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Sentencia AC-632-21 — Registro 15563

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones dictadas por juzgado de primera instancia que estimó incidente de declinatoria por falta de competencia territorial denunciado por la parte demandada e incidentista por lo que se abstuvo de conocer del proceso indicando que el Tribunal competente territorialmente es el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, ordenándo la remisión del expediente a dicho Juzgado, en relación a demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por éste contra Operadora Portuaria Centroamericana S A de C V; La Autoridad recurrida consideró que no concurren los requisitos para determinar procedente una violación al debido proceso por lo que la acción de mérito debe sobreseerse por ser alegaciones de mera legalidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, se encuentra conforme a derecho, ello porque el amparista recurre en amparo, una resolución que resuelve con lugar un incidente de Declinatoria propuesto por la parte demandada y una resolución que subsana un error material contenido en la parte dispositiva de la resolución que resuelve la Declinatoria. Argumenta la Corte que para que pueda ampararse una situación de violación al debido proceso, debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencia, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no puede promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputable al exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. Requisitos estos que no se cumplen en la violación manifestada por la amparista. Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas siempre que sea posible al estado anterior a la violación.- En consecuencia la Corte considera que las resoluciones censuradas no son violatorias de la garantía constitucional invocada por la amparista, por lo que el presente amparo debe sobreseerse por ser alegaciones de mera legalidad..."..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues el amparista alega cuestiones de mera legalidad que son de competencia exclusiva para decidir sobre ellas los órganos jurisdiccionales de instancia, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo por tratarse de un asunto de mera legalidad, es decir que se trata de cuestiones que por su naturaleza corresponden al juzgador y con exclusividad al Juez ordinario, que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional, al invocar la amparista su desacuerdo con las resoluciones de fecha diecinueve de febrero y cuatro de marzo, ambos del año dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en el cual la primera resolución resuelve la solicitud de declinatoria territorial, en donde se estima el incidente en mención y la segunda resolución resuelve la subsanación del auto anteriormente señalado, éstas son cuestiones que como ya dijimos, corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales de instancia..."..."al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Evelyn Monterrosa Sierra..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintidós.-VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha siete (7) de junio del año dos mil veintiuno (2021,) que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. de R.L DE C.V, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA S.A DE C.V.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la Demanda de Indemnización de Daños y Perjuicios promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA S.A DE C.V.- (Folio 01 al 07 de la pieza de los antecedentes).-2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha siete (7) de junio del año dos mil veintiuno (2021) emitió su fallo, mediante el cual: FALLA: “SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V, contra las resoluciones de fecha 19 de febrero y 04 de marzo, ambas del año 2021, dictadas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes…” (Folio 27 al 28 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo venido en consulta, determinado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. de R.L DE C.V, contra las resoluciones de fecha diecinueve (19) de febrero y cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que resuelve la solicitud de Declinatoria presentada en la Demanda de Indemnización de Daños y Perjuicios promovida por el Abogado Leonel Medrano Irías, en su condición de Apoderado legal de la empresa mercantil denominada SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS contra la sociedad mercantil denominada OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.-CONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que las resoluciones contra las cuales se reclama, de fecha diecinueve de febrero y cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, son violatorias del derecho constitucional contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, resolución de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno que resuelve: (Sic)“1) ESTIMAR el incidente de la declinatoria señalando la falta de competencia territorial de este Juzgado de Letras Civil, denunciada por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA S. A. de C.V. (OPC) como parte demandada e incidentista.- 2) En consecuencia éste Juzgado SE ABSTIENE de seguir conociendo el presente proceso por carecer de competencia territorial, siendo el Tribunal competente territorialmente para conocer del presente caso el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán.- 3) Así mismo y por medio del funcionario respectivo SE ORDENA LA REMISIÓN del presente expediente al Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Puerto Cortes, departamento de Cortes, debiendo emplazarse a las partes para que dentro del plazo de diez (10), contados a partir de la notificación de la presente resolución, comparezcan ante el Juzgado antes mencionado.- 4) Contra la presente resolución NO CABE RECURSO ALGUNO (ART. 47.2 CPC).”; Asimismo la resolución de fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno resuelve: “…SE ORDENA, la subsanación de la parte dispositiva auto de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), el cual deberá leerse de la siguiente forma; 3) Así mismo y por medio y por medio del funcionario respectivo SE ORDENA LA REMISION del presente expediente al JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, debiendo emplazarse a las partes para que dentro del plazo de diez (10), contados a partir de la notificación de la presente resolución, comparezcan ante el Juzgado antes mencionado. Permaneciendo inalterable dicha resolución en todas sus demás partes…” (Folios 11 al 14 v de la Pieza de antecedentes de Amparo).-CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha siete de Junio del año dos mil veintiuno, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EVELYN MONTORROSA SIERRA, actuando en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V., contra las resoluciones de fecha diecinueve de febrero y cuatro de marzo, ambas del año dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado de Letras Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.-CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO (5): Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo las resoluciones dictadas en fecha diecinueve de febrero y cuatro del marzo del año dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la primera resolución el Juzgado de Letras en referencia ESTIMA el incidente de declinatoria denunciada por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA S. A. de C.V., como parte demandada e incidentista; SE ABSTIENE de seguir conociendo el proceso por carecer de competencia territorial, siendo el Tribunal competente territorialmente para conocer del presente caso el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán y ORDENA LA REMISIÓN del presente expediente al Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Puerto Cortes, departamento de Cortes; dicho error es subsanado mediante resolución de fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno que ORDENA LA REMISION del presente expediente al JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en relación a la Demanda de Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el Abogado Leonel Medrano Irías, en su condición de apoderado legal de la empresa mercantil denominada SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V., contra la sociedad mercantil OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.-CONSIDERANDO (6): Que el amparista expone en la interposición de la acción constitucional impetrada que se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que en el escrito de Declinatoria la parte demandada señala que siendo que el establecimiento de la parte demandada se encuentra en la jurisdicción de Puerto Cortes, designa como órgano jurisdiccional competente para conocer la demanda el Juzgado de Letras de Puerto Cortes y en caso de desestimar tal pretensión, atendiendo al domicilio social de la demandada, señala como competente el Juzgado de Letras Civil se Francisco Morazán según la escritura de constitución de la sociedad, por lo cual resulta inadmisible la Declinatoria planteada, siendo obligación del Tribunal competente desestimar la solicitud al no concurrir los requisitos legalmente exigidos para su procedencia, pues si en la Declinatoria se denuncia la falta de competencia territorial, la parte que la propone habrá de indicar de manera correcta cual es el tribunal al que considera territorialmente competente. Argumenta la recurrente que se violenta el debido proceso por parte del juzgador al hacer caso omiso a la forma defectuosa de invocar la declinatoria al sostener que son dos tribunales los competentes para conocer el caso, por lo cual al emitir su resolución el juzgador incurre en demasía al determinar él, cuando no ha sido precisamente lo solicitado fijar el tribunal competente, soslayando el principio de que el incidentista deberá señalar con claridad y precisión cual es el tribunal que él considera competente para conocer el caso de autos, con ello trastoca el sistema procedimental incurriendo en violación al principio del debido proceso.-CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, se encuentra conforme a derecho, ello porque el amparista recurre en amparo, una resolución que resuelve con lugar un incidente de Declinatoria propuesto por la parte demandada y una resolución que subsana un error material contenido en la parte dispositiva de la resolución que resuelve la Declinatoria. Argumenta la Corte que para que pueda ampararse una situación de violación al debido proceso, debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencia, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no puede promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputable al exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. Requisitos estos que no se cumplen en la violación manifestada por la amparista. Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas siempre que sea posible al estado anterior a la violación.- En consecuencia la Corte considera que las resoluciones censuradas no son violatorias de la garantía constitucional invocada por la amparista, por lo que el presente amparo debe sobreseerse por ser alegaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO (9): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues el amparista alega cuestiones de mera legalidad que son de competencia exclusiva para decidir sobre ellas los órganos jurisdiccionales de instancia, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo por tratarse de un asunto de mera legalidad, es decir que se trata de cuestiones que por su naturaleza corresponden al juzgador y con exclusividad al Juez ordinario, que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional, al invocar la amparista su desacuerdo con las resoluciones de fecha diecinueve de febrero y cuatro de marzo, ambos del año dos mil veintiuno, dictadas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en el cual la primera resolución resuelve la solicitud de declinatoria territorial, en donde se estima el incidente en mención y la segunda resolución resuelve la subsanación del auto anteriormente señalado, éstas son cuestiones que como ya dijimos, corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales de instancia.-CONSIDERANDO (10): Que, al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado.-CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Evelyn Monterrosa Sierra. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha siete (7) de junio del año del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa - NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0632-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL