Sentencia AC-440-21 — Registro 14429
Resumen
Se interpuso recurso de Amparo interpuesto contra el auto dictado por la Corte de Apelaciones, que declaró infundado el recurso de queja con relación a la “demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra bien inmueble hipotecado.” Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 62, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Que es claro lo dispuesto en el artículo 711 pues hace referencia a actuaciones competentes al A-quo, y comienza con la admisión del recurso, por tanto, no amerita interpretación, basta con una lectura de este. Dicho lo anterior, es menester señalar que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. Esta Sala reitera lo señalado en otras sentencias referentes a que “La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso civil, más no a la salida procesal aplicada para concluir el procedimiento de la acción de amparo, es decir, se estima correcta la decisión y la motivación, no obstante es procedente SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA, en virtud de ser patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Palma Connor, a favor de la señora Laura Marina Flefil Larach representante legal de la señora Norma Miranda Flefil, contra el auto dictado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que declaró infundado el recurso de queja que se interpuso contra la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, que denegó la interposición del recurso de apelación, con relación a la “DEMANDA DE PAGO DE DEUDA POR EJECUCIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVA CONTRA BIEN INMUEBLE HIPOTECADO”, promovida por la Abogada Ethel Doline Flores Martínez, en su condición de Apoderada Legal del Banco de los Trabajadores, S.A., contra la señora Norma Miranda Flefil. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 62, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Ethel Doline Flores Martínez, en su condición de Apoderada Legal del Banco de los Trabajadores, S.A., interponiendo “DEMANDA DE PAGO DE DEUDA POR EJECUCIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVA CONTRA BIEN INMUEBLE HIPOTECADO”, contra la señora Norma Miranda Flefil. (Folio 1-4 de la pieza principal del A-quo) 2) En fecha tres de marzo de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia de subasta, en la que resolvió: “PRIMERO: En virtud de que no ha asistido ningún postor a la presente audiencia, y en base a lo solicitado por la Abogada ETHEL DOLINE FLORES MARTINEZ en su condición de representante procesal del BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., de conformidad a lo señalado en el artículo 853.1 del Código Procesal Civil, y siendo que la postura es por la cantidad de: SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L. 7,125,000.00) cantidad que corresponde a la totalidad del crédito en consecuencia declárese hábil la postura hecha por la cantidad de: SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L. 7,125,000.00).- SEGUNDO: Adjudíquese el bien inmueble subastado en este acto y descrito anteriormente a favor de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., teniéndosele como su legítimo propietario por adjudicación judicial.- TERCERO: Póngase en posesión efectiva del inmueble subastado al adjudicatario a la Sociedad BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.- CUARTO: Con las inserciones de estilo líbrese atento mandamiento al Instituto de la Propiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, a fin de cancelar las cargas que pesan sobre el inmueble inscrito bajo matrícula Inscrito el dominio a su favor bajo la matrícula número 761124 asiento 9 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán, con siguientes gravámenes: 1) Constitución de hipoteca total, inscrita bajo la matricula 761124 asiento número 11 todos del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán.- QUINTO: Extiéndase certificación integra del acta de esta audiencia de subasta, al adjudicatario a efecto de inscripción de la adquisición en el Registro de la Propiedad correspondiente, una vez que se encuentre notificada la parte ejecutada de esta resolución y se encuentre firme la misma.- SEXTO: Por medio del funcionario judicial correspondiente se requiera a los ocupantes a fin de desocupar el inmueble en base al artículo 883.3 del Código Procesal Civil para que el adjudicatario pueda entrar en posesión inmediata bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se procederá al lanzamiento sin más trámite.- SEPTIMO: Quedando el ejecutado obligado al saneamiento para el caso de evicción.- Sin nada más que agregar se da por finalizada la presente audiencia de subasta.- OCTAVO: Asimismo bajo la petición que solicito reservar el derecho de seguir más bienes de los ejecutados para dar cumplimiento de la obligación. Quedando notificada en estrados la compareciente, firmando para constancia ante el suscrito Juez y Secretaria del Despacho que da fe.” (Folios 181-184 de la pieza principal del A-quo) 3) En fecha doce de enero de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Carlos Roberto Palma Connor, en su condición de Representante Procesal de la señora Laura Marina Flefil Larach, Representante Legal de la señora Norma Miranda Flefil, presentando recurso de apelación contra la resolución referida en el numeral que antecede. (Folio 197-201 de la pieza principal del A-quo) 4) En fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dispuso: Denegar la interposición del recurso de apelación presentado por el Abogado Carlos Roberto Palma Connor, actuando en su condición de representante procesal de la señora Laura Marina Flefil Larach representante legal de la señora Norma Miranda Flefil, contra la subasta celebrada en fecha tres de marzo de dos mil veinte. (Folio 202 vuelto de la pieza principal del A-quo) 5) En fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Carlos Roberto Palma Connor, interponiendo recurso de queja en contra de la resolución referida en el numeral que antecede. (Folios 1-2 de la pieza del Ad-quem) 6) La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de queja relacionado en el numeral que antecede, en fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, dictó auto motivado mediante el cual dispuso: “UNICO: Declarar INFUNDADA la queja en los términos indicados en la motivación de este auto, en virtud de no reunir los requisitos legales correspondientes, que se notifique este fallo a las partes y al Juzgado A-quo para los efectos pertinentes.-CON COSTAS. NOTIFÍQUESE.” (Folio 7-8 de la pieza del Ad-quem) 7) En fecha once de mayo de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado Carlos Roberto Palma Connor, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Laura Marina Flefil Larach, representante legal de la señora Norma Miranda Flefil, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, por considera que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria los derechos consagrados en los artículos 62, 82 y 90 de la Constitución de la República. 8) En fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en consecuencia, se ordena a la Secretaría de este Tribunal, poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 25del recurso) 9) Que en fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del examen de la resolución impetrada esta Representación Fiscal aprecia, que la resolución traída a estudio se encuentra conforme a Derecho, ya que se desprende de la foliada que el amparista recurre el acta de audiencia de la subasta, y conforme el artículo 707 del Código Procesal Civil, son recurribles vía recurso de apelación, las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso; aunado a lo anterior, tal y como lo advierte la alzada, no se establece de forma concluyente la vía recursiva en los procesos de subasta, así como por la naturaleza misma que entraña ese proceso, es factible considerar que en el caso concreto no resulta congruente la interposición de acciones y recursos que vengan en detrimento del mismo, por lo que conforme lo establece el artículo 734.2 de la norma procesal en comento, se declara infundada la queja y se declara la firmeza de la resolución respecto de la que se interpuso, el recurso de apelación o de casación, se notificará así a las partes y se comunicará al órgano judicial inferior. El recurrente será condenado al pago de las costas del recurso. Por lo que, del análisis de los artículos anteriormente citados, el Ministerio Público, estima que en el caso de autos el fallo emitido por el Ad-quem no vulnera las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista, ya que su resolución es razonable, congruente y justa. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 28-32 del recurso de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo que ahora se conoce, ha sido promovida por el Abogado por el Abogado Carlos Roberto Palma Connor, a favor de la señora Laura Marina Fléfil Larach representante legal de la señora Norma Miranda Fléfil, contra el auto dictado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que declaró infundado el recurso de queja que se interpuso contra la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, que denegó la interposición del recurso de apelación, con relación a la “DEMANDA DE PAGO DE DEUDA POR EJECUCIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVA CONTRA BIEN INMUEBLE HIPOTECADO”, promovida por la Abogada Ethel Doline Flores Martínez, en su condición de Apoderada Legal del Banco de los Trabajadores, S.A., contra la señora Norma Miranda Flefil. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 62, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, en la formalización del recurso de amparo que ahora se conoce, el Abogado Carlos Roberto Palma Connor, manifiesta que el acto que se recurre en amparo es: “…Tal y como lo haremos ver sobre la resolución por parte de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, donde demuestra que No Valoró nuestros argumentos donde claramente fundamentados en Ley que la resolución que diera el A-Quo, NO estaba dentro de sus facultades para decir si el Recurso que se estaba interponiendo es procedente o improcedente y por el contrario quien tiene la facultad es el Ad-Quem, y que fue precisamente este acto el que nos lleva a presentar un Recurso de Queja fecha de tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, solicitando la revisión del Auto de la INADMISION y el Recurso de Apelación, interpuesto en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno ante el Juez de Primera Instancia del Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el cual fue INADMITIDO, habiéndolo presentado con el hecho el que se consideró no era apegado a ley y con las normas que establece el artículo No. 709 del Código Procesal Civil así como también el articulo No. 711 del Código Procesal Civil que reza: Contestación De Los Agravios. Adhesión a La Apelación. Remisión Del Expediente. En el auto de admisión del recurso se concederá a la otra parte el término de diez (10) días hábiles para que conteste los agravios. En el mismo escrito que se contesten los agravios el apelado se podrá adherir a la apelación para lo cual formulara los correspondientes agravios y de éstos se concederá el termino de cinco (5) días a la parte contraria para que los conteste. Al día siguiente de la última notificación del auto en que se tengan por contestados o no contestados los agravios o de la adhesión, en su caso, se remitirán los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva y se emplazara a las partes a efecto de que se personen ante dicho Tribunal dentro del término de cinco (5) días. Que lo que se exige no es más que hacer valer los derechos que le asisten a mi representada quien fue condenada en COSTAS en primera instancia, quien ha solicitado que se revise y se estudie el expediente y no que no sea nada más a través de un escrito que quieran interpretar este Recurso ya que en el Instrumento número setenta y tres (73) de COMPRA VENTA Y PRESTAMO HIPOTECARIO, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central de fecha veinte (20) de octubre del afio dos mil dieciséis a las doce y media horas de la mañana (12:30 p.m. horas) ante los oficios del abogado y notario NICOLAS GARCIA ZORTO, y además se inscribirse en el Instituto de la Propiedad con Matricula Numero 761124 y que corre a folio número cuarenta y nueve (49), manifiesta en la SEPTIMA clausula lo siguiente de manera literal: “Manifiesta la compareciente doctora LAURA MARINA FLEFIL LARACH: a) Que para garantizar el fiel y exacto cumplimiento del préstamo otorgado a su representada licenciada NORMA MIRANDA FLEFIL, por este acto constituye a favor del BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., PRIMERA HIPOTECA sobre el inmueble descrito en la cláusula primera y sobre las mejoras descritas en la cláusula Segunda de este instrumento público. b) Que la hipoteca constituida se extiende a todas las mejoras presentes y futuras y todas aquellas que se introduzcan al inmueble con recursos de cualquier fuente, incluyendo los fondos del préstamo que hoy recibe inscritas y no inscritas, LA MISMA RESPALDARA LAS COSTAS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN DE LA EJECUCION”: c) Que para el caso de ejecuci6n judicial renuncia expresamente a lo consignado en los artículos dos mil ciento doce y dos mil trece (2112 y 2113) del Código Civil, se somete a la acción personal y a la jurisdicción territorial y competencia del Juzgado de Letras de lo Civil donde se encuentra ubicado el inmueble y de común acuerdo con EL BANCO tasan como precio base del inmueble para efecto de subasta judicial la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.9.500.000.00); d) Además pactan que en el caso de abandono del inmueble antes de la fecha para la subasta judicial del Banco queda autorizado para solicitar la administraci6én de los inmuebles y evitar deterioro de los mismos. e) Que para los efectos de citaciones, emplazamientos, requerimientos, notificaciones y avisos señala la dirección en barrio Concepción, 9 calle entre 6ta y 7ma avenida, teléfono 2222-5406 celular 9990-0933, comprometiéndose a comunicar al Banco cualquier cambio de domicilio que realice durante la vigencia de este contrato, el cual fue suscrito entre LAURA MARINA FLEFIL LARACH en su condición de Representante Legal de la señorita NORMA MIRANDA FLEFIL y el señor GUSTAVO TURCIOS CARIAS en su condición de Gerente General del Banco De Los Trabajadores, Sociedad Anónima, ENTENDIENDOSE QUE LA HIPOTECA EN MENCION CUBRIRA EL MONTO ADEUDADO SIN QUEDAR MI REPRESENTADA CON SALDO ALGUNO Y MUCHO MENOS CONDENADA EN COSTAS. CONSIDERANDO CINCO (5): Que, el concepto de la violación planteada por el recurrente consiste en que estima una vulneración al derecho de defensa, y al debido proceso, la sentencia emitida por la alzada que determinó INFUNDADO el recurso de QUEJA interpuesto por el recurrente y con ello confirma el auto dictado en primera instancia, mediante el cual se INADMITE un recurso de apelación interpuesto contra la “audiencia de subasta celebrada el tres de marzo de dos mil veinte”. El Juez de primera instancia en aplicación del artículo 711 del Código Procesal Civil, artículo en el cual el legislador le da la atribución al A-quo para admitir o inadmitir un recurso de apelación interpuesto por las partes, decreto INADMITIR el recurso de apelación interpuesto, argumentando que el resultado de una audiencia de subasta, o los acontecimiento sucedidos en una audiencia de subasta, no constituyen supuestos susceptibles de ser recurridos vía apelación, por establecerlo así el artículo 707 de la ley adjetiva; es decir que al no estar dispuesto como susceptible de ser recurrido vía apelación, corresponde la interposición del recurso de reposición, previo a la interposición de una acción de amparo directo; al no hacerlo así, se toma como consentido el acto reclamado por lo que es procedente sobreseer el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, el artículo 707 del Código Procesal Civil se refiere a la procedencia del recurso de apelación, en donde establece que serán recurribles en apelación las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primeras instancias por los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras. Que el “Código Procesal Civil Comentado”, producto de la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en el comentario al artículo 431, relativo a la competencia para conocer del recurso de Queja, establece que en el supuesto de interposición de queja: “…1.- Por inadmisión de apelación. En el caso del recurso de apelación, el recurso de queja se puede plantear por inadmisión del escrito de interposición (art. 709 CPC) o del escrito de adhesión a la apelación (art. 711 CPC). Luego el órgano encargado de conocer del recurso de queja dependerá de la resolución que se recurre en apelación. Así: a) Si la sentencia, auto que pone fin al proceso y otros autos previstos en la Ley, …”. Es por lo que la inadmisión del recurso de apelación interpuesto contra la audiencia celebrada en fecha tres de marzo de dos mil siete (ver folio 197 de la primera pieza), esta dictada en observancia a la legalidad, en tanto no es una resolución que ponga fin al proceso, ni está previsto en la ley que sea susceptible de apelación, sobre todo que no se recurre de una resolución o auto, sino que de un acto en el cual comparecen las partes un Juez para dirimir sobre una petición o reclamación. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la demanda; la necesaria correlación que debe existir entre la demanda y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. En el caso de autos la supuesta vulneración la basa a que el A-quo no tiene la atribución de admitir o inadmitir un recurso de apelación interpuesto, observándose que esta atribución la otorga el artículo 711 del Código procesal Civil que manda: “…En el auto de admisión del recurso se concederá a la otra parte el plazo de diez (10) días hábiles para que conteste los agravios. En el mismo escrito que se contesten los agravios el apelado se podrá adherir a la apelación para lo cual formulará los correspondientes agravios y de éstos se concederá el plazo de cinco (5) días a la parte contraria para que los conteste. Al día siguiente de la última notificación del auto en que se tengan por contestados o no contestados los agravios o de la adhesión, en su caso, se remitirán los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva y se emplazará a las partes a efecto de que se personen ante dicho Tribunal dentro del plazo de cinco (5) días.” CONSIDERANDO (8): Que es claro lo dispuesto en el artículo 711 pues hace referencia a actuaciones competentes al A-quo, y comienza con la admisión del recurso, por tanto, no amerita interpretación, basta con una lectura de este. Dicho lo anterior, es menester señalar que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. Esta Sala reitera lo señalado en otras sentencias referentes a que “La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso civil, más no a la salida procesal aplicada para concluir el procedimiento de la acción de amparo, es decir, se estima correcta la decisión y la motivación, no obstante es procedente SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA, en virtud de ser patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; No.3 y párrafo último del artículo 46 No.3 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de AMPARO interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Palma Connor, a favor de la señora Laura Marina Flefil Larach representante legal de la señora Norma Miranda Flefil, contra el auto dictado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que declaró infundado el recurso de queja que se interpuso contra la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, que denegó la interposición del recurso de apelación, con relación a la “DEMANDA DE PAGO DE DEUDA POR EJECUCIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVA CONTRA BIEN INMUEBLE HIPOTECADO”, promovida por la Abogada Ethel Doline Flores Martínez, en su condición de Apoderada Legal del Banco de los Trabajadores, S.A., contra la señora Norma Miranda Flefil. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-440-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL