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Sentencia AC-590-22 — Registro 15561

Resumen

Sentencia en consulta otorgó acción de amparo en relación a la solicitud de modificación de medida cautelar inaudita parte a efecto de ampliar su duración promovida por recurrente contra el Comité Técnico del Fideicomiso; El Juzgado de primera instancia señaló audiencia e hizo saber que no se levantaría ni se modificaría de manera permanente hasta celebrar dicha audiencia; La Autoridad recurrida considera que se vulneran derechos fundamentales al pretender el A-quo celebrar audiencia de modificación de medidas cautelares en eventual prejuzgamiento sobre la decisión que recaiga sobre la oposición

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…en el presente caso, se denota la improcedencia del otorgamiento de amparo, visto que el auto del Juzgado A Quo de fecha 04 de noviembre de 2021, cumplimenta óptimamente los principios enunciados en los Considerandos que anteceden, a efecto se personen ambas partes a la audiencia convocada, para conocer de la petición garantista referente a lo que ha dado en denominar “ampliación” de la medida cautelar adoptada, y se cumplimente así, por su parte, la acreditación del peligro de lesión y apariencia de buen derecho.[3] Por otra parte, como señala el dictamen fiscal, la audiencia tiene por objeto que se precisen los motivos por los cuales por los cuales se pretende ampliar el término de la medida cautelar dictada, su alcance, justificación conforme la concurrencia de los presupuestos legales exigidos para su adopción;[4] a efecto no se vulnere el principio de legalidad, ni el derecho de defensa, que también asiste a la contraparte; audiencia que cumple con las finalidades establecidas para la modificación de las medidas cautelares, por el cauce procesal establecido en el artículo 394.2 del Código Procesal Civil, con arreglo al procedimiento previsto para la oposición; cumplimentando, a la vez, las facultades que corresponden: “… en todo caso”,[5] al Tribunal, por mandato expreso del artículo 354 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que, el debido proceso se manifiesta ante los tribunales mediante la tutela efectiva de los derechos, inter alia, con garantía de que el proceso se desarrollará por los trámites previstos legalmente, a modo que las partes puedan ser oídas antes de adoptar cualquier decisión que les afecte y a que sean escuchadas en términos de igualdad por la jurisdicción.[1] Con relación a la motivación de las resoluciones judiciales, por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación: “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”.[2] El Código Procesal Civil dispone, en concordancia, que en la motivación se expresaran los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho ajustándose a las reglas de la lógica y la razón..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto del dos mil veintidós.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que otorgo la acción de Amparo interpuesta por el Abogado ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, con relación a la solicitud de medida cautelar inaudita parte, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A DE C.V (EEH), contra el COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO. - Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha tres (3) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, actuando en su condición de apoderado Legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A DE C.V (EEH). Solicitando se decretara medida cautelar inaudita parte, contra el COMITÉ TECNICO del FIDEICOMISO. - (folio 1 al 12 de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, tiene por admitida la solicitud de modificación de la medida cautelar, a efecto de ampliar su duración y tal como lo establece la normativa que indica que, para modificar la medida se debe previamente convocar a las partes a una audiencia; en consecuencia convoque a los representantes procesales personados para audiencia señala para el lunes quince (15) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), a la una con treinta minutos de la tarde (1:30 pm), haciendo saber que la medida no se levantara ni se modificara de manera permanente hasta que se celebre la audiencia anteriormente señalada. (Folio 604 al 605 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A DE C.V (EEH), contra la resolución de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que, con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 04 la pieza del juzgado).-4) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, quien actúa en representación procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A DE C.V (EEH), contra la resolución de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.-5) Que en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme a la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, tal el presente caso.-CONSIDERANDO (2): Que, vista la sentencia venida en consulta, motiva la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022), por mayoría de votos de sus miembros, que estima haber lugar a la acción de amparo civil promovida por el Abogado ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, en representación procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A. DE C.V (EEH), contra la resolución de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán; con base a la infracción de los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, con relación al artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que resguardan el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de legalidad; al pretender celebrar una audiencia para determinar la ampliación temporal de una medida cautelar que fue adoptada de forma inaudita, sin existir variaciones sobre los presupuestos que sirvieron de base a la procedencia de la misma, enmarcándose en las facultades otorgadas por el artículo 354.4 del Código Procesal Civil, legalidad adjetiva que establece: “Disponer de oficio o a petición de parte, la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada”; situación que es diferenciada de la regulada en el artículo 394 del mismo cuerpo legal; la que se considera utilizada por el Juzgado A Quo como precepto autorizante para convocar a las partes a una audiencia de modificación de medidas cautelares, en eventual prejuzgamiento sobre la decisión que recaiga sobre la oposición.-CONSIDERANDO (3): Que, en orden a examinar en la sentencia que se consulta, la prevalencia del principio de legalidad, del debido proceso y del derecho de defensa, en tanto derechos inalienables en un Estado de Derecho; se despliegan aquí las razones contentivas en Dictamen fiscal, el cual se pronuncia por el no otorgamiento de la presente garantía de amparo, en el traslado que se le concedió para tal efecto. Manifiesta la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, que fundamenta la improcedencia de otorgar la presente acción constitucional, en no haberse producido la vulneración a las garantías constitucionales invocadas, partiendo de los principios de contradicción e igualdad contenidos en los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil, los cuales transcribe; vinculando a la Jurisdicción a considerar la dualidad de posiciones de las partes, quienes tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que les afecte, directa o indirectamente; estando obligado el órgano jurisdiccional, asimismo, a preservar la igualdad de las partes en el proceso, con los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades.-CONSIDERANDO (4): Que, el debido proceso se manifiesta ante los tribunales mediante la tutela efectiva de los derechos, inter alia, con garantía de que el proceso se desarrollará por los trámites previstos legalmente, a modo que las partes puedan ser oídas antes de adoptar cualquier decisión que les afecte y a que sean escuchadas en términos de igualdad por la jurisdicción.[1] Con relación a la motivación de las resoluciones judiciales, por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación: “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”.[2] El Código Procesal Civil dispone, en concordancia, que en la motivación se expresaran los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho ajustándose a las reglas de la lógica y la razón.-CONSIDERANDO (5): Que, de lo expresado se sigue que la interpretación que efectúe el órgano jurisdiccional se relaciona intensamente con el imperativo fundamental del artículo 303 de la Constitución de la República, ínsito al principio de legalidad, al principio de jurisdiccionalidad y al debido proceso; resultando imperativo que las resoluciones sean razonadas y motivadas, vinculadas únicamente a la Constitución y a las leyes; lo que conforma la premisa normativa del razonamiento judicial, con relación a los hechos que se tengan por probados, como premisa fáctica; concediéndose a las partes el derecho a ejercitar los recursos que la ley les franquea, a efecto de que las Cortes y Tribunales de Alzada puedan efectuar el control de racionalidad correspondiente.-CONSIDERANDO (6): Que, en el presente caso, se denota la improcedencia del otorgamiento de amparo, visto que el auto del Juzgado A Quo de fecha 04 de noviembre de 2021, cumplimenta óptimamente los principios enunciados en los Considerandos que anteceden, a efecto se personen ambas partes a la audiencia convocada, para conocer de la petición garantista referente a lo que ha dado en denominar “ampliación” de la medida cautelar adoptada, y se cumplimente así, por su parte, la acreditación del peligro de lesión y apariencia de buen derecho.[3] Por otra parte, como señala el dictamen fiscal, la audiencia tiene por objeto que se precisen los motivos por los cuales por los cuales se pretende ampliar el término de la medida cautelar dictada, su alcance, justificación conforme la concurrencia de los presupuestos legales exigidos para su adopción;[4] a efecto no se vulnere el principio de legalidad, ni el derecho de defensa, que también asiste a la contraparte; audiencia que cumple con las finalidades establecidas para la modificación de las medidas cautelares, por el cauce procesal establecido en el artículo 394.2 del Código Procesal Civil, con arreglo al procedimiento previsto para la oposición; cumplimentando, a la vez, las facultades que corresponden: “… en todo caso”,[5] al Tribunal, por mandato expreso del artículo 354 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (7): Que, acorde el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y en concordancia a lo dispuesto en el artículo 68, párrafo segundo, de la citada Ley adjetiva; el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. Procediendo jurídicamente, por lo anteriormente fundamentado, revocar la sentencia que se conoce en consulta, por considerar no resulta procedente el dictado de pronunciamiento estimatorio a la presente garantía de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. REVOCAR la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; 2. DENEGAR el recurso de mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre del dos mil veintidós.-VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A DE C.V. (EEH), contra el fallo dictado por esta Sala en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022), por unanimidad de votos de sus miembros, REVOCANDO la GARANTÍA DE AMPARO promovida por la representación procesal del recurrente contra el COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO, en el trámite de solicitud de medida cautelar, inaudita parte, promovido ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán que fuera estimada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022); siendo venida en trámite de consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la referida sentencia de amparo ingresó para su consulta a la Sala en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintidós (2022), procediéndose, a la vista del caso, a dictar revocatoria en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022).-CONSIDERANDO (2): Que conforme a la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (3): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos del Despacho; lo cual es cumplido, en tanto requisito de procedibilidad, según consta a folios once (11) vuelto y subsiguientes de la pieza de amparo.-CONSIDERANDO (4): Que, vista la petición de la parte recurrente, funda su recurso en discrepancia con la revocatoria de la garantía constitucional de amparo en referencia; manifestando el Abogado ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A DE C.V (EEH), argumentaciones reiterativas del porque la representación procesal recurrente está en desacuerdo con el fallo vertido en el presente caso y del porque asiste apariencia de buen derecho y peligro de mora procesal, como fundamentos legítimos para la estimatoria de la garantía de amparo; solicitando de la Sala proceda a reponer la decisión adoptada en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022), revisando las infracciones al debido proceso denunciadas y dictar nuevo fallo otorgando la acción de amparo promovida a favor de la EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A DE C.V.-CONSIDERANDO (5): Que, funda su recurso de reposición el garantista en lo normativizado en el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 80, 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la República, y; en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Solicitando, en definitiva, se reconsidere el fallo notificado por la Honorable Sala de lo Constitucional, por las consideraciones jurídicas antes expuestas y motivadas.-CONSIDERANDO (6): Que el principio de independencia judicial se normativiza, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado con base al principio de responsabilidad judicial y en el ámbito de su competencia; lo cual es principio indeclinable de actuaciones de la Sala de lo Constitucional, según queda manifiesto en la sentencia definitiva dictada en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022), objeto del presente recurso de reposición.-CONSIDERANDO (7): Que, por todo ello, concluye esta Sala de lo Constitucional que la sentencia definitiva recurrida se encuentra ajustada a derecho, no aportándose razones de fondo o de forma para conceder el recurso de reposición interpuesto.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 63, 64, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 68, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ALEJANDRO J. PINEDA RODRIGUEZ, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS S.A DE C.V (EEH). Y MANDA: Que la Secretaría notifique al recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo. Redacto la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto y Resolución de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0590-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] CADH 8.1 Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter

[2] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[3] Conforme lo estipulado en el artículo 351.1 del Código Procesal Civil.

[4] Conforme lo estipulado en el artículo 380 del Código Procesal Civil, in fine.

[5] Ver preámbulo del artículo 354 del Código Procesal Civil.