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Sentencia AC-476-22 — Registro 15124

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró no ha lugar incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuesto por demandada que alegó que el actor al no haber pagado el precio convenido en el contrato no está legitimado para exigir el cumplimiento del contrato; Además se ordenó continuar con la ejecución en la demanda de Ejecución de Título Judicial consistente en un Laudo Arbitral firme de condena para el cumplimiento forzoso de un contrato de promesa de compra-venta promovida por Inversiones CANDI S de R L de C V contra recurrente; La Autoridad recurrida hizo relación a otra acción de amparo otorgado parcialmente por la Sala por lo que consideró sobreseer la acción constitucional por incurrir en causal de inadmisibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en el caso de autos se aprecia que la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. suscribió contrato de promesa de compra venta con la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., incumpliendo ambas partes; una en la entrega del bien prometido en venta y la otra en pagar en dinero el precio acordado. Como consecuencia del tal incumplimiento la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. promueve demanda de ejecución de titulo ejecutivo para el cumplimiento de un contrato de promesa de compra venta, en donde el apoderado de la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., promueve incidente suspensivo de nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión, el cual fue declarado no ha lugar, ordenando la continuación del trámite normal de la demanda de ejecución extrajudicial..."..."ya el referido considerando 19 del fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, y que corre agregado en autos, queda establecido que lo procedente es disponer que las partes procedan a darle cumplimiento a lo pactado en el contrato de promesa de compra venta y no disponer a que una de las partes obligadas en el contrato cumpla con su condición, sin que sea acreditada la realización de la obligación bilateral de la otra parte, vulnerando con tal actuación el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad..."..."esta Sala de lo Constitucional, luego del estudio de los antecedentes del caso de mérito, establece que si bien, existe un fallo emitido por esta misma Sala, que versa sobre el tema que hoy es venido en consulta, no menos cierto es, que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, violenta normas esenciales del debido proceso, al sobreseer la acción de amparo por considerar que no cabe interponer un recurso de amparo contra una resolución que ya ha sido conocida en otro recurso de amparo y que ya es firme. Sin embargo, esta Sala es del parecer que ha existido una vulneración en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. puesto que queda evidenciado que la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. no ha cumplido con la parte de la obligación de le correspondía, al no acreditar el pago del precio acordado, elemento esencial para que proceda la ejecución judicial, ya que, por medio del contrato de compra venta, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada (obligación por parte de INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V.) y el otro, a pagar por ella un precio cierto en dinero (obligación de INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V.); situación que no se ha dado en el caso de autos, ya que INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. pretende recibir por parte de INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., el bien objeto del contrato sin hacer el pago del precio acordado en el mismo, por ende, no procede la ejecución de un título judicial..."..."el Código Civil establece en su artículo 1605 que por el contrato de compra venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Asimismo, el artículo 1356 del Código Civil, establece que en las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos..."..."de la interpretación de los artículos antes referidos, se establece que ciertamente nos encontramos frente al incumplimiento por parte de la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. con la obligación adquirida mediante el contrato de promesa de compra venta que contrajo con la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., al tratarse de una obligación reciproca, por ende, mientras ambas partes no cumplan con lo pactado, se considera que ninguno se encuentra en mora dejando de cumplir con dicha obligación; en consecuencia, no es procedente la ejecución de título judicial..."..."esta Sala de lo Constitucional considera que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha diez de marzo de dos mi veintidós, vulnera el derecho al debido proceso, propiedad privada y garantías judiciales, al sobreseer el recurso de amparo por considerar dicha Corte de Apelaciones que no procede interponer el mismo contra una resolución que ya ha sido conocida a través de un recurso de amparo que está firme, sin tomar en cuenta la evidente vulneración de las garantías constitucionales impetradas por el recurrente..."..."por las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se Revoque la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés de diez de marzo del año dos mil veintidós, que Sobresee la Garantía de Amparo interpuesto por el abogado LUIS ANTONIO CASTELLANOS SANCHEZ, a favor la sociedad mercantil ALTIA BUSINEES PARK S.A. DE C.V., debiéndose declarar Con Lugar la garantía constitucional de Amparo para asegurar el cumplimiento de la obligación contraída por ambas partes en el contrato de promesa de compra venta; es decir, la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. deberá entregar el bien acordado en el contrato referido, y la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. deberá entregar el precio acordado en dinero..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de agosto de dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ, a favor de la Sociedad Mercantil ALTIA BUSINESS PARK, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en relación a la demanda de Ejecución de un Título Judicial para el cumplimiento de un Contrato de Promesa de Compra-venta, promovido por la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CANDI, S. DE R.L. DE C.V., contra la Sociedad Mercantil ALTIA BUSINESS PARK, S.A. DE C.V. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil ALTIA BUSINESS PARK, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el cual resolvió un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, el cual en su parte resolutiva resolvió declarar no ha lugar el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones, interpuesto contra un auto de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno y ordena la continuación de la ejecución extrajudicial y se condena a la sociedad demandada al pago de las costas causadas en dicho incidente; por lo que el recurrente considera que la misma viola el derecho de defensa y el debido proceso consignados en la Constitución de la República. 2) Que seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual: “FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ, contra la resolución de fecha 9 de diciembre del año 2021, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, que obran en el Expediente identificado con bajo el número 0501-2017-02883-LCJ, contentivo de la Demanda de Ejecución de Título consistente en un Laudo Arbitral firme de condena para el cumplimiento forzoso de un Contrato de Promesa de Venta, promovida por el Abogado NERY EDUARDO PEREZ BARRERI, en su condición de Apoderado de la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S. DE R.L. DE C.V.., en contra de su representada ALTIA BUSINESS PARK, S.A. DE C.V.…” (Folios 51 y 52 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 3) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ, a favor de la sociedad mercantil ALTIA BUSINEES PARK S.A. DE C.V., contra las actuaciones de del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; con relación a la demanda de ejecución de titulo judicial para el cumplimiento de un contrato de promesa de compra venta promovida por la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S. DE R.L. DE C.V. contra la sociedad mercantil ALTIA BUSINEES PARK S.A. DE C.V. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expone en su escrito de interposición que el acto que motiva el mismo, es la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la demanda de ejecución de titulo extrajudicial para el cumplimiento de un contrato de promesa de compra venta que resuelve declarar no ha lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones en todos sus motivos, ordenando la continuación del trámite normal de la demanda de ejecución extrajudicial y condenando en costas a la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. como parte ejecutada incidentista. CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando el recurrente que la razón de ser del incidente de nulidad y la falta de presupuesto procesal de parte, consiste en que la obligación reclamada no es exigible, al resultar que, de los autos, el actor o demandante no ha cumplido con su prestación de haber pagado el precio y como consecuencia legal para poder reclamar valida y judicialmente a la vendedora, la entrega de la cosa prometida en venta. Siendo una falta de un presupuesto necesario para que el tribunal pueda obligar a la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. a que cumpla con la promesa de compra venta. Tal presupuesto consiste en que el actor debe, para poder estar legitimado, pagar el precio, condición sine quanon para poder pedir cumplimiento, es decir la legitimación activa que vincula estrictamente al actor como el objeto litigioso o facultad que le corresponde al sujeto por la relación material que ostenta con el derecho que ejercita. Este derecho para poder pedir su cumplimiento, solo nace para el actor, cuando cumple lo que a él le incumbe y en el caso de autos, este defecto procesal es imputable al tribunal, habida cuenta que el artículo 759 del Código Procesal Civil, ordena que para despachar la ejecución, el juez debe examinar si concurren todos los presupuestos legales, extremo que no se hizo, resultando evidente que quien pide cumplimiento al actor o comprador no ha cumplido con la prestación del contrato futuro prometido que a él le incumbe, como ser el precio, tal como lo dispone el articulo 1356 del Código Civil, que establece que en las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en su resolución en la motivación fáctica y jurídica expone que del análisis del escrito del interposición del recurso de amparo y del informe rendido por el juez se observa que el juicio a que se refiere el recurrente, versa sobre una demanda de ejecución de un laudo arbitral promovida por el abogado Nery Eduardo Pérez Barrieri en representación de la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. contra la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. en la cual en su parte dispositiva ordena el cumplimiento del contrato de promesa de compra venta de fecha once de julio de dos mil quince celebrado entre ambas empresas y del cual derivó el juicio arbitral. La parte ejecutada planteó oposición a la demanda de ejecución forzosa del laudo arbitral, al que el juzgado el dio el trámite de ley, desestimando las excepciones, fallo que fue apelado ante la Corte de Apelaciones Civil quien confirmó la misma. Dicha sentencia fue impugnada mediante recurso extraordinario de amparo, resolviendo la Sala de lo Constitucional, otorgando parcialmente el amparo y ordenando a esta Corte, proferir un nuevo fallo, dando cumplimiento a lo ordenado por dicha Sala, dictando nuevamente el fallo y decretar la nulidad parcial del mandamiento de ejecución, agregados a folios 68 y 69 de la primera pieza, el que excede a las disposiciones del laudo arbitral que se está ejecutando, así como todas las actuaciones posteriores, y ordena al juzgado de primera instancia dictar el mismo, conforme lo señala la Sala de lo Constitucional. Por tanto, no cabe interponer un recurso de amparo contra una resolución que ya ha sido conocida a través de un recurso de amparo y ya es firme, por la cual, esta Corte de Apelaciones considera procedente denegar el presente recurso conforme lo dispuesto en el articulo 46 numeral 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia, se sobresee el recurso de amparo interpuesto contra la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. CONSIDERANDO (7): Que se desprende del informe emitido por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés que una vez vistas y analizadas las diligencias, se observa que el auto de admisión de la ejecución de titulo judicial (laudo arbitral) dictado en fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, se ha dictado en estricto cumplimiento y redactado conforme a los estamentos legales y directrices ordenados en la sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha diez de agosto de dos mil veinte, en cuya parte dispositiva establece otorgar parcialmente el amparo con respecto a la oposición a actuaciones concretas, por lo que no es aplicable la resolución de la Corte de Apelaciones por contravenir derechos del debido proceso y propiedad de la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., la autoridad recurrida debe resolver sobre la procedencia de la oposición de la actuación concreta en los términos del articulo 766 del Código Procesal Civil, dada en el cumplimiento de ejecución del juez de primera instancia, aplicando los limites de lo resuelto en el laudo arbitral. Asimismo, dicha resolución se ha dictado conforme a la sentencia de apelación emitida por la Corte de Apelaciones Civil en fecha doce de noviembre de dos mil veinte en cuya parte dispositiva, el órgano judicial superior ordena expresa y claramente decretar la nulidad parcial del mandamiento de ejecución de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, el que excede a las disposiciones del laudo arbitral que se está ejecutando así como todas las actuaciones posteriores, debiendo el juzgado de primera instancia, dictar el mismo conforme a lo señalado por la Sala de lo Constitucional (considerando 19). CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que el acto recurrido en amparo venido hoy en consulta, lo constituye la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, que sobresee el recurso de amparo presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial para el cumplimiento de un contrato de promesa de compra venta promovida por la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. contra la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. CONSIDERANDO (9): Que en fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, el Ministerio Público emite dictamen, en donde establece que efectivamente el juez de la causa admitió a tramite la demanda de ejecución de titulo judicial, inobservando las disposiciones legales señaladas en el articulo 759 del Código Procesal Civil, en donde se faculta al juez la revisión de los presupuestos procesales que deben cumplirse para la iniciación de un proceso, así como también lo referente al título, que no debe presentar ninguna irregularidad, y las actuaciones que se solicitan sean conforme con el título, resolución que según el parecer del Ministerio Público violenta normas esenciales del debido proceso, pues en la mismas se requiere a las partes a fin de dar cumplimiento a lo suscrito en el laudo arbitral, no siendo este el momento procesal oportuno para realizar tal acto, pues el ejecutante, al presentar dicha solicitud, debió acreditar su cumplimiento, según lo pactado en el contrato celebrado, así como el incumplimiento recaído de la otra parte obligada, pues como lo señala el amparista, se trata de obligaciones reciprocas. Por lo que, el parecer del Ministerio Público es que, según lo prescrito en la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe considerar con lugar la acción de amparo, pues se violentan las garantías constitucionales de las cuales ha hecho referencia el amparista. CONSIDERANDO (10): Que en el caso de autos se aprecia que la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. suscribió contrato de promesa de compra venta con la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., incumpliendo ambas partes; una en la entrega del bien prometido en venta y la otra en pagar en dinero el precio acordado. Como consecuencia del tal incumplimiento la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. promueve demanda de ejecución de titulo ejecutivo para el cumplimiento de un contrato de promesa de compra venta, en donde el apoderado de la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., promueve incidente suspensivo de nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión, el cual fue declarado no ha lugar, ordenando la continuación del trámite normal de la demanda de ejecución extrajudicial. CONSIDERANDO (11): Que ya el referido considerando 19 del fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, y que corre agregado en autos, queda establecido que lo procedente es disponer que las partes procedan a darle cumplimiento a lo pactado en el contrato de promesa de compra venta y no disponer a que una de las partes obligadas en el contrato cumpla con su condición, sin que sea acreditada la realización de la obligación bilateral de la otra parte, vulnerando con tal actuación el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional, luego del estudio de los antecedentes del caso de mérito, establece que si bien, existe un fallo emitido por esta misma Sala, que versa sobre el tema que hoy es venido en consulta, no menos cierto es, que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, violenta normas esenciales del debido proceso, al sobreseer la acción de amparo por considerar que no cabe interponer un recurso de amparo contra una resolución que ya ha sido conocida en otro recurso de amparo y que ya es firme. Sin embargo, esta Sala es del parecer que ha existido una vulneración en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. puesto que queda evidenciado que la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. no ha cumplido con la parte de la obligación de le correspondía, al no acreditar el pago del precio acordado, elemento esencial para que proceda la ejecución judicial, ya que, por medio del contrato de compra venta, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada (obligación por parte de INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V.) y el otro, a pagar por ella un precio cierto en dinero (obligación de INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V.); situación que no se ha dado en el caso de autos, ya que INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. pretende recibir por parte de INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., el bien objeto del contrato sin hacer el pago del precio acordado en el mismo, por ende, no procede la ejecución de un título judicial. CONSIDERANDO (13): Que el Código Civil establece en su artículo 1605 que por el contrato de compra venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Asimismo, el artículo 1356 del Código Civil, establece que en las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. CONSIDERANDO (14): Que de la interpretación de los artículos antes referidos, se establece que ciertamente nos encontramos frente al incumplimiento por parte de la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. con la obligación adquirida mediante el contrato de promesa de compra venta que contrajo con la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., al tratarse de una obligación reciproca, por ende, mientras ambas partes no cumplan con lo pactado, se considera que ninguno se encuentra en mora dejando de cumplir con dicha obligación; en consecuencia, no es procedente la ejecución de título judicial. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional considera que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha diez de marzo de dos mi veintidós, vulnera el derecho al debido proceso, propiedad privada y garantías judiciales, al sobreseer el recurso de amparo por considerar dicha Corte de Apelaciones que no procede interponer el mismo contra una resolución que ya ha sido conocida a través de un recurso de amparo que está firme, sin tomar en cuenta la evidente vulneración de las garantías constitucionales impetradas por el recurrente. CONSIDERANDO (16): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se Revoque la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés de diez de marzo del año dos mil veintidós, que Sobresee la Garantía de Amparo interpuesto por el abogado LUIS ANTONIO CASTELLANOS SANCHEZ, a favor la sociedad mercantil ALTIA BUSINEES PARK S.A. DE C.V., debiéndose declarar Con Lugar la garantía constitucional de Amparo para asegurar el cumplimiento de la obligación contraída por ambas partes en el contrato de promesa de compra venta; es decir, la sociedad mercantil INVERSIONES ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. deberá entregar el bien acordado en el contrato referido, y la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S.DE R.L. DE C.V. deberá entregar el precio acordado en dinero. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 15, 18, 59, 63, 64, 68, 70, 72, 80, 82, 90, 97, 151, 160, 232, 303, 304, 313, 316 y 320 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8, 13 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1356, 1605 del Código Civil, artículos 759, 766 del Código Procesal Civil; artículos 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 41, 46, 48, 68, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: Primero: REVOCA la Sentencia de Amparo de fecha diez de marzo del dos mil veintidós venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobresee la acción. Segundo: OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado LUIS ANTONIO CASTELLANOS SANCHEZ, a favor la sociedad mercantil ALTIA BUSINEES PARK S.A. DE C.V., contra las actuaciones de del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-476-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL