Sentencia AC-529-21 — Registro 14774
Resumen
Sentencia declaró nulidad de auto y ordenó retrotraer las actuaciones al defecto que las originó en relación a demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el Régimen de Pensiones de Retiro del Colegio Médico de Honduras contra recurrente; el fallo apelado estimó oposición promovido por ejecutado en cuanto al motivo de prescripción de título valor, absolviendo al deudor principal de la pretensión de pago; El Tribunal de Apelaciones consideró que los avales solidarios no fueron requeridos para hacer uso de su derecho de defensa y ordenó retrotraer las actuaciones al año 2019
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el argumento toral del recurso versa esencialmente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar nulidad de actuaciones y retrotraer las actuaciones, revocando un proceso de más de tres años, ello en atención a que la sentencia emitida por el Juez de primera instancia, no es una sentencia condenatoria que afecta derechos o garantías a los señores Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez, al contrario reconoce derechos del señor Santos Ricardo Zepeda Mejía y por ende los derechos de los avales solidarios..."..."la sentencia recurrida y que fuera dictada por unanimidad de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, establece inter alia en los fundamentos de derecho que hay nulidad absoluta en los actos cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos y, esta nulidad absoluta puede declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no pueden subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En el acápite sexto la Corte argumenta que, en el juicio de ejecución forzosa son parte ejecutada tres ciudadanos (Santos Ricardo Zepeda Mejía como deudor principal y Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez como vales solidarios) y, se ha dictado sentencia en virtud de la oposición planteada por uno de ellos. Los avales solidarios Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez no han sido requeridos para hacer uso de su derecho constitucional de defensa..."..."vista y analizada la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto de declarar la nulidad de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), se respalda en razonamientos carentes de sustento legal y motivación acorde a la decisión adoptada, si bien la Alzada sostiene no se requirió a los avales solidarios a efecto de ser escuchados en las oposiciones que pudieren plantear en relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovido, ordena retrotraer las actuaciones al año 2019, sin fundamentar como lo establece la doctrina, cual es esa infracción procesal grave que ha causado indefensión (Como lo prevé la ley procesal civil hondureña, Art. 212.4) a las partes, que haya traído como consecuencia la vulneración a derechos fundamentales. La alzada fundamenta su decisión en evitar que se desarrollen varias audiencias de oposición a efecto de escuchar a cada uno de los ejecutados -en el caso sub júdice a dos avales solidarios-, a criterio del Tribunal Ad-quem y a efecto de evitar esa multiplicidad, debió el A-quo aplicar la economía procesal y la concentración. Si bien la economía procesal es uno de los principios rectores en materia civil, el artículo 8 del CPC determina que la economía procesal en ningún caso puede suponer disminución de las garantías y derechos que la Constitución de la República y las leyes reconocen a las partes. Aunado a ello la sentencia dictada por el A-quo, estima la oposición, en cuanto al motivo de prescripción, planteada por el señor Santos Ricardo Zepeda Mejía, quien es el deudor principal y consecuencia de ello le absuelve de la pretensión de pago deducida, por ello no observa este Alto Tribunal que exista vulneración del derecho a la defensa de los avales solidarios, como bien lo expone el amparista. En ese orden de ideas la fundamentación de la sentencia recurrida, se expresa en argumentos irracionales, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que la misma Constitución preceptúa..."..."esta Sala de lo Constitucional encuentra que la sentencia recurrida en Amparo vulnera el derecho al debido proceso invocado por el recurrente, al declarar nulidad de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), ello porque se ha emitido una resolución que se apoya en razonamientos carentes de sustento legal; en la fundamentación jurídica, no se establece cual es la infracción grave a la norma legal y el daño grave causado a los avales solidarios, a través de la resolución emitida por el A-quo, que les haya producido indefensión y en consecuencia la vulneración a sus derechos fundamentales; el jurista Giuseppe Chiovenda (citado líneas arriba) señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo.[10] En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem no ha indicado en la fundamentación de su fallo, cuáles son esas infracciones graves que ha provocado afectación a los derechos fundamentales de los avales solidarios, a efecto de decretar la nulidad de actuaciones en el proceso..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 3, 8, 200.c), 211 y 212.4 del Código procesal Civil; resolución que se apoya en razonamientos carentes de sustento legal, en la fundamentación jurídica, en atención a que no se establece cual es la infracción grave a la norma legal y el daño grave causado a los avales solidarios, a través de la resolución emitida por el A-quo, que les haya producido indefensión y en consecuencia vulneración a sus derechos fundamentales; es así que la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212, 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, a favor de los Señores SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA y SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJIA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENO DE FRANCISCO MORAZÁN, que resuelve estimar la oposición planteada por el señor Santos Ricardo Zepeda Mejía, como parte opositora-ejecutada, en cuanto al motivo de prescripción, con relación a la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado Cristian Gerardo Medina Sevilla, en su condición de Representante Procesal del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos constitucionales de defensa y debido proceso contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CRISTINA GERARDO MEDINA SEVILLA, actuando como Representante procesal del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, interponiendo Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, contra el señor Santos Ricardo Zepeda Mejía, en su condición personal y como Deudor Principal, asimismo contra los Avales Solidarios señores Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez, para que previo a los tramites legales correspondientes sean obligados judicialmente a pagar la cantidad de doscientos veintidós mil setecientos sesenta y cinco lempiras con ochenta centavos (L. 222,765.80), cantidad que se desglosa de la siguiente manera: a) Préstamo por la cantidad de capital vencido ciento setenta mil seiscientos treinta y dos lempiras con dieciocho centavos (L. 170,632.18); b) Saldo intereses moratorios de veinte mil novecientos ochenta y tres lempiras con setenta y siete centavos (L. 20,983.67); c) Saldo intereses de treinta y un mil ciento cuarenta y nueve lempiras con ochenta y cinco centavos (L. 31,149.85); dichas cantidades calculadas a la fecha del diez (10) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), mas los intereses, seguros y costas que se generen hasta el pago total de la obligación a satisfacción del acreedor hasta la total liquidación de lo adeudado y las respectivas costas y honorarios del juicio. (Folios del 1-8 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que seguido que fue el trámite, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán resolvió: (Sic) “En base a lo anterior, este Juzgado resuelve: PRIMERO: Tener por subsanada la presente demanda de titulo extrajudicial por parte del Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, en su condición de Representante Procesal del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS: Tener por reconocida la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva del titulo acompañado, en consecuencia, admítase a tramite la demanda de ejecución de titulo extrajudicial interpuesta, requiérase a los señores SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, en su condición de deudora principal, y SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJIA Y CLAUDIA MAIEL VALLADRES ALVAREZ, en su calidad de avales solidarios para que en el acto del requerimiento paguen la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.222,765.80),…” (Folios 48 y 49 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Samuel Antonio Inestroza Murillo, en su condición de Apoderado Legal del señor Santos Ricardo Zepeda Mejía, presentando Oposición a la Ejecución de un Título Extrajudicial, invocando la prescripción de la acción de para su exigibilidad. (Folios del 58-61 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que seguido el trámite en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Civil, del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia de Oposición, mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: ESTIMAR la oposición planteada por EL SEÑOR SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, como parte opositora-ejecutada, en cuanto al motivo de prescripción.- SEGUNDO: En consecuencia, se ABSUELVE al SEÑOR SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, como parte opositora-ejecutada de la pretensión de pago deducida en la presente ejecución que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.222,765.80), cantidad que se desglosa de la siguiente manera: a) Préstamo por la cantidad de Capital vencido CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L.170,632.18), b) Saldo intereses moratorios de VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (20,983.77); c) Saldo intereses de TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L.31,149.85); dichas cantidades calculadas a la fecha del diez (10) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), mas los intereses, seguros y costas que se generen hasta el pago total de la obligación a satisfacción del acreedor hasta la total liquidación de lo adeudado y las respectivas a satisfacción del acreedor hasta la total liquidación de lo adeudado y las respectivas costas y honorarios del presente juicio, computado el recargo del veinticinco por ciento (25%). TERCERO: Con condena en Costas al REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, como parte ejecutante en esta ejecución de título extrajudicial presentada contra el SEÑOR SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, como parte opositora-ejecutada, en virtud de haberse estimado la oposición planteada CUARTO: Que se notifique la presente sentencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE…” (Folios del 87-91 de la pieza de antecedentes del A-Quo). 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado CRISTINA GERARDO MEDINA SEVILLA, actuando como Representante procesal del RÉGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR la nulidad a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). SEGUNDO: Retrotráigase las actuaciones al defecto que las origino. TERCERO: Sin costas…” (Folios del 29-34fv de la pieza de antecedentes del Ad-Quem) 6) Que el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo recurso de Amparo a favor de los Señores SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA y SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJIA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del derecho de defensa y debido proceso contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil veintiuno (2021). (Folios del 1–4 y 34 de los autos) 7) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.”; Arguye la Fiscal del Ministerio Público que comparte el criterio esgrimido por la Alzada, al desprenderse de los autos que efectivamente son tres las partes ejecutadas, que han sido objeto de la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, por lo que deben ser requeridas las demás, para que se pronuncien sobre sus motivos de oposición y de esta manera el A-quo pueda emitir una sentencia debidamente fundamentada y motivada. Y ante la omisión del A-quo de dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha diecinueve de octubre del año 2018, aun sin haber sido alegado por las partes, resulta procedente retrotraer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la origino, de conformidad a lo establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil, en cuanto a los alcances de la decisión de apelación. (Folios del 37–42 y 44 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia dictada por unanimidad de votos en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el abogado Cristian Gerardo Medina Sevilla, en su condición de Representante Procesal del RÉGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS, contra el señor SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJÍA, en su condición personal y como Deudor Principal, asimismo contra los señores SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJÍA y CLAUDIA MARIEL VALLADARES ÁLVAREZ, en su condición de avales solidarios; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Nulidad a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), en el Recurso de Apelación promovido por la Parte Demandante, contra la Sentencia de Oposición dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020), que falla estimar la oposición planteada por el señor Santos Ricardo Zepeda Mejía, como parte opositora-ejecutada, en cuanto al motivo de prescripción. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, muestra su inconformidad con la sentencia relacionada en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera los derechos a la defensa y el debido proceso contemplado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; el pedidor de amparo sostiene que el sustento legal utilizado por el Ad-quem no solo es contradictorio en sus fundamentos de derecho, específicamente en los numerales cuarto y quinto, ya que la parte apelante en ninguna parte de su escrito de apelación ni en todo el desarrollo del proceso alega o fundamenta necesidad de incorporar en el proceso de ejecución a los señores Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez como avales solidarios, ni alega violaciones a sus derechos, debiendo el Ad-quem únicamente decidir y pronunciarse por lo alegado por el apelante; sino que también existe una errada interpretación de la norma procesal en cuanto a la ejecución de Título Extrajudicial establecido en el Código Procesal Civil[3], artículo 748 -el cual pasa a transcribir- CONSIDERANDO(4): Que continuando con sus argumentos en relación a la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso, el impetrante expone que la sentencia del Ad-quem vulnera los derechos aludidos a su representado Santos Ricardo Zepeda Mejía, ya que la sentencia emitida por el Juez de primera instancia fue dictada conforme a derecho en toda y cada una de sus partes, existiendo una obvia prescripción de la acción en la exigencia de la ejecución de un titulo valor, derecho reconocido a través de la resolución sobre el fondo del asunto y no una situación meramente procedimental inexistente, ya que el proceso iba dirigido principalmente contra el señor Santos Ricardo Zepeda Mejía, contra quien se emite un requerimiento de ejecución, quien en caso de no responder, ni personarse, efectivamente como norma excepcional, la ejecución debía de librarse contra los avales solidarios los señores Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez, proceso innecesario, ya que tal y como conta en el expediente de merito el señor Santos Zepeda hizo uso de su derecho a la oposición alegando lo pertinente. Concluye el amparista que mediante la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se pretende retrotraer un proceso de manera completamente absurda, ya que la sentencia emitida por el juez de primera instancia no violenta derechos a los señores Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez, al contrario reconoce derechos al declarar la prescripción de la acción, ya que lo exime de responsabilidad alguna en la ejecución; al contrario, de retrotraer el proceso por una “absurda observación” del ad-quem se violarían sus derechos de defensa y el debido proceso, ya que los harían integrar innecesariamente a un proceso en el cual se pueden ver afectados y en donde el señor Santos Ricardo Zepeda Mejía ya se personó y probo lo pertinente sobre el fondo del asunto, sin la necesidad de la intervención de los avales solidarios en este caso. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso versa esencialmente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar nulidad de actuaciones y retrotraer las actuaciones, revocando un proceso de más de tres años, ello en atención a que la sentencia emitida por el Juez de primera instancia, no es una sentencia condenatoria que afecta derechos o garantías a los señores Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez, al contrario reconoce derechos del señor Santos Ricardo Zepeda Mejía y por ende los derechos de los avales solidarios. CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración de los derechos constitucionales señaladas en el acápite anterior los relaciona con quebranto de las normas de procedimiento civil, en relación al alcance de la nulidad de actuaciones por la observancia de defectos procesales contenidas fundamentalmente en los artículos 701.3 y 715 del CPC en relación al recurso de apelación; los cuales establecen en su orden: “EFECTO DEVOLUTIVO. ÁMBITO DEL RECURSO. 1… 2… 3. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente”. “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó…”. En relación a la nulidad de los actos procesales es importante relacionar el contenido de los artículos 211 y 212, numeral 4, de interés en la resolución del caso súb-judice, mismos que preceptúan: “ARTÍCULO 211. CLASES. El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes”. Seguidamente en el artículo 212 del CPC se establece los casos por los cuales los actos procesales serán nulos, a saber: “ARTÍCULO 212.- NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción, o de competencia objetiva o funcional. 2. Cuando se produzca con falta de competencia territorial cuando ésta venga fijada imperativamente. 3. Cuando se realice bajo violencia o intimidación. 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. 5. Cuando se realicen sin intervención de profesional del derecho, en los casos en que la ley establezca como obligatoria. 6. En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen.” CONSIDERANDO (7): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En materia civil, el artículo 3 del CPC define lo que es el debido proceso, como el derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los tramites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (8): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[4]. La Corte ha afirmado que, para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[5]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[6] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[7] Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (10): Que la sentencia recurrida y que fuera dictada por unanimidad de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, establece inter alia en los fundamentos de derecho que hay nulidad absoluta en los actos cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos y, esta nulidad absoluta puede declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no pueden subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En el acápite sexto la Corte argumenta que, en el juicio de ejecución forzosa son parte ejecutada tres ciudadanos (Santos Ricardo Zepeda Mejía como deudor principal y Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez como vales solidarios) y, se ha dictado sentencia en virtud de la oposición planteada por uno de ellos. Los avales solidarios Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez no han sido requeridos para hacer uso de su derecho constitucional de defensa. CONSIDERANDO (11): Que el recurrente en Amparo invoca inter alia que existe contradicción en el sustento legal utilizado por el Ad-quem en los acápites cuarto y quinto de los fundamentos de derecho, en atención que la parte apelante en ninguna parte de su escrito de apelación alega la necesidad de incorporar en el proceso de ejecución a los avales solidarios señores Santos Ceferino Zepeda Mejía y Claudia Mariel Valladares Álvarez, ello en atención a que el tribunal que resuelva el recurso de apelación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes; No obstante a ello y conforme al principio del “iura novit curia”, la ley procesal civil le otorga la facultad dada en el artículo 715.1, en relación al alcance de la decisión de la apelación, si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (12): Que continuando con los argumentos expuesto por el recurrente en Amparo, en relación a que no debió dictarse nulidad de actuaciones y revocar un proceso de más de tres años, es necesario exteriorizar que los actos de las partes y de los órganos jurisdiccionales, mediante los cuales la Litis “procede” desde su comienzo hasta su resolución y cuyo conjunto se denomina procedimiento, deben someterse a determinadas condiciones de lugar, de tiempo, de medios de expresión; estas condiciones de llaman formas procesales en sentido estricto. En un sentido más amplio, pero menos propio, llámanse formas los mismos actos necesarios en el proceso, en cuanto que, estando coordinados a la actuación de un derecho sustantivo, tienen carácter de forma respecto de la sustancia[8]. En general, la doctrina relaciona la nulidad procesal con un defecto de forma en el ejercicio o desarrollo del acto procesal, como una sanción al acto irregular; con el incumplimiento de algún requisito que la ley prescribe para la validez del acto; con la sanción civil o penal que la ley establece como reacción a la violación del procedimiento establecido; como una consecuencia lógica del incumplimiento de aquellas formas a las cuales la ley atribuye determinados efectos; como un estado de anormalidad del acto; como una privación de efectos imputada a los actos del proceso; una sanción de ineficacia con que la ley castiga los actos de procedimiento cuando se ha faltado a trámites esenciales o para cuyo defecto las leyes dispongan expresamente la nulidad, etc. La doctrina suele relacionar la nulidad procesal con la vulneración o infracción de los requisitos de los actos procesales. La teoría del carácter extrínseco de la nulidad, idea del jurista francés Japiot, es seguida por varios juristas, en la que se explica la nulidad como una sanción, y ello quiere decir que, frente a una determinada irregularidad en el ejercicio de un acto procesal, que causa un perjuicio importante a alguna de las partes, el ordenamiento reacciona y elimina los efectos del acto viciado. El jurista Yélamos Bayarrí expresa que “existen multitud de formulaciones, ya que no todo desajuste causa la nulidad, solo las más graves y de normas imperativas”. En forma similar se pronuncia Lourido Rico al sostener que “esta caracterización admite diversas formulaciones, puesto que se suele admitir que ni cualquier infracción de una norma legal lleva aparejada la sanción de nulidad, sino solo las más graves y solo las de las normas imperativas, ni es exclusivamente la infracción a un precepto positivo la determinante de nulidad sino también la falta de los requisitos indispensables para que el acto alcance su finalidad”.[9] CONSIDERANDO (13): Que vista y analizada la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto de declarar la nulidad de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), se respalda en razonamientos carentes de sustento legal y motivación acorde a la decisión adoptada, si bien la Alzada sostiene no se requirió a los avales solidarios a efecto de ser escuchados en las oposiciones que pudieren plantear en relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovido, ordena retrotraer las actuaciones al año 2019, sin fundamentar como lo establece la doctrina, cual es esa infracción procesal grave que ha causado indefensión (Como lo prevé la ley procesal civil hondureña, Art. 212.4) a las partes, que haya traído como consecuencia la vulneración a derechos fundamentales. La alzada fundamenta su decisión en evitar que se desarrollen varias audiencias de oposición a efecto de escuchar a cada uno de los ejecutados -en el caso sub júdice a dos avales solidarios-, a criterio del Tribunal Ad-quem y a efecto de evitar esa multiplicidad, debió el A-quo aplicar la economía procesal y la concentración. Si bien la economía procesal es uno de los principios rectores en materia civil, el artículo 8 del CPC determina que la economía procesal en ningún caso puede suponer disminución de las garantías y derechos que la Constitución de la República y las leyes reconocen a las partes. Aunado a ello la sentencia dictada por el A-quo, estima la oposición, en cuanto al motivo de prescripción, planteada por el señor Santos Ricardo Zepeda Mejía, quien es el deudor principal y consecuencia de ello le absuelve de la pretensión de pago deducida, por ello no observa este Alto Tribunal que exista vulneración del derecho a la defensa de los avales solidarios, como bien lo expone el amparista. En ese orden de ideas la fundamentación de la sentencia recurrida, se expresa en argumentos irracionales, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que la misma Constitución preceptúa. CONSIDERANDO (14): Que como corolario de lo expuesto anteriormente, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la sentencia recurrida en Amparo vulnera el derecho al debido proceso invocado por el recurrente, al declarar nulidad de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), ello porque se ha emitido una resolución que se apoya en razonamientos carentes de sustento legal; en la fundamentación jurídica, no se establece cual es la infracción grave a la norma legal y el daño grave causado a los avales solidarios, a través de la resolución emitida por el A-quo, que les haya producido indefensión y en consecuencia la vulneración a sus derechos fundamentales; el jurista Giuseppe Chiovenda (citado líneas arriba) señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo.[10] En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem no ha indicado en la fundamentación de su fallo, cuáles son esas infracciones graves que ha provocado afectación a los derechos fundamentales de los avales solidarios, a efecto de decretar la nulidad de actuaciones en el proceso. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (17): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 3, 8, 200.c), 211 y 212.4 del Código procesal Civil; resolución que se apoya en razonamientos carentes de sustento legal, en la fundamentación jurídica, en atención a que no se establece cual es la infracción grave a la norma legal y el daño grave causado a los avales solidarios, a través de la resolución emitida por el A-quo, que les haya producido indefensión y en consecuencia vulneración a sus derechos fundamentales; es así que la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 8, 200.c), 211 y 212.4 del Condigo Procesal Civil; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, a favor de los señores SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJÍA Y SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJÍA, contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución conforme a los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados, observando las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, evitando argumentos carentes de sustento legal que suponen obstáculos de acceso a la justicia, debiendo establecer, si existe, cuál es la infracción grave a la norma legal y el daño grave causado a los avales solidarios, a través de la resolución emitida por el A-quo, que les haya producido indefensión y en consecuencia la vulneración a sus derechos fundamentales, que merezca la sanción de la nulidad de actuaciones y retrotraer el proceso dos años, caso contrario dictar sentencia de fondo conforme a las pretensiones deducidas en la interposición del recurso de apelación. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la magistrada Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0529-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] En adelante CPC.
[4] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.
[5] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.
[6] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[7] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.
[8] Giuseppe Chiovenda, Curso de derecho procesal civil. Oxford University Press México, S.A. de C.V. Primera Serie, volumen 6. 1999. Pág. 407.
[9] Jaime Carrasco Poblete. LA NULIDAD PROCESAL COMO TÉCNICA PROTECTORA DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PARTES EN EL DERECHO PROCESAL CHILENO. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 18-N° 1, 2011 pp. 49-84
[10] OXFORD University Press, Primera Serie volumen 6, México, D.F. abril de 2001, pág. 409.