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Sentencia AC-347-21 — Registro 14805

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia que declara sin Lugar el recurso de apelación con relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad promovida contra el Instituto Nacional Agrario y como Litis Consorcio Pasivo, contra el Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que, con lo anterior se reafirman para la Sala de lo Constitucional, los criterios establecidos en pacífica jurisprudencia, donde se ha expresado,[3] que, para determinar la procedencia de la garantía de amparo se debe observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, antes de que se legitime ser conocido por el juez constitucional; y, por otra parte, en observancia del principio de la definitividad del asunto, que se vincula con que la respuesta fundada en derecho que dé la autoridad próxima se haya obtenido, en ejercicio del derecho de petición; con las lógicas y plausibles excepciones del caso, cuando la persona quejosa no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar que se dispongan de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, se interponga la acción de amparo para evitar un perjuicio irremediable,[4] lo cual no es, señaladamente, la tesitura del presente caso; correspondiendo a esta Sala de lo Constitucional sobreseer la presente garantía de amparo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, se tiene como un hecho indiscutible la falta de presentación de la certificación extendida por sendas entidades estatales que aparecen como codemandadas, a manera de acreditar, en legal y debida forma, el agotamiento de la reclamación administrativa previa, como requisito legalmente establecido para la admisión de la demanda. Tal lo ordenado en el párrafo primero del artículo 414 del Código Procesal Civil. Conviene citar a este respecto, lo establecido por la Sala, en pacífica y continua jurisprudencia, con relación a los cauces procesales de la garantía de tutela judicial efectiva; estableciendo que el derecho de petición no ha de conllevar, necesariamente, a que se obtenga una decisión favorable sobre el fondo del asunto peticionado, pues: “… promovida la actividad jurisdiccional, la respuesta que dé satisfacción a este derecho, en la faceta que contemplamos, puede consistir en una decisión de inadmisión a trámite”.[2] CONSIDERANDO (9): Que, se desprende además, del estudio efectivo de los antecedentes, que incursiona la acción de amparo, en forma por demás manifiesta, en la causal de sobreseimiento del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por carecer de fundamentación constitucional, teniendo como único asidero alegaciones de mera y estricta legalidad atinentes, principalmente, a la interpretación que pretende dársele por el intérprete garantista a los artículos 146 y 148, ambos del Título Quinto de la Ley de Procedimientos Administrativos con relación a lo parcialmente establecido en el artículo 414, párrafo segundo, del Código Procesal Civil vigente; lo cual impide su estudio como objeto legítimo de la garantía constitucional de amparo; procediendo, en consecuencia, el dictado de sentencia de sobreseimiento. CONSIDERANDO (10): Que, con lo anterior se reafirman para la Sala de lo Constitucional, los criterios establecidos en pacífica jurisprudencia, donde se ha expresado,[3] que, para determinar la procedencia de la garantía de amparo se debe observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, antes de que se legitime ser conocido por el juez constitucional; y, por otra parte, en observancia del principio de la definitividad del asunto, que se vincula con que la respuesta fundada en derecho que dé la autoridad próxima se haya obtenido, en ejercicio del derecho de petición; con las lógicas y plausibles excepciones del caso, cuando la persona quejosa no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar que se dispongan de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, se interponga la acción de amparo para evitar un perjuicio irremediable,[4] lo cual no es, señaladamente, la tesitura del presente caso; correspondiendo a esta Sala de lo Constitucional sobreseer la presente garantía de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN GEOVANY GARCIA MARTINEZ, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL PETROLEOS DE HONDURAS S DE R.L (PETROH S. de R.L), contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL PETROLEOS DE HONDURAS S DE R.L. (PETROH S DE R.L), contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO y como Litis Consorcio Pasivo, contra el ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en el artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, en su condición de representante procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL PETROLEOS DE HONDURAS S. DE R.L. (PETROH S. DE R.L.) contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO y como Litis Consorte Pasivo contra el ESTADO DE HONDURAS. - (Folio 01 al 11 de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), el Juzgado referido dictó Resolución mediante la cual “RESUELVE: PRIMERO:… SEGUNDO: INADMITIR a trámite la presente demanda ordinaria, promovida por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, en su condición de representante procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL PETROLEOS DE HONDURAS S DE R.L., en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en virtud que el compareciente subsanó en TIEMPO, más no en FORMA, ya que no se dio estricto cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, en vista que no dio cumplimiento al numeral número cinco, de la parte dispositiva pues no se presenta la certificación valida de haberse denegado la petición objeto del proceso del proceso en la vía administrativa previa, como lo establece el Articulo 414.1 del código Procesal Civil, pues a criterio de este Tribunal las actas notariales de constatación de expedientes autorizada por el notario LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, no constituye documento válido para considerar el agotamiento de la vía administrativa previa.-(Folio 436 de la pieza del juzgado) 3) Que la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, en su condición de representante procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL PETROLEOS DE HONDURAS S. DE R.L. en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la Resolución de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación.- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución impugnada.- TERCERO: Sin Costas en esta instancia…”; lo cual tuvo principal motivación en el recurso que se resuelve, lo expresado en los numerales SEXTO y SÉPTIMO de los Fundamentos de Derecho, con relación a que el recurrente plantea como precepto autorizante la no aplicación de los artículos 146 y 148 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en la resolución impugnada. Sin embargo, al analizar con detenimiento la resolución de la juzgadora, se comprende que el contenido de las actas allegadas al proceso, no reflejan el agotamiento de la vía administrativa, ni la habilitación para acceder a la vía judicial; pues lo que refieren tales actas es que no se tuvo a la vista el expediente en la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y, en la otra, que aún está en trámite la solicitud hecha al Instituto Nacional Agrario, pues hay un auto de previo que a la fecha del acta notarial, no se había cumplimentado por el solicitante.[1] Por otra parte, motiva la Corte de Apelaciones, que es preciso la decisión de los conflictos por el Juez, vaya precedida por una actividad adecuada a la consecución del fin que se persigue; saneando los vicios existentes y procurando la justeza del procedimiento y su desenvolvimiento por los cauces legales adecuados; debiendo prevalecer el derecho a la tutela judicial efectiva, conforme al principio de la trascendencia de la nulidad procesal. (Folio 13 al 17 de la pieza de corte de Apelaciones). 4) El recurrente abogado MARVIN GEOVANNY GARCIA MARTINEZ, compareció ante este alto Tribunal en fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL PETROLEOS DE HONDURAS S DE R.L (PETROH S DE R.L), afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), violenta los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintiuno (2021); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folio 40 de la pieza de amparo). 5) Que con fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión de SOBRESEER LAS DILIGENCIAS promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, acorde lo expresado por el garantista, Abogado MARVIN GEOVANNY GARCIA MARTINEZ, se interpone recurso de Amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL PETROLEOS DE HONDURAS S. DE R.L (PETROH S. DE R.L.), contra la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, afirmando que la decisión adoptada por la Corte Ad Quem, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), la cual violenta, en la tesis del garantista, el contenido de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; sentencia que se ha motivado confirmando la racionalidad de lo actuado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020), con relación al dictado de inadmisión a trámite de la demanda ordinaria promovida por el Abogado CÉSAR AUGUSTO GIRÓN LANZA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil, en referencia, y tener por presentado el escrito de subsanación de fecha quince (15) de enero del año dos mil veinte (2020), en tiempo, más no en forma; en vista no dar estricto cumplimiento al numeral 5) de la parte dispositiva, al no presentar la Certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa previa, tal como lo establece el artículo 414.1 del Código Procesal Civil. Es criterio del A Quo, que las Actas Notariales que se presentaron constatando la situación de expedientes, ante los oficios del Notario Lee Antonio Ramirez Paz, no constituirían documento válido para validar el agotamiento de la vía administrativa previa; razonamiento jurídico ratificado por el Ad Quem, según desarrollado in extenso, en el Antecedente 3) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que, al formalizar el recurso de amparo, sostiene el amparista, Abogado MARVIN GEOVANNY GARCIA MARTINEZ, que tal lesión al derecho fundamental de su representada, operó principalmente, a través de la no aplicación por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, de los artículos 146 y 148 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en la resolución impugnada, los cuales transcribe literalmente; estimando que se le han conculcado a su representada procesal los derechos que establecen los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República pertinentes al derecho de legalidad, debido proceso y defensa. Además de la actual tergiversación de los derechos, en que incurriría la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, al haberse dictado en plena Pandemia y suspensión de algunas garantías constitucionales, habiéndosele indicado en el acto de notificación de la sentencia que los términos para interponer recursos estaban en suspenso hasta la habilitación de los mismos; procediendo la Corte Suprema de Justicia a la habilitación de los plazos y términos judiciales a partir del 11 de enero de 2021, procediéndose a interponer recurso de reposición contra lo resuelto; en consideración lo que el Juez A Quo debió haber resuelto fue, al estar acreditada la existencia de los reclamos administrativos, declarar en suspenso de la demanda civil. Ello en atención al contenido literal del artículo 414.2 del Código Procesal Civil, más no declarar la inadmisibilidad de la demanda, con relación al artículo 85 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Agrega a lo anterior, que el fallo que dictara el A Quo, en fecha catorce (14) de enero de dos mil veintiuno (2021) rechazó su recurso y fue notificado al recurrente, aun estando en Pandemia, quien procedió a interponer incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir del acto de notificación verificado en fecha seis (06) de mayo de 2020, dada la forma errónea de comunicación, empleando un correo diferente al expresado en el personamiento; causando indefensión del agraviado, situación que persiste en actuaciones posteriores ya que se emitió sin estar habilitados los términos, como efecto de la Pandemia y como consecuencia de la suspensión de algunas garantías constitucionales; en lo cual percibe una clara intencionalidad de perjudicar al dicente y sus derechos fundamentales. Refiere el amparista, asimismo, que previo a la emisión de la sentencia impugnada, la Corte Ad Quem debió habilitar el término para su emisión, lo cual no hizo; lo que contrae la nulidad de lo actuado. CONSIDERANDO (5): Finalmente, que en formalización del recurso, solicitó el garantista que se tenga por formalizada la presente acción de amparo y se considere aplicar lo dispuesto en el Título V de la Ley de Procedimientos Administrativos por tratarse de un reclamo administrativo previo a la vía judicial y, por lo tanto, se reconozca la demanda se interpuso en tiempo y forma ante el Juzgado competente, ya que la institución ante quien se presentó el reclamo administrativo no emitió resolución expresa dentro del término que manda la Ley de Procedimientos Administrativos para este tipo de reclamos; no pudiendo imponérsele al reclamante el requisito de presentar una certificación de resolución, estando frente a una resolución denegatoria presunta, imposible de certificar; quedando en consecuencia habilitado el reclamante para ejercer su demanda judicialmente, protestando, inclusive la subsanación de la misma conforme a las reglas del Código Procesal Civil y las Leyes administrativas aplicables. Asimismo, concurriendo otras violaciones a los derechos y garantías constitucionales ya relacionadas en el presente líbelo. Por todo lo cual, solicita se le restituya en el goce y disfrute de los derechos fundamentales de su representada reconociendo que la sentencia reclamada en vía de amparo, no obliga a su representada, ni le es aplicable; por contravenir, disminuir y tergiversar los derechos constitucionales que le asisten. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que, de conformidad a los antecedentes, el Letrado recurrente ha reclamado la tutela judicial efectiva de esta alta sede de Justicia Constitucional, solicitando se declare la no aplicabilidad de la sentencia reclamada en vía de amparo a su representada, ni su aplicabilidad, por contravenir, disminuir y tergiversar los derechos constitucionales que le asisten; en vista a haberse incoado el trámite administrativo, al tenor del Título Quinto de la Ley de Procedimientos Administrativos; según se ha constatado con la prueba documental notarial, ofrecida y evacuada en juicio. Según el dictamen presentado por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, Fiscal del Despacho, constituiría tal supuesto de hecho, causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento, al incurrir el garantista en la causal prevista en el artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, se tiene como un hecho indiscutible la falta de presentación de la certificación extendida por sendas entidades estatales que aparecen como codemandadas, a manera de acreditar, en legal y debida forma, el agotamiento de la reclamación administrativa previa, como requisito legalmente establecido para la admisión de la demanda. Tal lo ordenado en el párrafo primero del artículo 414 del Código Procesal Civil. Conviene citar a este respecto, lo establecido por la Sala, en pacífica y continua jurisprudencia, con relación a los cauces procesales de la garantía de tutela judicial efectiva; estableciendo que el derecho de petición no ha de conllevar, necesariamente, a que se obtenga una decisión favorable sobre el fondo del asunto peticionado, pues: “… promovida la actividad jurisdiccional, la respuesta que dé satisfacción a este derecho, en la faceta que contemplamos, puede consistir en una decisión de inadmisión a trámite”.[2] CONSIDERANDO (9): Que, se desprende además, del estudio efectivo de los antecedentes, que incursiona la acción de amparo, en forma por demás manifiesta, en la causal de sobreseimiento del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por carecer de fundamentación constitucional, teniendo como único asidero alegaciones de mera y estricta legalidad atinentes, principalmente, a la interpretación que pretende dársele por el intérprete garantista a los artículos 146 y 148, ambos del Título Quinto de la Ley de Procedimientos Administrativos con relación a lo parcialmente establecido en el artículo 414, párrafo segundo, del Código Procesal Civil vigente; lo cual impide su estudio como objeto legítimo de la garantía constitucional de amparo; procediendo, en consecuencia, el dictado de sentencia de sobreseimiento. CONSIDERANDO (10): Que, con lo anterior se reafirman para la Sala de lo Constitucional, los criterios establecidos en pacífica jurisprudencia, donde se ha expresado,[3] que, para determinar la procedencia de la garantía de amparo se debe observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, antes de que se legitime ser conocido por el juez constitucional; y, por otra parte, en observancia del principio de la definitividad del asunto, que se vincula con que la respuesta fundada en derecho que dé la autoridad próxima se haya obtenido, en ejercicio del derecho de petición; con las lógicas y plausibles excepciones del caso, cuando la persona quejosa no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar que se dispongan de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, se interponga la acción de amparo para evitar un perjuicio irremediable,[4] lo cual no es, señaladamente, la tesitura del presente caso; correspondiendo a esta Sala de lo Constitucional sobreseer la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 89, 90, 94, 183 numeral 2), 303 párrafo primero, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numerales 1) y 8); 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEER la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano administrativo de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0347-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Cita el fallo en estudio los folios 385 y 386 de la primera pieza de autos.

[2] Montero Aroca, J., et al. Amparo constitucional y proceso civil (2008). Valencia: Tirant lo Blanch. Pág. 67.

[3] Ver considerando (17) de la sentencia de la garantía de amparo con registro SCO-0126-2017, resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

[4] Ver considerando (15) de la sentencia de la garantía de amparo con registro SCO-0762-2017, resolución de fecha seis de junio de dos mil dieciocho.