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Sentencia AC-330-21 — Registro 15903

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (14): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. Así, esta Sala observa que el recurso que se conoce se disgrega en una simple censura a la actuación del Tribunal de Alzada y si bien la representante del Estado ha hecho una exposición jurídicamente apropiada para explicar el alcance de sus argumentos y los derechos invocados en su recurso, también ha sido escasa en presentar alegaciones concretas que fundamenten y/o justifiquen la acción de amparo que ha promovido, más allá de su discordancia con los razonamientos del Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala advierte que la sentencia impugnada que fuera emitida por la Alzada hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie iniquidad o desafuero en perjuicio del Estado. CONSIDERANDO (16): Que en el asunto objeto de examen este Alto Tribunal no advierte que se hayan vulnerado las garantías constitucionales invocadas. Se estima que la controversia objeto de examen era de estricto derecho y fue resuelta en concordancia con la ley sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales, limitándose el órgano jurisdiccional recurrido, como ya se ha dicho, a hacer aplicación de los mandatos de ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento. CONSIDERANDO (17): Que este Tribunal estima además que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (18): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada en el presente caso, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KIMBERLY YULISSA DERAS ZEPEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce de febrero de dos mil veinte, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el Abogado José Alfredo Molina Varela en su condición de Procurador Judicial en Representación del Estado de Honduras, a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR), en contra de la sociedad mercantil denominada Inversiones de Cerámica y Piedra, S.A. de C.V. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado José Alfredo Molina Varela, en su condición de Procurador Judicial en Representación del Estado de Honduras, a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR), promoviendo demanda de ejecución de título extrajudicial en contra de la sociedad mercantil denominada Inversiones de Cerámica y Piedra, S.A. de C.V. (Folios 2-6 de la primera pieza del expediente de ejecución extrajudicial) 2) En fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Wilfredo Misael García Castillo, en su condición de representante procesal del señor Héctor Edgardo Flores Guillen, en su condición de deudor solidario, asimismo, como Representante Legal (Presidente del Consejo Administración) de la sociedad mercantil denominada Inversiones de Cerámica y Piedra, S.A. de C.V., como deudora principal; presentando escrito de oposición a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el Abogado José Alfredo Molina Varela, en su condición de Procurador Judicial en Representación del Estado de Honduras, a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR), en su contra. (Folios 1-3 de la segunda pieza del expediente de ejecución extrajudicial) 3) En fecha doce de febrero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual dispuso: “…1.- Estimar el motivo de oposición de prescripción accionado por el abogado Wilfredo Misael García Castillo, representante procesal del señor Héctor Edgardo Flores Guillen y de la Sociedad Mercantil Inversiones de Cerámica y Piedra S.A. de C.V. у y 2.- Estimar el motivo de oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, promovido por el abogado Wilfredo Misael García Castillo, representante procesal del señor Héctor Edgardo Flores Guillen, como demandado solidario en el juicio extrajudicial. 3.- Se declara sin lugar el procedimiento de ejecución. La judicatura emite el presente acto procesal a la fecha en vista de existir múltiples audiencia declarativas.- De igual forma el presente acto procesal no tiene efectos de cosa juzgada. 4.- Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación el cual deberá interponer dentro de los diez días hábiles a la notificación…” (Folios 107-111 vuelto del expediente del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Kimberly Yulissa Deras Zepeda, actuando en su condición de Procuradora Sustituta en Representación del Estado de Honduras, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…1) Declarar SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la Abogada KIMBERLY YULISSA DERAS ZEPEDA, en su condición de Procuradora de la Procuraduría General de la República, contra la Sentencia Definitiva de Oposición de fecha Doce de Febrero del año Dos mil Veinte, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, derivada de la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado JOSÉ ALFREDO MOLINA VARELA, en su condición de Procurador Judicial en representación de la Procuraduría General de la Republica en contra de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES DE CERÁMICA Y PIEDRA SA DE C.V., como deudor principal a través del señor HÉCTOR EDGARDO FLORES GUILLEN, en su condición de Representante Legal y Responsable Solidario, para el pago de Sumas de Dinero por la cantidad de Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Sesenta y Seis Lempiras con Noventa y Dos Centavos (Lps. 1,327,966.92), en concepto de Impuestos, Multas, Recargos e Intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que indique el Sistema Financiero Nacional Vigente hasta que se efectué el pago, más Costas procesales.- 2) CONFIRMAR, el Fallo Definitivo de Oposición de fecha Doce de Febrero del año Dos mil Veinte, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, venido en apelación, con la motivación de esta CORTE - Y MANDA: Que con la Certificación de la Sentencia se remitan sus precedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de la sentencia a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Ponencia del Abogado CLEMENTE JESÚS GÁMEZ, Magistrado Presidente.- SIN COSTAS en primera y Segunda Instancia.-…” (Folios 6-10 de la pieza del Ad-quem) 5) En fecha trece de abril de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, la Abogada Kimberly Yulissa Deras Zepeda, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR), contra la sentencia relacionada en el numeral antecede, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. 6) En fecha veinte de enero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la Abogada Kimberly Yulissa Deras Zepeda, en consecuencia, se ordenó dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 40 de la pieza de amparo) 7) Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que del estudio de la resolución reclamada, se aprecia que la Corte de Apelaciones citada explicó en su motivación, que con la prueba aportada y admitida al proceso se observa que las declaraciones reflejadas en el Certificado de Deuda, de las cuales ahora se exige su pago, vencieron entre los meses de enero a junio del año 2019, lo que conlleva a que no puedan ser exigibles su cobro, en virtud que la interposición de la demanda fue el dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), es decir, ya había transcurrido un mes con dos días del vencimiento de la obligación y ante la falta de exigencia en el pago de la obligación, las declaraciones contempladas en el certificado de deuda se encuentra prescrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134.5 y 148.1 literal e) del Código Tributario (Decreto 170-2016). Agrega el Tribunal de Alzada que la prescripción, es excluyente de la excepción de nulidad del mandamiento por no cumplir el Titulo Ejecutivo los requisitos legales exigidos, por consiguiente, no conoció de los demás agravios esgrimidos por el recurrente. Sobre el particular, resulta de importancia señalar que el Código Tributario contenido en el Decreto 22-97, reformado mediante Decretos No.210-2004 y 139-2012, regulaba en su artículo 144 lo referente a la interrupción de las acciones y poderes del Fisco para percibir y cobrar un tributo, señalando en el numeral 6) que la prescripción se interrumpirá: "Por el ejercicio de las acciones judiciales ante los tribunales correspondientes, a partir de la fecha de la interposición". En este mismo sentido, el Código Tributario contenido en el Decreto 170-2016, señala en el artículo 148.1, literal el que el curso de la prescripción se interrumpe, entre otras causales, a partir del día hábil siguiente en que se interponga la acción judicial de cobro que corresponda. Siguiendo este orden de ideas, esta representación fiscal aprecia que, si bien es cierto, el Tribunal de Alzada citó como fundamento de su resolución los artículos 134.5 y 148.1 literal e) del Código Tributario (Decreto 170-2016), no menos cierto es, que al contrastar el sentido y alcance de ambas normas tributarias, resulta explícitamente de los propios términos de los precitados artículos, que ambos decretos disponen que la figura de la prescripción se interrumpe desde el día siguiente en que el Estado ejerza la acción judicial de cobro correspondiente, siendo que el plazo para ejercer las acciones y facultades del fisco para exigir el pago de las correspondientes prescriben por el transcurso del plazo de cinco (5) años, de conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario (Decreto 22-97) y posteriores reformas. Aplicado lo anterior al caso de autos, ambos decretos disponen que para determinar el cómputo del plazo de la prescripción de los créditos fiscales, debe tomarse en cuenta desde el día siguiente aquel en que se haya presentado la correspondiente declaración, por lo que se aprecia del contenido del Certificado de Deuda que corre a folio 10 de la causa que las declaraciones, de las cuales ahora se exige su pago, vencieron entre los meses de enero a junio del año 2014, por lo que es a partir de esta fecha que comenzó a correr el término de la prescripción, el cual se interrumpe por el ejercicio de las acciones judiciales ante los tribunales correspondientes, a partir de la fecha de la interposición, sin embargo, la demanda de mérito fue presentada cuando ya había transcurrido el vencimiento del plazo la acción. De lo expuesto es que esta representación fiscal estima que el criterio sostenido por la Alzada resulta congruente con la cuestión litigiosa, y el haber citado erróneamente los artículos del Código Tributario contenido en el Decreto 170-2016, no alteró el petitorio ni fundó su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes ni en normas contrarias al orden o a los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema tributario, por lo que se comparte el criterio sostenido por el Ad-quem en cuanto considera que ha transcurrido el término de cinco (5) años que señala la ley para que pueda extinguirse por prescripción la obligación fiscal, considerando que la demanda fue presentada en el año 2019, excediendo el término de cinco años que exige la norma tributaria. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse violación al derecho constitucional invocado por la amparista.” (Folios 43-49 de la pieza de amparo). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del Estado de Honduras, la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, que en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, resolvió declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la recurrente en contra de una resolución emitida por parte del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, que en fecha doce de febrero de dos mil veinte decidió declarar HA LUGAR el motivo de oposición del demandado a la pretensión de ejecución de un título extrajudicial. El juez de letra consideró que la acción incoada por el Estado de Honduras a través del Sistema de Administración de Rentas se encontraba prescrita, decidiendo a su vez la nulidad del mandamiento al no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos exigidos por la ley. Conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de instancia por parte del representante del Estado, el Tribunal de Alzada juzgó la confirmatoria de la decisión del juez A Quo, por cuanto consideró que, efectivamente, la acción de mérito estaba prescrita, al haber transcurrido el plazo legalmente establecido para poder exigir el cumplimiento de la obligación, considerando la improcedencia de las alegaciones de la impetrante en torno a la aplicación de los criterios de interrupción de la prescripción contemplados en el Código Civil por cuanto determinó en su fallo que al tratarse de un asunto de materia tributaria debía ser aplicada la legislación especial. ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que, según las alegaciones presentadas por la amparista, la prescripción alegada no fue demostrada en juicio por el oponente, aduciéndose la aplicación de una legislación anterior para la resolución del asunto que se conoce. Se alegó que los órganos jurisdiccionales que conocieron del proceso civil (SIC) “...no han actuado dentro de la esfera de su competencia...”, ello porque han irrespetado, según la reclamante, atribuciones y formalidades establecidas en el texto constitucional. Se afirmó además que el Tribunal de Alzada omitió emitir pronunciamiento sobre el segundo agravio presentado por la recurrente en la interposición de su recurso de apelación, con el que se cuestionaba la decisión del A Quo de declarar la nulidad del mandamiento por no cumplir el titulo ejecutivo con los requisitos legalmente exigidos. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (8): Que en el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber tomado decisiones fuera de sus atribuciones de ley al haber decidido la confirmatoria de una decisión del juez de instancia de estimar los motivos de oposición presentados por el demandado en la demanda civil de la que se ha hecho mérito y por haber omitido pronunciarse sobre uno de los agravios expuestos por la recurrente en el trámite del recurso de apelación que promovió en contra de la decisión del A Quo. CONSIDERANDO (9): Que la respuesta del Ad Quem en este caso fue básicamente que conforme a la legislación aplicable al caso, la acción promovida por la ejecutante efectivamente se encontraba prescrita, al haber vencido el plazo para exigir el cumplimiento de la obligación, concordando con el parecer del A Quo en cuanto a la procedencia de la oposición del demandado, encontrando la Alzada la pertinencia de la extinción de la obligación tributaria—y por ende la de la acción para demandar su cumplimiento—en virtud de la prescripción, por medio de la cual, conforme con la ley que regula la materia, se extinguen los derechos y acciones del Estado y del obligado tributario, al no haberse ejercitado las mismas dentro de los plazos legales establecidos. Con relación a la omisión de pronunciamiento sobre el segundo agravio denunciado por la recurrente, la Alzada fue clara al patentizar que, al ser estimada la prescripción como motivo de oposición, el mismo resultaba excluyente del otro motivo alegado por el ejecutado oponente, razón por la que no procedía emitir pronunciamiento al respecto, criterio con el que esta Sala asiente plenamente. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala concuerda con el criterio que la prescripción conlleva a que el transcurso del tiempo consolida situaciones de hecho, siendo un modo de extinguirse un derecho u obligación por la falta de su ejercicio dentro de un plazo establecido y regulado por la ley. Para esta Sala, la apreciación de la existencia o no de la prescripción en cualquiera de sus formas, sin duda corresponde a la justicia ordinaria, por lo que resulta impropia la argumentación de la recurrente en cuanto a que los órganos jurisdiccionales en el presente asunto actuaron fuera de la esfera de sus competencias, pues claramente la ley otorga a los jueces ordinarios plenas facultades para advertir y estimar la prescripción de derechos, acciones u obligaciones, siendo una institución de derecho vigente en la mayor parte de nuestras leyes y normativas de índole sustantivo o adjetivo en las distintas materias que se incluyen en nuestro ordenamiento jurídico, incluida y reconocida en la ley procesal civil como un motivo de oposición a la ejecución en su artículo 763. CONSIDERANDO (11): Que como lo ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. La Sala ha dejado establecido que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. CONSIDERANDO (12): Que la Sala ha declarado a su vez, en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. Se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. CONSIDERANDO (13): Que, en este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos.

Así, esta Sala observa que el recurso que se conoce se disgrega en una simple censura a la actuación del Tribunal de Alzada y si bien la representante del Estado ha hecho una exposición jurídicamente apropiada para explicar el alcance de sus argumentos y los derechos invocados en su recurso, también ha sido escasa en presentar alegaciones concretas que fundamenten y/o justifiquen la acción de amparo que ha promovido, más allá de su discordancia con los razonamientos del Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala advierte que la sentencia impugnada que fuera emitida por la Alzada hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie iniquidad o desafuero en perjuicio del Estado. CONSIDERANDO (16): Que en el asunto objeto de examen este Alto Tribunal no advierte que se hayan vulnerado las garantías constitucionales invocadas. Se estima que la controversia objeto de examen era de estricto derecho y fue resuelta en concordancia con la ley sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales, limitándose el órgano jurisdiccional recurrido, como ya se ha dicho, a hacer aplicación de los mandatos de ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento. CONSIDERANDO (17): Que este Tribunal estima además que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (18): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada en el presente caso, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, F A L L A: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada KIMBERLY YULISSA DERAS ZEPEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de octubre de dos mil veintidós. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la abogada KIMBERLY JULISSA DERAS ZEPEDA, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós en el recurso de amparo interpuesto por la referida profesional del derecho, a favor del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020). CONSIDERANDO: Que esta Sala observa que en la resolución contra la cual se recurre, se han pronunciado en forma motivada las razones por las que se consideró procedente la denegatoria de la acción constitucional de amparo intentada por la recurrente. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. CÚMPLASE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto y reposición de fecha once de octubre de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-330-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11