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Sentencia AC-375-22 — Registro 15904

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que conoció del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida con relación a la demanda de divorcio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que la alegación en que la impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo, ésta Sala aprecia, que la Alzada aplicó correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad  corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre del año dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada REYNA ISABEL ORDOÑEZ LOZANO, a favor de DEYSI FRODICIA LÓPEZ TÁVORA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintiuno, que conoció de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta 830) de agosto del año dos mil veintiuno, con relación a la demanda de divorcio promovida por JOEL SUAZO DIAZ, contra DEYSI FRODICIA LÓPEZ TÁVORA. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente estima que su representada ha sido discriminada por la Alzada al emitir una resolución que, a criterio de la impetrante es incongruente con las pretensiones de su mandante, al tener como falsos los agravios de esta, motivo por el que presenta la presente acción al encontrarse disconforme con lo resuelto en el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia también que la recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho de defensa y la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO: Que la Alzada, mediante el acto reclamado le indica a la recurrente que los errores y vicios de los que indica adolece la sentencia del A-quo son inexistentes, en virtud de que los agravios que ha expuesto, son referentes a las pretensiones enunciadas en la demanda de divorcio como en la demanda reconvenida, mismas que no fueron conocidas jurídicamente como tal, toda vez que las partes se sometieron a una acción no contenciosa como lo es el divorcio por mutuo consentimiento, con el cual las partes expresaron sus propios términos mediante un convenio regulador, motivo este por el que el Ad-quem procedió a confirmar la sentencia apelada, agregando además dicho órgano jurisdiccional censurado, que en lo referente a la liquidación del patrimonio familiar, la recurrente tiene disponible acciones ante los Juzgados de Familia de así estimarlo, apreciando esta Sala que dicho pronunciamiento es acorde a lo dispuesto en la ley motivo por el cual no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado y por tal, no se aprecia motivos para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que según de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, el Tribunal de Segunda Instancia no logró concretizar la existencia real de la afectación a la recurrente, circunstancia que también se percibe del acto reclamado en amparo, toda vez que sus alegatos se circunscriben a aspectos que debieron debatirse durante el desarrollo del juicio y no como sucede en el caso de mérito como ha sido ya expuesto; asimismo, se aprecia, que la Alzada le ha indicado a la recurrente que tiene la oportunidad de ejercitar las acciones que estime conveniente para que se conozca su pretensión en cuanto a la liquidación del régimen económico, por lo que no se puede alegar una violación al debido proceso por el hecho de no obtener una respuesta acorde a sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados el recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la víctima, y no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, no obstante, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que la alegación en que la impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo, ésta Sala aprecia, que la Alzada aplicó correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada REYNA ISABEL ORDOÑEZ LOZANO, a favor de DEYSI FRODICIA LÓPEZ TÁVORA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintiuno; por apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la Resolución de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0375-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.