Sentencia AC-397-19 — Registro 15467
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que decretó nulidad de actuaciones mediante un recurso de apelación con relación a la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio en la que se solicitaba a la parte demandada a que restituya los títulos accionarios, dividendos, utilidades, frutos civiles y los demás derechos o beneficios que pudo haber recibido. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 60, 64, 80, 82, 90, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO(6): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional manifiesta que a la letra de lo que establece el articulo 868 del Código Civil que dice: “La reinvindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no esta en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.” Y confrotando este con el articulo 121 de la Ley del sistema financiero encontramos que este dice: “ARTICULO 121.- ACTUACION EN JUICIO SUSPENSION DE TERMINOS. Resuelta por la comisión la Liquidación forzosa de una institución del sistema financiero, se entenderán suspendidos hasta por seis meses los términos de prescripción de todo derecho o acción de que sea titular la institución y los términos en los juicios o procedimientos en los que la institución sea parte, iniciados antes de la resolución.- Tomada dicha resolución, los Juzgados no darán curso a diligencias prejudiciales o cautelares ni a demandas que promuevan los acreedores de la institución del sistema financiero en proceso de liquidación, a quienes indicaran que ejerciten las acciones ante el Liquidador para hacer valer sus derechos, siguiendo el procedimiento que la ley establece para la liquidación forzosa.” El articulo 613 del Código Civil establece: “Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin mas limitaciones que las establecidas por la ley, o por la voluntad del propietario.- La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.” Por lo que consideramos se violenta el debido proceso al aplicar el artículo 121 de la Ley del Sistema Financiero, en su párrafo segundo, ya que no es la ley que procede aplicar, en el presente caso.- Este criterio se refuerza al Revisar el orden de prelación de los acreedores que establece el articulo 131 de la Ley del Sistema Financiero, entre los cuales no aparecen los titulares de derechos dominicales como el reclamado en la presente demanda.- Por lo que la aplicación del debido proceso es la aplicación de los artículos 613 y 868 del Código Civil. CONSIDERANDO (7): Que la inaplicabilidad del artículo 121 de la Ley Del Sistema Financiero, tiene su fundamento precisamente en el hecho expuesto por el demandante, y constatado por esta Sala, ya que interpone una acción Real, con el propósito de reinvindicar los bienes que como propietario le corresponde, en este caso una serie de títulos accionarios que son de su propiedad, ya que la operación traslaticia de dominio se perfeccionó y operó plenamente la trasmisión dominical de las acciones y de la facultad para poseerla exclusivamente, como también el derecho para percibir todos los dividendos, utilidades y demás productos accesorios, y para ejercer los derechos societarios inherentes a la calidad de socio, como podría ser el derecho al voto y a participar en el gobierno de la Sociedad….”.- Es por ello que en fecha 22 de abril de 2016, el apoderado de Cable Color, solicitó por escrito a la Junta Liquidadora de Banco Continental S.A., una constancia que mencionara que Cable Color había adquirido el supra mencionado lote accionario en subasta de activos y posteriormente a esta petición, presentan una demanda de reivindicación de dominio. CONSIDERANDO (8): Que asimismo el recurrente sostiene que con la decisión del Ad-quem, se vulnera el principio de Acceso a la justicia y tutela efectiva. Al respeto se debe recordar que esto principios están contenidos en el artículo 1 del Código Procesal Civil de la siguiente manera: 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los tribunales civiles la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimo. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso civil, teniendo garantizada en los términos previstos por este Código la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de libre elección o designado por el Estado. Asimismo, el Derecho al proceso debido y derecho de defensa. Principio de legalidad procesal. Las partes tienen derecho a que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial. El proceso civil se desarrollará de acuerdo a la Constitución y con las disposiciones de este Código. Las formalidades previstas en él son imperativas. (Art 7 CPC). Los litigios que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por ellos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas. Los procesos civiles que se sigan en territorio nacional se rigen por este Código las normas constitucionales, y por los instrumentos internacionales. Principios que han sido vulnerados, por estimar esta Sala, que la respuesta jurisdiccional brindaba no es congruente con las leyes aplicables al caso, ya que aplica el Articulo 121 de la Ley del Sistema Financiero, en desmedro de los artículos 613 y 868 del Código Civil. CONSIDERANDO (9): Que, además de lo anterior, alega el recurrente que existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, en la cual, a casos similares al que nos ocupa, se constituyó como fundamento aplicable el artículo 131 de la Ley del Sistema Financiero. Siendo estas; a) Auto Resolutivo Irrecurrible de fecha veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), emitido en el expediente SC-210-2013, que consta a folios 42 al 57 de la presente pieza.- b) Auto Inadmisión de Casación de fecha veinte seis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), emitido en el expediente SC-43-2015, que consta a folios 58 al 80 de la presente pieza.- Al respecto, la Sala de lo Constitucional remarca que esta resolución como las enunciadas por el recurrente, se trata de acciones de disputa de dominio, en este caso, el demandante acredita que su representado adquirió el lote de acciones en pública subasta, convirtiéndolo en propietario de las mismas y reclama la posesión de estas, por lo que, es procedente la aplicación del mencionado articulo 131 de la Ley del Sistema Financiero, ya que no es un acreedor es un propietario de los títulos que reinvindica los mismos. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional, ha manifestado en otras sentencias que: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha afirmado que la exigencia de que una persona sea oída “es equiparable al derecho a un ‘juicio’ o a ¨procedimientos judiciales justos¨. Sobre el particular, siguiendo al TEDH en los Casos Kraska vs. Switzerland, Van de Hurk vs. the Netherlands, Van Kück vs. Germany y, Krasulya vs. Russia, la Corte ha establecido que un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión”. En consecuencia, el estándar jurisprudencial supone que un juicio justo es aquél en el cual una persona ha sido oída con las debidas garantías. (pg. 217 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). No obstante, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propio términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador, se dice lo anterior, pues la aplicación en el presente caso del artículo 121 de la Ley del Sistema Financiero, impide el acceso a un proceso judicial, vulnerando los derechos fundamentales señalados, por lo que deben ser escuchados con las debidas garantías, siendo lo procedente la aplicación de los artículos 613 y 868 del Código Civil, por lo que es procedente otorgar la acción de Amparo interpuesta
Legislación citada
- Código Civil, art. 613 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 868 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Sistema Financiero, art. 121 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, a favor de la sociedad mercantil CABLE COLOR S.A. DE C.V., contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha primero (1) de abril de dos mil diecinueve (2019), que decretó NULIDAD DE ACTUACIONES mediante un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, promovida por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CABLE COLOR S.A. DE C.V., en contra de la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S.A. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 60, 64, 80, 82, 90, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CABLE COLOR S.A. DE C.V., interponiendo Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, en contra la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S.A., solicitando que se declare con lugar la presente demanda; se obligue a la parte demandada a que restituya los títulos accionarios, dividendos, utilidades, frutos civiles y los demás derechos o beneficios que pudo haber recibido, y; se les condene al pago de costas. (Folios 1–89 de la Primera Pieza de antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado dictó su Sentencia en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “I.- Estimar la acción instaurada promovida por el Abogado Everton Francisco Herrera Paz, representante procesal de la sociedad mercantil denominada Cable Color S.A. de C.V. contra el banco Fiduciario Banco de los Trabajadores S.A., del fideicomiso de la reivindicación de dominio sobre títulos accionarios, es decir de las acciones representadas en cada uno de los 12 títulos de acciones o ejemplares, así como la restitución de frutos civiles, utilidades, dividendos y demás accesorios, devengados desde la fecha en que la actora material adquirió la titularidad dominical hasta que la sentencia sea ejecutada y costas del juicio y que incluso constan los dividendos según nota de fecha 12 de Junio del año 2018 en su párrafo ultimo del cual está firmada por el Presidente de la junta directa de Banco de Occidente S.A. II.- La judicatura desestima la acción reivindicatoria en relación a los títulos de acción o acciones representadas en los títulos de acción, específicamente los títulos números con series números 04398, serie E, 04403, serie E, 04404, serie E, 04405, serie E, 04413, serie E, ya que no fueron objeto fehacientemente de cancelación y reposición, así como de que los mismos se encuentran incólumes a favor del adjudicatario por haberlos adquirido en subasta pública y estar endosados antes del proceso de liquidación forzosa, y que los mismos deben ser objeto de inscripción a su favor por haber operado la tradición de dichos bienes muebles corporales. III.- En vista de haber estimación de las pretensiones en el juicio, respecto a los frutos civiles, utilidades, dividendos y demás accesorios alegados, por devengar desde la fecha en que se adquirió la titularidad dominical de las acciones hasta que la presente resolución quede ejecutada, dichas pretensiones acumuladas, como se había resuelto respecto al defecto procesal intentado en audiencia preliminar de demanda defectuosa, los mismos serán tutelados procesalmente en base a las reglas previstas del artículo 209 del código Procesal civil, por así haberse resuelto en su momento por la judicatura. IV.- se condena al pago de costas a la demandada por haber visto rechazada todas sus oposiciones como pretensión y que así ha quedado materializado en cada uno de los razonamientos jurídicos estructurados en el presente documento sentencial. V.- El presente documento sentencial es emitido a la fecha en vista de ser un caso complejo, y que un caso complejo es cuando se trata de distintos hechos alegados, así como de tener varias resoluciones o sentencias que emitir por coincidir, tomando en cuenta las audiencias que la judicatura celebra y de tener el número de juez asignado con la carga excesiva, tal y como aparece reflejado en los libros de control y forma en que se reparten los casos.-” (Folios 318–334 de la Primera Pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado LUIS GALEANO MILLA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., quien posee el fideicomiso de la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S.A., la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó su Sentencia en fecha primero (1) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “1) DECRETAR la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda de fecha 12 de octubre de 2016 y las siguientes actuaciones, debiendo el Juez de Primera Instancia emitir la resolución que corresponde en Derecho. -2) SIN COSTAS.” (Folios 7–11 de la Segunda Pieza de antecedentes) 4) Que el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, compareció ante este Tribunal en fecha dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil CABLE COLOR S.A. DE C.V., contra la Sentencia de fecha primero (1) de abril de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 60, 64, 80, 82, 90, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha ocho (8) de enero de dos mil veinte (2020). (Folios 1–81 y 117 del presente Recurso) 5) Que en fecha trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIVEL GUTIERREZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos Constitucionales invocados.” (Folios 120–130 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado los antecedentes en el presente caso y se resumen a continuación ANTECEDENTES: 1.- Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, interpuesta contra la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S.A., dentro del proceso de liquidación forzosa de esta entidad bancaria, solicitando que se obligue a la parte demandada a que restituya los títulos accionarios, dividendos, utilidades, frutos civiles y los demás derechos o beneficios que pudo haber recibido, y; se les condene al pago de costas, interpuesta por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CABLE COLOR S.A. DE C.V.- 2.- A folio 165 de la primera pieza, consta que el apoderado del Banco Fiduciario, Banco de Los Trabajadores S.A., del fideicomiso de Banco Continental S. A., la contesta la demanda antes relacionada, interponiendo en ese acto las excepciones materiales de falta de legitimación y las procesales de Falta de Cuantificación, asimismo interpone incidente de nulidad desde el auto de admisión de la demanda. 3.- El A-quo resuelve: Estimar la acción instaurada promovida por el Abogado Everton Francisco Herrera Paz, representante procesal de la sociedad mercantil denominada Cable Color S.A. de C.V. contra el banco Fiduciario Banco de los Trabajadores S.A., del fideicomiso de la reivindicación de dominio sobre títulos accionarios, es decir de las acciones representadas en cada uno de los 12 títulos de acciones o ejemplares, así como la restitución de frutos civiles, utilidades, dividendos y demás accesorios, devengados desde la fecha en que la actora material adquirió la titularidad dominical hasta que la sentencia sea ejecutada y costas del juicio y que incluso constan los dividendos según nota de fecha 12 de Junio del año 2018 en su párrafo ultimo del cual está firmada por el Presidente de la junta directa de Banco de Occidente S.A. II.- La judicatura desestima la acción reivindicatoria en relación a los títulos de acción o acciones representadas en los títulos de acción, específicamente los títulos números con series números 04398, serie E, 04403, serie E, 04404, serie E, 04405, serie E, 04413, serie E, ya que no fueron objeto fehacientemente de cancelación y reposición, así como de que los mismos se encuentran incólumes a favor del adjudicatario por haberlos adquirido en subasta pública y estar endosados antes del proceso de liquidación forzosa, y que los mismos deben ser objeto de inscripción a su favor por haber operado la tradición de dichos bienes muebles corporales. III.- En vista de haber estimación de las pretensiones en el juicio, respecto a los frutos civiles, utilidades, dividendos y demás accesorios alegados, por devengar desde la fecha en que se adquirió la titularidad dominical de las acciones hasta que la presente resolución quede ejecutada, dichas pretensiones acumuladas, como se había resuelto respecto al defecto procesal intentado en audiencia preliminar de demanda defectuosa, los mismos serán tutelados procesalmente en base a las reglas previstas del artículo 209 del código Procesal civil, por así haberse resuelto en su momento por la judicatura. IV.- se condena al pago de costas a la demandada por haber visto rechazada todas sus oposiciones como pretensión y que así ha quedado materializado en cada uno de los razonamientos jurídicos estructurados en el presente documento sentencial. V.- El presente documento sentencial es emitido a la fecha en vista de ser un caso complejo, y que un caso complejo es cuando se trata de distintos hechos alegados, así como de tener varias resoluciones o sentencias que emitir por coincidir, tomando en cuenta las audiencias que la judicatura celebra y de tener el número de juez asignado con la carga excesiva, tal y como aparece reflejado en los libros de control y forma en que se reparten los casos.- 4.- La Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, conoció la anterior resolución, vía recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Banco Fiduciario, Banco de Los Trabajadores S.A., del fideicomiso de Banco Continental S. A..- Es así que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha primero de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual Falló: “1) DECRETAR la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda de fecha 12 de octubre de 2016 y las siguientes actuaciones, debiendo el Juez de Primera Instancia emitir la resolución que corresponde en Derecho. -2) SIN COSTAS.” CONSIDERANDO (3): Que sostiene el recurrente, que la respuesta brindada por la alzada, vulnera a su representado el derecho de acción, el derecho de petición, el derecho de defensa y en consecuencia el derecho a un debido proceso, exponiendo su alegato de la manera siguiente: “Para efectos de comprensión del argumento, reproduciré de nuevo el texto más relevante y determinante del acto impugnado, concretamente su numeral TERCERO del acápite MOTIVACION FACTICA Y JURÍDICA. “Una vez declarada la liquidación, se producen efectos por ministerio de Ley, entre ellos, la incompetencia de los Juzgados para conocer toda diligencia prejudicial, medida cautelar o demanda Que pueden promover los acreedores de la institución en liquidación, quienes ejercitarán sus acciones ante el Liquidador para hacer valer sus derechos siguiendo el procedimiento que la Ley establece para la liquidación Forzosa (artículo 121 del cuerpo legal citado). Esta Alzada estima que Cable Color es acreedora de la Institución en liquidación, por cuanto una obligación puede ser dineraria, pero también puede consistir en dar algo en propiedad o constituir un derecho real, y en el presente juicio lo que se reclama es que se le entreguen, se le restituyan los títulos valores que afirma el actor ser titular en la sociedad mercantil BANCO DE OCCIDENTE, S.A., por haberlos comprado en pública subasta, junto con sus dividendos, utilidades», frutos civiles y demás derechos o beneficios desde la fecha en que adquirió la titularidad dominical hasta la ejecución de la sentencia. La Ley del Sistema Financiero es una ley especial cuyas disposiciones deben ser acatadas, independientemente que sea o no solicitadas por las partes, o que las peticionen en cualquier momento del juicio. La presente demanda nunca debió ser admitida, y si el Juez de Primera Instancia no se percató de ello en su momento, debió estimar el incidente de nulidad planteado por la parte demandada por contravenir las actuaciones a una disposición de orden público y decretar la nulidad de actuaciones inclusive desde el auto de admisión de la demanda." (Negritas mías). Honorable Corte, la aplicación del artículo 121 de la Ley del Sistema Financiero al presente caso constituye un error de subsunción que vulnera a mi Mandante sus derechos constitucionales de petición, de defensa, de igualdad ante la ley, de audiencia, de acceso a la Justicia y de un debido proceso, por exceder los linderos que expresamente establece dicho precepto legal, restringiendo con ello, adicionalmente, el derecho de mi Mandante de accionar ante la autoridad competente a efectos de pedir la tutela judicial efectiva de su derecho constitucional a la Propiedad privada, al amparo del artículo 106 constitucional, transcrito en el libelo de amparo. Además, el artículo 103 Constitucional impone a la autoridad el deber de proteger la propiedad privada, deber que en este caso ha incumplido de manera flagrante. Dentro de la clasificación de acreedores que se detalla en el artículo 131 de la Ley del Sistema Financiero no se encuentran las personas que reclaman derechos dominicales sobre bienes que estén siendo poseídos por las entidades en liquidación, como ocurre con mi Mandante por lo que carece de sustento lógico aplicar la excepcional restricción del artículo 121 para declarar la nulidad de todo el proceso, colocando además una barrera definitiva e insuperable para su continuación e incluso para su replanteamiento. El error de subsunción se hace todavía más patente cuando la jurisprudencia civil ya tiene establecido que personas con situaciones jurídicas similares a la de mí representada, tienen todo el derecho de acceder ante la jurisdicción civil para demandar a las entidades financieras en liquidación por la vía declarativa. Cuatro de las sentencias que forman parte de esta reiteradísima jurisprudencia que se ha infringido por la autoridad reclamada, son las identificadas ante la Honorable Corte Suprema de Justicia con los siguientes números: a) Casación Civil CC-108-16 de fecha 59 de abril de 2018, que contiene una demanda ordinaria promovida por la EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NORTE, S. DE R.L. contra la Liquidación BANCO HONDURENO DE CREDITO Y SERVICIO, S.A. (BANHCRESER). b) Casación Civil número CC-210-13, de fecha 20 de agosto de 2014, que contiene la demanda ordinaria de resolución de un fideicomiso, restitución de un inmueble y pago de indemnización de daños y perjuicios, promovida por la CORPORACION INDUSTRIAL, TURISTICA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES Y DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (CITRIC) contra 1a Liquidación BANCO CORPORATIVO, S.A. e) Casación Civil número CC-43-15, de fecha 26 de octubre de 2016 que contiene la demanda ordinaria de resolución de un fideicomiso, restitución de un inmueble y pago de indemnización de daños y perjuicios, promovida por la Corporación INDUSTRIAL, TURÍSTICA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES Y DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (CITRIC) contra la Liquidación BANCO CORPORATIVO, S.A. d) Casación Civil número CC-162-10, de fecha 2 de mayo de 2013 que contiene la demanda ordinaria para el cumplimiento de una obligación de hacer, promovida por la sociedad SISTEMAS ELECTRONICOS COMPUTARIZADOS, S. DE R.L. (SELCO) contra la Liquidación BANCO CORPORATIVO, S.A. Existen muchas otras sentencias de casación que fijan inequívocamente esta línea jurisprudencial, dictadas en juicios promovidos contra entidades financieras en proceso de liquidación forzosa, lo que en definitiva nos pone de relieve el evidente error del Ad Aquem al dictar su fallo anulatorio basándose enteramente en un precepto jurídico inaplicable al caso concreto que nos ocupa. Un elemento de extrema trascendencia es que las sentencias recaídas en los ordinales b) y c) fueron dictadas de fondo en apelación por el mismo Tribunal que ahora declara que este tipo de casos no se pueden conocer por la autoridad judicial, con lo cual tenemos una evidente contradicción o selectividad en la aplicación de las normas legales. Pero, además, fueron exactamente los mismos 3 magistrados integrantes de la Honorable Corte de Apelaciones Civil quienes dictaron las sentencias en ambos sentidos, con lo cual se evidencia la violación del principio constitucional de igualdad ante la ley. Para la autoridad reclamada, si es posible conocer de los juicios ordinarios promovidos contra la Liquidación BANCHCRESER la Liquidación BANCORP, pero no es posible conocerlo si se promueve contra la Liquidación Banco Continental, S.A. Recalco, no hablamos en ningún caso de acciones promovidas por acreedores, titulares de créditos, sino de acciones de disputa de dominio, tal como se puede observar en las sentencias que acompañamos a la demanda de amparo. Dicha aplicación diferenciada resulta a todas luces inconstitucional y hace meritorio el amparo. Honorable Corte, un mecanismo práctico para comprobar la aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 121 es plantearnos lo siguiente: Si la Liquidación Banco Continental, S.A. se niega a reconocer a Cable Color, S.A. de C.V. como titular legítimo de las acciones societarias objeto de la acción de reivindicación, ¿Cómo entonces ejercitará las acciones a que se refiere el referido precepto, en concreto cuando dice: “... quienes indicarán que ejerciten las acciones ante el Liquidador para hacer valer sus derechos, siguiendo el procedimiento que la ley establece para la liquidación forzosa”? Esto nos lleva a la conclusión que esta norma jurídica no se refiere a situaciones que deban ser objeto de un pronunciamiento judicial declarativo, como ocurre con las acciones reivindicatorias, sino únicamente a créditos reconocidos y registrados que forman parte del patrimonio que los liquidadores asumen al momento de tomar posesión de su cargo. La acción promovida en este proceso es de naturaleza real, es decir, que se promueve para reclamar el derecho posesorio sobre una cosa determinada, en concreto, una serie de títulos accionarios, indistintamente de la persona que los posea. La acción real facilita la reipersecutoriedad, al conferir a su titular el poder de activar sin restricciones la maquinaria judicial para restituirle en su derecho turbado, es decir, que el propietario goza del derecho de ejercer lo que se conoce como ius persequendi o facultad restitutoria, privilegiada e inmediata, que la gozan los titulares de los derechos reales, sobre los bienes objeto de los mismos, que les permite exigir el uso, posesión o el disfrute, que el derecho real comporte como carácter jurídico natural propio, cualquiera que fuera el poseedor y allí donde estuvieran los bienes. En este sentido, el reclamo reivindicativo planteado con la demanda se ejercita sobre la base del dominio sobre una cosa singular mueble -títulos accionarios-, y por ende, la situación jurídica personal que el poseedor no-dueño tenga, como en este caso lo seria encontrarse en proceso de liquidación forzosa, es irrelevante para el derecho de quien ejerce la acción. La cosa reclamada podría incluso ser transferida a un tercero o a un cuarto poseedor y el dueño no-poseedor conservaría incólume su derecho para demandar su restitución, pues eso es precisamente lo que diferencia a las acciones reales de las personas. (Artículos 613 y 868 del Código Civil). El artículo 121, en suma, debe ser separado del asunto sub-judice: por corresponder a escenarios que no estén presentes en el contexto del caso. Su aplicación ha sido manifiestamente indebida y procede reparar dicho error a través del otorgamiento del amparo solicitado. Con lo explicado, el recurrente sostiene la vulneración a su representado del derecho de acceso a los tribunales y el derecho a la legalidad procesal. CONSIDERANDO (4): Que, conocida la formalización de la acción constitucional de amparo, es menester mencionar que el legislador brinda la libertad a los Jueces y Magistrados para resolver conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes, resolución que deberán emitir de manera clara, precia y exhaustiva. CONSIDERANDO (5): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO(6): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional manifiesta que a la letra de lo que establece el articulo 868 del Código Civil que dice: “La reinvindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no esta en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.” Y confrotando este con el articulo 121 de la Ley del sistema financiero encontramos que este dice: “ARTICULO 121.- ACTUACION EN JUICIO SUSPENSION DE TERMINOS. Resuelta por la comisión la Liquidación forzosa de una institución del sistema financiero, se entenderán suspendidos hasta por seis meses los términos de prescripción de todo derecho o acción de que sea titular la institución y los términos en los juicios o procedimientos en los que la institución sea parte, iniciados antes de la resolución.- Tomada dicha resolución, los Juzgados no darán curso a diligencias prejudiciales o cautelares ni a demandas que promuevan los acreedores de la institución del sistema financiero en proceso de liquidación, a quienes indicaran que ejerciten las acciones ante el Liquidador para hacer valer sus derechos, siguiendo el procedimiento que la ley establece para la liquidación forzosa.” El articulo 613 del Código Civil establece: “Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin mas limitaciones que las establecidas por la ley, o por la voluntad del propietario.- La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.” Por lo que consideramos se violenta el debido proceso al aplicar el artículo 121 de la Ley del Sistema Financiero, en su párrafo segundo, ya que no es la ley que procede aplicar, en el presente caso.- Este criterio se refuerza al Revisar el orden de prelación de los acreedores que establece el articulo 131 de la Ley del Sistema Financiero, entre los cuales no aparecen los titulares de derechos dominicales como el reclamado en la presente demanda.- Por lo que la aplicación del debido proceso es la aplicación de los artículos 613 y 868 del Código Civil. CONSIDERANDO (7): Que la inaplicabilidad del artículo 121 de la Ley Del Sistema Financiero, tiene su fundamento precisamente en el hecho expuesto por el demandante, y constatado por esta Sala, ya que interpone una acción Real, con el propósito de reinvindicar los bienes que como propietario le corresponde, en este caso una serie de títulos accionarios que son de su propiedad, ya que la operación traslaticia de dominio se perfeccionó y operó plenamente la trasmisión dominical de las acciones y de la facultad para poseerla exclusivamente, como también el derecho para percibir todos los dividendos, utilidades y demás productos accesorios, y para ejercer los derechos societarios inherentes a la calidad de socio, como podría ser el derecho al voto y a participar en el gobierno de la Sociedad….”.- Es por ello que en fecha 22 de abril de 2016, el apoderado de Cable Color, solicitó por escrito a la Junta Liquidadora de Banco Continental S.A., una constancia que mencionara que Cable Color había adquirido el supra mencionado lote accionario en subasta de activos y posteriormente a esta petición, presentan una demanda de reivindicación de dominio. CONSIDERANDO (8): Que asimismo el recurrente sostiene que con la decisión del Ad-quem, se vulnera el principio de Acceso a la justicia y tutela efectiva. Al respeto se debe recordar que esto principios están contenidos en el artículo 1 del Código Procesal Civil de la siguiente manera: 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los tribunales civiles la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimo. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso civil, teniendo garantizada en los términos previstos por este Código la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de libre elección o designado por el Estado. Asimismo, el Derecho al proceso debido y derecho de defensa. Principio de legalidad procesal. Las partes tienen derecho a que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial. El proceso civil se desarrollará de acuerdo a la Constitución y con las disposiciones de este Código. Las formalidades previstas en él son imperativas. (Art 7 CPC). Los litigios que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por ellos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas. Los procesos civiles que se sigan en territorio nacional se rigen por este Código las normas constitucionales, y por los instrumentos internacionales. Principios que han sido vulnerados, por estimar esta Sala, que la respuesta jurisdiccional brindaba no es congruente con las leyes aplicables al caso, ya que aplica el Articulo 121 de la Ley del Sistema Financiero, en desmedro de los artículos 613 y 868 del Código Civil. CONSIDERANDO (9): Que, además de lo anterior, alega el recurrente que existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, en la cual, a casos similares al que nos ocupa, se constituyó como fundamento aplicable el artículo 131 de la Ley del Sistema Financiero. Siendo estas; a) Auto Resolutivo Irrecurrible de fecha veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), emitido en el expediente SC-210-2013, que consta a folios 42 al 57 de la presente pieza.- b) Auto Inadmisión de Casación de fecha veinte seis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), emitido en el expediente SC-43-2015, que consta a folios 58 al 80 de la presente pieza.- Al respecto, la Sala de lo Constitucional remarca que esta resolución como las enunciadas por el recurrente, se trata de acciones de disputa de dominio, en este caso, el demandante acredita que su representado adquirió el lote de acciones en pública subasta, convirtiéndolo en propietario de las mismas y reclama la posesión de estas, por lo que, es procedente la aplicación del mencionado articulo 131 de la Ley del Sistema Financiero, ya que no es un acreedor es un propietario de los títulos que reinvindica los mismos. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional, ha manifestado en otras sentencias que: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha afirmado que la exigencia de que una persona sea oída “es equiparable al derecho a un ‘juicio’ o a ¨procedimientos judiciales justos¨. Sobre el particular, siguiendo al TEDH en los Casos Kraska vs. Switzerland, Van de Hurk vs. the Netherlands, Van Kück vs. Germany y, Krasulya vs. Russia, la Corte ha establecido que un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión”. En consecuencia, el estándar jurisprudencial supone que un juicio justo es aquél en el cual una persona ha sido oída con las debidas garantías. (pg. 217 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). No obstante, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propio términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador, se dice lo anterior, pues la aplicación en el presente caso del artículo 121 de la Ley del Sistema Financiero, impide el acceso a un proceso judicial, vulnerando los derechos fundamentales señalados, por lo que deben ser escuchados con las debidas garantías, siendo lo procedente la aplicación de los artículos 613 y 868 del Código Civil, por lo que es procedente otorgar la acción de Amparo interpuesta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución dela República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 60, 61, 82, 90, 94, 103, 106, 183.1, 313.5 , 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78.5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 2, 41, 44, 45, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 131 de la Ley del Sistema Financiero.- 613 y 868 del Código Civil.- FALLA: OTORGANDO La Garantía de Amparo interpuesto por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, a favor de la sociedad mercantil CABLE COLOR S.A. DE C.V., contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha primero (1) de abril de dos mil diecinueve (2019), que decretó NULIDAD DE ACTUACIONES mediante un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, promovida por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CABLE COLOR S.A. DE C.V., en contra de la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S.A.- Que se dicte nueva sentencia en apego a los considerandos de este fallo.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y se continúe con el trámite procedente. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0397-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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