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Sentencia AC-423-21 — Registro 15208

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia en la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial. Estimando el amparista que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional examina el asunto de mérito y, determina que el motivo de amparo que se reclama es, que la corte de apelaciones no haya tenido al Código tributario, actualmente en vigencia (decreto 170-2016), como la normativa aplicable para dar curso al presente proceso; sino que, erróneamente dicho tribunal de alzada tuvo a los artículos 98 y 99 del Código tributario contenido en el decreto legislativo 22-97, como los exigibles para el caso de mérito. Al respecto, este alto tribunal de justicia determina que procede otorgar la garantía constitucional de amparo, en virtud de que consta en autos que, la demanda ejecutiva de título extrajudicial que da motivo a la presente sentencia, fue entablada el trece de diciembre de dos mil diecisiete, bajo el imperio de la normativa vigente contenida en el decreto 170-2016 y contentiva del nuevo Código tributario. En virtud de lo cual, tal como lo indican la fiscal y el magistrado en disidencia, tanto la juez a quo como el tribunal ad quem erraron al tener el decreto 22-97 como la normativa aplicable al presente caso. Error que constituye una violación al debido proceso y que obliga a que se retrotraigan las diligencias a fin de que se enmiende lo resuelto en el auto de admisión que da inicia al presente proceso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del dos mil veintidós. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos Zúniga, a favor de la sociedad mercantil RADIO INDUSTRIAS DE HONDURAS, S.A., contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por el abogado Abraham Alvarenga Urbina, actuando en su condición de Procurador General de la República, contra la sociedad mercantil denominada RADIO INDUSTRIAS DE HONDURAS, S.A. Estimando el amparista que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, compareció el Procurador General de la República, abogado Abraham Alvarenga Urbina, ante el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, para interponer la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL, en contra de la sociedad mercantil denominada RADIO INDUSTRIAS DE HONDURAS, S.A. (Folios 1-4 vuelto de la pieza del a quo). 2. En fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, compareció el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos Zúniga, actuando en su condición de apoderado en juicio de la sociedad mercantil denominada RADIO INDUSTRIAS DE HONDURAS, S.A., presentando escrito de oposición con relación a la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial interpuesto por el abogado Abraham Alvarenga Urbina, actuando en su condición de Procurador General de la República. (Folio 42-47 de la pieza del a quo). 3. En fecha cinco de febrero de dos mil veinte, el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, dictó el fallo siguiente: “… PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR los motivos de oposición interpuestos en la presente ejecución de título extrajudicial por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZÚNIGA quien actúa como representante procesal de RADIO INDUSTRIAS DE HONDURAS, S.A. SEGUNDO: En vista de haberse desestimado la presente oposición se ordena seguir adelante con las actuaciones de apremio en el presente proceso. TERCERO: Que se notifique el presente fallo a las partes…” (Folios 86-96 de la de la pieza del a quo). 4. La Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos Zúniga contra la sentencia referida en el numeral que antecede, dictó la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual por mayoría de votos falló: “…PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia dictada el 5 de febrero de 2020, por el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Se confirma la resolución impugnada. TERCERO: Con costas al recurrente en segunda instancia… NOTIFÍQUESE.” (Folios 33-41 de la pieza del ad quem). 5. En fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, compareció ante este alto tribunal de justicia el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos Zúniga, interponiendo a favor de la sociedad mercantil denominada RADIO INDUSTRIAS DE HONDURAS S.A., acción de amparo contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el tribunal ad quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República. 6. En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en consecuencia, se ordena a la secretaría de este tribunal, poner las presentes diligencias a la vista del fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emita su dictamen. (Folio 54 la garantía constitucional de amparo). 7. En fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la fiscal del Ministerio Público, abogada Sandra Lorena Zúniga, quien fue del parecer porque se otorgue la presente acción de amparo al concurrir las vulneraciones constitucionales alegadas por el impetrante. (Folios 58-61 de la garantía constitucional de amparo). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución[1], la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración universal de los derechos humanos[4]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación al derecho debido proceso legal contenido en los artículos 64, 80, 82, 90, 94, 305 y 321 de la Constitución de la República. El impetrante al formalizar la presente garantía constitucional de amparo denuncia que la corte de apelaciones ha conculcado en perjuicio de su poderdante, los artículos 64, 80, 82, 90, 94, 305 y 321 de la Constitución de la República. El censor reclama que la corte de apelaciones haya señalado el cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 98 y 99 del Código tributario contenido en el decreto legislativo 22-97, necesarios para sustentar el título de ejecución extrajudicial. De acuerdo con lo establecido por el tribunal de alzada, estos artículos establecen que existen dos vías para proceder a la ejecución, así: que nazca o se sustente en una resolución administrativa firme o sentencia firme. A lo que el censor responde que, en el caso de autos no existe resolución administrativa firme, ni proceso administrativo conforme a lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 28, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 116, 120 y 121 de la Ley general de la administración pública; artículos 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 83, 84, 87, 88, 89 y 90 de la Ley de procedimientos administrativos; artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 del Código tributario. El censor indica que el proceso administrativo inicia con la notificación de la resolución emitida conforme a derechos (personal o por edictos); tal como lo establecen los artículos citados, especialmente el 76 del Código tributario contenido en el decreto 22-97. De igual forma, reprocha el censor, que el título de ejecución se presenta con la demanda y no posteriormente, tal como ha sucedido en este caso, en que se pretende acreditar extemporáneamente la existencia de procedimiento administrativo, después de la contestación a la oposición. El censor, precisa en que, el Código tributario y el Código procesal civil establecen que el título a ejecutar, o sea, la certificación donde consta la obligación, sea extendida por la Dirección ejecutiva de ingresos o por el Servicio de Administración de Rentas debe ser de una resolución firme o de una sentencia judicial firme, obtenida en un proceso administrativo, tal como lo detalla el artículo 98 del Código tributario derogado y el artículo 127 del código vigente. Establece que, si bien es cierto, en este caso se ha acompañado una certificación emitida por el Servicio de administración de rentas, no se establece en éste el origen de la deuda tributaria, de manera que no dice que nace de una resolución firme o de una sentencia firme; tampoco se establece en dicho documento una cantidad de dinero que sea actualmente exigible, tal como lo dispone el artículo 792 del Código procesal civil. En su lugar, dice el censor se certifican sumas de adeudo sin establecer su origen, por lo que no se puede decir que existe una obligación líquida y exigible, violentándose así lo establecido en el artículo 782 del Código procesal civil y el 127 del nuevo Código tributario, actualmente vigente. El censor agrega que la oposición que se hizo a la ejecución se fundamentó en el numeral tres del artículo 792 del Código procesal civil, según el cual, manifiesta el amparista, el título ejecutivo cuyo cumplimiento se pretende exigir, no cumple con los presupuestos y requisitos que dicha norma establece. El censor reprocha que el título presentado para su ejecución fue emitido por el secretario general del Servicio de Administración de Rentas al certificar una deuda fiscal sin sustentar el origen o base de ésta, tal como lo ordena el numeral 1 del artículo 127 del nuevo Código tributario. Es decir, no es posible determinar si es por una resolución administrativa firme o por una sentencia judicial firme. En fin, el reclamo del censor se funda en que el certificado de deuda no debió dársele validez de conformidad a un código ya derogado, siendo esta la razón que sustenta su oposición, considerando que dicho título entonces es falso y nulo, que carece de fuerza ejecutiva. Dicho de otra forma, el censor refiere que el título es falso y nulo porque se sustenta en lo que disponen los artículos 98 y 99 del Código tributario contenido en el decreto 22-97, el cual ya fue derogado. Agrega el dicente que, queda constancia de que la supuesta deuda tributaria contiene rubros que fueron cobrados en el año 2017, por lo que no sirve de sustento lo dispuesto en el derogado decreto 22-97. El amparista afirma que sirve de fundamento a su exposición lo que dispone el artículo 214 del Código tributario contenido en el decreto 170-2016. Dicha norma derogó expresamente el decreto 22-97 que contenía el antiguo Código tributario y todas sus reformas. El amparista incluye en su formalización alegatos que son de instancia y que no corresponden resolver dentro del ámbito del amparo; alegatos relacionados a la validez del título, pasando por la falta de agotamiento de un proceso administrativo previo, establecido en el decreto 170-2016 o nuevo Código tributario. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada Sandra Lorena Zúniga al emitir su dictamen fue de la opinión porque se otorgue la garantía de amparo de mérito. La fiscal alcanza ese convencimiento señalando que no consta en el proceso que se haya hecho reclamo administrativo previo, por parte del Servicio de Administración de Rentas, SAR, en contra de la sociedad mercantil Radio Industrias de Honduras, S.A., referente a la retención a la fuente e impuesto sobre ventas. La fiscal agrega que, si bien es cierto al momento de constar la oposición, la parte ejecutante incorporó un detalle impreso del expediente de gestión del contribuyente , este documento no puede entenderse, ser el resultado de un proceso administrativo en contra dela referida sociedad; de tal modo que, el certificado de deuda no deviene del resultado de una resolución emitida por parte de la entidad tributaria al margen de lo dispuesto en el artículo 98 del Código tributario contenido en el decreto 22-97 , vigente al momento de las respectivas obligaciones tributarias. Por lo que es notorio que el certificado de deuda presentado en la demanda como título ejecutivo no guarda fuerza legal, pues como se ha indicado se prescindió del proceso administrativo que manda la ley. En conclusión, la fiscal manifiesta que el tribunal de alzada atenta contra los derechos invocados por el censor, ya que la parte ejecutante no ha logrado acreditar la exigibilidad de la deuda reclamada, de manera que su decisión queda al margen de la normativa tributaria. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la sentencia dictada por la honorable primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, objeto de la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada por mayoría de votos[5] dispuso confirmar la sentencia de la juez a quo, quien desestimó los motivos de oposición a la ejecución de título extrajudicial interpuestos por la parte ejecutada y ordenó continuar con las actuaciones de apremio. La sentencia de segunda instancia en respuesta al primer agravio presentado por la parte ejecutada (apelante) mediante el cual reclama que la parte ejecutante fundamenta su acción en un título constituido de acuerdo a los requerimientos de una legislación ya derogada; señala que, equivocadamente el apelante lo refrendó como “falta de capacidad procesal para actuar en el presente caso”, agregando que “carecen de la capacidad de actuar en el presente proceso.” La fundamentación del tribunal de alzada, se centró en el hecho de aclarar que debe entenderse por capacidad procesal, señalando al respecto que es la aptitud para comparecer en juicio o sea ostentar el pleno ejercicio de los derechos civiles de acuerdo a lo que dispone el artículo 62 del Código procesal civil. Dicho tribunal aborda también el asunto señalando que, quién opuso el motivo no fue lo suficientemente claro debido a que no estableció el por qué no existe resolución administrativa, como elemento necesario para sustentar la certificación que sirve de título de ejecución, y demostrar con esto la falta de legitimación para pedir ejecución de título extrajudicial. En respuesta al segundo agravio, la corte de apelaciones refiere que deben distinguirse dos cosas que son distintas, una es la falsedad del título y otra, la falsedad del acto que le da fuerza ejecutiva a dicho título. En cuanto a la falsedad del título, dice que basta señalar que el mismo reúne los requisitos del artículo 99 del Código tributario aplicable, el cual no exige que se incluya que el saldo reclamado proviene de tal o cual resolución, tal como bien señala la señora juez en la sentencia impugnada . En cuanto a la falsedad del acto que le da fuerza ejecutiva al título, el tribunal ad quem señala que, toca revisar los motivos de oposición alegados y verificar que, en aquel escrito, el reclamo se sustenta en que el título se redactó con disposiciones derogadas y que por ende son inaplicables. Pero, dice la corte, en la exposición del agravio, el apelante no citó el acto que le da fuerza ejecutiva a la certificación; así mismo la juez a quo señaló que en el artículo 203 del Código tributario vigente, establece que los expedientes relacionados con tributos iniciados en vía administrativa a la fecha de entrar en vigencia el nuevo código, se concluirán con la ley que dio base al inicio del expediente, por lo que no es necesario que el ejecutante determine el acto que le da fuerza ejecutiva a la certificación extendida de conformidad con los requisitos del artículo 99 del Código tributario derogado. Por otra parte, la corte señaló que no fue acreditado en autos la inexistencia de la resolución firme que origina el reclamo (que son dos cosas distintas) y que en todo caso debió acreditar la parte ejecutada. El resto de la fundamentación de la sentencia de segunda instancia no tiene relación con la garantía constitucional de amparo por lo que se omite su resumen. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Resumen del voto particular emitido por el magistrado Carlos Alberto Izaguirre Bustillo. En el voto particular, el magistrado que disiente de la mayoría, concluye que lo procedente es declarar la nulidad absoluta de las actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda. Para justificar dicho fallo, hace ver que la demanda ejecutiva se instó con fundamento en el Código tributario ya derogado y contenido en el decreto 22-97, asimismo observa que, el juzgador no hizo ningún señalamiento al respecto, sino hasta el momento de celebrarse la audiencia de oposición. Para dicho magistrado el proceder del juzgador de primera instancia debe calificarse como incumplimiento al principio de dirección del proceso, pues no encausa desde su inicio, la tramitación del proceso de ejecución. Esto, para el magistrado, ha ocasionado el incumplimiento a la vía procesal adecuada, legalidad procesal, entre otros elementos, constitutivos todos del debido proceso. El dicente explica el procedimiento que demanda el Código tributario derogado (decreto 22-97), establecido desde el artículo 98 al artículo 109; de igual forma, explica el procedimiento contenido en el Código tributario vigente (decreto 170-2016) a partir del artículo 127 al 133. De su comparación, el magistrado concluye que, dadas las diferencias entre una legislación y otra, con relación al procedimiento de ejecución, es que se justifica la necesidad de que la juez a quo haya dado cumplimiento al principio de discreción del proceso. Inclusive, hace notar que la juez a quo, tampoco aclaró la normativa aplicable aun cuando, consta en autos que la parte ejecutante demandó teniendo como fundamento la legislación del Código tributario derogado (decreto 22-97) y la oposición de la parte ejecutada se hizo siguiendo lo normado por el Código tributario vigente (decreto 170-2016). De hecho, señala el magistrado, la juzgadora de primera instancia dio curso a la demanda siguiendo las disposiciones del Código procesal civil, de conformidad a lo establecido por el Código tributario vigente (decreto 170-2016); aun cuando la Procuraduría General de la República en su condición de parte ejecutante haya instaurado la demanda de ejecución de conformidad al código derogado (decreto 22-97). Habiendo dejado establecido lo anterior, el magistrado con voto disidente avanza en su exposición señalando que el uno de enero de dos mil diecisiete entró en vigor el decreto 170-2016 derogando el antiguo Código tributario contenido en el decreto 22-97. Luego, transcribe lo que dispone el artículo 203 del nuevo código, el cual manda que se continúe la tramitación de los procesos iniciados bajo el régimen del código derogado con las disposiciones de dicho código. Seguidamente, el magistrado acota que la interposición de la demanda de mérito se hizo el trece de diciembre de dos mil diecisiete, de forma que ya se encontraba en vigencia el nuevo Código tributario (decreto 170-2016). Por otra parte, el magistrado en su voto hace notar que lo dispuesto por el artículo 203 en mención se refiere a las diligencias judiciales y no a las administrativas; pero, de todas maneras de haber iniciado las diligencias administrativas bajo el régimen del código derogado, aunque haya sobrevenido la entrada en vigencia del nuevo Código, estas diligencias administrativas devenían a finalizar de conformidad con el código derogado, para después tramitarse la vía judicial con las disposiciones del Código tributario actualmente vigente (decreto 170-2016). No obstante lo expuesto, el caso es que la vía judicial se interpuso estando vigente el decreto 170-2016, siendo por tanto dicha normativa la aplicable. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional examina el asunto de mérito y, determina que el motivo de amparo que se reclama es, que la corte de apelaciones no haya tenido al Código tributario, actualmente en vigencia (decreto 170-2016), como la normativa aplicable para dar curso al presente proceso; sino que, erróneamente dicho tribunal de alzada tuvo a los artículos 98 y 99 del Código tributario contenido en el decreto legislativo 22-97, como los exigibles para el caso de mérito. Al respecto, este alto tribunal de justicia determina que procede otorgar la garantía constitucional de amparo, en virtud de que consta en autos que, la demanda ejecutiva de título extrajudicial que da motivo a la presente sentencia, fue entablada el trece de diciembre de dos mil diecisiete, bajo el imperio de la normativa vigente contenida en el decreto 170-2016 y contentiva del nuevo Código tributario. En virtud de lo cual, tal como lo indican la fiscal y el magistrado en disidencia, tanto la juez a quo como el tribunal ad quem erraron al tener el decreto 22-97 como la normativa aplicable al presente caso. Error que constituye una violación al debido proceso y que obliga a que se retrotraigan las diligencias a fin de que se enmiende lo resuelto en el auto de admisión que da inicia al presente proceso. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 215 del Código ributario (decreto 170-2016); 1, 2, 3 No. 2, 41 y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos Zúniga, a favor de la sociedad mercantil RADIO INDUSTRIAS DE HONDURAS, S.A., contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por el abogado Abraham Alvarenga Urbina, actuando en su condición de Procurador General de la República, contra la sociedad mercantil denominada RADIO INDUSTRIAS DE HONDURAS, S.A. En consecuencia, de conformidad al derecho al debido proceso, se ordena que se retrotraigan las diligencias hasta el momento de resolver la admisión de la demanda con el fin de encausar el proceso de conformidad con la normativa vigente del Código tributario, decreto 170-2016. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-423-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Artículo reformado por el decreto legislativo número 237-2012 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras, número 33,033 del veinticuatro de enero de dos mil trece, ratificado por el decreto legislativo número 10-2013 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras número 33,086 del veintisiete de marzo de dos mil trece.

[2] Artículo 1 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3] Artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4] Artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] La corte integrada por los honorables magistrados Danery Antonio Medal Raudales, Zoe Celeste María Vásquez Ordóñez (ponente) y Carlos Alberto Izaguirre Bustillo. El voto disidente fue pronunciado por el magistrado Izaguirre Bustillo.