Sentencia AC-478-21 — Registro 15007
Resumen
Se interpuso recurso de amparo que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución con relación a la “demanda de ejecución hipotecaria…”. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente causa, y de la lectura del contenido del artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que taxativamente dice: “Que esta Ley tiene preeminencia sobre cualquier otra que le contrarié y se le oponga, por lo que cuando pudiera surgir un conflicto de leyes o normas con los preceptos que esta dispone se aplicara e interpretara sobre cualquier otra ley”, se aprecia que dicho artículo es aplicable al presente caso, ya que la Ejecutada Sociedad Mercantil AEREO IMPEX S.A. y EMPACADORA CONTINENTAL, antes denominada ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL S.A., objeto de este proceso de ejecución forzosa, se encuentra con proceso activo en el Juzgado de Privación de Dominio y por esa circunstancia no le es posible continuar con su ejecución forzosa, hasta en tanto quede firme la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Privación de Dominio de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), lo anterior en vista de la preeminencia que tiene la Ley sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en el entendido que la ejecutante puede hacer valer el derecho una vez que se produzca la firmeza de la sentencia en mención, por tal razón esta Sala arriba a la conclusión que se debe denegar el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no ha sucedido.”
Legislación citada
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 81 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Julio C. Rubio Santos, a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA…”, promovida por el Abogado Julio C. Rubio, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la sociedad mercantil AEREO IMPEX, S.A., constituida originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL, S.A., a través de su representante, la señora Adela Patricia Rosenthal Hidalgo. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Julio C. Rubio, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA…”, ., contra la sociedad mercantil AEREO IMPEX, S.A., constituida originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL, S.A., a través de su representante, la señora Adela Patricia Rosenthal Hidalgo. (Folios 1-8 vuelto de la pieza del A-quo) 2) En fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Carlos Jesús Meléndez Barnica, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada AEREO IMPEX, S.A., presentando escrito personamiento para el solo efecto de señalar vicios de nulidad procesal a partir del auto de admisión dictado en la solicitud de ejecución hipotecaria. (Folio 151-154 vuelto de la pieza del A-quo) 3) En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: “…1) Declarar con lugar el incidente de Nulidad opuesto por el Abogado CARLOS JESUS MELENDEZ BARNICA en su condición de Apoderado Legal de la sociedad AEREO IMPEX S.A. antes ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL en la solicitud de ejecución directa y exclusiva presentada por el JULIO CESAR RUBIO SANTOS Apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A. Contra bienes Inmuebles Hipotecados por la Sociedad Mercantil AEREO IMPEX S.A. constituidas originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA en su condición de garante Hipotecario de la Sociedad denominada EMPACADORA CONTINENTAL S. A de C. V; 2) Se declara la Nulidad Absoluta de actuaciones del auto de admisión de fecha diez de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) Inclusive que obra a folio ochenta y cuatro y demás actuaciones; resuélvase la solicitud de ejecución directa y exclusiva presentada por el JULIO CESARRUBIO SANTOS Apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A. Contra bienes Inmuebles Hipotecados por la Sociedad Mercantil AEREO IMPEX S.A constituidas originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA en su condición de garante Hipotecario de la Sociedad denominada EMPACADORA CONTINENTAL, S. A de C. V. de la siguiente forma; se Inadmite a trámite la solicitud la solicitud de ejecución directa y exclusiva presentada por JULIO CESAR RUBIO SANTOS en su condición de Apoderado legal de la Sociedad BANCO ATLÁNTIDA S.A. En virtud de que las Sociedades Mercantiles AEREO IMPEX S.A. constituidas originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA en su condición de garante Hipotecario de la Sociedad denominada EMPACADORA CONTINENTAL, S. A de C.V. Se encuentran sometidas al proceso de Privación de dominio Sin perjuicio de que la ejecutante haga valer su derecho oportunamente cuando hubiere quedado firme la sentencia dictada por dicho Tribunal; 3) Devuélvase al interesado los documentos acompañados. 4) Este auto por ser definitivo admite recurso de Apelación el que debe interponerse por escrito en el plazo de diez días siguientes a la Notificación en este mismo Juzgado por escrito.” (Folios 634-636 de la pieza del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Julio C. Rubio Santos, contra resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos resolvió: “…1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial.-2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 5-6 vuelto de la pieza del Ad-quem) 5) En fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado Julio C. Rubio Santos, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la sentencia resolución referida en el numeral que antecede, por considera que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. 6) En fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en consecuencia, se ordena a la Secretaría de este Tribunal, poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 30 del recurso) 7) Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose del análisis jurídico lo siguiente: “…Del examen de la resolución venida en amparo, se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, expone en la motivación de su fallo que la nulidad se llevó a cabo tal como lo indica la ley en el artículo 213 del Código Procesal Civil, considerando que es necesario se diluciden los procesos llevados a cabo en la jurisdicción de Privación de Dominio, donde una de las sociedades es la ejecutada, antes conocida como Zonas Industriales, Alimentos Continental y Empacadora Continental, en aras de la legalidad formal, tal como la Ley de Privación de Dominio lo determina; no se trata que el Juez ignora la hipoteca, ya que la Ley de Privación de Dominio establece en su artículo 4, que se aplicará salvaguardando los derechos de los terceros de buena fe; considerando además que es necesario que la sentencia emitida por el Juzgado de Privación de Dominio adquiera firmeza, y con el documento que emana del Juzgado de privación de dominio se indica que el bien sujeto a hipoteca se encuentra dentro de los bienes sujetos a privación, de igual forma la relación con las empresas existe, por lo que resulta necesaria la firmeza de la sentencia. siguiendo este orden de ideas, esta Representación Fiscal aprecia, que la certificación emitida por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen licito con Jurisdicción Nacional, en la que se consigna que la Empresa Zonas industriales S.A., se encuentra enlistada en los bienes sobre los cuales se ha solicitado la acción de privación definitiva de dominio, certificación que corre agregada del folio 569 al 633 de la pieza principal, en ese sentido el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley de privación (Artículo 4) para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento y cuya norma legal salvaguarda los derechos de terceros de buena fe, por lo que estima necesario que se dilucide el proceso de Privación de Dominio. En virtud de lo anterior, la sentencia proferida por el Tribunal de Alzada ha externado su parecer al confirmar el fallo emitido por A-quo, en el que no se aprecia ninguna violación al debido proceso o principio de legalidad, así como tampoco al Derecho de Defensa. Por lo que, del análisis anterior, el Ministerio Público estima que en el caso de autos la resolución emitida por el Ad-Quem es razonable, congruente y justa. VI.- OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucional invocadas por el Amparista.” (Folios 33-37 del recurso de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación interpuesto en contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, con relación a la ejecución directa y exclusiva contra bienes inmuebles hipotecados, promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., contra AERE-IMPEX, SOCIEDAD ANONIMA, antes ZONAS INDISTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, gánate hipotecario de la EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS considera que en la decisión del Ad-Quem de fecha tres de mayo del dos mil veintiuno, se le violento el principio de objetividad y debido proceso, en vista que no aplico correctamente lo referido en el artículo 705 del Código Procesal Civil, al hacer apreciaciones subjetivas de otra Jurisdicción que no es la que está conociendo, por ello confirma lo resuelto por el A-Quo y aprueba la suspensión de la ejecución hipotecaria al ratificar el auto definitivo de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), auto que anula el auto de admisión de la ejecución de fecha 10 de diciembre de 2019, produciendo con esa violación del debido proceso, grandes daños al Banco Atlántida.- Dice que los motivos de suspensión de la ejecución son los establecidos en el artículo 902 del Código Procesal Civil, no procediendo dicha suspensión por la parte incidental de conformidad del artículo 417.1 del referido cuerpo legal, por lo tanto asegura que sin la existencia de un hecho concreto y probado y sin fundamento jurídico a Banco Atlántida S.A. se le ha causado graves daños al paralizar la ejecución hipotecaria para la recuperación de un crédito que resulta líquido y exigible por esa vía; señalando que tampoco existe la prejudicialidad penal, porque esta solo se da en relación a los presupuestos procesales y materiales de la acción ejecutiva. Asevera que existe violación al debido proceso, en vista que la nulidad procesal es una sanción de ineficacia respecto de los actos jurídicos del procesado por el incumplimiento de algunos requisitos que la Ley prescribe para su validez y que en su caso no se dieron esos presupuestos. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, señalando que de acuerdo con la certificación emitida por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilicito con Jurisdicción Nacional (folio 569 al 633 de la pieza principal), en la que se consigna que la Empresa Zonas Industriales S.A., se encuentra enlistada en los bienes sobre los cuales se ha solicitado la acción de privación de dominio, en ese sentido el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado aplicar lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Privación de Dominio, para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento cuya norma legal salvaguarda los derechos de terceros de buena fe, por lo que estime necesario que se dilucide el proceso de Privación de Dominio, siendo su criterio que no se otorgue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente causa, y de la lectura del contenido del artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que taxativamente dice: “Que esta Ley tiene preeminencia sobre cualquier otra que le contrarié y se le oponga, por lo que cuando pudiera surgir un conflicto de leyes o normas con los preceptos que esta dispone se aplicara e interpretara sobre cualquier otra ley”, se aprecia que dicho artículo es aplicable al presente caso, ya que la Ejecutada Sociedad Mercantil AEREO IMPEX S.A. y EMPACADORA CONTINENTAL, antes denominada ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL S.A., objeto de este proceso de ejecución forzosa, se encuentra con proceso activo en el Juzgado de Privación de Dominio y por esa circunstancia no le es posible continuar con su ejecución forzosa, hasta en tanto quede firme la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Privación de Dominio de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), lo anterior en vista de la preeminencia que tiene la Ley sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en el entendido que la ejecutante puede hacer valer el derecho una vez que se produzca la firmeza de la sentencia en mención, por tal razón esta Sala arriba a la conclusión que se debe denegar el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no ha sucedido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304 y 313 Numeral 5, de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 9.2, 41 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 81 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilicito; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-478-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL