Sentencia AC-325-21 — Registro 14681
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió un recurso de apelación con relación a la solicitud de cobro de honorarios profesionales. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 64, 82 y 94 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que, de la vista de los antecedentes encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, ratificada en la respectiva formalización, por la peticionaria; se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho de defensa y al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas argumentaciones, sino la reiteración de alegaciones de errónea aplicación jurisdiccional de la legalidad; por discrepar de la interpretación judicial de los artículos 2296 y 2299 del Código Civil, ínsita en el fallo en mención; mas sin allegar criterios sostenidos, objetivos y coherentes que indiquen trascendencia a la vulneración actual, o inminente, de las precitadas garantías constitucionales. CONSIDERANDO (8): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida. CONSIDERANDO (9): Que según se ha sostenido en la heurística del Derecho Constitucional: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”.[1] CONSIDERANDO (10): Que, del estudio de las diligencias, resulta razonable para el pleno de la Sala de lo Constitucional, la opinión vertida por la Fiscal del Despacho, respecto a no haber lugar a estimar la presente acción constitucional; por no encontrarse acorde y hermenéuticamente apta para la dilucidación del objeto y alcance de los legítimos derechos invocados como violentados por la amparista, en el continente de la resolución jurisdiccional impugnada en amparo; incurriendo, por consiguiente, en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1); consistente en versar la acción constitucional promovida, en alegaciones de mera legalidad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada YERLIN IVETH MARTINEZ AVILES, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la solicitud de cobro de honorarios profesionales promovida por el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA contra la Sociedad Mercantil EURO INVERSIONES S. DE R.L. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de si mismo contemplados en los artículos 64, 82 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, actuando en su condición Personal, promoviendo demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales, contra la Sociedad Mercantil EURO INVERSIONES S. DE R.L. (Folios 01-16 de la Pieza del A-Quo) 2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la excepción material de PRESCRIPCION DE LA ACCION, interpuesta por el Abogado en su condición, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR los motivos de impugnación por INDEBIDOS Y EXCESIVOS interpuesta por el Abogado en su condición, por las razones antes expuestas. TERCERO: DESESTIMAR a presente solicitud de reclamos profesionales promovida por el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJL GAHONA quien actúa en causa propia, por las razones antes expresadas. CUARTO: Con costas, bajo el principio de vencimiento. QUINTO: la presente resolución es susceptible de recurso. NOTIFIQUESE.” (Folios 66-68 de la Pieza de Oposición del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada YERLIN IVETH MARTINEZ AVILES, actuando en su condición de Apoderada Legal del Señor JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto contra la resolución del 26 de febrero de 2020. SEGUNDO: Se confirma la resolución impugnada. TERCERO: Con costas en segunda instancia, al recurrente.” (Folios 20-28 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que la Abogada YERLIN IVETH MARTINEZ AVILES, actuando en su condición de Apoderada Legal del Señor JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 94 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–09 y 32 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por estimar que el fallo hoy impugnado no vulnera los derechos constitucionales invocados por el amparista, en virtud de las razones arriba enunciadas”; lo cual tuvo en especial consideración que, según el principio dispositivo aplicable al caso concreto, corresponde a las partes y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso. De tal manera que, la parte que haya ejercido su derecho de acción debe determinar con precisión el objeto del proceso, así como la carga de pedir, alegar y probar los hechos y argumentar derecho. Contrario el caso de autos, al no ser congruente lo pedido por el actor en el reclamo que se originó y los agravios en segunda instancia; lo cual fue reconocido por el Ad Quem, al observar la falta de claridad que se exige para establecer en el recurso de apelación, el concepto de la violación. Procediendo a decretar la condena en costas, con base al principio de vencimiento y con fundamento en lo establecido en los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil; por lo cual no ocurre al fallo de Alzada, tergiversación alguna al derecho constitucional invocado. (Folios 34–37 y 39 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), que resolvió denegatoriamente un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazan, con relación a la solicitud de Cobro de Honorarios Profesionales promovida por el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA contra la Sociedad Mercantil EURO INVERSIONES S. DE R.L.; lo cual tuvo, entre otras consideraciones, la falta de claridad en la exposición de los motivos de agravios suscitados por la impugnación de honorarios que se conociera y resolviera en instancia. Cometiendo el yerro la parte recurrente, inclusive, de señalar agravios contra antecedentes de hecho, en la formalización de su primer agravio; además de efectuar manifestaciones de violación procesal, sin pedir nulidad de actuaciones, más si la revocatoria de la resolución apelada. En cuanto al segundo motivo de agravio, debe también desestimarse, por verterse en clara violación al sistema dispositivo. Fue la misma parte reclamante la que presentó su reclamo de honorarios en base a la cuantía de L 25, 500, 000.00 y no en base a la demanda de L 145, 393, 209.06, considerándose su alegato contrario no solo al principio dispositivo, sino que a la buena fe procesal; pues varía en segunda instancia la cuantía e, incluso, la argumentación jurídica que sustentaron en la impugnación de los honorarios profesionales. Argumentando en forma confusa, al momento de contestar la impugnación, que las leyes utilizadas por el impugnante estaban derogadas. Tales variaciones en la argumentación jurídica, sostenidas en el recurso de apelación, infringen en el concepto del Ad Quem la prohibición de cambios sustanciales en la pretensión y resistencia (Mutatio libelli) ante el Tribunal de Apelación, donde no puede pedirse más allá de lo pedido en la demanda. CONSIDERANDO (4): Que para el Ad Quem, de los motivos de agravio restantes, no resulta una clara y ordenada exposición del recurso de apelación por la parte recurrente. Motiva, asimismo la Alzada, la infracción al principio dispositivo en tal reclamación, correspondiendo a las partes y no al Juez, establecer el objeto del proceso. Lo cual no muestra la correlación debida en la ilación y sustentación de la argumentación jurídica de la recurrente, quien se dedica a realizar meras afirmaciones generales e imprecisas, carentes de sustento o fundamento legal, lo cual vuelve inoperante el último agravio, conforme lo estipulado en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Finalmente, considera que la condena en costas impugnadas en recurso de apelación, se basa en un criterio objetivo que atiende el vencimiento total de las pretensiones de las partes, al tenor estricto de lo prescrito en el artículo 218.2; con relación a lo preceptuado en los artículos 219.1 y 221, todos del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (5): Que, en formalización de su recurso, motiva su acción constitucional la Recurrente, Abogada YERLIN IVETH MARTINEZ AVILES, en su precitada condición de Apoderada Legal del señor JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, en el supuesto de error de la Alzada al no ordenar de oficio la subsanación de la demanda, fijando la cuantía de los honorarios demandados, atendiendo al menos sobre la cuantía fijada para la homologación del caso. Asimismo, en cuanto a la aplicación de la prescripción de la acción, invocada en la impugnación de los honorarios profesionales, sostiene la amparista que se trata de honorarios profesionales sobre un proceso ordinario, con una cuantía determinada, el cual concluyó mediante una homologación que hicieran las partes, debidamente aprobada por el Juzgado A Quo y en correspondencia a una sentencia definitiva; siendo, en el presente caso, a partir de dicha fecha (29 de marzo de 2019), que debió calcularse el tiempo de prescripción; respecto al momento en que el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA presenta su tasación de honorarios. No existiendo, por tanto, tal prescripción de la acción, la cual se fundamenta en artículos contenidos en una norma derogada; por lo que resultaría inaplicable al caso concreto, por adjudicación del principio Iura Novit Curia. CONSIDERANDO (6): Que, sigue manifestando la Abogada YERLIN IVETH MARTINEZ AVILES, que la sentencia de la Alzada descrita y circunstanciada, resulta violatoria a los derechos y declaraciones constitucionales reconocidos en los artículos 64, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Manifestando, a tal efecto, que se conculcó el derecho del Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA a que se determinare la satisfacción de un derecho especialísimo y preferente reconocido en la Constitución de la República y en las leyes; particularmente en lo expresado en los artículos 20, 89 numeral 1), 224, 225, 226 y 227 del Código Procesal Civil, 1889, 1914, 2296 y 2299, en relación, todos del Código Civil y en los demás artículos aplicables del vigente Arancel de Profesionales del Derecho; por lo cual se ha denegado el pago de los honorarios profesionales debidos a su representado, sin una justificación objetiva y razonable. Acude ante esta Sala de lo Constitucional, solicitando se otorgue garantía de amparo, restituyéndole al citado profesional del Derecho el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (7): Que, de la vista de los antecedentes encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, ratificada en la respectiva formalización, por la peticionaria; se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho de defensa y al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas argumentaciones, sino la reiteración de alegaciones de errónea aplicación jurisdiccional de la legalidad; por discrepar de la interpretación judicial de los artículos 2296 y 2299 del Código Civil, ínsita en el fallo en mención; mas sin allegar criterios sostenidos, objetivos y coherentes que indiquen trascendencia a la vulneración actual, o inminente, de las precitadas garantías constitucionales. CONSIDERANDO (8): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida. CONSIDERANDO (9): Que según se ha sostenido en la heurística del Derecho Constitucional: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”.[1] CONSIDERANDO (10): Que, del estudio de las diligencias, resulta razonable para el pleno de la Sala de lo Constitucional, la opinión vertida por la Fiscal del Despacho, respecto a no haber lugar a estimar la presente acción constitucional; por no encontrarse acorde y hermenéuticamente apta para la dilucidación del objeto y alcance de los legítimos derechos invocados como violentados por la amparista, en el continente de la resolución jurisdiccional impugnada en amparo; incurriendo, por consiguiente, en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1); consistente en versar la acción constitucional promovida, en alegaciones de mera legalidad. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 70, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1) 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-325-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] AGURCIA, G. Introducción a la interpretación y aplicación al Derecho Hondureño (2013). Tegucigalpa: OIM. Pág. 136.