Sentencia AC-335-21 — Registro 14427
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que resolvió un recurso de apelación interpuesto con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (20): Que, asimismo, el conocido procesalista italiano Giuseppe CHIOVENDA señaló que, en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos; y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentimiento subjetivo de la justicia profesado por el intérprete a las pasiones y a la arbitrariedad.[15] CONSIDERANDO (21): Que, con lo anterior, queda expuesta la falencia en el íter motivacional en que incurre el órgano judicial Ad Quem, en lesividad a los derechos y garantías procesales que conforman el derecho constitucional al debido proceso; si bien nos encontramos ante una resolución emitida en un tiempo considerado razonable, por parte del órgano jurisdiccional competente. No obstante, resulta también insoslayable que tal resolución, objeto del presente amparo, no fue sustentada conforme a lo dispuesto en la Ley general y pertinentemente aplicable, la cual define expresamente los títulos extrajudiciales que asientan la procedencia de la ejecución forzosa; “… siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad liquida y exigible”;[16] confiriéndole tal carácter de exigibilidad, a documentos que no gozaban de tal condición o carácter. CONSIDERANDO (22): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, contrae como efecto o consecuencia legal que la resolución impugnada resulte inaplicable a la representación procesal garantista, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que, con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir el derecho constitucional conculcado al recurrente en amparo, emitiendo un nuevo fallo, apegado a la tutela judicial efectiva. Lo anterior, por haberse constatado falencias sustantivas en la motivación de su sentencia por el órgano jurisdiccional, al apoyarse en razonamientos parciales, por cuanto no se siguen todas las consecuencias necesarias de los fundamentos legales esgrimidos para soportar la sentencia bajo estudio. Específicamente, cuando hace acopio el Iudex Ad Quem a la eventualidad de que se declare, conforme a los supuestos legales, la LESIVIDAD del acto a los intereses públicos. Sin embargo, tal razonamiento judicial debió atender los plazos que la legalidad define con relación a la adquisición de firmeza, en los actos de la Administración de carácter particular; pues tal es el presupuesto legal para la eficacia, según prescribe el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por todo lo cual, se considera, ha existido infracción al debido proceso de la parte civil Incidentista que obra como demandada por la vía ejecutiva; estimándose procedente la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio del año dos mil veinte, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida por la señora LESLY ONDINA MARTINEZ MATUTE quien actúa en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil DISTRIBUCIONES MEDICAS S. DE R.L. contra el ESTADO DE HONDURAS EN EL DESPACHO DE SALUD. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de agosto del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, interponiendo demanda de ejecución de título extrajudicial, contra el ESTADO DE HONDURAS EN EL DESPACHO DE SALUD. (Folios del 01 al 12 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha once de noviembre del año dos mil diecinueve, el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, actuando en su condición de representante procesal de la señora LESLY ONDINA MARTINEZ MATUTE, Gerente General de la Sociedad Mercantil DISTRIBUCIONES MEDICAS S. DE R.L., presentó escrito en el cual REZA: SE CONTESTA Y RECHAZA IMPROCEDENTE OPOSICION POR SUPUESTA FALTA DE COMPETENCIA DE TRIBUNAL, NULIDAD DEL TITULO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS Y PRESCRIPCION O CADUCIDAD DE LA PRETENSION PLANTEADA POR LA EJECUTADA.- SE DESESTIME TOTALMENTE LA MISMA.- SE CONDENE EN COSTAS AL DEMANDADO. SE CONTINUE CON EL PROCESO. (Folios del 133 al 136 de la primera del A-QUO). 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha nueve de junio del año dos mil veinte, Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR las excepciones de 1) la falta de competencia del tribunal ante quien se presenta la demanda fundamentada en el artículo 29.1, 792.11 del Código Procesal Civil, y 2) Nulidad del mandamiento, por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos fundamentada en el artículo 782 numeral 4 del Código Procesal Civil, 116 de la Ley General de la Administración Pública.- 3) Prescripción o caducidad de la pretensión artículo 2296.2 del Código Civil, interpuestas por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA actuando en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA y por ende Representante Legal del Estado de Honduras contra la ejecución de título extrajudicial presentada por el abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL. Desestimándose por lo tanto el incidente presentado. - SEGUNDO: Se ordena seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, Y MANDA: Que quede firme el presente fallo si dentro del término de ley no se interpone Recurso SIN COSTAS. - (Folios 188 y 191 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha nueve (9) de junio de dos mil veinte (2020), dictada por el Jugado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXRAJUDICIAL, que promoviera el abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición de apoderado legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DISTRIBUCIONES MEDICAS S. DE R.L., contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD y representada en juicio a través de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA; SEGUNDO: Confirmando la sentencia recurrida de fecha nueve (9) de junio de dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: SIN COSTAS. (Folios 39 al 57 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que la recurrente Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de abril del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, a que se ha hecho referencia en el numeral que antecede; la cual considera violatoria de lo dispuesto artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis de julio del año dos mil veintiuno. 6) Que en fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión porque SE OTORGUE el amparo solicitado; desprendiéndose, de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos, fundado cuestionamiento al valor ejecutivo atribuido, en la resolución judicial impugnada en amparo; al título extrajudicial recaído en la resolución administrativa No. 31-2017, de fecha 14 de febrero de 2017, por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; el cual resulta de no estar dotado de ejecutoriedad, conforme al artículo 782.4 del Código Procesal Civil; por lo que considera no encontrarse fundada en Ley la expresada resolución judicial. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual, conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha nueve de junio del año dos mil veinte, por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que emitió el fallo desestimatorio del recurso de apelaciones que se consigna en el Antecedente 3) de la presente sentencia, el cual dispone en lo conducente, la DECLARATORIA SIN LUGAR de las excepciones interpuestas por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, contra la pretensión de ejecución de título extrajudicial promovida por el abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición precitada. CONSIDERANDO (4): Que la Corte Ad Quem ha motivado la desestimación de las referidas excepciones, de la siguiente manera: 1) En cuanto a la falta de competencia del tribunal ante quien se presenta la demanda, se ha efectuado el análisis fundamentado del artículo 29.1 del Código Procesal Civil, respecto a la competencia básica. Asimismo, que a la luz del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se expresan cuáles son las cuestiones que deberá conocer, en lo concerniente a la competencia objetiva, expresándose entre tales cuestiones, títulos de ejecución como el de autos; pues, tratándose de ejecución, se ubica únicamente el inciso c), referido a la ejecución de resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones. CONSIDERANDO (5): Que, en cuanto al Agravio 2) Nulidad del mandamiento, por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos, señala el Ad Quem no acoger el criterio de la recurrente, en el sentido que, conforme al artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, una resolución es un acto administrativo, y no un título extrajudicial, mucho menos con carácter ejecutivo; ya que ninguna ley le confiere tal rango, o carácter. Para el Ad Quem, el proceso de ejecución tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que lleva aparejada ejecución, es decir, fuerza ejecutiva. Razona que los Actos Administrativos expresan la voluntad del Estado, con la intención de generar efectos jurídicos; los cuales pueden ser creadores de derechos, o bien, limitativos o restrictivos de los mismos. En ambos casos, los Actos Administrativos estarían dotados de eficacia y presunción de validez, que se manifiesta cuando, en la producción del Acto Administrativo, concurren todos los elementos esenciales que, de no ser anulados por el proceso de LESIVIDAD en sede judicial, o DE OFICIO, por parte de la misma Administración, surten todos los efectos jurídicos que de su contenido se despliegan por encontrarse dotados de ejecutoriedad y del carácter de título de ejecución; manifestándose de manera diversa, según la naturaleza y el contenido del acto a ejecutar. Complementariamente, motiva la Corte Ad Quem, que aquellos actos que la Administración dicta reconociendo derechos a favor de los particulares, les confieren derecho a forzar su cumplimiento por la vía judicial. Y que, si bien, la Ley de Procedimiento Administrativo no atribuye de forma expresa el mecanismo a seguir, este sería viable de ejecutarse a través del proceso de ejecución en materia civil, con base al “Principio de Reciprocidad”, de conformidad a lo establecido en el artículo 782 numeral 4) del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (6): Finalmente, que, con relación al Agravio 3) Prescripción o caducidad de la pretensión, esgrimida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA al amparo del artículo 2296.2 del Código Civil, manifiesta el Ad Quem que esta aplicaría a relaciones obligacionales del derecho privado, como las surgidas entre farmacéuticos y pacientes, sujetas a dirimirse en la vía ordinaria; más, tratándose de títulos ejecutivos, empleando el principio Iura Novit Curia, estaría en aplicación el artículo 2292 del Código Civil, con un plazo de prescripción de diez años. CONSIDERANDO (7): Que, en la formalización del recurso de amparo por parte de la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, se invocaron como violentadas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 90 de la Constitución de la República, por parte de la sentencia impugnada; la cual infringiría el derecho constitucional a la inviolabilidad de la defensa y al debido proceso de su representada, en la demanda ejecutiva de título extrajudicial relacionada; en virtud de infracción a la legalidad vigente, al desestimar, de forma arbitraria, las excepciones desarrolladas en los considerandos que anteceden. CONSIDERANDO (8): Que, particularmente relevante, es el concepto de la infracción desarrollado por la garantista, según el cual, la Corte de Apelaciones recurrida ha desestimado el incidente legalmente formulado por la parte demandada, habida cuenta que el mismo tribunal reconoce que no existe una disposición que expresamente le otorgue la condición de título de ejecución a la Resolución No. 31-2017-SS de fecha 14 de febrero de 2017 emitida por la Secretaría de Salud, recurriendo a un razonamiento conducente a lo inexistente, como es el principio de reciprocidad; y que, si bien el juzgador no puede llamarse al silencio ante la inexistencia de ley que le autorice, tampoco puede alegarse ignorancia de la ley para sustentar un razonamiento equivocado; más aún, existiendo la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es la competente para conocer de este asunto; en el cual el título de ejecución por el que se demanda no reúne los requisitos legales para que pueda ser considerado como tal; pues al no ser de plazo vencido, no se puede exigir su cumplimiento. - Por lo cual solicita se le otorgue amparo contra la resolución proferida en fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en vista haber violentado directamente los derechos constitucionales de Defensa y Debido Proceso, que asisten a su representado. CONSIDERANDO (9): Que, siguiendo consistente jurisprudencia constitucional, así como no es dable esperar el acierto en todos los actos y resoluciones emanadas en el quehacer cotidiano de la Administración Pública y la jurisdicción, tampoco puede exigírseles vinculación estricta para con las peticiones establecidas por las partes en el decurso del proceso, bien sea en nombre de los altos intereses del Estado, o de la parte procesalmente representada; lo cual viene matizado con las excepciones del caso, en aras de mantener la razonabilidad y validez sustantiva del acto o resolución jurídica, sin menoscabo al debido proceso y a la seguridad jurídica.[1] CONSIDERANDO (10): Que, con relación a la tutela de la pretensión ejecutiva, en vía recursiva de apelaciones,[2] la doctrina ha reconocido que, para iniciar una ejecución forzosa, se requiere de la existencia de un título de ejecución, en el cual resulte determinada una obligación y cuyo cumplimiento pueda exigirse de una persona deudora, o ejecutado, a favor de otra acreedora, o ejecutante; de manera expedita, sumaria y sencilla, en virtud de constar en un documento especial al que la Ley le confiere fuerza ejecutiva, pues, a diferencia del proceso declarativo, la ejecución forzosa tiene por objeto una pretensión, no persigue ahora la declaración del derecho: “… pues ya consta en el título de forma indiscutible, sino precisamente que el órgano judicial realice las actividades coactivas necesarias para dar satisfacción al derecho del ejecutante habida cuenta del incumplimiento del ejecutado”.[3] Tal parece la premisa del artículo 782, párrafo primero, del Código Procesal Civil, al prescribir: “Procede la ejecución forzosa cuando se promueve en virtud de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad liquida y exigible”. (El subrayado no está en el original) CONSIDERANDO (11): Que, procediendo al estudio de lo concerniente a las obligaciones del Estado de Honduras, tampoco puede pasar desapercibida la atribución legal de la Administración Pública de pedir la ilegalidad o nulidad, de un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo: “…, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa”; como también lo ha reconocido, si bien de forma somera y sin derivar a últimas consecuencias, la motivación de la sentencia conocida en amparo.[4] CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo.CONSIDERANDO (13): Que, en concordancia a lo anterior, se aprecian precedentes que forman pacifica jurisprudencia, en el sentido que las resoluciones judiciales deben ser correlativas a lo alegado y probado por las partes procesales, es decir, atendiendo siempre el principio de congruencia;[5] no pudiendo quedar librado el ámbito del pronunciamiento judicial, al arbitrio de los Juzgadores. Tal principio se tiene para esta Sala, por inherente al concepto de responsabilidad judicial y al principio de jurisdiccionalidad, bases angulares del Estado de Derecho.[6] CONSIDERANDO (14): Que, según Jurisprudencia de larga data, la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución, impide se conculque al Administrado la posibilidad de que sus pretensiones sean juzgadas por un tribunal competente; y, por ende, con arreglo a las formalidades previstas por la Ley.[7] CONSIDERANDO (15): Que tiene especial relevancia, el cuestionamiento formulado por la solicitante - también observado por la Censora -, en el sentido que la Corte Ad Quem vulneró los derechos y garantías procesales que conforman el debido proceso, en vista incurrir en error patente, en motivación de la sentencia que se impugna; al concederle exigibilidad al título de ejecución por el cual se demanda, sin que éste reuniera los requisitos legales para que pudiera considerarse como tal; “… pues al no ser de plazo vencido, no se puede exigir su cumplimiento”. Cabe mencionar, que, para argumentar la desestimación de la oposición formulada, manifestó el Tribunal Ad Quem que los Actos Administrativos expresan la voluntad del Estado, con la intención de generar efectos jurídicos; los cuales pueden ser creadores de derechos, o bien, limitativos o restrictivos de los mismos; lo cual muestra congruencia, para la Sala de lo Constitucional, con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Argumentando, el Ad Quem, que el título que se pretende ejecutar no presenta ninguna irregularidad, ya que es un acto administrativo, del cual se presume su validez y eficacia.[8] CONSIDERANDO (16): Que, reviste también peculiar interés jurídico, el aserto de la Corte de Apelaciones, respecto a que si bien, la Ley de Procedimiento Administrativo no atribuye, de forma expresa, el mecanismo a seguir para forzar el cumplimiento a través de la vía judicial; supone que sería viable hacerlo a través del proceso de ejecución en materia civil, con base al denominado “Principio de Reciprocidad”; de conformidad a lo establecido en el artículo 782 numeral 4) del Código Procesal Civil.[9] Sin embargo, aprecia esta Sala que no asiste base analógica a la realización de tal procedimiento, pues la Ley invocada no lo autoriza, ni hace referencia alguna al supuesto de fuerza ejecutiva; atributo que corresponde, según afirma el Ad Quem, por vía de la inferencia lógica, a los actos administrativos. CONSIDERANDO (17): Que, a este respecto, considera la Sala de lo Constitucional, es acertado el planteamiento de la parte recurrente en amparo, pues existe abundante jurisprudencia que conceptúa al debido proceso como aquel derecho que asiste a las partes: “… a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”; lo cual no tiene cabal cumplimiento cuando el fundamento jurídico invocado no guarda relación lógico deóntica con el fallo. Así, resulta que la resolución jurisdiccional bajo estudio,[10] admitió que, para la producción del Acto Administrativo, se requiere la concurrencia de sus elementos esenciales para su emisión; entre los cuales, que tal pretensión de validez no resultare anulada por el proceso subsecuente a la declaratoria de LESIVIDAD que, como queda visto, le atribuyen eventualmente las Leyes a la Administración Pública; bien sea, oficiosamente, en salvaguarda del interés público; o como consecuencia de la reclamación administrativa previa a la vía judicial, instituida por los particulares en procura de sus derechos; la cual se conceptúa en doctrina nacional, como: “… un presupuesto procesal, un elemento que afecta a la regular constitución de la relación jurídica en que consiste el proceso”.[11] CONSIDERANDO (18): Que, no obstante ello, el escrutinio incidental del Ad Quem, procedió a desestimar la Nulidad del mandamiento, por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos, sin antes tomar en cuenta tal prerrogativa legal de la Administración Pública del Estado, conforme a la cual, y según prescrito en los artículos 15, con relación al artículo 45, ambos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; particularmente, al tenor de este último, en su párrafo primero: “Cuando la propia administración autora de algún acto pretendiere demandar su nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter económico o de cualquier otra naturaleza, en el plazo de cuatro (4) años, a contar de la fecha en que hubiere sido dictado”, (El subrayado no está en el original); por todo lo cual, resulta que la decisión de la Administración, adoptada en la forma de Resolución,[12] que es objeto del correspondiente litigio civil, carecía, en efecto, de exigibilidad: “… al no ser de plazo vencido, (…)”.[13] CONSIDERANDO (19): Que, concatenado a lo anterior, reconoce garantistamente esta Sala, que la legitimidad del Estado se encuentra definida y circunscrita por su sujeción a Derecho. Así lo reconoce también la generalidad de la teoría política contemporánea, citando para el caso al publicista Edgar BODENHEIMER, para quien los rasgos definitorios del Estado de Derecho son descriptos así: “Si en un determinado Estado el gobierno está sometido a un sistema de frenos y contrapesos; si se ha creado cierta división de poderes; si hay una constitución que garantiza a los ciudadanos ciertos derechos básicos; si los tribunales reconocen ciertos principios jurídicos fundamentales que ningún funcionario gubernamental puede violar en el ejercicio de sus funciones – en tal caso nos inclinaremos a decir que en ese Estado particular el poder soberano está sometido a derecho”.[14] CONSIDERANDO (20): Que, asimismo, el conocido procesalista italiano Giuseppe CHIOVENDA señaló que, en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos; y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentimiento subjetivo de la justicia profesado por el intérprete a las pasiones y a la arbitrariedad.[15] CONSIDERANDO (21): Que, con lo anterior, queda expuesta la falencia en el íter motivacional en que incurre el órgano judicial Ad Quem, en lesividad a los derechos y garantías procesales que conforman el derecho constitucional al debido proceso; si bien nos encontramos ante una resolución emitida en un tiempo considerado razonable, por parte del órgano jurisdiccional competente. No obstante, resulta también insoslayable que tal resolución, objeto del presente amparo, no fue sustentada conforme a lo dispuesto en la Ley general y pertinentemente aplicable, la cual define expresamente los títulos extrajudiciales que asientan la procedencia de la ejecución forzosa; “… siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad liquida y exigible”;[16] confiriéndole tal carácter de exigibilidad, a documentos que no gozaban de tal condición o carácter. CONSIDERANDO (22): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, contrae como efecto o consecuencia legal que la resolución impugnada resulte inaplicable a la representación procesal garantista, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que, con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir el derecho constitucional conculcado al recurrente en amparo, emitiendo un nuevo fallo, apegado a la tutela judicial efectiva. Lo anterior, por haberse constatado falencias sustantivas en la motivación de su sentencia por el órgano jurisdiccional, al apoyarse en razonamientos parciales, por cuanto no se siguen todas las consecuencias necesarias de los fundamentos legales esgrimidos para soportar la sentencia bajo estudio. Específicamente, cuando hace acopio el Iudex Ad Quem a la eventualidad de que se declare, conforme a los supuestos legales, la LESIVIDAD del acto a los intereses públicos. Sin embargo, tal razonamiento judicial debió atender los plazos que la legalidad define con relación a la adquisición de firmeza, en los actos de la Administración de carácter particular; pues tal es el presupuesto legal para la eficacia, según prescribe el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por todo lo cual, se considera, ha existido infracción al debido proceso de la parte civil Incidentista que obra como demandada por la vía ejecutiva; estimándose procedente la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 303 párrafo primero, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, a favor de la representación legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno; 2) Que la autoridad judicial recurrida proceda a dictar nueva resolución conforme a los términos expuestos en motivación de la presente sentencia, restituyendo el derecho constitucional vulnerado y en observancia debida a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, con relación a los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y al artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0335-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Ilustrativo el parecer de la doctrina constitucionalista española, conforme a la cual el derecho a una resolución judicial fundada en derecho no garantiza ningún supuesto derecho al acierto judicial, ni en la selección ni en la aplicación de las disposiciones legales; bastándole la proscripción de la arbitrariedad, la carencia de irrazonabilidad desde un punto de vista lógico o no verse incursa en un error patente; “… pues todos estos defectos comportarían la lesión del mismo”. Vid. GARBERÍ LLOBREGAT, J. Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal (2009). Madrid: Cuadernos Civitas - Thomson Reuters. pp. 169-170.
[2] El artículo 705.1 del Código Procesal Civil establece como finalidad del recurso de apelación en el proceso: “… lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente”.
[3] MORENO CATENA, V. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. (t. IV). La Ejecución Forzosa (2000). Madrid: TECNOS. Pág. 57.
[4] Ver artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo.
[5] Vid. BORRELL MESTRE, J. “El derecho a la tutela judicial en relación con la congruencia y la motivación de las sentencias. Constitución y Justicia Constitucional”, en: Jornadas de Derecho Constitucional de Centroamérica (2012). Barcelona: Editorial Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Pág. 262.
[6] DE DIEGO DIEZ, L. El derecho a la tutela judicial efectiva (2014). Tegucigalpa: OIM. Pág. 37.
[7] Ver: Sala de lo Constitucional. Sentencia No. 562-932-934-2005, de fecha nueve de agosto de dos mil seis.
[8] Ver el Considerando QUINTO de la sentencia objeto de amparo, a folio cincuenta y seis frente.
[9] Ver el Considerando CUARTO de la presente sentencia constitucional, a folio cincuenta y cinco (55) vuelto.
[10] Ibidem, a folio 55 f.
[11] RAMOS SÁNCHEZ, R.A. El reclamo administrativo (2000). Tegucigalpa: Editorial Universitaria. Pág. 69.
[12] Ver artículo 120 de la Ley General de la Administración Pública (Decreto No. 146-86).
[13] Desprendiéndose del estudio de la foliada, que la Resolución No. 31-2017-SS tiene fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). Mientras que la demanda para la ejecución de título extrajudicial, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL DESPACHO DE SALUD, fue presentada ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de agosto del año dos mil diecinueve (2019).
[14] BODENHEIMER, E. Teoría del Derecho (2012). México: Fondo de Cultura Económica. Pág. 78.
[15] CHIOVENDA, G. Curso de derecho procesal civil (2001). México: Oxford University Press. Pág. 409.
[16] Ver artículo 782, párrafo primero, del Código Procesal Civil.