Sentencia AC-548-22 — Registro 16130
Resumen
Sentencia resolvió recurso de apelación contra resolución en demanda de ejecución de título judicial de sentencia firme reivindicatoria de dominio de bien inmueble denominado La Pimienta promovida por Baudilio Zaldivar Rivera contra Compañía Azucarera Chumbagua S A; La Autoridad recurrida consideró que los alegatos de recurrente no tiene punto de conexión con la excepción resuelta por el A-quo, en virtud que son dos institutos procesales diferentes como ser la oposición y la transacción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido; considerando también el Ad-quem que ante la insistencia de la parte recurrente en sus alegatos relativos a la sentencia de amparo, sobre la cual ya se ha hecho referencia; que no se encuentra punto de conexión con la excepción resuelta por el A-quo ya que nada tiene que ver lo tramitado en ese momento procesal, con lo que actualmente se ventila, en virtud de que son dos institutos procesales diferentes como ser la oposición y la transacción..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido; considerando también el Ad-quem que ante la insistencia de la parte recurrente en sus alegatos relativos a la sentencia de amparo, sobre la cual ya se ha hecho referencia; que no se encuentra punto de conexión con la excepción resuelta por el A-quo ya que nada tiene que ver lo tramitado en ese momento procesal, con lo que actualmente se ventila, en virtud de que son dos institutos procesales diferentes como ser la oposición y la transacción..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de octubre de dos mil veintidós. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por la Abogada DAYANE MICHELLE ZALDIVAR NAIRA a favor de los señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ, ALEJANDRO REINIERY, ANGELA MARINA, LILIANA ALEJANDRA y CLAUDIA ADA LINA, TODOS DE APELLIDOS ZALDIVAR NAIRA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, el cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), con relación a la demanda de ejecución de un título judicial de sentencia firme reivindicatoria de dominio del bien inmueble denominado La Pimienta, ubicado en San Marco, Santa Bárbara promovida por el señor BAUDILIO ZALDIVAR RIVERA contra la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A. (Exp.N° 28-2015). CONSIDERANDO: Que en el escrito de interposición de la presente acción de amparo, la recurrente indica que con el acto reclamado en amparo, es decir la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022), disminuye y tergiversa los derechos reconocidos por la Constitución de la República, y las garantías otorgadas en el amparo 927=2016, mismo que manda la restitución del derecho de propiedad privada, la negación en el goce de los derechos o garantías que la Constitución y los Tratados Internacionales, las Convenciones y otros Instrumentos Internacionales mismo que reconoció a sus mandantes en todos sus considerandos como los legítimos dueños de la propiedad denominada La Pimienta. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido; considerando también el Ad-quem que ante la insistencia de la parte recurrente en sus alegatos relativos a la sentencia de amparo, sobre la cual ya se ha hecho referencia; que no se encuentra punto de conexión con la excepción resuelta por el A-quo ya que nada tiene que ver lo tramitado en ese momento procesal, con lo que actualmente se ventila, en virtud de que son dos institutos procesales diferentes como ser la oposición y la transacción. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo interpuesto por la Abogada DAYANE MICHELLE ZALDIVAR NAIRA a favor de los señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ, ALEJANDRO REINIERY, ANGELA MARINA, LILIANA ALEJANDRA y CLAUDIA ADA LINA, TODOS DE APELLIDOS ZALDIVAR NAIRA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022), en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por la recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de diciembre de dos mil veintidós. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada DAYANE MICHELLE ZALDIVAR NAIRA a favor de los señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ, ALEJANDRO REINIERY, ANGELA MARINA, LILIANA ALEJANDRA y CLAUDIA ADA LINA, TODOS DE APELLIDOS ZALDIVAR NAIRA, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022), mediante la cual se sobreseyó el recurso de amparo civil interpuesto contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, el cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), con relación a la demanda de ejecución de un título judicial de sentencia firme reivindicatoria de dominio del bien inmueble denominado La Pimienta, ubicado en San Marco, Santa Bárbara promovida por el señor BAUDILIO ZALDIVAR RIVERA contra la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A. (Exp.N° 28-2015). CONSIDERANDO: Que la Sala mediante resolución de fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veintidós (2022), sobreseyó el presente recurso de amparo, siendo notificada la recurrente en legal y debida de dicha resolución, el día miércoles dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo las nueve y cuarenta y dos minutos de la mañana, tal como consta a folio 121 de los autos. CONSIDERANDO: Que según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 120 de la citada Ley “.... el recurso de reposición podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho”. CONSIDERANDO: Que conforme se aprecia de los autos la resolución que sobresee el presente recurso de amparo, le fue legalmente notificada a la recurrente el miércoles dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022), y es hasta el día lunes veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), que la recurrente presenta un escrito solicitando la reposición de la resolución que sobreseyó el presente recurso, por lo que resulta evidente que el presente recurso de reposición ha sido interpuesto de manera extemporánea. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 4, 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por la Abogada DAYANE MICHELLE ZALDIVAR NAIRA a favor de los señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ, ALEJANDRO REINIERY, ANGELA MARINA, LILIANA ALEJANDRA y CLAUDIA ADA LINA, TODOS DE APELLIDOS ZALDIVAR NAIRA, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022), por haber sido interpuesto de manera extemporánea; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de las Resoluciones de fechas veintisiete de octubre y seis de diciembre de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Amparo Civil No. SCO-0548-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.