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Sentencia AC-354-21 — Registro 15672

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación contra la del a-quo, con relación a la demanda de dominio y demás derechos reales sobre un lote de terreno, interpuesto por el Consejo Directivo de la Tribu El Palmar, Morazán, Yoro, en contra de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY. en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, en definitiva, vista la resolución colegiada dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se aprecia la concurrencia de motivación precisa y suficiente, fundamentada en derecho vigente y congruente por la Jurisdicción, a efecto denegar el recurso ordinario de apelación y confirmar el fallo de instancia que declara sin lugar la Demanda de Prescripción Adquisitiva al Dominio y demás Derechos Reales promovida por la representación legal de la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR en contra de la FEDERACIÓN DE TRIBUS XICAQUES DE YORO (FETRIXY), representada por su actual presidente, el señor NOÉ ADALBERTO RODRÍGUEZ. Por lo anteriormente expuesto, se desprende la improcedencia de otorgar la presente acción de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de junio del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto vía correo electrónico por los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán, Lester José Castro Ramirez y Koritza Mabel Amaya Ortez, a favor de la Comunidad Indígena Tolupán de la Tribu, El Palmar, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, con relación a la demanda de dominio y demás derechos reales sobre un lote de terreno, interpuesto por el señor Oscar Rolando Martínez Flores, actuando en su condición de Presidente del Consejo Directivo de la Tribu El Palmar, Morazán, Yoro, en contra de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), representada por su actual presidente, el señor Noé Adalberto Rodriguez. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de la comunidad indígena por ellos representada; los derechos consagrados en los artículos 68, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República; así como el artículo 14.1 del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece de enero de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, el señor Oscar Rolando Martínez Flores, presentado demanda de dominio y demás derechos reales sobre un lote de terreno, en contra de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), representada por su actual presidente, el señor Noé Adalberto Rodriguez. (Folios 1-8 vuelto de la pieza del A-quo) 2) En fecha seis de junio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la presente demanda para la prescripción adquisitiva de un fracción de terreno de un bien inmueble predio rural ubicado en el sitio de CHILILENGA, jurisdicción de Morazán, Yoro, por estar en posesión pacifica, publica e ininterrumpida, desmembrado de otro de mayor proporción, el cual consta de DOSCIENTAS MANZANAS más o menos (titulo) de extensión superficial, el cual tiene las colindancias siguientes: AL NORTE: con terreno El Palmar, perteneciente a la tribu indígena del mismo nombre y terrenos Los Hornillos; AL SUR: Con el resto de la propiedad del señor Melitón Castellanos Hernández, carretera pavimentada de por medio; AL ESTE: Con propiedad del señor Romero ante, hoy de la sucesión de Manuel García; AL OESTE: con terrenos La Cruz y El Roble, teniendo por su lado como ojones los de: Loma del Platanar al empalme de la carretera pavimentada, el cual se encuentra inscrito bajo asiento veintiséis (26) del tomo ciento sesenta y tres (163) del Instituto de la Propiedad de esta sección registral, por la vía del proceso abreviado; promovida por el señor Oscar Rolando Martínez Flores, actuando en su condición Presidente del Consejo Directivo de la Tribu El Palmar del municipio de Morazán Yoro, representado judicialmente por el Abogado Carlos Adonay Reyes, contra la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXI), a través de su actual Presidente Noé Adalberto Rodriguez, representado por el Abogado Santiago Flores Rosales en su condición de parte demandada. - SIN COSTAS. - MANDA: Que una vez notificadas las partes si dentro del término de diez días a partir del siguiente día de su notificación no se interpone recurso alguno en su contra, quede firme el presente fallo. – NOTIFÍQUESE….” (Folios 112-117 de la pieza del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Carlos Adonay Reyes Torres, en su condición de Apoderado Judicial de la Tribu Indígena Tolupán El Palmar, contra sentencia referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por unanimidad de votos falló: “…1): DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado: CARLOS ADONAY REYES TORRES, contra la Sentencia Definitiva de fecha Seis de Junio del año Dos mil Dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ciudad de El Progreso, Yoro. En la Demanda por la vía del Proceso Declarativo Abreviado de Prescripción Adquisitiva del Dominio y demás derechos reales, promovida por el señor OSCAR ROLANDO MARTINEZ FLORES, en su condición de presidente del Consejo Directivo de la Tribu El Palmar, contra la FEDERACION DE TRIBUS XICAQUES DE YORO, más conocida como FETRIXY a través de su actual presidente NOE ADALBERTO RODRIGUEZ. 2) CONFIRMAR, el Fallo Definitivo de fecha de fecha Seis de Junio del año Dos mil Dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ciudad de El Progreso, Yoro, venido en apelación.- 3) SIN COSTAS.-Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al Juzgado de su procedencia, para los efectos de su debido cumplimiento.-Ponencia del Abogado Clemente Jesús Gámez.- NOTIFÍQUESE...” (Folios 23-26 vuelto de la pieza del Ad-quem) 4) En fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, vía correo electrónico dirigido a este Tribunal, los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán, Lester José Castro Ramirez y Koritza Mabel Amaya Ortez, interpusieron recurso de amparo a favor de la Comunidad Indígena Tolupán de la Tribu, El Palmar contra la sentencia resolución referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-Quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 68, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República; así como el artículo 14.1 del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 5) En fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en cuanto a la solicitud de suspensión de acto reclamado se le ordena al peticionario estarse a lo dispuesto por este Tribunal en el auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (f-17), recaído en el recurso de mérito, en consecuencia, se ordena a la Secretaría de este Tribunal, poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 39 del recurso) 6) Que en fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, desprendiéndose del análisis jurídico lo siguiente: “…Revisado el antecedente de mérito, no visualizamos quebrantamiento de las garantías constitucionales invocadas por los censores, esto en virtud que el Tribunal de Alzada, revisó y desplegó las probanzas presentadas por ambas partes procesales en la audiencia de Proceso Abreviado, determinando que lo resuelto por el A-quo, se apega a una debida valoración de los medios probatorios, en ese sentido con el instrumento de Dominio número 42 de fecha 3 de junio del 1987, se determina que la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), es la propietaria del bien inmueble, que ahora reclama en prescripción adquisitiva la Tribu el Palmar (Folio 10 al 14), asimismo con lo declarado por el señor Valeriano Cáceres de la tribu de Anicillos, Locomapa, Olanchito, Yoro, (Folio 97), se determinó la forma de como adquirió el predio la Federación, manifestando que dichas tierras se encontraban invadidas por campesinos, por lo que pidieron apoyo a la federación, y optó por comprar la tierra; así como el testimonio del señor Santiago Martínez (Folio 99), quien en ese momento del conflicto fungía como Presidente de la Federación, y que la compra del predio, constituye un derecho colectivo de todas las tribus, razón por la que la tribu el Palmar ha venido haciendo uso de la tierra, circunstancia determinada con el Acta de Reconocimiento Judicial (F.108 al 111), bajo ese esquema la Ley de Propiedad en el CAPITULO III DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, en el artículo 100 establece Se declara y reconoce que el régimen comunal de las tierras que tradicionalmente poseen estos pueblos conlleva la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de la misma...; Conforme lo anterior, la petición presentada no resulta procedente, al señalar dicha norma que no media prescripción referente a tierras que poseen los pueblos indígenas, siendo el caso que nos ocupa, en ese sentido lo resuelto en ambas instancias se encuentra conforme a derecho. En virtud de lo anterior, no se evidencia limitación a una Tutela Judicial efectiva, al quedar evidenciado que los ahora amparistas han presentado sus petitorios en las instancias que la ley permite, resueltos conforme a la norma subjetiva y bajo un proceso justo, en consonancia a ello han instado el proceso y agotado los recursos que la norma procesal les asiste, razón por la cual no se evidencia limitación al Derecho de Defensa, asimismo se patentiza que la resolución impugnada, no atenta de ninguna manera al derecho de Asociación le asiste a la Tribu el Palmar (TEP), pues el caso que se ventila en esta vía judicial, atiende a que se otorgue el derecho de dominio de un bien inmueble por prescripción, es decir, se trata de situaciones jurídicas diferentes, no se está coartando su derecho de promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, o de cualquier otro orden que les asista. De lo antes mencionado consideramos que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, no transgrede las garantías invocadas por los amparistas, en atención a las probanzas allegadas al proceso. VII. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones Constitucionales alegadas por los impetrantes.” (Folios 42-45 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen. CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce de la Acción de Amparo interpuesta por los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán, Lester José Castro Ramirez y Koritza Mabel Amaya Ortez, a favor de la Comunidad Indígena Tolupán de la Tribu, El Palmar, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, que obra descrita en el Antecedente 3) de la presente sentencia; radicando la pretensión del demandante en que se declare con lugar la Demanda de Prescripción Adquisitiva al Dominio de una fracción de terreno de un bien inmueble rural y demás Derechos Reales, promovida por la representación legal de la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR en contra de la FEDERACIÓN DE TRIBUS XICAQUES DE YORO (FETRIXY), representada por su actual presidente, el señor NOÉ ADALBERTO RODRÍGUEZ; pretensión que fue desestimada con base a diversas consideraciones jurídicas, por parte de esa Alzada, entre las cuales, destacan las siguientes: a) Que de los mismos hechos de la demanda y de la prueba aportada en juicio quedó acreditado que ambas partes confrontadas en el caso bajo juzgamiento son pueblos indígenas. Por otra parte, que el bien inmueble objeto de litigio, es propiedad de la FEDERACIÓN DE TRIBUS XICAQUES DE YORO, conocida como FETRIXY, la que lo obtuvo mediante compraventa en el instrumento público número 42, autorizado por el Notario LAUREANO CARBAJAL RIVAS, en fecha 03 de junio del año 1987 e inscrito bajo el asiento número 26 del tomo 163 del Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de El Progreso, Yoro. Valorando jurídicamente la Alzada, que la pertenencia de esta tierra no se centra en el individuo, sino en el respeto a la tradición comunitaria sobre la propiedad colectiva de la tierra; tomando en especial consideración que, para las comunidades indígenas, la relación con la tierra sobrepasa la cuestión de posesión y producción, convirtiéndose en un elemento material y espiritual, digno de preservarse, en tanto legado cultural a transmitirse a las generaciones futuras. Y fundamenta jurídicamente tal valoración del contexto situacional del caso, en lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que protege la estrecha vinculación que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, la protección del derecho a la propiedad, uso y goce para garantizar su supervivencia colectiva y cosmovisión; mínimum vital que se relaciona a lo establecido en las Normas del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y, particularmente, a lo preceptuado en los artículos 13 y 14, que transcribe literalmente; Instrumento Internacional del que el Estado de Honduras es signatario, con primacía sobre las demás leyes secundarias del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (4): Que, entre los contenidos motivacionales de la sentencia de apelaciones conocida en amparo, se destaca en lo conducente lo argumentado en: b) los Capítulos Tercero y Cuarto: “En nuestra legislación, tanto en la Constitución de la República, Ley de Propiedad, Ley de Municipalidades, Leyes y Reglamentos Agrarios, podemos encontrar la clasificación de los diferentes tipos de tierras que existen en Honduras, las cuales son: Tierras nacionales, tierras ejidales rurales, tierras rurales de las Instituciones del Estado, tierras de propiedad privada, tierras forestales, tierras urbanas y tierras agrarias. Dentro de las tierras agrarias, encontramos como beneficiarios o adjudicatarios de la Reforma Agraria, las tierras de los grupos étnicos, las cuales son comunales. Los derechos de propiedad sobre las tierras de pueblos indígenas y afrohondureños, se titulan a su favor en forma colectiva y a nombre de la comunidad, es decir, nadie las posee a título individual. Los miembros de las comunidades tienen derecho de tenencia de usufructo de acuerdo a las formas tradicionales de tenencia de la propiedad comunal. (…) Así las cosas, en el Sub Litis, de acuerdo con el art. 100 de la Ley de Propiedad, las tierras comunales de grupos étnicos son INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES E INEMBARGABLES, por lo tanto, no son susceptibles de prescripción; en el caso de marras, la parte actora, con la presente acción incoada, pretende reclamar un derecho que ya tiene como miembro fundador de la FETRIXY, consecuentemente, no puede pedir que prescriba su propio derecho, (…) Por lo que debe de entenderse que dicho terreno es un patrimonio colectivo de todos los miembros de la citada Federación”. CONSIDERANDO (5): Que, en formalización de la garantía de amparo, expresó la representación garantista, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ha vulnerado los derechos constitucionales y convencionales al debido proceso, en su componente de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad comunal indígena y el derecho de asociación; denegando el derecho a la propiedad comunal a la Tribu Indígena Tolupán El Palmar, lo cual exige tutela por encontrarse en estado de actual o inminente vulneración, ya que el fallo del Tribunal Ad Quem permitiría a la FETRIXY que se apropie indebidamente del lote de terreno objeto del proceso, causando una problemática entre estas estructuras de organización indígena y dejando en estado de vulneración a la Tribu Indígena Tolupán El Palmar (TEP); quien desde el año de 1981 ha vivido en la propiedad comunal señalada, lo cual reviste carácter histórico ancestral. No obsta a lo anterior, que el predio objeto del litigio fue habido a través de compraventa realizada por la FETRIXY, quedando pactado en aquel momento que sería la TEP quien haría uso y goce de todos los derechos sobre el predio fracción de la propiedad conocida como Chililenga, Morazán, departamento de Yoro; ubicada al lado izquierdo de la carretera principal que conduce desde el Municipio de Santa Rita, al Municipio de Yoro; tal y como ha venido realizando hasta la actualidad, en forma pacífica, pública e ininterrumpida. CONSIDERANDO (6): Que, se continúa expresando en formalización de la presente garantía de amparo, que la Tribu Indígena Tolupán El Palmar (TEP), no dejó nunca de ser poseedora con ánimo de dueño de los predios, no obstante que la compraventa del inmueble se diera a través de la personería jurídica de la FETRIXY; la cual se ha convertido en la principal promotora del saqueo y despojo de las tierras de las tribus tolupanas, otorgando planes de manejo para la explotación de sus bosques y minerales, y permitiendo titulación de tierras tribales a terceros; aunado a la violación de los derechos de consulta, consentimiento previo y derecho de propiedad comunal indígena, generando inestabilidad y rompimiento del tejido social en la mayoría de las tribus indígenas; lo cual legitima la búsqueda por reivindicar el título de propiedad ancestral, a través del presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que, siempre en formalización de la garantía de amparo, sostienen los Abogados garantistas que el fallo judicial de Alzada causa perjuicio a la Tribu Indígena Tolupán El Palmar (TEP), al adolecer, en su contenido, de causales de nulidad consistentes con la violación de normas esenciales del proceso y del principio de congruencia, mismas que colocaron en estado de indefensión a su representada; lo cual fue objeto de incidente de nulidad absoluta de actuaciones ante la Alzada, quien declaró sin lugar la acción planteada. Considera, asimismo, que las actuaciones de la Corte de Apelaciones que son conocidas en sede de amparo, resultan lesivas al bloque de convencionalidad, por los siguientes conceptos: a) Derecho al debido proceso, en su faceta del deber convencionalmente establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a obtener una resolución motivada, producto de una justificación razonada que permite llegar a una conclusión en el marco de una correcta Administración de Justicia. Apostilla a este respecto, que no cabe valoración de prueba que vulnere derechos fundamentales, en desconocimiento del derecho ancestral de la TEP a sus territorios; lo cual afecta otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígena y sus miembros; b) Derecho a la defensa, contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República y derecho imprescindible sobre el que se erige el debido proceso. Este derecho ha sido conculcado por la Corte de Apelaciones al delimitar únicamente a la FETRIXY como institución indígena con derecho a la propiedad comunal de los predios objeto de litigio; en agravio a su representada, al impedírsele realizar actos de autodeterminación al interior de la Tribu e infringiendo el Código Procesal Civil que; en su artículo 1, numeral 3), prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural, o de cualquier otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. c) Derecho de Libre Asociación, contenido en el artículo 78 de la Constitución de la República, que establece el derecho a la libre asociación, con relación a lo preceptuado en el artículo 16.1 de la Convención Americana (Sic.), el cual no sólo presupone la libertad en su dimensión negativa; sino que requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción; concediendo, en el presente caso, los mismos derechos que se conceden a la FETRIXY a la TEP; mientras que, la resolución impugnada en amparo, desconoce y niega el derecho de asociación que tiene esta última a decidir sobre sus propios bienes, su administración y tradición de los mismos; bajo el argumento que la demanda es sobre un derecho que ya le fue otorgado, por ser la TEP miembro fundador de la FETRIXY; no pudiendo pedir que prescriba su propio derecho. Sostiene la representación garantista que la TEP, si bien fue miembro fundador de la FETRIXY, ahora mismo ya no figura como miembro de ésta, decidiendo autodirigirse de manera autónoma. CONSIDERANDO (8): Que, también consideran los garantistas, la resolución impugnada ha infringido: d) El Derecho de propiedad comunal indígena, garantizado en el artículo 103 de la Constitución de la República, en concordancia al artículo 346 constitucional, que establece: “Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”; lo cual le impone al Estado la obligación de garantizar los derechos relativos a la tierra, incluyendo la regularización y legalización de la propiedad de éstas, no ser sólo un observador de los conflictos; sino que garante del acceso a sus territorios ancestrales en condiciones libres y sin limitaciones para ejercer el uso y goce de sus territorios; en el mismo sentido a lo prescrito en el artículo 613 del Código Civil respecto al derecho de poseer exclusivamente una cosa, gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario; con relación al artículo 14.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que amplía el concepto de propiedad indígena, más allá de lo que establece la Constitución Política, respetando la concurrencia de la voluntad comunal expresada en el Congreso General para disponer del territorio tribal y de los bienes naturales existentes en él; mientras que, el articulado 14.1 y 14.2, siempre del Convenio 169, prescribe que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y para la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión; instituyendo procedimientos adecuados, en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. CONSIDERANDO (9): Que, finalmente, esgrimen a favor de su pretensión garantista, que la Junta Directiva de la FETRIXY está conformada por los presidentes de los Consejos de Tribus Tolupanas que decidan afiliarse a la misma, y, por tanto, está constituida por personas que viven en tribus distintas al Palmar. Es decir, que, aunque existen 31 tribus Tolupanas en el Pueblo Tolupán, coincidiendo en sus cosmovisiones, espiritualidad y relacionamiento con la naturaleza; cada una, de forma individual, ha desarrollado sus propias formas de organización políticas, sociales y económicas, basadas en su derecho de autodeterminación. En consecuencia, reiteran que la posesión y propiedad de esta franja de terreno en disputa, debe ser anexada al Título Ancestral de 1864 de la TEP, para que se tutelen y garanticen los derechos a la propiedad comunal indígena, y puedan desarrollarse medios y formas de vida, cultura, socioeconómicas, prácticas ancestrales e individuales; en virtud que el derecho a la propiedad está estrechamente vinculado con la existencia mínima del TEP; quien ha mantenido el derecho sobre la tierra antes de la fundación de la FETRIXY y los vienen ejerciendo históricamente, no a partir de su afiliación a ésta; siendo la TEP la única Tribu Tolupán que ha ejercido y ejerce posesión sobre este territorio. Por todo lo cual, solicitan los Abogados garantistas, se dicte sentencia otorgando recurso de amparo a efecto garantizar los derechos y garantías constitucionales violentados, declarando sin lugar la sentencia dictada en segunda instancia en contra de la tribu indígena tolupán el Palmar, y, otorgando a su favor el título de propiedad indígena reclamado, de lo cual se ha hecho el debido mérito. CONSIDERANDO (10): Que la Constitución de la República, en el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (11): Que, en aras de diligenciar apropiadamente la garantía constitucional de amparo, conviene aquí citar anteriores pronunciamientos de esta Sala de lo Constitucional, los que guardan estrecha relación a la legitimación de los pueblos originarios de Honduras para ocurrir, como acontece en la presente garantía constitucional; en defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de los pueblos indígenas ante la Justicia Constitucional: “Considerando (28): Que, aunque la regulación constitucional de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH) no ha sido tan detallada, desde las Constituciones de 1924 y 1936 se inició el reconocimiento de la protección a sus tierras. En la actual Constitución de la República se dan aspectos de protección a la cultura, el patrimonio, los intereses, tierras y bosques de las comunidades indígenas. Que adicional a la regulación específica sobre los PIAH, también en aplicación al sistema de introducción del derecho internacional, es aplicable lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, es de obligatoria observancia en nuestro país desde el cinco de septiembre de 1994, fecha en la cual entró en vigor en Honduras. El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre la tierra, territorios y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y de participación constituyen la piedra angular del convenio, de acuerdo a lo que establece en su artículo 6 y 7. Considerando (29): Que la OIT ofrece una serie de criterios subjetivos y objetivos, que se utilizan conjuntamente para identificar quiénes son estos pueblos en un país determinado unos Criterios Subjetivos y Objetivos sobre Pueblos indígenas: referente al Criterio Subjetivo: habrá que determinar la Conciencia de su identidad indígena; y con relación al Criterio Objetivo: Basta con descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los habitantes de las zonas supra mencionadas, cumplen con el requisito de la descendencia, por tanto, se trata de un grupo indígena.[1] (…)”.[2] CONSIDERANDO (12): Que, con relación al primer concepto de la vulneración constitucional alegada por la parte garantista, como es: a) El derecho al debido proceso, en su faceta de deber convencionalmente establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República; coincide el parecer de esta Sala de lo Constitucional a que se reconoce y garantiza el derecho a obtener una resolución motivada, producto de una justificación razonada que permite llegar a una conclusión válida y a una correcta Administración de Justicia. Ha señalado el escrito de formalización de amparo, que no cabe valoración de prueba que vulnere derechos fundamentales, en desconocimiento del derecho ancestral de la TEP a sus territorios, por lo cual censuran el actuar jurisdiccional de la Alzada. Sin embargo, analizada la resolución se colige la valoración global de la prueba aportada en juicio, lo que conllevó a que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte,[3] diera por acreditado el supuesto fáctico de que ambas partes confrontadas, en el caso bajo juzgamiento, son Pueblos Indígenas y que el bien inmueble objeto de litigio es propiedad de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, conocida como FETRIXY, quien lo obtuvo como Compraventa del señor MELITÓN CASTELLANOS, según consta de copia fotostática del instrumento público número 42, autorizado por el Notario LAUREANO CARBAJAL RIVAS, en fecha 03 de junio del año 1987 e inscrito bajo el asiento número 26 del tomo 163 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de El Progreso, Yoro; quedando probado, asimismo, que el bien inmueble objeto de litigio es un bien tribal, cuya valoración jurídica corresponde a una tradición comunitaria sobre la propiedad colectiva de la tierra, al tenor de lo establecido en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT. CONSIDERANDO (13): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones y, en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función que compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto;[4] y que se considera suficientemente cumplida en la sentencia objeto de la presente garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (14): Que, con relación al segundo concepto de la vulneración constitucional alegada por la parte garantista, como es: b) El derecho a la defensa, argumenta la parte interesada que este derecho ha sido conculcado por la Corte de Apelaciones al delimitar únicamente a la FETRIXY como institución indígena con derecho a la propiedad comunal de los predios objeto de litigio; en agravio a su representada, al impedírsele realizar actos de autodeterminación al interior de la Tribu, infringiendo, a la vez, el Código Procesal Civil en su artículo 1, numeral 3), que prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural, o de cualquier otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. Para la Sala, no se desprende tal denegación de justicia en los hechos probados, ni en la selección del derecho aplicable, efectuada la vista del caso; pues si bien la Corte Ad Quem ha admitido como válida la resistencia a la pretensión reivindicatoria de dominio del bien inmueble, que promueve la parte demandante; no es menos cierto que se ha mantenido el estándar constitucional conforme al cual no puede existir una condena o restricción injustificada de derechos de los particulares, sin debido proceso o proceso justo, debiendo mantenerse siempre la inviolabilidad del derecho de defensa en el curso del proceso. En forma enunciativa, se colige del caso también la observancia y respeto al derecho de ser oídos para la determinación de sus derechos colectivos, de conformidad al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al artículo 82 de la Constitución de la República; así como la necesaria correlación entre la imputación y el fallo, controlable en su racionalidad en sede de recurso;[5] la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes,[6] inter alia. CONSIDERANDO (15): Que, en síntesis, se observa el cumplimiento del principio - derecho del debido proceso, así enunciado, tutelando el cumplimiento efectivo del conjunto de garantías, inclusive, la del derecho de defensa; a efecto que los habitantes obtengan una recta y cumplida decisión sobre la determinación de sus derechos y obligaciones;[7] tal como se desprende de la tesitura del caso. CONSIDERANDO (16): Que, en cuanto al tercer agravio del orden constitucional planteado, como es: c) Derecho de Libre Asociación, contenido en el artículo 78 de la Constitución de la República, que establece el derecho a la libre asociación, con relación a lo preceptuado en el artículo 16.1 de la Convención Americana (Sic.), el cual no sólo presupone la libertad en su dimensión negativa, sino que la facultativa; todo lo cual estaría siendo conculcado con la resolución de marras. Se advierte, asimismo, la discrepancia de los garantistas respecto al argumento soporte del fallo impugnado por la vía de amparo, según el cual: “… la demanda es sobre un derecho que ya le fue otorgado, por ser la TEP miembro fundador de la FETRIXY; no pudiendo pedir que prescriba su propio derecho”. Sostiene también la representación garantista, que, la Tribu Indígena Tolupán El Palmar (TEP), si bien fue miembro fundador de la FETRIXY, ya no figura como miembro de ésta, habiendo decidido autodirigirse de manera autónoma. Tal aseveración resulta contradictoria, y, hasta incongruente, para la Sala, al contrastarla con lo expresado por la parte demandante en el acto de interponer la demanda; al constatarse de autos que, como hecho primero de tal demanda, se establece que: “… El Palmar es una de las 22 Tribus que fundaron e integran la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY)”;[8] mientras que ahora, impugnando el fallo dictado sub iudice, se sostiene lo contrario. CONSIDERANDO (17): Que, conforme lo establecido en el artículo 10 del Código Procesal Civil, en lo relativo al principio dispositivo: “1. Salvo en los procesos no dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso (…)”. Asimismo, se dispone en la precitada ley adjetiva, que: “2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas”. CONSIDERANDO (18): Que, la dogmática procesal civil es contundente, al señalar la función de límite que caracteriza al principio dispositivo, al señalar que, por ser el recurso una prolongación del juicio: “… no se puede pedir o resistir más allá o por distinto concepto de lo que se pidió o resistió originariamente en la demanda y contestación.”[9] Un actuar a contrario sensu daría lugar a infringir la prohibición de mutatio libelli (prohibición de cambios sustanciales en la pretensión y en la resistencia).[10] CONSIDERANDO (19): Que, en lo que concierne al postulado garantista respecto a que la resolución impugnada habría infringido: d) El Derecho de propiedad comunal indígena, garantizado en el artículo 103 de la Constitución de la República, en concordancia al artículo 346 constitucional, que establece: “Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”; considera la Sala que el fallo impugnado, se muestra garante de ambas partes en el conflicto, al reconocer a ambas partes confrontadas, en el caso bajo juzgamiento, como Pueblos Indígenas y que, por la naturaleza comunal del bien inmueble objeto de litigio, aunada a las pruebas documentales aportadas al juicio; se concluye el mismo está titulado a favor de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, (FETRIXY); propiedad inmueble que, acorde lo prescrito en los artículos 94,[11] y 100, párrafo primero, de la Ley de Propiedad,[12] por ser tierras comunales de los pueblos indígenas y afrohondureños, son INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES E INEMBARGABLES; características protectoras del patrimonio y acervo cultural indígena hondureño, que se consideran adecuadamente tutelados con el fallo que se conoce en amparo; independientemente de las acciones legales ordinarias que pudieran corresponder a las partes disconformes, respecto al estatus asociativo que reconocen las leyes como vigente; siempre en el ámbito del debido proceso y en observancia del principio de legalidad. CONSIDERANDO (20): Que, en definitiva, vista la resolución colegiada dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se aprecia la concurrencia de motivación precisa y suficiente, fundamentada en derecho vigente y congruente por la Jurisdicción, a efecto denegar el recurso ordinario de apelación y confirmar el fallo de instancia que declara sin lugar la Demanda de Prescripción Adquisitiva al Dominio y demás Derechos Reales promovida por la representación legal de la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR en contra de la FEDERACIÓN DE TRIBUS XICAQUES DE YORO (FETRIXY), representada por su actual presidente, el señor NOÉ ADALBERTO RODRÍGUEZ. Por lo anteriormente expuesto, se desprende la improcedencia de otorgar la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos: 1, 4, 59, 60, 68, 70, 80, 82, 90, 103, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 346 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 y 17 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, y; 1, 2, 3 numerales 1) y 6); 94 y 100.1 de la Ley de Propiedad; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por los Abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, LESTER JOSÉ CASTRO RAMIREZ Y KORITZA MABEL AMAYA ORTEZ, a favor de la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre del dos mil veintidós. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto vía correo electrónico por los Abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN y LESTER JOSÉ CASTRO RAMIREZ a favor de la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez de junio del año dos mil veintidós y por la cual se falla DENEGANDO la acción de amparo en referencia, la cual fue interpuesta por los garantistas contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, con relación a la demanda de dominio y demás derechos reales sobre un lote de terreno, interpuesto por el señor OSCAR ROLANDO MARTÍNEZ FLORES, actuando en su condición de Presidente del Consejo Directivo de la Tribu El Palmar, Morazán, Yoro, en contra de la FEDERACIÓN DE TRIBUS XICAQUES DE YORO (FETRIXY), representada por su actual presidente, el señor NOÉ ADALBERTO RODRÍGUEZ. CONSIDERANDO (1): Que la referida acción de Amparo se interpuso en fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, procediéndose, a la vista del caso, a dictar sentencia, en sentido denegatorio a la pretensión del amparista, en fecha diez de junio del año dos mil veintidós; por este alto Tribunal, en ejercicio de su competencia constitucional. CONSIDERANDO (2): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos; lo cual es cumplido, en tanto requisito de procedibilidad, en el trámite del caso, según consta a folios setenta y uno (71) vuelto y subsiguientes de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición de la parte recurrente, funda su recurso en discrepancia con la denegatoria de la garantía constitucional de amparo promovida contra la resolución en referencia; manifestando los Abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN y LESTER JOSÉ CASTRO RAMIREZ a favor de la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR, que en el presente caso, los titulares de derechos sobre los territorios han sido las Tribus tolupanas directamente, representadas por el Consejo Directivo o el Cacique de la Tribu; ocupando la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR el terreno desde el año de 1981, con ánimo de dueño y de manera pública, pacífica e ininterrumpida. Asimismo, se indica a la Sala que la FETRIXY es un órgano de representación indígena del pueblo Tolupán que se conforma por las diferentes tribus que lo integran, siendo creado para la defensa de sus intereses. Que, en motivación del fallo, se ha expresado que: “la relación con la tierra sobrepasa la cuestión de la posesión y la producción, convirtiéndose en un elemento material y espiritual digno de preservarse, en tanto legado cultural a transmitirse a las generaciones futuras”; así como argumentos jurisdiccionales que reconocen la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los territorios ancestrales; consideraciones con las cuales la representación procesal recurrente no está en desacuerdo, con la salvedad de que la mayor protección para la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR, se configuraría con el reconocimiento del derecho de propiedad, pues siempre ha estado convencida de que las tierras les pertenecen, desarrollando diferentes actividades agrícolas en los predios. La FETRIXY, en cambio, es un órgano de representación indígena del pueblo Tolupán, pero no está conformado por personas que pertenecen a LA TRIBU, EL PALMAR, mientras que sus representados se han organizado en los Consejos Directivos de Tribus, quienes tienen la administración de las Tribus, conforme al propio Reglamento de la FETRIXY, en concordancia con sus prácticas ancestrales de autodeterminación de los pueblos y a la propiedad comunal indígena; lo cual es conforme a los artículos 3 inciso e) y 27 numeral 3) del Reglamento de la FETRIXY. Señalando, en definitiva, que es EL CONSEJO DIRECTIVO LA TRIBU, EL PALMAR, electo mediante Asamblea tribal, quien les encomendó solventar lo relacionado a asegurar el dominio de los territorios ancestrales; a efecto de evitar el riesgo de venta o gravamen sobre su territorio. CONSIDERANDO (4): Que, finalmente, fundan su recurso de reposición los garantistas en el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas, el cual transcriben; artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, en los artículos, 8, 14, 16 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Solicitando, en definitiva, se reconsidere el fallo notificado por la honorable Sala de lo Constitucional, declarando con lugar la acción de amparo promovida a favor de su representación procesal. CONSIDERANDO (5): Que el principio de independencia judicial se normativiza, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por Cortes y Tribunales, en el ámbito de su competencia.[13] CONSIDERANDO (6): Que, el régimen de las impugnaciones que franquea la Ley Sobre Justicia Constitucional, debe sustentarse en consideración a la vinculación del órgano jurisdiccional a la legalidad constitucional, por sobre valoraciones subjetivas, o parciales de lo que los pretensores estiman contenido apropiado del fallo. Asimismo, se considera que el presente recurso de reposición no agrega nuevos elementos de juicio, a los antes expuestos, en trámite del recurso, cuya sentencia es objeto de estudio. Es allí donde se establecen, las argumentaciones que la Sala ha estimado conducentes a justificar su denegatoria, en consideración preferente a los principios del Convenio 169 de la OIT, suscrito y ratificado por el Estado de Honduras; a lo normativizado en los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución de la República y, particularmente; en vista a explicitarse, en caso concreto, la vinculación a legalidad del fallo jurisdiccional dictado, con especial atención al principio dispositivo en materia procesal civil. Observándose, asimismo, el cumplimiento del debido proceso y, a la incolumidad del derecho de defensa, que tutela a ambas partes procesales. CONSIDERANDO (7): Que, por todo ello, se concluye que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho por no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda. Señala, por su parte, el artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que, solicitada la reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; deberá procederse sin más trámite, a denegar o enmendar el fallo, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 63, 64, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar NO HA LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por los Abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN y LESTER JOSÉ CASTRO RAMIREZ a favor de la COMUNIDAD INDÍGENA TOLUPÁN DE LA TRIBU, EL PALMAR. Y MANDA: Que la Secretaría notifique a los recurrentes la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de junio y reposición de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-354-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP

[1] Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. - Ginebra: OIT, 201, pp. 2-3.

[2] Ver sentencia de la Sala Constitucional con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el Recurso de Amparo Contencioso - Administrativo SCO 0122=2019, venido en estudio a solicitud de parte.

[3] Ver Considerandos PRIMERO y SEGUNDO de la Motivación Fáctica y Jurídica de la sentencia.

[4] El artículo 705.1 del Código Procesal Civil establece como finalidad del recurso de apelación: “… lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente”.

[5] Referenciado al ámbito procesal civil en: Teoría general de los recursos. De Diego Diez, L. Tegucigalpa M.D.C.: Editorial OIM. 2014. Págs. 39 y ss.

[6] En este punto resulta ilustrativa la sentencia STC 222/1994 del 18 de julio, del Tribunal Constitucional español, que dice en lo conducente: “(…) se ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los órganos jurisdiccionales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con lo pedido, evitando desajustes o desviaciones entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones; (…).” MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATIES, José. Amparo Constitucional y Proceso Civil. Valencia. Editorial Tirant lo Blanch, 1998, pág. 72.

[7] En tal sentido, es ilustrativa la línea jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, en cuanto a que: “El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales –que representa el parámetro normativo a utilizar- se salvaguarda, como veremos, con la obtención de una resolución judicial, favorable o no al actor, que habrá de recaer en el fondo si concurren los presupuestos procesales para ello, (…).” MORENO CATENA, V. et al. Introducción al Derecho Procesal. Valencia; Editorial Tirant lo Blanch, 2010, pág. 197.

[8] Ver folios uno (1) y dos (2) frente de la pieza de primera instancia.

[9] Teoría general de los recursos. De Diego Diez, L. Tegucigalpa M.D.C.: Editorial OIM. 2014. Pág. 43.

[10] Ídem.

[11] ARTÍCULO 94.- Los derechos de propiedad sobre las tierras de estos pueblos se titularán a su favor en forma colectiva. Los miembros de las comunidades tienen derecho de tenencia usufructo de acuerdo a las formas tradicionales de tenencia de la propiedad comunal.

[12] Decreto No. 82-2004, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 30,428 del 29 de junio del 2004.

[13] Ver artículo 304 de la Constitución de la República.