Sentencia AC-637-22 — Registro 15013
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo con relación a la recusación alegada en la acción posesoria. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 90, 103 y 303 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
“CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, al otorgar la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar que se debió de darle tramite al incidente de recusación y no haberlo rechazado de plano. Se dice lo anterior, en vista que una de esas causales es la establecida en el numeral 3 del artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), en la cual se observan varias denuncias interpuestas ante la Inspectoría de Tribunales ahora Supervisión General de Tribunales, habiendo concluido muchas de ellas, por tal razón era necesario darle el curso al incidente de recusación y al no realizarlo de esa manera se violentó el debido proceso. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución emitida el ocho (8) de abril del años dos mil veintidós (2022) por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que se conoce en consulta por constar la violación al debido proceso.”
Legislación citada
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintidós. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo presentado por la Abogada Jenni Elizabeth Sierra Sierra, a favor de la sociedad mercantil denominada Parque Industrial Real, S.A. de C.V., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, con relación a la recusación alegada contra la Juez Gloria María Medina Soto, en la acción posesoria promovida por la sociedad mercantil Parque Industrial Real, S.A. de C.V., contra la sociedad mercantil Allied Industrial Service, S.A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 90, 103 y 303 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Jenni Elizabeth Sierra Sierra, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada Parque Industrial Real S.A de C.V., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, con relación a la recusación alegada contra la Juez Gloria María Medina Soto, en la acción posesoria promovida por la sociedad mercantil Parque Industrial Real, S.A. de C.V., contra la sociedad mercantil Allied Industrial Service, S.A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 90, 103 y 303 de la Constitución de la República. (Folios 1-12 del antecedente) 2) Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha ocho de abril de dos mil veintidós, mediante la cual falló: “…OTORGAR el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JENNI ELIZABETH SIERRA, contra las actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortés, específicamente contra el auto de fecha 31 de enero del año 2022, que obran en el expediente judicial con registro número 0502-2021-00007, contentivo de la pieza separada de recusación contra la Jueza Gloria Maria Medina Soto, y cuya pieza principal se contrae a una Acción Posesoria por la vía del Proceso Declarativo Abreviado, promovida por la Abogada: MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO, en su condición de Apoderada de la entidad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL REAL, S.A. de C.V., contra la sociedad mercantil ALLIED INDUSTRIAL SERVICE, S.A. se ordena al Juzgado de Primera Instancia le dé trámite al incidente de recusación que manda la Ley. Y MANDA: Que, una vez notificada el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia.”(Folios 45-47 del antecedente) 3) Que en fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo presentado por la Abogada Jenni Elizabeth Sierra Sierra, a favor de la sociedad mercantil denominada Parque Industrial Real, S.A. de C.V., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, con relación a la recusación alegada contra la Juez Gloria María Medina Soto, en la acción posesoria promovida por la sociedad mercantil Parque Industrial Real, S.A. de C.V., contra la sociedad mercantil Allied Industrial Service, S.A CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que la resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante la cual el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes le rechaza de plano el incidente de recusación, se le violento el debido proceso, en vista que se infringieron los artículos procesales que regulan la tramitología de la recusación establecidos en los artículos 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), 57 incisos 2, 3 y 4 del Código Procesal Civil, remitiendo este proceso al trámite incidental contemplado en los artículos del 416 al 423 del mismo cuerpo legal, infracción que concurre al no dar traslado a las partes personadas para que se pronunciara sobre la recusación, no señalo audiencia y tampoco valoro las pruebas atinentes a las causales de recusación, por tal razón, esa carencia de requisitos da lugar a la nulidad de actuaciones, al haberse prescindido de normas esenciales del procedimiento, al haberse producido indefensión. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia de fecha ocho (08) de abril de dos mil veintidós (2022), otorga la presente acción de amparo por considerar que existió violación al debido proceso, mandando a que el Juez de primera instancia le dé tramite al incidente de recusación planteado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, al otorgar la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar que se debió de darle tramite al incidente de recusación y no haberlo rechazado de plano. Se dice lo anterior, en vista que una de esas causales es la establecida en el numeral 3 del artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), en la cual se observan varias denuncias interpuestas ante la Inspectoría de Tribunales ahora Supervisión General de Tribunales, habiendo concluido muchas de ellas, por tal razón era necesario darle el curso al incidente de recusación y al no realizarlo de esa manera se violentó el debido proceso. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución emitida el ocho (8) de abril del años dos mil veintidós (2022) por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que se conoce en consulta por constar la violación al debido proceso. R TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 1), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;1 y 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT); 1, 57 numeral 1, 3 y 4; 416 al 423 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha ocho (8) de abril del años dos mil veintidós (2022) por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0637-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL