pero no logre apreciar al momento de resolver el escrito de personamiento, debido a la gran cantidad de escritos por resolver que se me turnaron al desestimar la recusación…”. De lo anterior se desprende que los argumentos del pedidor no se tratan de alegaciones de mera legalidad, como erróneamente lo expresa la Corte de Apelaciones en su sentencia de fecha ocho de abril del dos mil veintidós, pues se trata de una vulneración al derecho de petición y debido proceso, cuando se ha dictado por el Juez de Letras, una resolución violatoria de derecho fundamentales, al no dar respuesta a cada una de las peticiones de las partes, en este caso de la parte ejecutada. -lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11) Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, NO se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem no apreció la vulneración a los derechos fundamentales del Debido Proceso y Derecho de petición invocados por el impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, haciendo prevalecer con ello la tutela judicial efectiva y el acceso a los tribunales tal y como lo determina la ley. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe revocar la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho de abril del dos mil veintidós, que falla sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JENNI ELIZABETH SIERRA SIERRA. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 82, 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 212 y 215 del Código Procesal Civil. FALLA: 1) REVOCANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (8) de abril del dos mil veintidós (2022). 2) OTORGANDO el AMPARO del que se ha hecho mérito, debiendo el Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictar resolución dando respuesta a cada una de las peticiones formuladas por la Abogada JENNY ELIZABETH SIERRA SIERRA, en escrito de fecha seis de diciembre del dos mil veintiuno y con ello restablecer los derechos de petición y debido proceso que le han sido vulnerados. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0638-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.