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Sentencia AC-603-21 — Registro 15202

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la que resolvió el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 64, 305 y 376 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... “CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional analiza los motivos y argumentos expuestos por el censor en la forma que a continuación se detalla. En primer lugar, el censor denuncia como primer motivo de amparo que, el tribunal de alzada violentó el derecho al debido proceso porque confirmó la decisión de primera instancia, consistente en la resolución mediante la cual la juez a quo desestimó de plano las causas de oposición a la ejecución de título extrajudicial, teniendo como argumentos únicos, los siguientes: a) irretroactividad de la ley; y b) que dicha oposición se fundamentó en una ley que no es aplicable al caso. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional observa que, puntualmente en relación con el segundo motivo de oposición al título extrajudicial, la juez a quo inicialmente da a entender en su sentencia que la causa de la desestimatoria es nada más por las razones antes indicadas, pero después brinda otra razón aclarando y complementando su motivación, en relación con este segundo motivo de oposición, que es: “Oposición de falta de agotamiento de los trámites administrativos, establecidos para emitir el título ejecutivo conforme al artículo 127 del Código tributario vigente.” Al respecto, la Sala de lo Constitucional explica lo acontecido en relación con el examen realizado por los órganos jurisdiccionales de instancia sobre este extremo, así: En el numeral primero de los fundamentos, la juez a quo deja entrever que su desestimatoria obedece a la irretroactividad legal y al error de fundar los motivos de oposición a la ejecución en una ley no aplicable, citando como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 203 del Código tributario (decreto 170-2017), hoy en día vigente. No obstante, en el numeral segundo de los fundamentos, la juez a quo explica con más detenimiento que, también es de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 792 del Código procesal civil, el cual establece los únicos motivos de oposición que pueden interponerse en las demandas de ejecución de título extrajudicial, precisando seguidamente que entre los cuales no se encuentra el segundo motivo de oposición impetrado por la parte ejecutada. Dando con ello, una respuesta judicial complementaria a las expuestas en el numeral primero de los fundamentos de derecho. Por lo que la Sala de lo Constitucional estima que se ha dado respuesta puntual a la parte ejecutada en cuanto a la causa para desestimar el segundo motivo de oposición alegado por la parte ejecutada. De manera que, el reproche del amparista basado en que el juez tenía la obligación de resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque la parte ejecutada haya invocado erróneamente los fundamentos de derecho, no es de recibo, debido a que dicha causa de oposición ni siquiera es admisible de acuerdo con lo que manda la ley procesal, sea cual fuere el Código tributario que se encuentre vigente. El mismo amparista admite que el asidero para resolver el fondo del asunto, se encuentra en lo que disponen los artículos 434, 790 y 792 del Código procesal civil, que indican con precisión lo pretendido que el tribunal decida.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de junio de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ DANIEL BARAHONA BARAHONA, a favor de la sociedad mercantil ASICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra la sociedad mercantil ASICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 64, 305 y 376 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha trece de junio de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando como Procurador General de la República en representación del ESTADO DE HONDURAS, contra la sociedad mercantil ASICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V., interponiendo demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial. (Folios 1-24 de la pieza del a quo). 2. Seguido el trámite legal correspondiente, el citado juzgado dictó sentencia en fecha veintiuno de mayo de dos mil veinte, mediante la cual dictó el siguiente fallo: “1) DESESTIMANDO DE PLANO, el motivo de oposición de NULIDAD DEL MANDAMIENTO POR NO CUMPLIR EL TÍTULO EJECUTIVO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES; lo anterior en virtud de que la parte ejecutada motivó y fundamentó su oposición en una ley que no es aplicable al presente caso, y que una vez revisado el documento presentado como fundamento a la presente demanda y que sirve de título de ejecución, se puede observar que el mismo si reúne los requisitos de ley para su ejecución tal y como se desarrolló a lo largo de esta sentencia; 2) DESESTIMANDO EL SEGUNDO MOTIVO DE OPOSICIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA EMITIR EL TÍTULO EJECUTIVO CONFORME AL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO VIGENTE, lo anterior en virtud de que tal y como ocurrió con el primer motivo de oposición, la fundamentación jurídica argumentada y utilizada por la parte ejecutada no es la correcta, es decir se fundamenta en una ley que no es aplicable al caso concreto por mandato de la misma ley y al no estar bien fundamentado por no ser aplicable esa ley a este caso, se puede observar que dicho motivo de oposición no está contemplado como tal en el artículo 792 del Código procesal civil que establece que sólo serán admisibles en la ejecución de títulos extrajudiciales los motivos de oposición enumerados en dicho artículo y el motivo de oposición alegado por la parte ejecutada, no se encuentra dentro de los motivos de oposición admisibles; 3) DECLARANDO SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA FUNDAMENTADO EN EL ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, invocado por la parte ejecutada, en virtud de no ser aplicable al presente caso, ya que como se dijo anteriormente, una vez requerido de pago el ejecutado en este tipo de demandas de ejecución de título extrajudicial como la que nos ocupa, sólo podrá interponer los motivos de oposición señalados en el artículo 792 del Código procesal civil, y además aun y cuando si fuera aplicable el artículo, en el presente caso de autos la Administración Pública no está siendo demandada; 4) EN VIRTUD DE HABERSE DESESTIMADO TOTALMENTE LOS MOTIVOS DE OPOSICIÓN SE CONDENA EN COSTAS al ejecutado; 5) SE ORDENA seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias; 6) Contra la presente sentencia cabrá recurso de apelación, que no suspenderá las actuaciones por ser desestimatoria de la oposición.” (Folios 150-154 de la pieza del a quo). 3. La Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSÉ DANIEL BARAHONA B., actuando como apoderado legal del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELÍ, dictó sentencia en fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual falló de la siguiente manera: “PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 2020. SEGUNDO: Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO: Con costas, al recurrente, en segunda instancia.” (Folios 21-25 de la pieza del ad quem). 4. El abogado JOSÉ DANIEL BARAHONA BARAHONA, compareció ante este alto tribunal de justicia en fecha diez de junio de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil ASICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada en fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno por la Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 64, 305 y 376 de la Constitución de la República; teniendo la Sala en fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno por formalizada la garantía constitucional de mérito. (Folios 1–10 y 40 de la presente garantía constitucional). 5. En fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público por medio de su fiscal, la abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque SE DENIEGUE la presente acción de amparo, debido a que estima que no existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el amparista. (Folios 44–47 y 49 de la presente garantía constitucional). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución[1], la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración universal de los derechos humanos[4]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación a los artículos 64, 82,305 y 331 de la Constitución de la República. El impetrante al formalizar la presente garantía constitucional de amparo indica que opuso como defensa los motivos siguientes: 1. Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigibles contenida en el artículo 792, numeral 3 del Código procesal civil. 2. Falta de agotamiento de los trámites administrativos establecidos para emitir el título ejecutivo conforme al artículo 127 del Código tributario. Seguidamente, el amparista reprocha que la corte de apelaciones haya confirmado la decisión del juez a quo, quien desestimó de plano el motivo de oposición denominado: Nulidad del mandamiento porque el título ejecutivo no cumple con los requisitos legales exigibles. El garantista reprocha que el fundamento de la desestimatoria haya tenido como argumento que dicha oposición fue fundada en una ley que no es aplicable al caso. Pues bien, el desarrollo del motivo por parte del amparista consiste en señalar que la decisión atenta contra el derecho al debido proceso indicando la obligación del juez de resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque éste no haya sido invocado por las partes o cuando haya errado al hacerlo; y esto sin poder alterar el petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. El reclamo del amparista es que el juzgador omitió considerar, aun cuando había suficiente asidero, lo relacionado con lo que disponen los artículos 434, 790 y 792 del Código procesal civil, que contienen lo con precisión lo que se quiere que el tribunal falle, aun cuando la parte ejecutada haya omitido lo que dispone la ley dispuesta en diversas leyes. Asimismo, en refuerzo de lo anterior, el garantista transcribe lo expuesto por el magistrado disidente en el fallo votado por mayoría, así: “CUARTO: Uno de los principios constitucionales, entre otros, por lo que se rige el sistema tributario es el de legalidad. El principio de legalidad son las formalidades, derechos y garantías que ley establece dentro de las cuales incluye el debido proceso, procesos, que se plasman por el legislador en los convenios, tratados, códigos, leyes y reglamentos. Seguir al pie de la letra el proceso para la tramitación de una pretensión, acarrea el debido proceso. Si el impartidor de justicia se desvía con intensión o no del procedimiento establecido para un proceso, ocasiona violación al debido proceso, perse violación al principio de legalidad. QUINTO: Se deja claro que el uno de enero del año dos mil diecisiete entró en vigencia el decreto número 170-2016 contentivo del Código tributario, este decreto deroga en su artículo 214.1 el anterior Código tributario emitido mediante decreto número 22-97. Habiéndose presentado la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial en fecha trece de junio del año dos mil dieciséis sustentado en una certificación en que consta obligación tributaria extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de conformidad a los artículos 98 y 99 del Código tributario decreto 97, su tramitación será en base al decreto 22-97. Esto es respetado, al entrar en vigencia el decreto 170-2016 contentivo del “nuevo” Código tributario, al señalar en las disposiciones transitorias, artículo 203 expedientes en tramitación, que los expedientes relacionados con tributos que se estén tramitando en la vía judicial, a la fecha de entrar en vigencia este código, se concluirán conforme a las leyes con base a las cuales se iniciaron.” El denunciante de amparo indica que hubo aplicación errónea de lo que dispone el artículo 705 en relación con el 715.4, ambos del Código procesal civil por parte de los magistrados que votaron en mayoría, quienes en el ordinal cuarto de los fundamentos de derecho señalaron: “Si bien establece como agravio la indebida interpretación de la norma legal, no señala a este tribunal entrar a conocer el agravio.” El garantista considera lo anterior, lesivo a lo que disponen los artículos 305 y 715.4 del Código procesal civil, y por ende al debido proceso. El primero de estos artículos dispone: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados, no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes.” Como segundo motivo de amparo, el garantista cita como violentado el artículo 96 constitucional que contiene la prohibición de aplicar la ley en forma retroactiva. Refiere que lo anterior aplica a la oposición que se hizo a la ejecución de título extrajudicial, y que también fue objeto de agravio en el recurso de apelación, todo con fundamento en el artículo 127 del Código tributario actual y que se refiere a la emisión del título ejecutivo. En el desarrollo del motivo de amparo sigue lo dispuesto en el voto disidente, así: "La parte ejecutada al presentar oposición a la ejecución forzosa, planteó los motivos de oposición siguientes: 1) Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales de conformidad al artículo 127 del Código tributario decreto 170-2015. 2) Falta de agotamiento de los trámites administrativos establecidos para emitir el título ejecutivo conforme al artículo 127 del Código tributario decreto 170-2016. Presentó como defecto procesal, la falta de agotamiento de la vía administrativa previa de conformidad al artículo 414 del Código procesal civil. La juez de primera instancia como directora del proceso y consonancia al debido proceso, debió ordenar la subsanación para que la parte ejecutada adecuara sus motivos de oposición a la norma tributaria aplicable al caso concreto y no permitir la continúan de un proceso, bajo motivos de oposición instados sobre legislaciones inaplicables por incumplimiento a la irretroactividad de la ley. Para el caso de autos, la legislación establece algunos motivos de oposición contra estas pretensiones, fijados en el artículo 103 del Código tributario decreto 22-97 y el articulo 792 del Código procesal civil. Este control que tuvo que realizarse por el juzgado de primera instancia, desde la presentación del escrito de oposición en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), conlleva a una inobservancia a los principios que rigen el sistema tributario." El amparista demanda que se siga el mandato de no aplicar una ley que ya ha sido derogada, aunque se trate sobre la misma forma y continua tramitación de determinado asunto. En ese sentido, señala lo dispuesto en el artículo 203 del Código tributario en cuanto a disposiciones transitorias, que dice: “Artículo 203. Expedientes en tramitación, que los expediente relacionados con tributos que se estén tramitando en la vía judicial, a la fecha de entrar en vigencia este código, se concluirán conforme a las leyes con base en las cuales se iniciaron.” CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada Diana Elizabeth Rodríguez al emitir su dictamen fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito. La fiscal alcanza ese convencimiento al apreciar que el ahora amparista al momento de sustentar la apelación, expresó que el certificado de deuda que sirvió como título ejecutivo no cumple con los requisitos legales que establece el artículo 127 del Código tributario, decreto número 22-97, debido a que fue emitido sin ser el resultado de una autoliquidación o resolución firme, y sin darle oportunidad a su representado de impugnarlo por la vía administrativa. Asimismo, la fiscal cita al amparista, quien alega que el juez a quo en contravención a lo que dispone el artículo 66, párrafo segundo del Código tributario, declaró sin lugar la oposición con base a una interpretación extensiva y analógica con relación al Código tributario, Código procesal civil y Constitución de la República. En suma, la fiscal indica que aprecia que la resolución cuestionada no causa vulneración a los derechos constitucionales invocados, en tanto la corte ad quem explica que los agravios presentados por el apelante, son generales y ambiguos, pues no indican con precisión el perjuicio o agravio causado, o sea la individualización concreta del vicio o error que alega, lo que le impidió a dicho tribunal de alzada a conocer y pronunciarse. Señala la fiscal que, aprecia de parte del apelante el no haber expresado con la debida claridad, ni haber desarrollado cada uno de los agravios invocados; puesto que, no señaló la parte de la resolución impugnada que le causa agravio; como tampoco, cita el precepto legal violado, ni explica el concepto de la violación causada, lo que hace imposible demostrar sus afirmaciones, pues su planteamiento lo hizo de forma general y sin concretar en el fondo del asunto. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, objeto de la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada por mayoría de votos[5] dispuso confirmar la sentencia de la juez a quo, quien desestimó los motivos de oposición a la ejecución de título extrajudicial y declaró sin lugar el defecto procesal de falta de agotamiento de la vía administrativa previa, con la respectiva condena en costas. Como fundamento a la decisión confirmatoria la corte ad quem argumentó los siguientes puntos que se resumen a continuación. Entre otros puntos, la corte califica el primer agravio de la apelación como inoperante, porque sus afirmaciones son generales y ambiguas, señala que el apelante no indica la parte o pronunciamiento de la sentencia que le perjudica, no individualiza el vicio o error cometido por la juez a quo. como tampoco señala la finalidad u objeto de la apelación. Con relación al segundo agravio, la corte señala que si bien es cierto el apelante señala la parte de la sentencia que impugna, no individualiza el error o vicio que alega y tampoco señala la finalidad del objeto del recurso, volviendo por ende este agravio inoperante. El tercer agravio es calificado como infundado, por parte del tribunal de apelación, indicando que a pesar de que afirma algo, el recurrente olvidó expresar las razones o fundamentos legales con las que prende demostrar sus afirmaciones. Finalmente, en relación con el cuarto agravio, señala que si bien es cierto el apelante establece como agravio la indebida interpretación de la norma legal, no señala con precisión la parte de la sentencia que se impugna, lo que le impide como tribunal de alzada averiguar a que se refiere el recurrente con la expresión: la juez ha utilizado una interpretación extensiva. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Resumen del voto disidente. El magistrado que votó en contra de la posición mayoritaria, estima que debió declararse la nulidad a partir inclusive del auto de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado en primera instancia, para lo cual debían retrotraerse las actuaciones a fin de subsanar la decisión y absolver el pago en costas. Se adhiere a la posición mayoritaria en cuanto al deber que tiene todo impetrante de recursos devolutivos de determinar el perjuicio o agravio sufrido, con identificación del vicio o el error que lo causa; asimismo la disposición precisa del pronunciamiento, o parte que se impugna. Al respecto refiere que todo esto al principio dispositivo o justicia rogada (artículo 10.2 del Código procesal civil extendiéndolo al ámbito de los recursos de acuerdo con lo establecido en el artículo 701 de ese mismo código. El magistrado señala que, descrito el agravio, el recurrente debe indicar con la debida separación la finalidad u objeto de cada agravio, precisando si se busca enmendar por falta de aplicación, aplicación indebida, interpretación errónea, ya sea de normas legales que rigen actos y garantías del proceso o normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, como la revisión de hechos dados como probados o valoración probatoria. Luego, el magistrado Izaguirre Bustillo, manifiesta que el Código procesal civil, en su artículo 921, expresa con relación a la ejecución forzosa de título extrajudicial, las "normas sin vigencia"; derogando expresamente en el numeral octavo, conforme al párrafo tercero del artículo 43 del Código Civil, todas aquellas disposiciones que se oponen o sean incompatibles con lo dispuesto en el Código procesal civil. El párrafo tercero del artículo 43 del Código Civil señala: "Es tácita, cuando la nueva contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior." En consecuencia, concluye el titular del voto disidente, el Código procesal civil derogó tácitamente las disposiciones que no puedan conciliarse entre el Código procesal civil y el Código tributario, decreto 22-97. Posteriormente, el magistrado disidente se pregunta: ¿Ahora bien, se oponen, son incompatibles o no pueden conciliarse, las normas procesales para la ejecución de títulos establecida entre el Código procesal civil y el Código tributario, Decreto 22-97? Luego responde que si son compatibles y que se pueden conciliar. Por lo que consecuentemente, agrega: “… el órgano jurisdiccional puede instar el curso del proceso bajo las normas del Código procesal civil para el caso de la ejecución forzosa de título extrajudicial, aplicando en beneficia de las partes las disposiciones que consagren amplitud de derechos a las partes.” Para el magistrado disidente, la juez a quo debió en su condición de directora del proceso, y en consonancia con el debido proceso: “… ordenar la subsanación para que la parte ejecutada adecuara sus motivos de oposición a la norma tributaria aplicable al caso concreto y no permitir la continua[ción] [del] proceso, bajo motivos de oposición instados [con] legislación inaplicable por incumplimiento a la irretroactividad de la ley.” El autor del voto, señala que, con relación al caso de mérito, la legislación establece algunos motivos de oposición contra estas pretensiones, citando específicamente el artículo 103 del Código tributario, decreto 22-97 y en el 792 del Código procesal civil. Agrega que, el control que el juez a quo omitió realizar sobre la presentación del escrito de oposición en fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, conlleva una inobservancia a los principios que rigen el sistema tributario. En virtud de la omisión expuesta con anterioridad, el magistrado disidente es del parecer porque se dicte nulidad de lo actuado por la juez a quo. Asimismo, hace la observación al juez de primera instancia que la sentencia de oposición en un proceso de ejecución forzosa de título extrajudicial, debe dictarse en los cinco días posteriores a la finalización de la audiencia y no como corrió en el caso de autos, que fue dictada casi un año después de la audiencia. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional analiza los motivos y argumentos expuestos por el censor en la forma que a continuación se detalla. En primer lugar, el censor denuncia como primer motivo de amparo que, el tribunal de alzada violentó el derecho al debido proceso porque confirmó la decisión de primera instancia, consistente en la resolución mediante la cual la juez a quo desestimó de plano las causas de oposición a la ejecución de título extrajudicial, teniendo como argumentos únicos, los siguientes: a) irretroactividad de la ley; y b) que dicha oposición se fundamentó en una ley que no es aplicable al caso. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional observa que, puntualmente en relación con el segundo motivo de oposición al título extrajudicial, la juez a quo inicialmente da a entender en su sentencia que la causa de la desestimatoria es nada más por las razones antes indicadas, pero después brinda otra razón aclarando y complementando su motivación, en relación con este segundo motivo de oposición, que es: “Oposición de falta de agotamiento de los trámites administrativos, establecidos para emitir el título ejecutivo conforme al artículo 127 del Código tributario vigente.” Al respecto, la Sala de lo Constitucional explica lo acontecido en relación con el examen realizado por los órganos jurisdiccionales de instancia sobre este extremo, así: En el numeral primero de los fundamentos, la juez a quo deja entrever que su desestimatoria obedece a la irretroactividad legal y al error de fundar los motivos de oposición a la ejecución en una ley no aplicable, citando como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 203 del Código tributario (decreto 170-2017), hoy en día vigente. No obstante, en el numeral segundo de los fundamentos, la juez a quo explica con más detenimiento que, también es de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 792 del Código procesal civil, el cual establece los únicos motivos de oposición que pueden interponerse en las demandas de ejecución de título extrajudicial, precisando seguidamente que entre los cuales no se encuentra el segundo motivo de oposición impetrado por la parte ejecutada. Dando con ello, una respuesta judicial complementaria a las expuestas en el numeral primero de los fundamentos de derecho. Por lo que la Sala de lo Constitucional estima que se ha dado respuesta puntual a la parte ejecutada en cuanto a la causa para desestimar el segundo motivo de oposición alegado por la parte ejecutada. De manera que, el reproche del amparista basado en que el juez tenía la obligación de resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque la parte ejecutada haya invocado erróneamente los fundamentos de derecho, no es de recibo, debido a que dicha causa de oposición ni siquiera es admisible de acuerdo con lo que manda la ley procesal, sea cual fuere el Código tributario que se encuentre vigente. El mismo amparista admite que el asidero para resolver el fondo del asunto, se encuentra en lo que disponen los artículos 434[6], 790[7] y 792[8] del Código procesal civil, que indican con precisión lo pretendido que el tribunal decida. Finalmente, en resumen, el segundo motivo de oposición interpuesto por la parte ejecutada en contra de la ejecución con fundamento en un título extrajudicial no es de recibo porque efectivamente este segundo motivo de oposición no se encuentra comprendido en los dispuestos en el artículo 792 del Código Procesal Civil, así mismo, esta razón constituye una respuesta judicial válida y suficiente por parte del juez a quo, la cual fue posteriormente ratificada por el tribunal de alzada. A lo anterior, suma el hecho de que este alto tribunal de justicia observa, que no existe reproche alguno en la demanda de amparo que pretenda restar validez al último argumento esgrimido por la juez a quo, y que luego quedó comprendido dentro de la decisión confirmatoria de segunda instancia. En virtud de lo cual, encuentra que no es de recibo el primer motivo de amparo en relación con el segundo motivo de oposición a la ejecución. Siempre en relación con el primer motivo de amparo, consistente en el reproche basado en: la irretroactividad de la ley, y en la falta de pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales bajo pretexto de que la parte ejecutada erró en la cita de la norma vigente al caso, este alto tribunal en relación con el primer motivo de oposición a la ejecución, se pronuncia de la siguiente manera. El primer motivo de oposición impetrado por la parte ejecutada es: “Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigibles” Con relación a este motivo de oposición, la Sala de lo Constitucional observa que el juez a quo expresa nada más lo referido en el numeral primero de sus fundamentos de derecho; es decir, desestima de plano dicho motivo, basándose únicamente en el argumento de que la parte ejecutada erró al citar como norma aplicable una distinta a la vigente en ese momento, señalando en ese sentido que conforme a lo dispuesto en el artículo 203 del Código tributario contenido en el decreto 170-2017, la normativa aplicable es la del Código tributario contenido en el decreto 22-97. Al efecto, la Sala toma nota de lo referido por el mismo censor en cuanto a que admite la posición de los órganos jurisdiccionales, quienes arguyen que, debe tomarse en cuenta que la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial se presentó el trece de junio de dos mil dieciséis, por lo que su tramitación debe hacerse de conformidad con el Código tributario contenido en el decreto 22-97, en virtud de que conforme a las disposiciones transitorias, específicamente el artículo 203, los expedientes relacionados con tributos que se estén tramitando en la vía judicial, iniciados antes de la fecha de entrar en vigencia el nuevo código, continuarán y se concluirán de acuerdo con el código tributario del decreto 22-97. Asimismo, toma nota de lo expuesto por el amparista, en cuanto a que la corte de apelaciones aplicó en forma errónea el artículo 705[9] en relación con el 715.4[10], ambos del Código procesal civil; y su incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 305 constitucional.[11] Con relación a las normas anteriormente citadas por el amparista, la Sala de lo Constitucional destaca que el artículo 305 constitucional no es aplicable al caso concreto de mérito, por cuanto no se trata de un asunto de silencio (non liquet) u oscuridad de las leyes, sino que es una falta de pronunciamiento basada en una supuesta mal atribuida carga procesal, en donde se exige con excesivo rigor la formalidad de citar correctamente las normas de derecho que se invocan. En fin, después del análisis correspondiente, la Sala de lo Constitucional determina que, si bien es cierto, inicialmente rige el principio iura novit curiae, según el cual el juez conoce el derecho y debe en consecuencia aplicarlo al supuesto de hecho que someten a su conocimiento; y que, en ese mismo sentido, existe el brocardo latino: da mihi facta, dabo tibi ius, que se traduce en forma libre: dame los hechos y te daré el derecho, en este caso concreto, dicho mandamiento debe ser analizado. Volviendo al principio señalado, el juez como regla general no puede abstenerse de resolver el asunto, en caso de que las partes omitan fundamentos de derecho o yerren en su cita, por lo que teniendo en cuenta eso, se observa que, en el caso de autos, la parte ejecutada opuso como motivo de oposición la exigencia de nulidad del mandamiento que despacha la ejecución porque considera que el título ejecutivo extrajudicial no cumple con los requisitos legales exigibles. Sin embargo, también resulta evidente que la parte ejecutada yerra al citar normas que no son aplicables en el tiempo. En relación con este último punto, es necesario establecer que los órganos jurisdiccionales deben de inicio intentar aplicar el derecho en virtud del principio iura novit curiae, confrontando la argumentación o desarrollo del motivo de oposición con la normativa que es aplicable (decreto 22-97), a fin de dar una respuesta pronta y basada en derecho. Aparentemente, lo que consta en autos es que tanto el juzgado como el tribunal de alzada (mediante voto mayoritario), omiten su responsabilidad, como “conocedores del derecho” de juzgar en forma cumplida, rechazando de plano y sin estudio alguno lo expuesto por la parte ejecutada en su escrito de oposición. Para este alto tribunal de justicia, la corte de apelaciones aparentemente en un celo de formalismo extremo, pareciera que deja de lado la discusión introducida por la parte ejecutada sobre el cumplimiento de requisitos del título ejecutivo extrajudicial, soslayando el estudio del caso. Se advierte que este alto tribunal de justicia, usa la palabra “aparentemente”, pero como se verá en el decurso de esta argumentación, que, la corte de apelaciones no actuó de manera equivocada y que le asiste la razón cuando toma su decisión. Aparentemente, la corte de apelaciones deja sin atender el hecho de que la discusión (thema decidendi) se completa cuando la parte ejecutante, en su escrito de contestación a la oposición, aborda el asunto haciendo referencia a los requisitos del título extrajudicial que se pretende hacer valer, y señala que, el título cuestionado reúne los requisitos exigidos por los artículos 98[12] y 99[13] del Código tributario contenido en el decreto 22-97, e indicando que la obligación es exigible debido a que la obligación es líquida y de plazo vencido. Como puede constatarse con lo referido, la corte de apelaciones denunciada mediante la garantía constitucional de amparo aparentemente no cumplió de manera cabal y atinada su obligación de juzgamiento, al no haber atendido lo dispuesto en el artículo 705 del Código procesal civil, en relación con el ámbito del recurso de apelación, el cual tiene por objeto: a) lograr la enmienda de la aplicación e interpretación, tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso; b) lograr la enmienda de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate, por el órgano jurisdiccional competente; c) la revisión de los hechos tenido como probados en la resolución recurrida; y d) la revisión de la valoración probatoria. Es más, aparentemente el tribunal de alzada pretendió eludir su responsabilidad acudiendo al principio tantum apellatum quantum devolutum, pero sin hacer una relación integral con todas las obligaciones que el ámbito del recurso de apelación concede a las partes. Lo anterior en relación con lo que dispone el artículo 701.2 del Código procesal civil, que faculta al órgano jerárquico superior a resolver el recurso de apelación invocando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque no coincidan con los señalados por los recurrentes en sus escritos.[14] Sin embargo, frente a todas estas aparentes faltas cometidas por la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional estima que la respuesta que da la corte de apelaciones mediante voto mayoritario, no es violatoria de derecho constitucional alguno. No existe violación alguna porque la parte ejecutada tuvo la oportunidad procesal de oponerse al título ejecutivo, así mismo dicha oportunidad es única e irrepetible, salvo los casos que son excepcionales y que de ninguna manera incluyen los errores cometidos por los profesionales del derecho, quienes son responsables de la forma en que defienden los intereses de sus poderdantes. En este sentido, el motivo de oposición sustentado en la nulidad del mandamiento, por causa de que el título ejecutivo no cumple con los requisitos legales exigibles, no sólo fue abordado citando una normativa errónea, sino que más allá de eso, al pretender abordarse el asunto y resolverlo en el fondo, esto se presenta como imposible en virtud de que las causas y alegaciones son otras y muy distintas a las de la normativa realmente aplicable; por lo que, la única manera de pronunciarse sobre el asunto, sería brindarle a la parte ejecutada una nueva oportunidad procesal, retrotrayendo las diligencias para que por segunda vez desarrollase su oposición; y esta nueva vez, cumpliendo cabalmente su misión, atacando puntualmente los requisitos presentes en los artículos 98 y 99 del decreto 22-97. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional estima que eso sería actuar en detrimento de los derechos e intereses de la parte ejecutante, quien no debe cargar con los errores e impericia del apoderado procesal de la parte ejecutada. En virtud de lo expuesto, para este alto tribunal de justicia no es de recibo el primer motivo de amparo en relación con el primer motivo de oposición a la ejecución, siendo por tanto procedente declarar su denegatoria. Con relación al segundo motivo de amparo, la Sala de lo Constitucional atiende el hecho de que el garantista cita como violentado el artículo 96 constitucional que contiene la prohibición de aplicar la ley en forma retroactiva. En ese sentido, este alto tribunal de justicia analiza lo referido por el censor, quien aparentemente exige que se apliquen las disposiciones del actual Código tributario, decreto 170-2016. Al respecto, este alto tribunal de justicia de manera categórica establece que la ley aplicable al caso concreto es la del Código tributario derogado o sea el contenido en el decreto 22-1997, en virtud dispuesto en el artículo 203 del Código tributario vigente o actual, el cual literalmente dice: “Artículo 203. Expedientes en tramitación, que los expediente relacionados con tributos que se estén tramitando en la vía judicial, a la fecha de entrar en vigencia este código, se concluirán conforme a las leyes con base en las cuales se iniciaron.” Por último, este alto tribunal de justicia a manera de obiter dicta, hace la indicación general a los órganos jurisdiccionales que conocen del recurso de apelación que, deben evitar en cuanto sea posible, ejercitar su función jurisdiccional con excesiva formalidad, omitiendo pronunciarse sobre los extremos expuestos por el apelante en cada uno de sus agravios, exigiendo a ultranza y sin hacer un mínimo de esfuerzo intelectivo, elementos como: el pronunciamiento o parte de la sentencia que se impugna, el perjuicio o agravio sufrido, la individualización concreta del vicio o error que alega, la finalidad u objeto del recurso. En todo momento, deben explicar de manera puntual y generosa el por qué estiman que estos casos se subsumen en el asunto concreto que se encuentra bajo su estudio, no debiendo ser tan escuetos y formalmente exigentes; así mismo tomar en cuenta estos elementos cuando son de fácil deducción. Es decir, cuando es posible saber o apreciar, aunque no se indique expresamente: el pronunciamiento o parte de la sentencia que se impugna, el perjuicio o agravio sufrido, la individualización concreta del vicio o error que alega, o la finalidad u objeto del recurso. El recurso de apelación debe ser garantista y requiere que los tribunales de alzada motiven con razón suficiente para rechazar de plano el objeto y los alegatos en controversia. Por otra parte, es necesario que los órganos que conocen en segunda instancia atenúen el nivel de exigencia que se requiere como carga procesal impuesta a las partes para el cumplimiento de estos elementos, debido a que es muy distinto el escrutinio o nivel de estudio entre el recurso de apelación y el de casación, dadas las razones obvias de naturaleza y funcionalidad procesal. En todo caso, no debe confundirse la falta de desarrollo, argumentación o explicación del agravio a la omisión absoluta de los requisitos formales que la ley exige para dar curso a los recursos con efecto devolutivo. En virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de amparo en sus dos motivos. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 355 de la Constitución de la República; 8.2 literal h) de la Convención americana sobre los derechos humanos; 1, 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 41 y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado JOSÉ DANIEL BARAHONA BARAHONA, a favor de la sociedad mercantil ASICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra la sociedad mercantil ASICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de junio de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0603=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Vid. Artículo reformado por el decreto legislativo número 237-2012 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras, número 33,033 del veinticuatro de enero de dos mil trece, ratificado por el decreto legislativo número 10-2013 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras número 33,086 del veintisiete de marzo de dos mil trece.

[2] Artículo 1 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3] Artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4] Artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] Votaron en mayoría los honorables magistrados Danery Antonio Medal Raudales y Zoe Celeste María Vásquez Ordóñez (ponente) y en disenso el honorable magistrado Carlos Alberto Izaguirre Bustillo.

[6] Vid. “Artículo 434. CONTENIDO DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 1. En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma prevenida para ésta, el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si considerare inadmisible la acumulación de pretensiones, lo manifestará así, expresando las razones de la inadmisibilidad. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento a alguna o algunas de las pretensiones del actor, así como a parte de la única pretensión aducida. 2. En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como aceptación tácita de los hechos que le sean perjudiciales. 3. También habrá de aducir el demandado, en la contestación a la demanda, las excepciones procesales que serán resueltas en la audiencia preliminar, y demás alegaciones que pongan de relieve cuando obste a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.”

[7] Vid. “Artículo 790. OPOSICIÓN. 1. El ejecutado podrá plantear en un sólo escrito oposición a la ejecución en el plazo de tres días desde la notificación del mandamiento de ejecución, aportando todas las justificaciones documentales que tuviera. 2. Formulada la oposición, se suspenderán las diligencias de ejecución hasta la resolución de la misma, salvo que se hubiera opuesto exclusivamente la pluspetición. 3. En este caso sólo se ordenará la suspensión una vez que el deudor consigne la cantidad que considere debida. De no consignar, la ejecución continuará su curso, aunque lo que obtuviera de la enajenación de los bienes embargados, en lo que exceda de la cantidad reconocida como debida, no se entregará al demandante mientras no se haya resuelto la oposición.”

[8] Vid. “Artículo 792. MOTIVOS DE OPOSICIÓN. Sólo serán admisibles en la ejecución de títulos extrajudiciales los motivos de oposición siguientes: 1. Falta de competencia del tribunal ante quien se presenta la demanda. 2. Falta del carácter, representación o legitimación del demandante o del demandado. 3. Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos. 4. Pago, justificado documentalmente. 5. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva. 6. Pluspetición. 7. Prescripción o caducidad de la pretensión. 8. Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente. 9. Novación o acuerdo de las partes, siempre que conste en documento público. 10. Sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje. Para la ejecución de títulos valores solo podrán oponerse las excepciones previstas en el Código de comercio.”

[9] Vid. “Artículo 705. FINALIDAD DEL RECURSO. 1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.”

[10] Vid. “Artículo 715. ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las

actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente. 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectará a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.”

[11] Vid. “Artículo 305. Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados, no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes.”

[12] Vid. “Artículo 98. El Fisco tendrán acción ejecutiva para el cobro de los créditos por concepto de tributos, pagos a cuenta, intereses, multas y contribuciones que resulten de sus resoluciones firmes o de las sentencias también firmes dictadas por tribunales de justicia competente. A tal efecto, constituir título ejecutivo suficiente la certificación en que conste la obligación tributaria extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos o la sentencia firme dictada por tribunal de justicia competente.”

[13] Vid. “Artículo 99. La certificación a que se refiere el artículo anterior deber reunir los requisitos siguientes: 1) Lugar y fecha de emisión; 2) Nombre y apellidos, cargo, firma y sello del funcionario que la suscribe: 3) Indicación clara y precisa de la obligación tributaria y sus accesorios; y, 4) Nombre, razón social o denominación. Registro Tributario Nacional y domicilio del contribuyente o responsable.”

[14] Vid. Artículo 206.2 del Código procesal civil.