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Sentencia AC-319-21 — Registro 15902

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró ha lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución en relación a la solicitud de Pretensión de Ejecución Hipotecaria de un Título. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 1, 90, 94, 95 y 103 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes; si se aprecia vulneración el principio de legalidad también invocado por el recurrente al haber condenado en costas en esa instancia a la parte recurrida, mediante sentencia de fecha dos de febrero del dos mil veintiuno, inobservando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, concluyendo que el recurso de amparo interpuesto debe ser declarado con lugar únicamente en relación al asunto de la imposición de costas a la parte recurrida.-CONSIDERANDO (17): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable en relación a la condena en costas, de tal manera que la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Con Lugar el Recurso de Apelación y se condena en costas en segunda instancia a la parte recurrida, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil, al interpretar de forma errónea las normas señaladas, imponiendo al peticionario costas en segunda instancia que no corresponden. La desestimación del recurso en segunda instancia conlleva obligatoriamente la imposición de costas al recurrente, pero en el presente caso el recurso de Apelación fue declarado con lugar, estimando con ello las pretensiones de la parte actora (apelante), ante lo cual no procede la imposición de costas a la parte recurrida; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEJANDRO JOSE DUARTE LANZA, a favor de la Sociedad Mercantil ARROCERA GRANO DORADO, S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha dos de febrero del dos mil veintiuno, que declaró HA LUGAR un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha diez de febrero de dos mil veinte, dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en relación a la solicitud de Pretensión de Ejecución Hipotecaria de un Título, promovida por la Sociedad Mercantil PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A., contra la Sociedad Mercantil ARROCERA GRANO DORADO, S. DE R.L.. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 1, 90, 94, 95 y 103 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, el Abogado ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A., (PRESESA), promoviendo “PRETENSIÓN PARA LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE UN TITULO,” contra la señora AIDA ELENA CASTILLO, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil ARROCERA GRANO DORADO, S. DE R.L., a efecto de que se le requiriera el pago de la cantidad de CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L. 4,061,347.93) más los intereses legales y costas del presente juicio, en virtud de que la obligación contraída por la demandada a esa fecha fue declarada vencida. (Folios 01 al 03 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, la señora AIDA ELENA LANZA CASTILLO, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, presentando Oposición a la Ejecución Hipotecaria, promovida en contra de su representada, manifestando que había cumplido a cabalidad con todos los pagos en la forma establecida en el contrato. (Folios 48 al 53 de la primera pieza de antecedentes.).-3) Que, seguido el proceso en fecha diez de febrero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, dictó resolución mediante el cual Resolvió: “Primero: Declarar con Lugar la Oposición planteada por la señora AIDA ELENA LANZA CASTILLO, a través de sus apoderados legales, en la solicitud de Pretensión de Ejecución Hipotecaria de un Título, presentado por la Sociedad Mercantil denominada PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A. (PRESESA). …” (Folios 190 al 193 de la primera pieza de los antecedentes).- 4) Que conociendo de un recurso de apelación presentado por la Abogada YURY YAJAIRA GARCIA GARCIA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A. (PRESESA), contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el Recurso de Apelación impetrado por la Abogada YURY YAJAIRA GARCIA GARCIA, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A.(PRESESA) contra la resolución dictada en fecha Diez de Febrero del año dos mil veinte por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, en la solicitud de pretensión de Ejecución Hipotecaria de un Título, presentada por la Sociedad Mercantil denominada PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A.(PRESESA).- SEGUNDO: SE REVOCA la resolución dictada en fecha Diez de Febrero del año dos mil veinte por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, donde se declara con lugar la oposición planteada por la señora AIDA ELENA LANZA CASTILLO, a través de sus apoderados legales en la solicitud de pretensión de Ejecución Hipotecaria de un Título, presentada por la Sociedad Mercantil denominada PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A.(PRESESA); …” (Folios 05 al 18 de la segunda pieza de los antecedentes).- 5) Que el Abogado ALEJANDRO JOSUE DUARTE LANZA, compareció ante este Tribunal en fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada ARROCERA GRANO DORADO, S. DE RL., contra la sentencia de fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 90, 94, 95 y 103 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno. (Folios 01 al 16 y 203 del recurso de amparo).- 6) Que en fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “SE OTORGUE PARCIALMENTE la presente acción de Amparo por vislumbrar violación al derecho constitucional por el Amparista…”. (Folios 212 al 217 del recurso de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, que declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Yury Yajaira García García, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A. (PRESESA), como parte ejecutante y apelante, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha diez de febrero del año dos mil veinte, que declara Con Lugar la oposición planteada en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por los abogados Rommel Armando Ruiz Guillen y Víctor Arnel Álvarez Álvarez, en su condición de apoderados legales de la Sociedad Mercantil PRESTAMOS Y SERVICIOS S.A. (PRESESA), contra la señora AIDA ELENA LAZA CASTILLO, en su condición de Gerente General y representante legal de la sociedad mercantil ARROCERA GRANO DORADO S. DE R.L.-CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su discrepancia con la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, argumentando que el acto que se recurre en Amparo infringe los artículos 1, 90, 94 y 95 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 199, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (4): Que, el amparista muestra su inconformidad con la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dos de febrero del dos mil veintiuno, fundamentando sus alegatos en la FALTA DE MOTIVACION RAZONADA Y FUNDADA EN DERECHO. Argumenta el pedidor que no existe una motivación que permite conocer a certeza y suficiencia cuales han sido los razonamientos y criterios jurídicos esenciales fundamentadores de su decisión, pues el contrato de apertura de crédito con hipoteca suscrito gira en torno a una actividad agrícola la cual por su misma naturaleza queda sujeto a diferentes condiciones de cumplimiento, plazos de la obligación y causales de vencimiento o exclusión de la obligación, factores que debió advertir y esgrimir el Ad-Quem. Señala que el Ad-quen no consideró la naturaleza del contrato de hipoteca como crédito para inversión agrícola, tal cual se lee nos encontramos ante un contrato atípico, en el cual el pago de la hipoteca no es un pago tradicional en ventanilla bancaria. Alega también en la resolución impugnada INCONGRUENCIA OMITIVA AL ESCRITO DE APELACION Y SU CONTESTACION. Argumenta que el Ad-quem en el caso de mérito devenía obligado a dar mayor exhaustividad a cada uno de los pronunciamientos impugnados en su resolución, descartándolos o confirmándolos individualmente tomando en consideración los efectos que la misma produciría al revocar la resolución del A-quo, pues no detalla ni motiva como cohesiona dichos enunciados al caso en concreto; de manera generalizada también alude al artículo 899, hace transcripción literal del mismo, juntamente con comentario integro extraído del Código Procesal Civil Comentado, esto sin hacer mayor explicación, acopio y valoración propia y suya de la cual se pueda determinar como ha sido de aplicación concreta al caso, pues el A-quo en aplicación de justicia, no solo considera las causales del 899, también entra a conocer y aplicar las condiciones contractuales para definir la controversia acaecida, acto de valoración que deja por alto el Ad-quem. Argumenta también que el ejecutado se ha basado en el artículo 792 con motivo de oposición en su numeral 4to, que refiere al pago justificado documentalmente, en virtud que el artículo 899 del Código Procesal Civil es restrictivo, limitativo y excluyente, es así que la doctrina hondureña, establece que los motivos de oposición del artículo 792 son igualmente aplicables a la ejecución hipotecaria, por lo cual se hizo uso de dicho articulo para sustentar la oposición planteada. Por ello ante una actitud procesal de evidente mala fe en la cual se insto un proceso de ejecución cuya tramitación ágil y eficaz deja en extrema precariedad al ejecutado; el razonamiento del Ad-quem respecto que el ejecutado únicamente pudo haber alegado las causales de oposición del artículo 899 pero no así las del artículo 792, deja en indefensión al ejecutado.-CONSIDERANDO (5): Que el pedidor alega como último motivo arbitrariedad en la sentencia, pues el Ad-quem en la parte dispositiva de la sentencia condena en COSTAS EN ESTA INSTANCIA, distorsionándose así el alcance de la disposición legal del artículo 221 del Código Procesal Civil ya que es de sendo conocimiento que si el apelante gana íntegramente o parcialmente el recurso, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes. Ello es lógico puesto que el apelado no ejercitó pretensión alguna en este recurso y se limita a oponerse a que se revoque la sentencia dictada por el órgano judicial de primera instancia. Deviniendo una clara violación a lo consagrado en el artículo 95 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Artículo 94, párrafo primero, “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente.”; Artículo 95, “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.”.-CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la resolución impugnada, de lo dispuesto en el los artículos 199, 206, Claridad, precisión y exhaustividad; 207, Motivación; y 208, Congruencia, todos del Código Procesal Civil, que por su orden determinan: CONTENIDO FORMAL DE LOS AUTOS. “1) Los autos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo. 2) Los autos que deban emitirse durante el desarrollo de las audiencias se podrán dictar oralmente, expresándose en el acta por el secretario una mínima fundamentación de los mismos, asegurándose al mismo tiempo que de los hechos y razones jurídicas que los han motivado ha quedado cumplida constancia en la grabación.”; CLARIDAD, PRESICION Y EXHAUSTIVIDAD. “1) Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2) El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3) Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.”; MOTIVACION. “1) Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2) La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”; CONGRUENCIA. “1) Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el proceso. 2) En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.”. -CONSIDERANDO (8): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, debe ser de obligatorio cumplimiento por los Jueces civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[2].-CONSIDERANDO (9): Que la resolución emitida por el Ad-quem resuelve declarar HA LUGAR el recurso de Apelación promovida por la Abogada Yury Yajaira García García, en base a los argumentos siguientes: “SEXTO: En la causa de mérito el ejecutado interpuso como motivo de oposición el pago justificado documentalmente y se fundamenta en los artículos 792 # 4 y 889 del Código Procesal Civil; sin embargo dichos artículos no son referentes a los motivos de oposición que competen a la ejecución hipotecaria, sin embargo considerando que hubo un error de dedo pues refiere que su representada arrocera grano Dorado S. DE R. L.; ha cumplido a cabalidad con la forma de pago este ad-quem considera que la normativa procesal civil ya establece claramente que se debe acreditar por la parte ejecutada para interponer dicho motivo de oposición que no es otra mas que acreditar la extinción de la garantía o de la obligación garantizada mediante la correspondiente certificación registral de cancelación de la garantía o mediante escritura pública de carta de pago o de cancelación de garantía, en la causa de mérito el ejecutado no hizo oposición mediante ninguno de los presupuestos anteriores, limitándose a argumentar situaciones que no son motivos de oposición propios en una ejecución hipotecaria, por lo que mal hizo el a-quo en considerarla como motivos de oposición y peor aún declararlas con lugar, cuando lo que existen son argumentaciones fuera del contexto legal en que se debe llevar una ejecución hipotecaria, pues pareciera que desconocen el procedimiento que establece claramente la normativa procesal; el a-quo se limita a establecer en su parte dispositiva declarar con lugar la oposición, sin que efectivamente se encuentren entre los motivos de oposición que establece el artículo 899 del Código Procesal Civil como ser: 1) Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, acreditada mediante la correspondiente certificación registral de cancelación de la garantía real, o mediante escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía; 2) Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. Para que se admita esa causa el saldo que arroje la documentación del deudor en la que figuren los asientos de la cuenta debe ser distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante; 3) En caso de ejecución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, que los bienes sobre los que recaen estén sujetos a otra garantía real o a un embargo, anteriores al gravamen que se ejecuta, siempre que ese hecho se acredite por la correspondiente certificación registral. En la causa de merito ninguno de los argumentos expuestos por la ejecutada van encaminados a establecer los motivos de oposición antes expuestos, por lo que los agravios de la recurrente resultan procedentes, debiéndose declarar con lugar el recurso y revocar la resolución dictada por el a-quo en la que declara con lugar los motivos de oposición de la ejecutada.”.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que en relación al motivo de oposición planteado, la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad que aduce el recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento a lo establecido en el Artículo 899 del Código Procesal Civil, que desarrolla en números cerrados tres causales que pueden ser invocados por la Parte Ejecutada como motivos de Oposición a la Ejecución Hipotecaria; institución jurídica que se desarrolla en el Libro sexto, Título Séptimo de la ley adjetiva, debiendo seguirse las especialidades que en ese capítulo se regulan[3]. Se debe señalar que la resolución fue emitida aplicando la ley vigente al caso en concreto, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo.CONSIDERANDO (11): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y dando respuesta a los argumentos expuestos por el impetrante, de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, específicamente el numeral SEXTO ya relacionado, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando los motivos y procedimiento establecido en la ley con relación a los motivos de oposición a la ejecución hipotecaria[4], el acto recurrido se encuentra debidamente motivada, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió para declarar Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia carente de la motivación debida y congruente, que se exige en las resoluciones judiciales.-CONSIDERANDO (11): Que el recurrente alega arbitrariedad en la sentencia y con ello vulneración al Artículo 94 y 95 Constitucional, por la condena en costas declarada en esa instancia por el Tribunal de Alzada. Argumenta el pedidor que la interpretación que hace el Ad-quem al artículo 221 del Código Procesal Civil, resulta arbitraria, fuera de orden y derecho, completamente irracional, distorsionándose el alcance de la disposición legal señalada, ya que es de sendo conocimiento que si el apelante gana íntegramente o parcialmente el recurso no se condenará en costas a ninguno de los litigantes. Argumenta que el apelado no ejercito pretensión alguna en este recurso y se limita a oponerse a que se revoque la sentencia dictada por el órgano judicial de primera instancia. En relación a este argumento el Tribunal de Alzada en el acapice SEPTIMO de la sentencia recurrida establece: (sic) “Que el artículo 221 del Código Procesal Civil establece “Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio de vencimiento”, desprendiéndose de lo anterior que al ser rechazadas todas las pretensiones del recurso lo procedente es condenar en costas a la parte ejecutada y recurrida.”.-CONSIDERANDO (12): Que en relación a la Condena en costas el Código Procesal Civil dispone: Artículo 221.- EN CASO DE RECURSOS. “Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio de vencimiento. Al efecto el Artículo 219.- EN PRIMERA INSTANCIA. PRINCIPIO DE VENCIMIENTO. “1) En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. 2) Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. 3) Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados por el reglamento de la Corte Suprema de Justicia sobre esta materia. 4) En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Publico en los procesos en que intervenga como parte por mandato de ley.” Analizadas las disposiciones legales señaladas, esta Sala de lo Constitucional advierte en la sentencia recurrida, específicamente en el pronunciamiento SEPTIMO relacionado en el numeral anterior, que la Corte recurrida, hace una errónea interpretación de la norma, condenando en costas a la parte recurrida. En el caso de mérito el recurso de apelación fue presentado por la abogada Yury Yajaira García García, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada PRESTAMOS Y SERVICIOS S. A., recurso que fue declarado CON LUGAR, estimando con ello todas sus pretensiones, por lo cual no procedía la condena en costas. Según el artículo 221 del Código Procesal Civil ya señalado, la desestimación de todas las pretensiones en el recurso de apelación, conlleva obligatoriamente la imposición de costas al recurrente.- La parte recurrida como bien lo argumenta, no hace más que oponerse a los pronunciamientos del recurrente en Apelación, no siendo el promotor del recurso, no puede condenársele en costas en esa instancia, pues al hacerlo se violenta el principio de legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” - CONSIDERANDO (14): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[5], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes; si se aprecia vulneración el principio de legalidad también invocado por el recurrente al haber condenado en costas en esa instancia a la parte recurrida, mediante sentencia de fecha dos de febrero del dos mil veintiuno, inobservando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, concluyendo que el recurso de amparo interpuesto debe ser declarado con lugar únicamente en relación al asunto de la imposición de costas a la parte recurrida.-CONSIDERANDO (17): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable en relación a la condena en costas, de tal manera que la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Con Lugar el Recurso de Apelación y se condena en costas en segunda instancia a la parte recurrida, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 219 y 221 del Código Procesal Civil, al interpretar de forma errónea las normas señaladas, imponiendo al peticionario costas en segunda instancia que no corresponden. La desestimación del recurso en segunda instancia conlleva obligatoriamente la imposición de costas al recurrente, pero en el presente caso el recurso de Apelación fue declarado con lugar, estimando con ello las pretensiones de la parte actora (apelante), ante lo cual no procede la imposición de costas a la parte recurrida; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 94, 95, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 200, 206, 207, 208, 219, 221 y 899 del Código de procedimientos Comunes; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) OTORGANDO PARCIALMENTE la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado ALEJANDRO JOSUE DUARTE LANZA, a favor de la Sociedad Mercantil ARROCERA GRANO DORADO S. DE. R.L., contra la sentencia emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha dos (2) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); 2) Que el amparo SE OTORGA únicamente en el asunto que versa en relación a la CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA a la parte recurrida; 3) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo el derecho de legalidad que le ha sido vulnerado al condenarlo en costas en segunda instancia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0319-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[2] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.

[3] Ver Artículo 887 del Código Procesal Civil.

[4] Código Procesal Civil. Artículo 899. MOTIVOS DE OPOSICION A LA EJECUCION. El ejecutado sólo podrá oponerse a la ejecución alegando: 1) Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, acreditada mediante la correspondiente certificación registral de cancelación de la garantía real, o mediante escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía. 2) Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. Para que se admita esa causa el saldo que arroje la documentación del deudor en la que figuren los asientos de la cuenta debe ser distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante. Cuando se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución de saldo referido a cierre de cuantas corrientes u operaciones similares al amparo de contratos mercantiles otorgados por entidades financieras sea la que certifique la entidad acreedora, bastará con que el ejecutado exprese con la debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad. 3) En caso de ejecución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, que los bienes sobre los que recaen están sujetos a otra garantía real o a unos embargos anteriores al gravamen que se ejecuta, siempre que este hecho se acredite por la correspondiente certificación registral.

[5] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.