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Sentencia AC-589-22 — Registro 15678

Resumen

En Consulta la sentencia que denegó el recurso interpuesto por la impetrante contra actuaciones del a-quo, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial promovida. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a Denegar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por parte del pedidor de la garantía de Amparo, de los requisitos de procedencia y fundamentación del Recurso de Reposición establecido en el Código Procesal Civil, específicamente el Artículo 694 y 695 que por su orden disponen: “PROCEDENCIA. FUNDAMENTACIÓN. 1. La reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración. 2. En el recurso se expresará, en todos los casos, la infracción legal que contiene la resolución impugnada, debiéndose exponer una sucinta explicación de las razones del recurrente.”; “INTERPOSICION. Salvo que la resolución impugnada fuera dictada de forma oral en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito dentro del plazo de tres (3) días. Si fuese manifiestamente inadmisible, por no cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, el tribunal lo rechazará sin ningún otro trámite.”. Lo que ha sucedido en el caso sub judice, pues se ha inadmitido por parte del A-quo el recurso de reposición interpuesto en fecha veinte de enero del dos mil veintiuno, al denegarse el recurso de Apelación interpuesto en fecha ocho de enero del dos mil veintiuno, recurso que se inadmite a trámite mediante la resolución de fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno, impugnada en recurso de amparo, por no reunir los requisitos de procedencia y fundamentación, pues lo que procedía era el recurso de queja y no el recurso de reposición, por ello fue inadmitido a trámite como bien lo hizo el A-quo..." ..." Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos de noviembre del dos mil veintiuno, que denegó el recurso interpuesto por el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON a favor de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS BAGO, S.A., contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por la Sociedad Mercantil LABORATORIOS BAGO, S.A., contra la CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES (CGT). Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho constitucional consignados en los artículos 64, 90 y 103 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete (07) de marzo de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil LABORATORIOS BAGO, S.A., promoviendo Demanda de Ejecución Forzosa de resolución judicial en contra de la CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES (CGT). (Folios 01–17 de la Pieza del A-Quo). 2) Que siguiendo el trámite de Ley correspondiente, en fecha veintiséis (26) de enero del dos mil veintiuno (2021), el citado Juzgado dicto auto en la cual Resolvió: (SIC) “UNICO: INADMITASE a trámite el Recurso de Reposición contra el Auto de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), que obra a folio setenta y dos (F- 72) del expediente de mérito, presentado por el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil LABORATORIOS BAGO S. A, como parte demandante.- Que la secretaría del despacho proceda a notificar en legal y debida forma la presente resolución.-” (Folio 77 de la Pieza principal del A-Quo). 3) Que en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021), el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS BAGO, S.A., compareció ante el Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo contra la resolución de fecha veintiséis (26) de enero del dos mil veintiuno (2021), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 01–04 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dos (02) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), emitió su sentencia en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DENEGANDO por las razones antes esgrimidas, la Garantía Constitucional de AMPARO, presentada ante esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, por el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, accionando a favor de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS BAGO, S.A. impetrado la referida acción constitucional contra resolución de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el Expediente bajo número 0801-2019-01727, en relación a la SOLICITUD EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL. promovida por el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS BAGO, S.A. SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.” (Folio 24–26 de la pieza del Ad-Quem). 5) Que en fecha ocho (08) de abril de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, contra la resolución de fecha veintiséis1 (26) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, por el Abogado Miguel Rafael Milla Pavón, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil LABORATORIOS BAGO, S. A., contra la Central General de Trabajadores (CGT). CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintiséis de enero del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera el derecho a la defensa, debido proceso y propiedad privada contenido en los artículos 64, 90 y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintiséis de enero del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que RESUELVE: “UNICO: INADMITASE a trámite el Recurso de Reposición contra el auto de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021) que obra a folio setenta y dos (F-72) del expediente de mérito, presentado por el Abogado MIGUEL RFAEL MILLA PAVON, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil LABORATORIO BAGO S. A., como parte demandante.”. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone en dos motivos: “Primer motivo: Se viola el artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República que garantiza el debido proceso y en relación directa en el artículo 64 de la misma Carta Magna en la que se indica que no se aplicarán leyes ni disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la constitución si los disminuyen, restringen o tergiversen. Situación ésta acontecida en el auto recurrido, del diecisiete (17) de febrero del dos mil veinte (2020), en tanto que el Ad-quem rechaza lo establecido en el Código Procesal Civil relativo a la ejecución forzosa de títulos judiciales e inobservó el artículo 767 que contempla dos casos excepcionales su suspensión de la ejecución, por cuanto el razonamiento utilizado para denegar el acto final que consistía en ordenar el lanzamiento de la parte ejecutada nunca fue fundamentado en esos dos casos excepcionales referidos, antes bien, como ha relatado el suscrito previamente, el Ad-quem distorsionó el proceso para darle cabida a una entidad como lo es la Procuraduría General de la República que carece de legitimación para ser parte en el presente caso. Asimismo, el Ad-quem en su empecinamiento rechazo nuestro reclamo basado en el artículo 707 del Código Procesal Civil, en lo relativo que la apelación de autos es permitida cuando ponen fin al proceso, lo cual es precisamente lo que dicho Juzgado hizo al detener y anular de hecho la prosecución de la ejecución en curso. Segundo Motivo: Se violenta también el derecho a la propiedad privada proclamada y protegida por nuestra carta magna en su artículo 103 en tanto que el Ad-quem está poniendo en peligro la recuperación legítima del bien inmueble adjudicado a su poderdante por parte de este mismo juzgado que fue el que le transfirió los derechos de propiedad en escritura pública debidamente registrada.”. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en el CONSIDERANDO (8): (Sic) “Que visto los antecedentes del recurso y para dar respuesta al mismo, necesariamente devenimos obligados a valorar lo siguiente: I) El impetrante manifiesta que se le ha violentado el debido proceso en el sentido que al A-Quo admite un incidente de nulidad presentado por la Procuraduría General de la República siendo que dicha entidad carece de legitimación para ser parte en el proceso de igual manera considera que le violentaron su derecho de inadmitir el recurso de apelación argumentando el A-Quo que la apelación de autos es permitida cuando ponen fin al proceso, lo cual es precisamente lo que dicho juzgado hizo al detener y anular de hecho la prosecución de la ejecución en curso. Con respecto a lo manifestado por el amparista este Tribunal de Alzada es del parecer que las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia son conforme a derecho y que no se le han violentado garantías constitucionales ya que el incidente de nulidad presentado por la Abogada CLAUDIA VANESSA MURILLO SANCHEZ en su condición de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, pueda establecer o determinar quién será la parte legítima en el proceso principal por ende debe dilucidarse el presente incidente para evitar indefensión en la partes legítimas del proceso ya que es absolutamente la resolución del incidente para poder decidir sobre la continuación del proceso ejecutivo en consecuencia la misma no es de recibo ya que esta apegada en derecho. En lo que refiere a la no admisión de recurso de reposición y apelación somos del criterio que el A-quo que no se violentó ningún precepto constitucional ya que al momento de imponer recurso de reposición carece de los presupuestos procesales para su admisión por lo tanto al no cumplir con los requisitos de procedencia y fundamentación no era posible su admisión y en cuanto al Recurso de Apelación contra la resolución de fecha 17 de febrero es contra un auto que no le pone fin al proceso aunado a ello se presentó de manera extemporánea. En consecuencia este Tribunal es del parecer que las acciones realizadas por el A-quo no son objeto de violación a las garantías constitucionales del debido proceso.”. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a Denegar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por parte del pedidor de la garantía de Amparo, de los requisitos de procedencia y fundamentación del Recurso de Reposición establecido en el Código Procesal Civil, específicamente el Artículo 694 y 695 que por su orden disponen: “PROCEDENCIA. FUNDAMENTACIÓN. 1. La reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración. 2. En el recurso se expresará, en todos los casos, la infracción legal que contiene la resolución impugnada, debiéndose exponer una sucinta explicación de las razones del recurrente.”; “INTERPOSICION. Salvo que la resolución impugnada fuera dictada de forma oral en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito dentro del plazo de tres (3) días. Si fuese manifiestamente inadmisible, por no cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, el tribunal lo rechazará sin ningún otro trámite.”. Lo que ha sucedido en el caso sub judice, pues se ha inadmitido por parte del A-quo el recurso de reposición interpuesto en fecha veinte de enero del dos mil veintiuno, al denegarse el recurso de Apelación interpuesto en fecha ocho de enero del dos mil veintiuno, recurso que se inadmite a trámite mediante la resolución de fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno, impugnada en recurso de amparo, por no reunir los requisitos de procedencia y fundamentación, pues lo que procedía era el recurso de queja y no el recurso de reposición, por ello fue inadmitido a trámite como bien lo hizo el A-quo. CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de noviembre del año dos mil veintiuno, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL FARAEL MILLA PAVON. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que DENIEGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, a favor de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS BAGO, S. A., contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAEZ CALIX, SECRETARIO DE SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0589-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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