Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-356-22 — Registro 15009

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso con relación a la demanda ordinaria de pago por concepto de honorarios por nombramiento como interventor con cargo a caja. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho Constitucional contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones continúa manifestando que los actos de comunicación efectuados por el receptor de la central de citaciones y/o emplazamientos, independientemente de que no sea el domicilio habitual ni legal del demandado, no menos cierto es que, estos actos de comunicación surtieron efectos al haberse personado la quejosa al tribunal de instancia peticionando un incidente de nulidad de actuaciones y ya la normativa procesal civil indica que las personas jurídicas pueden ser demandadas en el lugar de su domicilio, en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiere el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la sociedad. Por lo tanto, no se evidencia que exista indefensión alguna o quebrantamiento de principios y derechos constitucionales, constando del estudio de las diligencias que las infracciones constitucionales alegadas por la recurrente no han sido conculcadas, resultando evidente que este es un asunto de mera legalidad, que no pertenece a la jurisdicción constitucional, por ende, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés se encuentra apegada a derecho, ya que ha quedado evidenciado que el acto de comunicación efectuado por el receptor de la central de citaciones y/o emplazamientos en el que tiene por citado y emplazado subsidiariamente al señor José René Rodríguez Corea, ha sido realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 numeral 1 del Código Procesal Civil, en consecuencia, se ha respetado en todo momento la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y el debido proceso de la impetrante. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), que sobreseyó el recurso interpuesto por la Abogada SAIDRA YADIRA ROMERO CANALES a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda ordinaria de pago por concepto de honorarios por nombramiento como interventor con cargo a caja promovida por el señor JEHOVANY PAZ SABILLON, contra la Sociedad Mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho Constitucional contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada SAIDRA YADIRA ROMERO CANALES interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., contra el auto de Incidente de Nulidad emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–17 de la Pieza del Ad-Quem). 2) Que en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), la citada Corte Falló: (SIC) “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAIDRA YADIRA ROMERO CANALES, a favor de la entidad Mercantil denominada BANCO DE LOS TRABAJADORES SOCIEDAD ANONIMA, contra el auto de fecha Veintidós de Noviembre del Dos Mil Veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes. NOTIFIQUESE” (Folios 51-52 de la Pieza del Ad-Quem). 3) Que en fecha veintitrés (23) de febrero del dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha diecisiete de febrero del año dos mi veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó la acción de amparo interpuesta contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda ordinaria de pago por concepto de honorarios por nombramiento como interventor con cargo a caja promovida por el señor JEHOVANY PAZ SABILLON contra la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. CONSIDERANDO (4): Que la impetrante expuso en su acción de amparo que la resolución contra la cual se reclama la constituye el auto para resolver el incidente de nulidad planteado por la abogada Saidra Yadira Romero Canales en representación de Banco de los Trabajadores S.A. emitida por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; quebrantando la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso por considerar que dicho auto declaró desestimar el incidente de nulidad de actuaciones contra la resolución de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, causando indefensión a Banco de los Trabajadores S.A. como persona jurídica, ya que la dirección exacta de la oficina principal del banco, es la ciudad de Comayagüela, M.D.C., Barrio Concepción, 2 avenida, calle real entre 4 y 5 calle; que domicilio del Gerente General, el señor Jose Rene Rodríguez Corea es el la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., siendo el la única persona autorizada, después de la presidenta de la Junta Directiva que ostenta la representación judicial y extrajudicial de dicho banco, no teniendo representante legal autorizado para actuar en nombre de Banco de los Trabajadores en las diferentes sucursales y agencias a nivel nacional; quebrantando normas esenciales del procedimiento, produciendo una efectiva y evidente indefensión de los derechos constitucionales fundamentales que le asisten legalmente al banco referido como persona jurídica, ya que por medio de la central de citaciones y/o emplazamientos, notificaciones, requerimientos y otras diligencias judiciales, se emplazó personalmente al señor Jose René Rodríguez Corea, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil Banco de los Trabajadores S.A. para contestar la demanda en contra de su representada dentro del plazo de 30 días hábiles; no siendo posible realizar dicha diligencia judicial de requerimiento, ya que la persona no se encontraba. CONSIDERANDO (5): Continua manifestando la recurrente que en base al libelo de manifestación presentado por la parte demandante, el Juzgado de Letras Civil resolvió admitir el escrito y autoriza se realice el emplazamiento al demandado mediante comunicación subsidiaria, procediendo el receptor de la central de citaciones y/o emplazamientos a emplazar al señor Jose René Rodríguez Corea en su condición de representante legal de la sociedad mercantil Banco de los Trabajadores S.A. a través del señor Denis Flores del departamento de atención al cliente de la agencia de San Pedro Sula, para que contestara la demanda promovida contra su representada dentro del plazo de 30 días hábiles bajo la advertencia de que si no contesta la demanda en el término indicado, se le seguirá el juicio en rebeldía. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem deja establecido en la resolución que hoy se conoce en consulta, que en el caso de autos el problema jurídico por el cual se interpuso el recurso de amparo radica en que el juicio a que se refiere la recurrente trata de una demanda ordinaria de pago por concepto de honorarios por nombramiento como interventor con cargo a caja promovida por la vía de procedimiento declarativo en contra de la sociedad mercantil Banco de los Trabajadores S.A., admitida a trámite mediante auto de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, donde se ordena el emplazamiento al señor Jose René Rodríguez Corea en su condición de representante legal de dicha entidad demandada, para que conteste la demanda dentro de 30 días. Que en fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el receptor de la central de citaciones y/o emplazamientos, se constituyó a las instalaciones del Banco de los Trabajadores de San Pedro Sula, con la finalidad de dar cumplimiento con lo ordenado en el auto de admisión, no siendo posible efectuar dicho emplazamiento. Que la parte actora presenta manifestación, la cual resuelve el juez ordenando la realización del emplazamiento al demandado mediante comunicación subsidiaria, la cual se llevó a cabo en fecha uno de junio de dos mil veintiuno a través del receptor Carlos Ramos, en la cual se emplaza al señor Jose René Rodríguez Corea a través del señor Denia Flores del departamento de atención al cliente de dicha dependencia en esa ciudad, por no esta conforme, la amparista interpone incidente de nulidad de actuaciones, en donde el juez resuelve desestimar el mismo. CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones continúa manifestando que los actos de comunicación efectuados por el receptor de la central de citaciones y/o emplazamientos, independientemente de que no sea el domicilio habitual ni legal del demandado, no menos cierto es que, estos actos de comunicación surtieron efectos al haberse personado la quejosa al tribunal de instancia peticionando un incidente de nulidad de actuaciones y ya la normativa procesal civil indica que las personas jurídicas pueden ser demandadas en el lugar de su domicilio, en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiere el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la sociedad. Por lo tanto, no se evidencia que exista indefensión alguna o quebrantamiento de principios y derechos constitucionales, constando del estudio de las diligencias que las infracciones constitucionales alegadas por la recurrente no han sido conculcadas, resultando evidente que este es un asunto de mera legalidad, que no pertenece a la jurisdicción constitucional, por ende, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés se encuentra apegada a derecho, ya que ha quedado evidenciado que el acto de comunicación efectuado por el receptor de la central de citaciones y/o emplazamientos en el que tiene por citado y emplazado subsidiariamente al señor José René Rodríguez Corea, ha sido realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 numeral 1 del Código Procesal Civil, en consecuencia, se ha respetado en todo momento la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y el debido proceso de la impetrante. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que la resolución que hoy se recurre en amparo fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a lo dispuesto en la norma de procedimiento civil, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, se aprecia que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 795, 797, 839, 841, 842 y demás aplicables del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PERO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobresee el recurso de amparo interpuesto por la abogada SAIDRA YADIRA ROMERO CANALES a favor de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0356-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.