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Sentencia AC-384-22 — Registro 15676

Resumen

En consulta obligatoria la sentencia que otorgo amparo contra la del a-quo, con relación a la solicitud de ejecución directa sobre unos bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria promovida. en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." en consecuencia, este alto tribunal de justicia decide: 1. Mantener la decisión de dicho tribunal de alzada de OTORGAR la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado LEONEL DE JESÚS ÁVILA a favor del señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY, contra actuaciones del Juzgado de letras seccional del departamento de Lempira, con relación a la solicitud de ejecución directa sobre unos bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria promovida por BANCO ATLÁNTIDA S.A. contra los señores MARIO JOSÉ CÁLIX HERNÁNDEZ y FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY. 2. Complementar lo expresado por la honorable corte de apelaciones con los argumentos y fundamentos expuestos en esta sentencia. 3. Conforme a dichos argumentos y fundamentos se le ordena al Juzgado de letras departamental de Lempira que proceda restituir los derechos de debido proceso al señor Feryd Alberto Bascha Sahury en sus vertientes de tutela judicial efectiva y debida motivación, para lo cual deberá retrotraer las actuaciones hasta el auto de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, a efecto de: a) fijar la cuantía que procede ejecutar, valorando de manera exhaustiva, detallada y clara la prueba documental presentada por cada una de las partes, para lo cual deberá cumplir con el deber de debida motivación, exponiendo los argumentos que sustenten su decisión; b) con relación al cálculo de los intereses normales y moratorios, deberá considerar lo atinente a la doctrina de los actos propios; c) cumplir con su obligación en atinencia a las presuntas sanciones pecuniarias por incumplimiento de órdenes judiciales, siguiendo el procedimiento dispuesto para ello; d) pronunciarse sobre las costas cuando sea procesalmente oportuno, debiendo en dicho caso motivar debidamente su decisión. 4. Se mantienen firmes y causan ejecutoria las decisiones tomadas por la juez a quo en lo referente a denegar la nulidad de actuaciones y la recusación que fueron interpuestas por el apoderado procesal del señor Feryd Alberto Bascha Sahury como parte ejecutada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

EL Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil vendidos. VISTA: En consulta obligatoria la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictada por la honorable Corte de apelaciones seccional del departamento de Copán, mediante la cual otorgó la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado LEONEL DE JESÚS ÁVILA a favor del señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY, contra actuaciones del Juzgado de letras seccional del departamento de Lempira, con relación a la solicitud de ejecución directa sobre unos bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria promovida por BANCO ATLÁNTIDA S.A. contra los señores MARIO JOSÉ CÁLIX HERNÁNDEZ y FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY. Manifestando el accionante que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 61, 82, 90, 103 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de letras seccional de Gracias, departamento de Lempira, el abogado NELSON OVIDIO LARA ERAZO, actuando como apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., solicitando la ejecución directa sobre unos bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria, en contra del señor MARIO JOSÉ CÁLIX HERNÁNDEZ y contra su garante hipotecario el señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY. (Folios 1–42 de la pieza del a quo). 2. Siguiendo el trámite de ley correspondiente, el citado juzgado dictó en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, sentencia cuya parte dispositiva expresa: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR LA OPOSICIÓN a la ejecución hipotecaria por error en la determinación de la cuantidad exigible, planteada por la abogada TATIANA SOLEDAD MOLINA MENJIVAR, quien actúa como apoderada legal del señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY. SEGUNDO: Se ordena la continuación de la ejecución hipotecaria, promovida con el señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY, por la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.1,300,000.00), más los intereses comisiones y gastos devengados a la fecha. TERCERO: Se ordena una vez notificadas las partes, se proceda a señalar audiencia de subasta sobre los bienes del señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY. CUARTO: Se condena en COSTAS a la parte vencida, por haberse desestimado sus pretensiones. Contra la presente no cabe recurso alguno. (art.900.3 del CPC) QUINTO: Se resuelve hasta esta fecha en virtud del exceso de trabajo y debido a que la juez conocedora del caso ha estado cubriendo varios juicios en el tribunal de sentencia. NOTIFÍQUESE” (Folios 321-322 de la pieza del juez a quo). 3. En fecha cinco de enero de dos mil veintidós, el abogado LEONEL DE JESÚS ÁVILA, compareció ante la Corte de apelaciones seccional del departamento de Copán, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY, contra la resolución de fecha dos de junio de dos mil veintiuno. (Folios 1–8 de la pieza del tribunal ad quem). 4.Una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley sobre justicia constitucional, la referida corte de apelaciones, emitió su sentencia en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós mediante la cual dispuso: “PRIMERO: OTORGANDO el recurso de amparo, interpuesto por el abogado LEONEL DE JESÚS ÁVILA en su condición de apoderado legal del señor FERID ALBERTO BASCHA SAHURY, en torno al expediente número 1301-2018-00026 ventilado en el Juzgado de letras seccional de Gracias, Lempira, contentivo a la solicitud de ejecución directa sobre unos bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria, promovida por el abogado NELSON OVIDIO ERAZO en su condición de apoderado legal de BANCO ATLÁNTIDA S.A. de C.V. contra los señores MARIO JOSÉ CÁLIX HERNÁNDEZ y FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY este último en su condición de garante hipotecario; SEGUNDO: ORDENA al juez de letras proceda a emitir nuevamente resolución sobre los vicios y/o defectos denunciados por el ejecutado mediante escrito de fecha 10 de junio del año 2021 y que le fueron resueltos mediante auto motivado de fecha 17 de enero 2022 por parte del Juzgado de Letras de Gracias Lempira, la cual deberá ser emitida en torno al reconocimiento y aplicación de los derechos fundamentales señalados en esta resolución. TERCERO: Ordena remitir la presente resolución junto con sus antecedentes a la honorable Sala de lo Constitucional vía consulta para que se pronuncie sobre la misma.” (Folios 24–32 de la pieza del ad quem). 5. En fecha uno de marzo de dos mil veintidós este alto tribunal de justicia recibió para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley sobre justicia constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de apelaciones seccional del departamento de Copán. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. El impetrante de amparo en su escrito de formalización establece que existe violación a los derechos de: defensa (párrafo primero del artículo 82 constitucional, debido proceso (artículos 90 y 94 constitucionales, igualdad (artículo 61 constitucional), propiedad (artículo 103); asimismo, el principio de legalidad (artículo 321 constitucional). Primer motivo de amparo. El censor alega violación del derecho de defensa contenido en el primer párrafo del artículo 82 constitucional, en relación con los artículos 1.2, 11.2 del Código procesal civil. Explica que el juez a quo mediante auto de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho ordenó requerir por doce millones doscientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y un lempiras con cuarenta y tres centavos al deudor principal y a su poderdante Feryd Alberto Bascha Saury. Dicho juez dictó sentencia el veintidós de mayo de dos mil diecinueve y limita el pago de su poderdante a un millón trescientos mil lempiras exactos, más intereses y otros. Posteriormente libra oficio al gerente del Banco Atlántida "para que extienda certificación del saldo", sobre el adeudo de su poderdante. El censor señala que hubo entre el cinco de agosto de dos mil diecinueve al ocho de abril de dos mil veintiuno, no menos de catorce actuaciones judiciales orientadas a obtener el informe solicitado. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el banco Atlántida S.A. mediante certificación de estado cuenta indica que el señor Feryd Bascha adeuda un millón novecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y tres lempiras con ochenta y seis centavos, desglosados así: “a) saldo capital 963,323.09; b) Saldos de intereses normales pactados L. 817,363.08; c) Saldos intereses moratorios L. 217,547.69.” El censor manifiesta que hubo oposición de su poderdante al estado de cuenta presentado por el banco, y se aportó certificación del cálculo de deuda del trece de abril del año dos mil veintiuno, elaborado por el contador Rigoberto Andino Matamoros en el cual expresa que al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete mi poderdante adeuda un millón ciento setenta y ocho mil catorce lempiras con setenta y un centavos. El juez a quo dictó sentencia desestimando la oposición y luego la reposición en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. El reclamo en amparo se basa en que la resolución desestimada por el juez a quo no valoró la certificación de deuda aportado al proceso por su poderdante, tomando como válido únicamente el estado contable del banco. Sin embargo, el impetrante alega que, al comparar ambos documentos, se constata que coincidentemente hacen corte al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Conforme a lo anterior el impetrante considera que el juez ha obstruido la defensa de su poderdante al no darle valor a la prueba aportada por la parte ejecutada, violando el Código procesal civil en sus artículos 1.2 y 11.2, los cuales prohíben los actos que producen indefensión y coartan el derecho que tienen las partes litigantes de aportar pruebas. Expresa el censor que la violación de dichas normas procesales son una violación al derecho de defensa garantizado en el artículo 82 constitucional y el artículo 8 No. 1 de la Convención americana sobre derechos humanos, relacionado este último con el derecho de su representado a ser oído "con las debidas garantías". Motivos segundo y tercero de amparo. El censor reclama que hubo violación del debido proceso, el cual se encuentra contenido en el párrafo primero del artículo 90 constitucional por vía de tutela judicial efectiva, y del derecho a ser oído por juez competente con todas las garantías legales. El censor repite lo mismo sobre la certificación extendida por el Banco Atlántida donde consta el saldo, pero ahora agrega que el ejecutante provocó una mora de casi treinta meses, e indica que al tenor de los artículos 695 y 696 del Código de comercio, existe mora del acreedor o ejecutante; teniendo esto como efecto jurídico que el Banco Atlántida le debe pagar a su poderdante Feryd Bascha, resarcimiento de daños y perjuicios. Al respecto reclama que el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el BANCO ATLÁNTIDA S.A. carga en su certificación a su poderdante con un millón novecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y tres lempiras con ochenta y seis centavos, existiendo en primera instancia abusos en contra del señor Feryd Bascha Sahury comenzando por haber sido inicialmente mal demandado y posteriormente dicho banco, evadió por casi treinta meses la emisión del estado contable; inclusive, desobedeció varios términos de veinticuatro horas impuestos como orden judicial. Sobre este último punto, el censor señala que, a pesar de no haber cumplido con tales órdenes, no existe sanción por la desobediencia incurrida hacia la autoridad judicial; por el contrario, ocurre que al infractor se la da la razón y a la víctima se le victimiza más. Todo ello, expresa el impetrante, infringe el derecho al debido proceso, porque debe tomarse en cuenta que el artículo 3 del Código procesal civil ordena la no "dilación"; por otra parte, el artículo 8 del mismo código, insta al juez para dirigir el proceso "de forma que conduzca a la reducción de tiempo". No obstante, dichas disposiciones se incumplieron a conveniencia del banco, incrementando la deuda en perjuicio de su poderdante. En otro orden de violación al debido proceso, el impetrante señala que en este caso también se ha violado el principio de cosa juzgada, ya que el cinco de marzo de dos mil dieciocho se estableció que el señor Feryd Bascha pagara como adeudo máximo la cantidad de tres millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa lempiras con treinta y cinco centavos. Sin embargo, posteriormente dictó otro auto, el del veintidós de mayo de dos mil diecinueve mediante el cual dispuso ejecutar en contra de su representado un millón trescientos mil lempiras, más intereses comisiones y gastos devengados. Sobre este mismo punto, el censor reclama que el juez inobserva que su poderdante no debe pagar un porcentaje superior al 9.610% para favorecer al banco, de manera que, el censor estima que el juez a quo viola sus mismas resoluciones. El demandante de amparo cita como violados, el artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos, que contiene el derecho a la protección judicial, expresamente con relación al derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo y rápido. De igual manera señala que la sentencia venida en amparo contradice el artículo 5.2 Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que contiene el derecho al debido proceso. Siempre en relación con el derecho al debido proceso por vía del derecho que tiene toda persona de ser oída por juez o autoridad competente como requisito previo a ser condenado en cualquier materia, el censor desarrolla el concepto de la violación manifestando que el ejecutante tardó casi treinta meses para emitir un estado de cuenta, ante la permisividad del juez a quo, lo que causó el incremento del adeudo en el estado de cuenta de su poderdante; constituyéndose al final en una sanción pecuniaria. En este sentido, el censor resalta que su patrocinado es una víctima del proceso, señalando que el derecho a ser oído debe hacerse dentro de un plazo razonable, tal como señala el artículo 8.1 de la CADH. El censor alega que la emisión tardía del estado de cuenta es motivo para que el banco haya desatendido disposiciones tales como: “por razón de calamidad nacional, hacen surgir un caso fortuito (Art. 1363 Código civil) y por otra parte a partir del decreto ejecutivo número PCM-021-2020 del 16 de marzo del 2020 dispuso la Comisión nacional de bancos y seguros (CNBS), según circular CNBS No. 026/2020 que contiene resolución GES No. 278/25-06-2020 se decretó suspensión de pagos y variantes en cuanto a cálculos de interés y cargos a créditos, hasta donde sabemos el banco en su cálculo no aplicó esa normativa.” El impetrante concluye, que el juez a quo quebrantó los artículos 59 y 94 de la Constitución de la República al haber aplicado aquella ilegitima carga pecuniaria. Cuarto motivo de amparo. El amparista reclama la violación del derecho a la igualdad contenida en el artículo 61 constitucional, en relación con el artículo 5 del Código procesal civil. Explica que a su cliente se le discrimina y que va a perder sus propiedades debido a que no ha recibido el mismo trato en el proceso con relación al banco. Luego, pasa a señalar los hechos que demuestran el trato desigual que denuncia, así: “a. La resolución recurrida sólo valora el estado contable del banco, expuse que aun y cuando aportamos nuestro estado contable con un profesional contable y con corte de igual fecha al del banco, el nuestro se desestimó; b. Expusimos como el a quo guarda silencio sobre costas que afectan al banco, pero las aplica cuando lo benefician; c. Cité auto del 28 de enero del 20121, notificado con exclusividad al ejecutante (F.259 al 261) se viola el Art. 136.1 del CPC. d. El 5 de agosto del 2019 surgió primera resolución ordenándole al banco emitir estado de cuenta sobre adeudo de mi poderdante (F.188) y hasta 19 de marzo del 2021 el banco lo aportó, en el ínterin le dieron varios términos de 24 horas y ninguno acató (Folio 292-293) sin sanción alguna.” También cita el artículo 60 constitucional, el cual establece en su párrafo segundo que en Honduras no existen clases privilegiadas y que todos somos iguales ante la ley. Asimismo, cita los artículos 7 y 10 de la Declaración universal de los derechos humanos; 24 de la CADH y 3 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Quinto motivo de amparo. El amparista reclama la violación del artículo 103 constitucional, el cual contiene el derecho a la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social, y sin más limitaciones que los motivados por necesidad o interés público de conformidad con la ley. El impetrante señala que el fondo del presente caso conlleva la pérdida de las propiedades del señor Feryd Bascha, mediante el engrosamiento de la deuda, como tal se denuncia en la presente garantía constitucional de amparo. Para ello, denuncia que la parte ejecutante recibió prerrogativas procesales haciendo desaparecer la función tutelar del Estado, contraviniendo el derecho de propiedad contenido en el artículo 103 constitucional y el derecho a la protección judicial contenido en el artículo 25 de la CADH. Sexto motivo de amparo. El impetrante considera que la sentencia que se denuncia violenta el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional en virtud de que el juez a quo ha actuado de manera arbitraria permitiendo a la parte ejecutante el desobedecer la normativa procesal hondureña e instrumentos internacional de derechos humanos, excediéndose en el ejercicio de sus atribuciones. Séptimo motivo de amparo. El impetrante cita el artículo 16 constitucional, el cual en su párrafo segundo dispone que los tratados internacionales forman parte del derecho interno una vez que entran en vigor. En este sentido nuevamente reclama que no hubo trato igual de su representado frente al ejecutante, repitiendo nuevamente la cita de artículos relacionados con el derecho a la igualdad y el derecho a la defensa. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen del dictamen emitido por el Ministerio Público. El fiscal Leonel de Jesús Ávila fue de la opinión porque se declare inadmisible el amparo de mérito. El agente de tribunales estima que, la presente garantía constitucional es inadmisible debido a que la parte que representa el amparista ha sido escuchado en todas sus peticiones y ha hecho uso de todos los recursos legales, de igual forma ha peticionado y se le ha resuelto por medio de juez competente. Por otra parte, el fiscal señala que, la decisión de haberle denegado la oposición a la ejecución hipotecaria demandando que hubo un error en la determinación de la cuantía exigible, no es violatoria a los derechos invocados por el amparista porque dicha decisión se fundamenta en el instrumento número trescientos veintiséis de fecha veinte de abril de dos mil trece, relativo al contrato de hipoteca suscrito por el señor Feryd Alberto Bascha Sahury con el Banco Atlántida. En dicho instrumento se constituyó hipoteca por la cantidad de un millón trescientos mil lempiras más intereses, comisiones y gastos para garantizarle al banco Atlántida el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el señor Mario José Cálix Hernández. Refiriéndose al valor probatorio de la certificación de cálculo de deuda realizada por un contador público, el fiscal señala que el juez a quo no le concedió credibilidad dado que fue realizada con anterioridad a la presentación de la demanda de ejecución, además, porque el cálculo reflejado en dicho documento es menor a las obligaciones contraídas previamente. Para el fiscal el banco no actuó de manera desleal porque se logró acreditar que el ejecutado era garante hipotecario y no consta en autos que el ahora ejecutado se haya acercado al banco o haya consignado la deuda CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de apelaciones seccional del departamento de Copán[1]. El tribunal de alzada decidió por unanimidad de votos otorgar el amparo de mérito y, en consecuencia, decide lo siguiente: “ORDENA: al juez de letras proceda a emitir nuevamente resolución sobre los vicios y/o defectos denunciados por el ejecutado mediante escrito de fecha 10 de junio del año 2021 y que le fueron resueltos mediante auto motivado de fecha 17 de enero 2022 por parte del Juzgado de letras de Gracias, Lempira, la cual deberá ser emitida en torno al reconocimiento y aplicación de los derechos fundamentales señalados en esta resolución.” La decisión de la corte de apelaciones tuvo como fundamento las argumentaciones que a continuación se resumen. La corte de apelaciones señala que el juez a quo en forma correcta dispuso en fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve declarar con lugar la oposición presentada por la parte ejecutada, encaminada a limitar la cantidad garantizada mediante hipoteca. De acuerdo con la decisión judicial, se determina que la hipoteca que recae sobre el bien inmueble, propiedad del señor Bascha Sahury, responde únicamente por la cantidad de un millón trescientos mil lempiras, más intereses y costas devengados; y no, por la cantidad total que adeuda el deudor Mario José Cálix Hernández que es de más de doce millones de lempiras. El juez a quo basó su decisión en el contrato suscrito para constituir la hipoteca sobre el inmueble propiedad del ahora ejecutado a favor del banco. Por otro lado, la corte de apelaciones es del parecer que el banco, a pesar de existir el auto motivado sobre la determinación de la cantidad real, se rehusó en forma constante a no dar cumplimiento a las órdenes judiciales para que certificase los saldos pendientes, más intereses y costas devengados, para lo cual debía tomar en cuenta nada más la cantidad de un millón trescientos mil lempiras. En virtud de que el banco no acató lo ordenado en el auto de fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, por lo que la juez a quo ordenó lo mismo en varias ocasiones. Es del caso, que la orden anterior se materializó con el oficio de fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, el cual fue recibido por el banco en fecha trece del mismo mes y año. En iguales términos, una orden judicial fue dada nuevamente, mediante la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, siendo librado el oficio correspondiente el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y recibido por el banco Atlántida en esa misma fecha. Hubo un tercer auto, dictado para el mismo fin en fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, librándose el oficio con fecha doce de noviembre y el cual fue recibido en fecha catorce por el banco. Un cuarto mandamiento judicial se produjo el cinco de diciembre de ese mismo mes y año, el cual produjo ese mismo día el oficio que fue recibido por el banco el diez de diciembre de dos mil diecinueve. El banco al fin atendió esta última orden girada judicialmente, procediendo a presentar en fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve la certificación de saldos fechada el veintiuno de noviembre con la cantidad total adeudada por el señor Mario José Cálix Hernández; y, estableciendo también que la hipoteca fue constituida para garantizar la cantidad de un millón trescientos mil lempiras, más los intereses, comisiones y gastos, estos últimos conceptos relacionados con la cantidad específica garantizada. De acuerdo con lo expresado por el tribunal de alzada en su sentencia, la tardanza de parte del banco denota una actitud de mala fe procesal y actitud desobediente, así como el hecho concreto de no cumplir la orden judicial dada, en cuanto a calcular los intereses, comisiones y gastos tomando como base solamente el millón trescientos mil lempiras. Esta situación dio lugar a que el juez a quo ordenara en fecha dieciséis de enero de dos mil veinte y a petición de parte, el cumplimiento de lo ordenado desde el cinco de agosto de dos mil diecinueve. Siendo dicha orden respondida hasta el dieciséis de enero de dos mil veinte; pero, esta respuesta nuevamente no dio cumplimiento a lo ordenado, debido a que se insistía en que la información requerida se encontraba en la certificación que ya había sido entregada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Sobre este último hecho la corte de apelaciones manifiesta lo siguiente: “denotándose nuevamente una conducta de desobediencia al cumplimiento de la orden judicial y de la deslealtad procesal.” Frente al incumplimiento del banco, el tribunal de alzada observa que la parte ejecutada presentó un escrito denominado: “Manifestación”, con el cual solicitaba el cumplimiento de lo ordenado en la providencia de fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve. Sin embargo, la corte de apelaciones hace notar, que la juez a quo en lugar de tutelar el derecho de la parte ejecutada decidió que no era procedente acceder a lo solicitado porque su escrito sólo se trataba de una manifestación; así mismo argumentando que el banco ya había enviado en dos ocasiones los certificados de saldo, por lo que era improcedente la imposición de multa. La corte de apelaciones señala que la decisión denegatoria del juez a quo, se contrapone a lo que disponen los artículos 1, 7.12 y 129 del Código procesal civil, en el sentido de que el juzgador se encuentra obligado a garantizar la tutela judicial efectiva, no siendo atendibles los defectos de forma sobre el fondo del asunto, y no importando el error de las partes en la denominación de los escritos por ser una atribución y obligación del órgano jurisdiccional en aplicar el derecho de forma correcta y al caso concreto. La corte de apelaciones continua en su exposición, señalando que el juez dispuso mediante auto de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, calcular las costas personales en un millón ciento dieciséis mil diecisiete lempiras con treinta y nueve centavos; y costas procesales por la cantidad de treinta y ocho mil doscientos setenta y dos lempiras, para un total de un millón ciento cincuenta y cuatro mil, doscientos cuarenta y nueve lempiras con treinta y nueve. No obstante, dicha cantidad es el resultado de calcular sobre la cantidad de catorce millones seiscientos setenta mil doscientos treinta y un lempiras con treinta y tres centavos, contraviniéndose con ello, por parte de la juzgadora, lo resuelto en el auto motivado que ordenaba que la ejecución de la hipoteca sólo debía ser por la cantidad de un millón trescientos mil lempiras, y es sobre este monto que debieron calcularse los intereses y las costas. De esta resolución, señala la corte de apelaciones, el apoderado de la parte ejecutada interpuso el recurso de reposición, el cual fue estimado parcialmente en fecha dos de marzo de dos mil veintiuno. En dicho auto, la juez a quo estableció que la certificación de saldos se calculara con base en la cantidad de un millón trescientos mil lempiras, pero omitió referirse sobre la nueva realización de costas, así como la declaración de la negativa reiterada del banco para cumplir con lo ordenado en el auto de fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, asimismo no se pronunció sobre imponer las multas y la remisión de los antecedentes a los órganos competentes para que determinaran el grado de responsabilidad por parte del ejecutante en virtud de su negativa a dar cumplimiento a la orden judicial. El veinte de marzo de dos mil veintiuno, el banco presentó certificación de saldos sobre la cantidad de un millón trescientos mil lempiras, contabilizada hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, estableciendo un total de un millón novecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y tres lempiras con ochenta y seis centavos. La cantidad anterior fue desglosada de la manera siguiente: a) saldo de capital L. 963.323.09; b) saldo de intereses normales pactados L. 817,363.08; c) saldo de intereses moratorios L. 217,547.69. En contra de estos saldos se presentó oposición argumentando que no debían incluirse en el cómputo los intereses hasta la fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, sino que se hiciera hasta el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, fecha en que se declaró con lugar la oposición planteada por el ejecutado, con el cual se corrigió el error de cuantía reclamada; y, que los veinte meses siguientes son fruto del retraso de actos imputables al mismo ejecutante. La oposición antes expuesta fue declarada sin lugar por la juez a quo, condenando además al pago de costas. Sobre esto último, o sea las costas, la corte de apelaciones llama la atención señalando que dicha condena carece de motivación, asimismo, la corte señala que la juez tampoco se pronuncia respecto de la responsabilidad de la parte ejecutante al no atender de manera pronta la orden judicial desde el cinco de agosto de dos mil diecinueve, librada para conocer el monto del adeudo, a pesar de habérsele hecho el mismo requerimiento en varias ocasiones. En otro orden de cosas, la corte en cuanto al debido proceso cita sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional, a la sazón, la AP-0117-2011 de fecha dos de octubre de dos mil doce, la AL-0556-2017 de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la AC-1211-2014 de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, que señalan: "… el debido proceso se traduce en una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de petición, defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis idem), motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El debido proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el debido proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales, sino a los valores, principios y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. El debido proceso se bifurca en una serie de garantías y al hacer relación al artículo 8 de la Convención americana de derechos humanos, la Corte Interamericana ha dicho que el derecho a ser oído comprende entonces dos ámbitos, el formal y el material. El ámbito formal o procesal del derecho implica asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por su parte, el ámbito material del derecho, supone "que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Para la Corte, esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido.” Recapitulando, la corte de apelaciones resalta que en el presente caso la juez a quo después de requerir por un monto al señor Bascha Sahury, rectificó dicha cantidad mandando que la ejecución era por una cantidad menor a la inicial, señalando que debía ser únicamente por un millón trescientos mil lempiras, más intereses, y costas, esto de conformidad al título extrajudicial que da origen a la acción deducida. Seguidamente dicha juez le ordena al banco como parte ejecutante, que proceda a certificar el saldo total a pagar tomando en cuenta el monto antes dicho; sin embargo, dicha orden es desatendida sin justificación alguna, y sin que el juez procediera a tomar medidas para evitar el retraso “malicioso”, salvo el hecho de haber reiterado por siete ocasiones el requerimiento de certificar el nuevo saldo a ejecutar, bajo la advertencia que de no hacerlo se le impondrán multas. La corte de apelaciones opina que, pese a que debe considerarse más grave el hecho de desobedecer las órdenes judiciales, la juez a quo le prestó más atención al escrito con la suma de “manifestación”, considerándola inapropiada desde el punto de vista procesal, olvidando su deber de actuar conforme lo demanda el artículo 305 constitucional y el derecho que tiene su poderdante de la protección judicial, por ambigua o por oscura que sea la petición. Considera también grave el hecho de que la juez a quo no haya procedido a sancionar a la parte ejecutante bajo el argumento de que dicha parte finalmente dio respuesta a la orden judicial. Pero esto, expresa la corte, sin tomar en cuenta que en la resolución judicial de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la juez ordenó nuevamente al banco Atlántida de que emitiera la certificación de saldos con la advertencia de imponerle una multa, lo que a juicio de dicha corte hasta ese momento hubo incumplimiento por parte del ejecutante, con lo que se demuestra, expresa la corte, el incumplimiento de la juez a quo al deber de garantizar el derecho a la protección judicial. En referencia al principio de igualdad, la corte de apelaciones transcribe lo expresado por la Sala de lo Constitucional en la sentencia AP-0919-2020 de fecha siete de febrero de dos mil veintidós, así: “CONSIDERANDO(13): Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador.[2] Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no deben concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de os hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad.” La corte de apelaciones manifiesta que la juez a quo dejó de aplicar normas y garantías perjudicando a la parte ejecutada, precisando que, aunque dicha parte ejecutada ejerció actos de defensa, la juez a quo incumplía sus propios pronunciamientos judiciales permitiendo la dilación del proceso por parte del ejecutante quien actuó con mala fe procesal…: ”… generándose un círculo vicioso que sólo perjudicaba económicamente al ejecutado, …” Agrega la corte de apelaciones que la intransigencia del banco como parte ejecutante, impidió a la parte ejecutada hacer el pago correspondiente de acuerdo con el título origen de la ejecución. Lo cual, para la corte de apelaciones, constituye una falta de protección judicial en igualdad de condiciones procesales. La corte de apelaciones refiere que la juez a quo no evitó las dilaciones procesales provocadas por la mala fe del ejecutante, y que por el contrario justificó dichas dilaciones dándole…: “… tratamiento procesal de dos oposiciones planteadas por el ejecutado, siendo atendible la primera sin establecer la condena en costas para el ejecutante, pero subsecuentemente no siendo atendible la segunda condenándosele en costas el ejecutado, situación esta, que es arbitraria, ya que el artículo 900.2 del Código procesal civil no refiere nada sobre la condena en costas cuando es procedente o no la oposición planteada por el ejecutado sobre el error en la cuantía que reclama por parte del ejecutante artículo 899.2 del Código procesal civil” El tribunal de alzada finaliza señalando que, ante una verdadera protección de igualdad frente a la ley, no se puede tener por válidos los actos generados de mala fe realizados por el ejecutante; y que por esa razón deben anularse estos actos reponiéndolos al estado en que se encontraban con anterioridad a la violación de derechos fundamentales. Dando esto como razón suficiente para otorgar el amparo que se solicita. CONSIDERANDO CINCO (5): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, este alto tribunal de justicia estima procedente reformar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria. Dicha reforma obedece a que, aun cuando este alto tribunal de justicia está de acuerdo con el decisum dictado, consistente en otorgar el amparo de mérito, estima conveniente reformar tres puntos sustanciales de la sentencia; la primera, con relación a la necesidad de aclarar algunas situaciones referentes a la admisión de la presente garantía; la segunda, referida a modificar algunas conductas que son necesarias para cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 63 de la Ley sobre justicia constitucional; y la tercera, referida a otras argumentaciones que complementan las ya relacionadas por la corte de apelaciones. Previo a entrar al análisis de cada uno de los puntos anteriores, este alto tribunal de justicia parte del hecho de que la decisión judicial que lo motivó, es la parte dispositiva del auto de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, el cual literalmente manda: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR LA OPOSICIÓN a la ejecución hipotecaria por error en la determinación de la cuantidad exigible, planteada por la abogada TATIANA SOLEDAD MOLINA MENJIVAR, quien actúa como apoderada legal del señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY. SEGUNDO: Se ordena la continuación de la ejecución hipotecaria, promovida con el señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY, por la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,300,000.00), más los intereses comisiones y gastos devengados a la fecha. TERCERO: Se ordena una vez notificadas las partes, se proceda a señalar audiencia de subasta sobre los bienes del señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY. CUARTO: Se condena en COSTAS a la parte vencida, por haberse desestimado sus pretensiones. Contra la presente no cabe recurso alguno. (art.900.3 del CPC) QUINTO: Se resuelve hasta esta fecha en virtud del exceso de trabajo y debido a que la juez conocedora del caso ha estado cubriendo varios juicios en el tribunal de sentencia. NOTIFÍQUESE” Tomando en cuenta esto, la Sala de lo Constitucional constata que los actos procesales que se encuentran acreditados en los antecedentes tenidos a la vista por este alto tribunal de justicia, son los siguientes: 1. La resolución dictada el veintidós de mayo de dos mil diecinueve por la juez a quo, dispone que la garantía hipotecaria que se constituyó a favor del Banco Atlántida y que recae sobre los bienes propiedad del señor Feryd Alberto Bascha Sahury, es únicamente por un millón trescientos mil lempiras, más los intereses comisiones y gastos devengados. 2. Las órdenes reiteradas por parte de la juez a quo, dirigidas al Banco Atlántida como parte ejecutante. Las cuales fueron expedidas para que la contadora general de dicha entidad proceda a extender la certificación de saldo tomando como base la cantidad de un millón trescientos mil lempiras a fin de continuar con la ejecución hipotecaria en contra del señor Bascha Sahury. 3. La disposición de la juez a quo en el sentido de que, el incumplimiento del Banco Atlántida a las órdenes judiciales, acarrea la imposición de multas coercitivas periódicas por un importe de un medio a tres salarios mínimos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 807.1 y 807.2 del Código procesal civil. 4. En fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve el juzgado de letras de primera instancia recibió de parte del banco Atlántida la certificación de saldos extendida en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y para los efectos que establece el artículo 166 de la Ley del sistema financiero. Dicho documento se denominó: certificación de estado de cuenta, y fue expedido por un contador general, el perito mercantil y contador público Densil Yovanny Lagos, según el cual establece que, el señor Mario José Cálix Hernández, adeuda al veintiuno de noviembre de 2019, la cantidad de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L 17,713,343.77), por el convenio de crédito suscrito en fecha treinta y uno de julio de 2014, desglosados así: a) Saldo de capital L. 10,023,982.14; b) saldo de intereses normales o pactados L. 5,820,976.88; c) saldo de intereses moratorios L. 1,868,384.75. Asimismo, señala que, dicha obligación es de plazo vencido en vista que el deudor no efectuó abonos de capital ni de intereses en las fechas convenidas. Por otra parte, que la deuda está garantizada con hipotecas constituidas, entre otros bienes inmuebles propiedad de Mario José Cálix Hernández, con dos lotes propiedad del señor Feryd Alberto Basha Sahury ubicados en la aldea El Hatillo de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán. Esta hipoteca se constituyó hasta por la cantidad de un millón trescientos mil lempiras más los intereses, comisiones y gastos. 5. La manifestación presentada por la parte ejecutada mediante la cual llama la atención de la juez a quo en el sentido de que el certificado de saldos presentado por la parte ejecutante y que contiene el detalle de intereses comisiones y gastos expuesto en dicho documento, en realidad no corresponde a la cantidad de un millón trescientos mil lempiras garantizada con los bienes hipotecados y que son propiedad del señor Bascha Sahury. Razón por la cual pide a la juez que libre nuevo oficio al Banco Atlántida para que proceda a emitir certificado de saldo por el valor de un millón trescientos mil lempiras para así proceder a pagar. 6. En virtud de dicha manifestación, la juez de letras señala que el certificado de saldos presentado por el banco Atlántida no detalla los intereses, comisiones y gastos en relación con la cantidad de un millón trescientos mil lempiras; por lo que, ordena que se libre nuevo oficio para que en el término de cinco días hábiles el gerente de dicho banco extienda certificación de saldos por dicha cantidad a cargo de los bienes propiedad del señor Feryd Alberto Bascha Sahury; asimismo, la juez nuevamente advierte que el incumplimiento a dicha orden judicial merecerá la imposición de multas coercitivas periódicas por un valor de un medio a tres salarios mínimos, tal como lo establecen los numerales 1 y 2 del artículo 807 del Código procesal civil. 7. La respuesta del banco Atlántida a la orden judicial señalada en el acápite anterior, se entregó mediante oficio fechado el veintitrés de enero de dos mil veinte. En el oficio refiere que la certificación de saldos que se solicita ya fue entregada, es decir, la misma que fue recibida por el juzgado de letras de primera instancia en fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Con dicha respuesta, se evidencia que el banco se resiste a la orden judicial e insiste en que los bienes inmuebles hipotecados, y que son propiedad del señor Bascha Sahury, respondan por los intereses y demás cargos del total del adeudo y no sólo por el millón trescientos mil lempiras, como se ordenó en la resolución dictada el veintidós de mayo de dos mil diecinueve. 8. La presentación de una nueva manifestación de la apoderada procesal de la parte ejecutada, insistiendo en que el certificado de saldos presentado por el banco Atlántida no detalla las comisiones, intereses y gastos en relación con la cantidad de un millón trescientos mil lempiras garantizada con los bienes hipotecados y que son propiedad del señor Bascha Sahury. Por otra parte, la denuncia reiterada de que el banco Atlántida insiste en acciones dilatorias e incumplimiento a la orden judicial, por lo que vuelve a pedir a la juez a quo que libre nuevo oficio al Banco Atlántida para que proceda a emitir el certificado de saldo correcto y que no hacerlo le sean impuestas las multas, tal como se le ha venido advirtiendo con anterioridad. 9. El hecho de que el juzgado declara sin lugar lo solicitado por la parte ejecutada, con el argumento de que no existen las manifestaciones en la legislación procesal civil; y, acto seguido, en contradicción a todo lo que ha venido señalando la juez a quo, establece que el banco ya ha remitido en dos ocasiones la certificación de saldos, y cambiando de parecer a lo actuado con anterioridad, decide que si la parte ejecutada considera que las certificaciones no contienen la información que requiere, proceda ante la Comisión nacional de banca y seguros (CNBS). Así mismo que no es procedente la imposición de la multa solicitada. 10. El acta de informe de la secretaría del juzgado fechado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, donde se hace constar el vencimiento del plazo de cinco días concedido al señor Bascha Sahury para que se pronuncie en relación con una tasación de costas. Asimismo, el auto de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno en el que la juez a quo decide estimar la tasación de costas personales y procesales en un millón ciento cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve lempiras con treinta y nueve centavos dieciséis mil diecisiete lempiras con treinta y ocho centavos. 11. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la juez a quo declara parcialmente con lugar el recurso de reposición interpuesto en contra del auto que manda a ejecución, y que ordena la celebración de la subasta para hacer efectivo la obligación de pago. La juez en ese sentido dispone lo siguiente: “Ordenar a banco Atlántida por una última vez que presente en el plazo de diez días hábiles a esta judicatura, la certificación de saldos en cuanto a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS ya que el señor Feryd Alberto Bascha Sahury, desea cancelar y liberar las propiedades que él ofreció como garantía, haciéndole la advertencia a dicha institución bancaria que de no hacerlo se procederá a imponer la multa de un medio a tres salarios mínimos. de igual manera, de no hacerlo se procederá a la suspensión de la subasta únicamente ante las propiedades del señor Feryd Alberto Bascha Sahury, hasta que la certificación de saldos sea emitida, por la cantidad ya estipulada.” 12. En fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la orden judicial anterior, el banco Atlántida entregó al juzgado de letras de primera instancia, la certificación de saldos extendida en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Dicho documento se denominó: certificación de estado de cuenta, y fue expedido por un contador general, el perito mercantil y contador público Densil Yovanny Lagos, según el cual establece que, el señor Mario José Cálix Hernández, adeuda al dieciocho de marzo de 2021, la cantidad de VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (L 20,792,879.08), por el convenio de crédito suscrito en fecha treinta y uno de julio de 2014. Por otra parte, se indica que la deuda está garantizada con hipotecas constituidas, entre otros bienes inmuebles propiedad de Mario José Cálix Hernández, con dos lotes propiedad del señor Feryd Alberto Basha Sahury ubicados en la aldea El Hatillo de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán. Esta hipoteca se constituyó hasta por la cantidad de un millón trescientos mil lempiras más los intereses, comisiones y gastos. Detalla además que conforme al importe de la obligación que garantizan los bienes inmuebles del señor Feryd Alberto Basha Sahury, al dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se adeuda la cantidad de un millón novecientos noventa y ocho mil dos cientos treinta y tres lempiras con ochenta y seis centavos (L. 1,998,233.86), conforme a la participación proporcional por la referida obligación, desglosados así: a) Saldo de capital L. 963,323.09; b) saldo de intereses normales o pactados L. 817,363.08; c) saldo de intereses moratorios L. 217,547.69. El contador explica que los cálculos anteriores resultan de aplicar en forma proporcional los pagos de capital y de intereses incluyendo los intereses moratorios y considerando que el monto por el cual el señor Bascha Sahury constituyó su hipoteca representa el 9.6102% del monto original de los créditos otorgados a Mario José Cálix Hernández. 13. En fecha quince de abril de dos mil veintiuno la apoderada procesal de la parte ejecutada presenta escrito de oposición a la cantidad de un millón novecientos noventa y ocho mil dos cientos treinta y tres lempiras con ochenta y seis centavos (L. 1,998,233.86), expuesta en la certificación de estado de cuenta presentada por el banco Atlántida. La razón que aduce quien se opone a dicha cantidad, es que, el saldo de intereses normales o pactados, así como el saldo de intereses moratorios fueron calculados con mala intención. Explica que para hacer el cálculo correctamente es necesario tomar en cuenta que desde que se interpuso la demanda de ejecución de hipoteca, la entidad bancaria, con mala intención, exigió al señor Bascha Sahury el pago total de la deuda del señor Cálix Hernández. Resalta que lo correcto debió ser, limitarse y exigirle el pago por el monto garantizado por la hipoteca. Por otro lado, manifiesta que desde que se dictó la sentencia declarando con lugar la oposición por error en la determinación de la cantidad exigible de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, el banco Atlántida debió certificar el estado de cuenta con el saldo correcto, sin tener que recurrir a pedírselo en varias ocasiones. Por ello, señala el apoderado procesal de la parte ejecutada, su patrocinado no es responsable del tiempo transcurrido para hacer llegar al juzgado la certificación de cuenta con el saldo correcto. Finalmente, hace saber al juzgado la cantidad debida realmente por su poderdante, presentando el documento denominado: “Certificación de cálculo de deuda”, elaborado y firmado por el contador público, colegiado número 9168-6 Rigoberto Andino Matamoros, quien señala haber procedido a petición del señor Feryd Alberto Bascha Sahury a fin de determinar saldos deudores a su cargo, como garante hipotecario del señor Mario José Cálix Hernández, según convenio firmado con Banco Atlántida por un monto de 13 millones 527 mil 317 lempiras en fecha 31 de julio de 2014. De dicha cantidad, el contador Andino Matamoros establece que los lotes dados en garantía por el señor Bascha Sahury es para cubrir la cantidad de un millón trescientos mil lempiras que del monto total corresponde un 9.6102 por ciento. Habiendo obtenido el porcentaje que corresponde cubrir con la hipoteca de los bienes del señor Bascha Sahury, el contador indica que dichos bienes inmuebles garantizan la cantidad de un millón ciento setenta y ocho mil catorce lempiras con sesenta y un centavos, cantidad esta última que certifica como la adeudada y que debe pagarse al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 14. En virtud de la oposición anterior, la juez a quo decide darle trámite a la oposición, ordenando además la suspensión de la audiencia de remate que había sido programada para el día jueves veinte de mayo de dos mil veintiuno. 15. La parte ejecutante rechaza la oposición de la parte ejecutada señalando únicamente que su poderdante, el Banco Atlántida cumplió con lo ordenado presentando el certificado de estado de cuenta y cita el artículo 166 de la Ley del sistema financiero, el cual señala que el certificado de mención expedido por el contador de una institución del sistema financiero hace fe en el juicio, salvo prueba en contrario y que los documentos de crédito junto con el estado de cuenta constituyen título ejecutivo. En relación con el documento presentado por la parte ejecutada señala que dicho documento determina un millón ciento setenta y ocho mil catorce lempiras con sesenta y un centavos, como saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, cantidad menor al valor de la hipoteca otorgada y menor al monto de la ejecución ordenada por el juzgado. 16. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia para dilucidar la procedencia de la oposición presentada por la parte ejecutada. En el desarrollo de la misma el apoderado procesal del señor Bascha Sahury propuso un arreglo conciliatorio mediante el cual ofrece la cantidad de un millón ciento setenta y ocho mil catorce lempiras con sesenta y un centavos, poniendo a la vista de la juez dos cheques de caja expedidos a favor del banco Atlántida, uno por ochocientos mil lempiras y otro por trescientos setenta y ocho mil catorce lempiras con sesenta y un centavos. Dicha cantidad fue rechazada por lo que la juez ordenó la continuación de la audiencia. 17. El dos de junio de dos mil veintiuno la juez a quo dispuso declarar sin lugar la oposición a la ejecución hipotecaria argumentando que la certificación de cálculo de deuda extendida por un contador público carece de valor probatorio luego de tomar en cuenta que dicho documento calcula a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, y la demanda de ejecución hipotecaria fue promovida en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho; por lo que, si la parte ejecutada pretendía el pago de dicha deuda, lo que debió hacer es consignar la cantidad dispuesta en la certificación descrita. Por otro lado, expresa la juez, considera que el banco Atlántida no ha actuado de manera desleal, ya que fue hasta el veintidós de mayo de dos mil diecinueve que quedó plenamente establecido que los bienes dados en garantía hipotecaria y que pertenecen al señor Bascha Sahury cubren los intereses que se relacionan con el monto de un millón trescientos mil lempiras. Asimismo, la juez señala que, el cálculo presentado por la parte ejecutada es ilógico debido a que la deuda o capital indicada es de un millón ciento setenta y ocho mil catorce lempiras con sesenta y un centavos, cantidad menor a la deuda principal no pagada que es de un millón trescientos mil lempiras. (Esta es la resolución que origina la interposición de la presente garantía constitucional de amparo). 18. El lunes siete de junio de dos mil veintiuno, se notificó a la apoderada procesal del señor Bascha Sahury, como parte ejecutada, de la resolución de fecha dos de junio de ese mismo año. 19. El apoderado procesal del señor Bascha Sahury como parte ejecutada, presenta escrito el diez de junio de dos mil veintiuno mediante el cual pide reposición de la resolución anterior dictada el dos de junio, además recusa a la juez y finalmente pide nulidad de actuaciones. La juez a quo, luego de evacuar de manera prioritaria lo referido a la recusación, dicta en fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, resolución mediante la cual decide lo siguiente: a) deniega la reposición; b) deniega la recusación; y c) deniega la nulidad de actuaciones, condenando en costas a la parte ejecutada. 20. El cinco de enero de dos mil veintidós se interpone la garantía constitucional de amparo en contra de la resolución dictada el dos de junio de dos mil veintiuno. Sobre la admisión de la presente garantía constitucional de amparo. En primer término, cabe señalar que el plazo para interponer la garantía de amparo se encuentra dispuesto en el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, el cual literalmente expresa: “Del plazo para promover la acción. La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle.” Sin embargo, se aclara que lo dispuesto en el artículo 48, no debe entenderse de forma que el plazo comienza a correr siempre a partir del acto impugnado contra el cual se pretende amparo, sino que ocurre en ocasiones que dicho plazo comienza a partir de que se recibe notificación de la resolución que agota la vía o el recurso interpuesto en contra del acto reclamado. Lo anterior se deriva de la obligatoriedad de agotar todas las acciones y recursos que la ley prevé para corregir el supuesto entuerto, esto como requisito de admisibilidad para la interposición de la garantía de amparo[3], de conformidad al principio de definitividad, reconocido y reiterado por la jurisprudencia de la Sala. En el caso sub iudice, ocurre que la resolución de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se deniega la oposición y se ordena la continuación de la ejecución hipotecaria no es una resolución que ponga fin al proceso en primera instancia[4] (ejecución), en virtud de lo cual, y conforme al artículo 694.1 del Código procesal civil es recurrible en reposición.[5] No obstante, con relación al recurso de apelación, el auto objeto de la garantía de amparo, o sea el dictado en fecha dos de junio de dos mil veintiuno no es susceptible de ser impugnado mediante dicho recurso, en virtud de lo dispuesto por el artículo 900.3 del Código procesal civil, o sea, porque dicha resolución no pone fin a la ejecución. De manera que, en el presente caso el plazo de dos meses que manda el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional comienza a partir de la notificación del auto que rechace el recurso de reposición interpuesto en contra del auto objeto de la garantía de amparo. Siendo así las cosas, el plazo de dos meses comenzaría a contarse al día siguiente de la notificación del auto de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, en virtud de que dicha resolución es la que agota los recursos previstos por la ley para impugnar lo contenido en el auto de fecha dos de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, con los actos procesales expuestos con anterioridad, queda evidenciado que la interposición de la garantía de amparo fue presentada de manera anticipada, o sea antes de que la juez a quo resolviera la reposición interpuesta en contra del acto impugnado. Es decir, la reposición interpuesta en contra de la resolución del dos de junio del año 2021, se resolvió el diecisiete de enero del año 2022, o sea doce días después de haberse interpuesto la garantía de amparo. Esto conlleva a plantearse la interrogante: ¿La garantía de amparo de mérito reúne los requisitos de admisibilidad que se deducen a partir de los artículos 46 numeral 4 y 48 de la Ley sobre justicia constitucional? De lo anterior, pueden deducirse dos posiciones, a la sazón: La primera de ellas, resuelta a tomar en forma literal lo contenido en el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, la cual, por ende, consiste en asumir como imposible la presentación del amparo antes de que comience el plazo, o sea antes de que se le notifique el acto impugnable; o, después de transcurrido el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente de habérsele notificado al supuesto afectado el acto impugnable o la resolución que pone fin la acción o el recurso necesario para cumplir con el principio de definitividad. La segunda posición, es aquella que permite el reconocimiento de situaciones excepcionales que permitan la presentación del amparo, sea antes de que comience el plazo señalado, o después de haber finalizado este. La Sala de lo Constitucional ya ha indicado antes en su jurisprudencia, situaciones excepcionales en las que se permite la interposición fuera del plazo dispuesto en el señalado artículo 48. En ese sentido, ha admitido los casos de fuerza mayor o caso fortuito, como eximente a la obligatoriedad de cumplir el plazo legalmente fijado y admitir la interposición del amparo una vez transcurrido o agotado el plazo de dos meses[6]. En casos como este, debe considerarse que, concurre una causa que impide o hace imposible la interposición oportuna de la garantía de amparo. En cuyo caso, quien alegue dicha situación deberá alegarlo y acreditarlo de forma convincente. Por otra parte, este alto tribunal de justicia ha admitido como excepción aquellas situaciones en las que no haya siquiera comenzado a correr el plazo de los dos meses. Dentro de estos casos cuentan, los que requieren la intervención expedita y emergente de la Sala para responder a la necesidad urgente de brindar protección judicial y evitar graves e irreparables daños a derechos fundamentales,[7] tal como pudiera ocurrir cuando se vean comprometidos derechos como salud, educación, vida, integridad personal, etc. Para lo cual debe hacerse el respectivo análisis caso por caso. Como puede deducirse entonces, la exigencia a fortiori o a ultranza y sin excepciones del artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, podría en ciertos supuestos de hecho, colocar en riesgo el cumplimiento estatal del deber de proteger los derechos fundamentales de los habitantes en Honduras. Evitar la aplicación restrictiva en detrimento de la necesaria efectividad en la tutela de derechos fundamentales, se sustenta en el artículo 2 de la ley que regula la jurisdicción constitucional, por cuanto dispone que, la aplicación e interpretación de sus normas deberá hacerse siempre cuidando asegurar una eficaz protección de los derechos humanos. Por otra parte, este deber de protección que tiene el Estado se relaciona con las obligaciones convencionales contraídas por Honduras en materia de derechos humanos, específicamente el artículo 1.1 con relación al 25 de la Convención americana sobre derechos humanos. No obstante, en el presente caso de autos, la interposición fuera del plazo previsto en el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, no se subsume en una situación de imposibilidad por causa ajena al garantista, como tampoco se subsume en un caso de urgente necesidad de proteger derechos funamentales. El presente caso es un tercer supuesto de hecho que debe ser analizado siempre en razón de lo que dispone el artículo 2 de la Ley sobre justicia constitucional, relacionado con los artículos 1.1, 25 y 29 de la Convención americana sobre derechos humanos. Para efectos de configurar el caso que se ha presentado y que se encuentra bajo análisis, este alto tribunal de justicia determina que, tal como consta en autos, el garantista interpuso la garantía constitucional de amparo en forma extemporánea, en virtud de que se interpuso anticipadamente, al no esperar la denegatoria del recurso de reposición, por cuanto no había comenzado a correr el plazo de dos meses previsto en el mencionado artículo 48 de la ley. Al entrar en el análisis del caso, la Sala de lo Constitucional observa que, se aprecia por parte del apoderado procesal de la parte ejecutada, su innegable actitud y denuedo de impugnar el acto reclamado (auto de fecha dos de junio de 2021); en ese sentido, se descarta estimar como consentido o aceptado dicho acto reclamado de conformidad a la presunción que dispone el numeral 3 del artículo 46 antes citado, como indicativo tácito de aceptación. En otras palabras, por el contrario, consta en forma expresa e inequívoca la pretensión de impugnar el acto que estima lesivo a sus derechos. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional se hace la interrogante que resulta más aceptable, en razón de interpretar y aplicar lo establecido en el artículo 2 de la Ley sobre justicia constitucional, en cuanto dispone que siempre se ha de cuidar el asegurar una eficaz protección de los derechos humanos. Pasaría que, si se comprueba ex post facto que, la juez a quo dictó finalmente su resolución denegando el recurso de reposición, esto no afectaría para nada la intención y la resolución de interponer la garantía de amparo, por lo que sería inaceptable que, este alto tribunal de justicia exija ante tal situación, la formalidad y rigorismo de aplicar in extremis la literalidad del numeral 4 del artículo 46 y 48 de la Ley sobre justicia constitucional.[8] El plazo de dos meses previsto en el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, tiene como propósito evitar que el tiempo para impugnar en amparo, quede abierto de manera indefinida, urgiendo al demandante de dicha garantía a presentar su acción dentro de un tiempo prudente. El hecho concreto de haber presentado la garantía de amparo, antes de conocer la decisión de rechazo a su propio recurso de reposición, no debería afectar, según opina este alto tribunal de justicia, en sí la razón (mencionada antes) que ha tenido el legislador para disponer del tiempo de dos meses. Denegar o sobreseer la garantía de amparo, atendiendo a la mera formalidad de no haber esperado la resolución de un recurso dirigido al mismo juez que dictó el auto impugnado para su enmienda, es de un rigor formal que resulta excesivo, y por ende atentatorio al derecho a la tutela judicial efectiva. En virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia determina que, el presente caso entre a ser examinado, con el fin de determinar si existe violación de los derechos citados por el amparista. Dicho de otra forma, de acuerdo con lo hasta aquí expresado, todo indica que en el presente asunto debe obviarse el sobreseimiento que habría correspondido en virtud de haberse interpuesto la garantía de amparo fuera del plazo de los dos meses, el cual no comenzó siquiera a correr en virtud de que no se había obtenido aún la resolución que pondría fin al recurso pendiente que activaría el cumplimiento al principio de definitividad. Sobre las conductas que son necesarias para cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 63 de la Ley sobre justicia constitucional. En cuanto a la obligación de determinar la conducta a cumplir, se toma en cuenta lo que al respecto manda el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, el cual literalmente expresa: “… la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: … La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución; y, …”De conformidad al precepto anteriormente transcrito, es obligación del órgano jurisdiccional que otorga la garantía constitucional de amparo, describir las acciones que debe seguir o que debe evitar la autoridad denunciada, según sea el caso, para no vulnerar derechos fundamentales. En el presente caso de autos, la Sala de lo Constitucional estima procedente que la honorable Corte de apelaciones de la sección judicial del departamento de Copán haya otorgado la garantía constitucional de mérito; sin embargo, estima que al momento de describir las medidas que debe adoptar la juez a quo, éste debe señalar que se retrotraigan las actuaciones hasta el auto de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, específicamente en lo referente a dos puntos: a) fijar la cuantía que procede ejecutar con relación a los intereses; y b) lo referente a la imposición de costas. En complemento a lo anterior, indicar de manera expresa que quedan firmes y causan ejecutoria las decisiones tomadas por la juez a quo en lo referente a la nulidad de actuaciones denegada y la recusación desestimada, ambas pretensiones interpuestas por el apoderado procesal del señor Bascha Sahury como parte ejecutada. Lo anterior con el propósito de restituir los derechos conculcados de conformidad a lo denunciado en la presente garantía constitucional, para lo cual, la juez a quo deberá tomar en consideración todas las previsiones que sean necesarias de conformidad con los argumentos que serán expuestos más adelante por la Sala de lo Constitucional en esta sentencia. Sobre otras argumentaciones que complementan las ya relacionadas por la corte de apelaciones. Entrando en materia, se atiende el hecho de que el garantista reclama la violación de los derechos de: defensa, debido proceso, igualdad, propiedad y el principio de legalidad. Motivo primero de amparo. En cuanto al derecho de defensa, el censor denuncia que la juez a quo no valoró la certificación de deuda aportada por su poderdante al proceso y sólo tomó como válido el estado contable del banco. El impetrante indica que, al comparar ambos documentos, se advierte que las cantidades obtenidas se calculan haciendo el corte al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Por lo que considera que, la juez ha obstruido la defensa de su poderdante al no darle valor a la prueba aportada por la parte ejecutada, violando con ello los artículos 1.2 y 11.2 del Código procesal civil con relación a la prohibición de actos que produzcan indefensión y el derecho que tienen las partes litigantes de aportar pruebas. Al respecto, la Sala de lo Constitucional parte de lo que establece el primer párrafo del artículo 166 de la Ley del sistema financiero (decreto legislativo número 129-2004, el cual expresamente señala: “Artículo 166. Títulos ejecutivos. El estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos.” De acuerdo con lo anterior, el certificado de estado de cuenta es prueba iuris tantum, por lo que para el juzgador que debe resolver, es de obligado cumplimiento y por lo tanto exigible a su cargo, que confronte la prueba que se oponga o cuestione el contenido de dicho certificado. Teniendo en cuenta lo anterior, este alto tribunal de justicia revisa lo expuesto por la corte de apelaciones en su sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, con relación a la valoración de la prueba presentada en sustento a la oposición. Al hacerlo, este alto tribunal de justicia verifica que, la corte de apelaciones, en su sentencia, describe el escrito de oposición presentado en contra del monto contenido en el certificado de saldos a cuenta, específicamente en relación con los intereses normales o pactados y los moratorios, los cuales fueron calculados erróneamente según opinión del amparista, por el contador general del Banco Atlántida.[9] Dicho tribunal señala que el reclamo de la parte ejecutada se basa puntualmente en que el error de cálculo es porque se toman en cuenta los veinte meses de retraso que son imputables al mismo ejecutante. Pero en el numeral quinto de la fundamentación jurídica de la sentencia que se conoce en esta consulta obligatoria, se constata que la honorable corte de apelaciones no brinda una contestación razonada al amparista. La corte de apelaciones plantea también lo referido por el amparista en relación con la condena al pago de costas. Pero al igual que en el caso anterior, la corte de apelaciones da una respuesta, pero sin dar muchas explicaciones al señalamiento que hace el amparista. La Sala entonces, observa que cuando la corte de apelaciones cuestiona la decisión de primera instancia, aunque no ahonda en dar explicaciones, si indica lo siguiente: a) estima que la condena a costas, carece de motivación; y, b) observa que la juez a quo no se pronuncia, o sea no motiva respecto de la responsabilidad de la parte ejecutante por no atender de manera pronta la orden judicial librada con el fin de certificar el monto del adeudo desde el cinco de agosto de dos mil diecinueve. En virtud de lo cual, corresponde que este alto tribunal de justicia complete la fundamentación de la honorable corte de apelaciones y se pronuncie en relación con los reproches que hizo el amparista sobre la falta de motivación por parte de la jueza a quo, en relación a la no valoración de la prueba documental presentada por la parte ejecutada y la imposición de costas. Efectivamente, este alto tribunal de justicia, verifica las razones que expuso la juez a quo para no darle validez probatoria al documento que sustenta la oposición, observando que dicha juzgadora justifica que no le da valor probatorio a la certificación que fue presentada por la parte ejecutada que contiene el cálculo practicado por contador público, en virtud de que dicho cálculo es a la fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, cuando la demanda de ejecución hipotecaria fue presentada en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, lo cual, sea dicho, no es una explicación entendible, completa y por tanto satisfactoria. Por otra parte, la juez a quo fue del parecer que, si la parte ejecutada quería hacer el pago de dicha deuda, debió consignarlo previo a la presentación de la demanda o una vez que se le requirió de pago. Volviendo entonces sobre lo anterior, resulta evidente que existe un vicio en la motivación de la sentencia de la juez a quo, en virtud de que la razón que aduce para rechazar la certificación presentada por la parte ejecutada para sustentar la oposición a la ejecución, no tiene a juicio de este alto tribunal de justicia, la suficiencia de argumentación necesaria para tenerla como satisfactoria. De hecho, no se entiende lo que quiso establecer la juzgadora con señalar escuetamente lo siguiente: “… este no se le da valor probatorio, en virtud que si se observa el mismo emite un cálculo a fecha 31 de diciembre del año 2017, cuando la demanda de ejecución hipotecaria promovida por banco Atlántida fue presentada en fecha 15 de febrero del año 2018; si lo que pretendía era el pago de dicha deuda, debió consignarlo previo a la presentación de la demanda, o una vez que se le requirió de pago…” De la anterior exposición, se puede establecer que la juez a quo desvirtúa la validez del cálculo realizado por el contador a petición de la parte ejecutada, únicamente porque no consignó la cantidad que consideraba adeudada a la fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Lo cual es un argumento que tiene como pretensión que la parte ejecutante evada la carga procesal que tiene de presentar la documentación que resulta imprescindible para hacer valer su pretensión de ejecución, por lo cual no es de recibo dicha argumentación de primera instancia. Al respecto, la Sala de lo Constitucional sin hacer valoración probatoria alguna, en virtud de que dicho ejercicio les corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales de instancia, observa que la argumentación de la juez a quo para descalificar la certificación de cálculo de deuda de la parte ejecutada, no tomó en cuenta que el contador público, autor del certificado cuestionado, lo elaboró bajo los mismos parámetros de tiempo, fijados por el contador general del banco Atlántida, quien calcula los saldos de deuda al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Por lo que, la juez a quo debió entonces confrontar ambos certificados de saldo de deuda, así como valorar las alegaciones de cada una de las partes expresadas durante la audiencia que se celebró para tal efecto; para con todos los elementos a disposición pronunciarse concretamente señalando quien de las dos partes tiene la razón en cuanto a la asignación de valores en relación con el capital, intereses normales e intereses moratorios. Sin que sea aceptable desde punto alguno, soslayar la valoración probatoria aduciendo que la parte ejecutada debió motu proprio consignar previamente a la demanda, la cantidad que consideraba adeudada. Por otra parte, este alto tribunal de justicia observa que, la juez a quo obvia totalmente referirse al alegato presentado por la parte ejecutada al momento de presentar oposición, alegato encaminado a establecer que su poderdante no debe pagar los intereses posteriores a la fecha en que el banco Atlántida en abierta desobediencia a las órdenes judiciales, dejó pasar el tiempo sin certificar los saldos de deuda; o sea, incumpliendo con dicha conducta el mandato judicial firme que ordenaba sujetar el cálculo de intereses al monto límite derivado de un millón trescientos mil lempiras. Consta en autos que, el alegato de la parte ejecutada incluye cuestionar el cálculo de intereses obtenido por el transcurso del tiempo, el cual es atribuible a la parte ejecutante que actuó dolosamente. El motivo entonces, se sustenta en que la juez a quo, no aborda en su resolución este tema, dejando sin respuesta este alegato de la parte ejecutada. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Constitucional constata que es cierto lo referido por el garantista en su primer motivo, en virtud de que la resolución cuestionada y dictada por la juez a quo carece de la exhaustividad necesaria, respondiendo una a una los distintos puntos de controversia, por lo que es violatoria del derecho de defensa en los términos apuntados. En virtud de lo cual, es de obligatorio cumplimiento que la juez a quo considere y valore los documentos que se contraponen y con el resultado del análisis, argumente de forma clara, precisa, racional y completa su decisión; asimismo, motive de igual manera lo que corresponde con relación a la imposición de costas y en relación con los intereses que se cuestionan por haber sido calculados en un periodo de tiempo transcurrido por culpa del mismo ejecutante. Para dicha motivación, la juez a quo deberá tomar en cuenta, lo que a continuación se expondrá, de acuerdo con los motivos de amparo segundo y tercero. Motivos segundo y tercero de amparo. El censor denuncia que la resolución de la juez a quo violenta el derecho al debido proceso, por vía de tutela judicial efectiva y del derecho a ser oído por juez competente con todas las garantías legales. Al desarrollar lo anterior, el censor reclama que, en el presente caso transcurrieron casi treinta meses de mora, desde que la juez ordenara al ejecutante banco Atlántida, que expidiera nueva y correcta certificación de saldo de deuda. El censor fundamenta la existencia de mora por parte del acreedor, al tenor de los artículos 695 y 696 del Código de comercio. El impetrante de amparo reclama que, como consecuencia de lo expuesto, el efecto jurídico resultante de dicha mora del ejecutante es que el Banco Atlántida debe pagar a su poderdante Feryd Bascha, resarcimiento de daños y perjuicios. De entrada, este alto tribunal aclara que lo concerniente al pago de daños y perjuicios, es un asunto totalmente ajeno al ámbito de decisión de la jurisdicción constitucional, por lo que se omite pronunciar criterio respecto a este tema. Retomando el otro asunto expuesto por el censor, o sea, lo concerniente a la conducta desobediente del banco Atlántida con respecto a la falta de presentación del certificado de saldo de deuda correcto, lo cual fue ordenado varias veces por la juez a quo, tal como consta en autos, es dable señalar los puntos siguientes. El censor reclama que la parte ejecutante, en lugar de dar pronto cumplimiento a las órdenes judiciales, evadió la emisión oportuna del estado contable exigido por la autoridad judicial, quien, además nunca hizo efectiva la advertencia de aplicarle la multa correspondiente. Para el demandante de amparo la actitud de lenidad de la juez que conoce del caso en primera instancia, es violatoria del debido proceso, citando en ese sentido la infracción a los artículos 3 y 8 del Código procesal civil, en cuanto a la obligación del director del proceso de lograr que el proceso sea expedito o sean sin dilaciones. En otras palabras, el censor desarrolla el concepto de la violación manifestando que el ejecutante tardó casi treinta meses para emitir un estado de cuenta, ante la permisividad del juez a quo, lo que causó el incremento del adeudo en el estado de cuenta de su poderdante. La Sala de lo Constitucional en relación con esto, estima que efectivamente la conducta de la parte ejecutante ha sido de continua desobediencia a lo mandado por la juez a quo, y que por ende, no corresponde que se aproveche de sus propios incumplimientos. La doctrina de los actos propios es un principio general del derecho aplicable al presente caso. Esta doctrina parte además del principio de buena fe, por el cual nadie puede exigir un derecho que nace o es fruto de su propia culpa o dolo; es decir, nadie puede aprovechar su propia mala conducta. En virtud de lo cual es de recibo el reclamo de la parte ejecutada en relación con el hecho de que la juez contabilice intereses en su contra, calculados conforme al tiempo transcurrido en virtud de la falta de diligencia de la parte ejecutante que los exige. También es de recibo el reproche del amparista que denuncia la lenidad con que ha actuado la juez a quo, quien ha conminado a la parte ejecutante que cumpla una obligación so pena de imponerle una sanción, obviando después dar cumplimiento a su propia advertencia. El incumplimiento de un mandato bajo advertencia de sanción, es vinculante para el órgano judicial que libró esa orden. Finalmente, sumado a lo anterior, deben tomarse en cuenta las disposiciones contenidas en el decreto ejecutivo número PCM-021-2020 del 16 de marzo del 2020 emitida por la Comisión Nacional de bancos y seguros (CNBS); asimismo de su circular CNBS No.026/2020, que contiene la resolución GES No. 278/25-06-2020 mediante la cual se decretó suspensión de pagos y variantes en cuanto a cálculos de interés y cargos a créditos. En otro orden de cosas, el censor señala que, de igual manera, no se ha observado el derecho al debido proceso, por vía de violación al principio de cosa juzgada. El censor explica que, el cinco de marzo de dos mil dieciocho se estableció como adeudo máximo a pagar por parte del señor Feryd Bascha, la cantidad de tres millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa lempiras con treinta y cinco centavos; no obstante, se dictó después el auto del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual la juez dispuso ejecutar en contra del señor Bascha un millón trescientos mil lempiras, más intereses comisiones y gastos devengados. Sobre este mismo punto, el censor reclama que la juez inobserva el hecho de que su poderdante no debe pagar un porcentaje superior al 9.610% para favorecer al banco, de manera que, el censor estima que el juez a quo viola sus mismas resoluciones. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional estima que ninguno de los autos citados por la parte ejecutada, y ahora demandante de amparo, impone autoridad de cosa juzgada, ni formal como tampoco material, esto en relación a las reglas que imponen los artículos 209 y 210 del Código procesal civil, razón por lo que este motivo no es de recibo. Cuarto motivo de amparo. El amparista reclama la violación del derecho a la igualdad contenida en el artículo 61 constitucional, en relación con el artículo 5 del Código procesal civil. Al desarrollar dicho motivo, el impetrante explica que la juez a quo, en el presente asunto, ha violado el derecho a la igualdad y no discriminación, evidenciando durante el proceso una diferencia de trato entre su cliente y el banco. En ese sentido denuncia lo siguiente: a. La juez a quo dejó de valorar el estado contable presentado por la parte ejecutada, pero si valoró el presentado por el banco, denotando una conducta distinta favoreciendo al banco. Si bien es cierto, existe una conducta por parte del juez que podría ser asumida como una desigualdad procesal, cabe mencionar que este asunto ya fue analizado desde el punto de vista de la violación al derecho de defensa. b. Sólo aplica costas cuando benefician al banco. Se estima que aún no se da el momento procesal para la condena en costas. Por otra parte, efectivamente, las costas es un asunto que debe ser respaldado con la argumentación que justifique la decisión. Si bien es cierto, en esta materia impera el principio del vencimiento, existen reglas que determinan los casos de subsunción dispuestas en la ley. Por lo que la argumentación es imprescindible para garantizar el derecho de defensa por vía de impugnación. En este sentido, el motivo de amparo bajo este señalamiento, deberá ser atendido oportunamente, por lo que es de recibo, pero para evitar una violación cuando se dé el momento de decidir la aplicación de costas; pero, no es una violación del derecho a la igualdad, sino que es una violación a una debida motivación. c. El auto de fecha 28 de enero del 2021 fue notificado con exclusividad al ejecutante, violentándose lo dispuesto en el Art. 136.1 del CPC. Este apartado no es de recibo, debido a que nada impide que la parte solicite ser notificado de todas las resoluciones, de manera que, aunque la secretaría del despacho haya descuidado su obligación de notificar a todas las partes, éste no es un obstáculo infranqueable. d. No se sancionó la falta de acatamiento de los distintos mandamientos dictados mediante los cuales se le ordenó al banco emitir el estado de cuenta. Este último asunto ya fue analizado anteriormente. Quinto motivo de amparo. El amparista reclama la violación al derecho a la propiedad privada, y justifica este motivo de amparo señalando que el presente caso conlleva la pérdida de las propiedades del señor Feryd Bascha, mediante el engrosamiento indebido de los intereses. La Sala de lo Constitucional estima que la denuncia de violación al derecho de propiedad no fue justificada adecuadamente por el impetrante, debido a que éste se limitó a señalar vagamente que, la parte ejecutante recibió prerrogativas procesales haciendo desaparecer la función tutelar del Estado, sin explicar de manera clara y detallada a que se refiere con ello. En virtud de lo anterior este motivo no es de recibo por incumplimiento a la carga procesal de debida motivación y acreditación de quien alega la violación constitucional. Motivos sexto y séptimo de amparo. Los motivos sexto y séptimo de amparo, consisten en el reclamo del impetrante sobre la violación del principio de legalidad y la violación del artículo 16 constitucional. La Sala de lo Constitucional aclara que la garantía constitucional de amparo es un medio de impugnación que tiene como propósito principal: garantizar, proteger y respetar todos los derechos fundamentales o derechos humanos contenidos en la Constitución de la república y los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte del derecho interno. En este sentido, resulta redundante referirse al contenido de los motivos relacionados luego de analizar la violación de cualquiera de los derechos fundamentales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Así mismo, en virtud de lo expuesto, la violación del principio de legalidad y la violación a la obligación de cumplir con los tratados internacionales que son parte del derecho internos, son de tipo general y consecuencia obligada de la violación de otros derechos, razón por la cual se califica de redundante su alegación. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No. 5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 2, 41, 46 No. 4, 48, 54, 68 y 69 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictada por la honorable Corte de apelaciones seccional del departamento de Copán, en consecuencia, este alto tribunal de justicia decide: 1. Mantener la decisión de dicho tribunal de alzada de OTORGAR la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado LEONEL DE JESÚS ÁVILA a favor del señor FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY, contra actuaciones del Juzgado de letras seccional del departamento de Lempira, con relación a la solicitud de ejecución directa sobre unos bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria promovida por BANCO ATLÁNTIDA S.A. contra los señores MARIO JOSÉ CÁLIX HERNÁNDEZ y FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY. 2. Complementar lo expresado por la honorable corte de apelaciones con los argumentos y fundamentos expuestos en esta sentencia. 3. Conforme a dichos argumentos y fundamentos se le ordena al Juzgado de letras departamental de Lempira que proceda restituir los derechos de debido proceso al señor Feryd Alberto Bascha Sahury en sus vertientes de tutela judicial efectiva y debida motivación, para lo cual deberá retrotraer las actuaciones hasta el auto de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, a efecto de: a) fijar la cuantía que procede ejecutar, valorando de manera exhaustiva, detallada y clara la prueba documental presentada por cada una de las partes, para lo cual deberá cumplir con el deber de debida motivación, exponiendo los argumentos que sustenten su decisión; b) con relación al cálculo de los intereses normales y moratorios, deberá considerar lo atinente a la doctrina de los actos propios; c) cumplir con su obligación en atinencia a las presuntas sanciones pecuniarias por incumplimiento de órdenes judiciales, siguiendo el procedimiento dispuesto para ello; d) pronunciarse sobre las costas cuando sea procesalmente oportuno, debiendo en dicho caso motivar debidamente su decisión. 4. Se mantienen firmes y causan ejecutoria las decisiones tomadas por la juez a quo en lo referente a denegar la nulidad de actuaciones y la recusación que fueron interpuestas por el apoderado procesal del señor Feryd Alberto Bascha Sahury como parte ejecutada. 5. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0384-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] El honorable tribunal fue integrado por los magistrados Yimy Daniel Chirinos Orellana (presidente), Gustavo Adolfo García Aldana y Franklin Edgardo Bueso. Sin designación de ponente.

[2] Rubio Llorente, Francisco "La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p. 20

[3] El artículo 49 de la Ley sobre justicia constitucional dispone requisitos de admisibilidad, entre los cuales para efectos de este estudio se resalta el previsto en el numeral 3, en cuanto a la obligación que tiene el amparista de indicar los recursos que ha interpuesto previamente para obtener una subsanación que le sea satisfactoria.

[4] El artículo 194 del Código procesal civil determina que las resoluciones definitivas son aquellas que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos.

[5] El artículo 743.2 del Código procesal civil dispone que la ejecución finaliza hasta que haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante

[6] Esto en virtud de la excepción a la regla general señalada en el numeral 3 del artículo 48 en la parte que dice: “… salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes:”

[7] En el caso de necesidad urgente, la Sala de lo Constitucional dictó la sentencia AA-0419-2018 del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual abordó un caso en el que era dable interponer de manera directa el amparo prescindiendo del agotamiento previo de acciones y recursos con el fin de cumplir con el principio de definitividad. He aquí lo que dispuso este tribunal de justicia: “Ese deber estatal de asegurar la protección de los derechos humanos de todas las personas, es un mandato que debe verse en función de la mayor eficacia y efectividad, por tanto, la obligación de agotar recursos y acciones, si bien es una regla general, debe aceptar excepciones bien calificadas, a la sazón, las siguientes: a) Cuando se encontrare en peligro inminente un derecho como la vida, la integridad personal o la salud. b) Cuando no se haya dispuesto en forma expresa, o sea, que no exista medio de impugnación o acción, para evitar la violación de un derecho humano o para restituir el que haya sido limitado o violado. c) Cuando el recurso o acción no sea idóneo o efectivo para evitar la violación por razones de hecho y de derecho. d) Cuando la vía administrativa o un medio de impugnación, sea una forma de retraso malicioso o una manera injustificada para la violación de un derecho. e) Cualquier otra, que signifique una indebida protección o incumplimiento a los deberes de respetar y garantizar los derechos humanos. […]”

[8] Si, por el contrario, prospera la reposición, el efecto será que siendo innecesaria la continuación de la garantía de amparo, ésta sea sobreseída de conformidad al numeral 6 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional.

[9] El censor en ese sentido, reclama que el error consiste en que no se debió incluir en el cómputo de dichos intereses lo correspondiente hasta la fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, sino que se hiciera hasta el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, fecha en que se declaró con lugar la oposición planteada por el ejecutado y se corrigió el error de cuantía inicialmente reclamada; asimismo que, que el cálculo de los veinte meses siguientes a esa última fecha son fruto del retraso de actos imputables al mismo ejecutante.