Sentencia AC-270-21 — Registro 14421
Resumen
Recurso de apelación declarado parcialmente con lugar y con lugar una de las excepción de prescripción interpuestas en relación a demanda de ejecución de título extrajudicial, contra Sociedad Mercantil ejecutada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(3): Que después del estudio de la presente causa, esta Sala Constitucional ve que a lo largo del proceso la ahora recurrente ha tenido libre acceso a los tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, y estas se han desarrollado de la forma que señalan las leyes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de petición ni al de defensa por el solo hecho que las respuestas a las peticiones hechas por las partes son en algún sentido, contrario a las pretensiones de éstas, teniendo lo anterior como consecuencia de la observancia al debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que esta Corte Suprema de Justicia, considera lógica y congruente en derecho la deducción del Tribunal recurrido, al manifestar en su sentencia que la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado NO tiene lugar, cuando fue acreditado en juicio con medio de prueba documental, consistiendo en: 1.- Declaración Jurada que consta en la base de datos que maneja la Administración Tributaria, como requisito al momento de inscribir y registrar la empresa; declaración jurada extendida por el señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO, quien declara ser el representante legal de la Sociedad mercantil denominada AGENCIA BARRET S.A. DE CV 2.- Una Carta Poder que corre a folio 22.1 del expediente de oposición, en la cual el señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO, otorgó carta poder a un profesional del derecho, en su condición de representante legal de la Sociedad mercantil denominada AGENCIA BARRET S.A. DE CV.- Se manifiesta que esta excepción se refiere a la aptitud de ejecutar actos procesales con eficacia jurídica en nombre ajeno, o lo que es lo mismo “la capacidad para estar en juicio por medio de otro (legitimatio ad processum)”. CONSIDERANDO (5): Que se dice lo anterior, ya que este Supremo Tribunal observa que los servidores de justicia del Tribunal de Alzada, en este caso han actuado conforme a la Ley y por consiguiente la decisión recurrida por la Abogada SARA ELIZABETH SOLANO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciocho de enero dos mil veintiuno, con relación a la determinación de declarar SIN LUGAR la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado y opuesta por el demandado excepcionista, no es más que la aplicación con la debida interpretación, del numeral 2º del artículo 792 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (6): Que con relación a la segunda excepción opuesta, relativa a la prescripción de la acción, expone la procuraduría General de la República, ahora recurrente, que vulnera a su defendido el hecho de que la Corte de apelaciones haya declarado prescritos algunos periodos contenidos en el titulo ejecutivo extrajudicial, y señala que si bien es cierto que en el certificado de deuda se detalla periodos 201012 en el impuesto de retención en la fuente; estas obligaciones no tienen su génesis de autoliquidaciones, sino al contrario, nacen de ajustes practicados y notificados en fecha quince de mayo de dos mil trece, mediante resolución DEI-135-DA-ARN-E-2013. Aduce que el obligado tributario impugnó la misma, mediante recurso de reposición presentado en fecha cuatro de junio de dos mil trece y resuelto en fecha cuatro de agosto de dos mil catorce y notificándose el apoderado legal de la misma en fecha diecinueve de enero del 2015, quien inconforme con la misma, procedió a interponer en fecha veintiuno de enero de dos mil quince recurso de apelación en contra de la resolución antes relacionada, emitiendo la Secretaria de Finanzas una resolución en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, notificándose el apoderado legal del obligado tributario de la misma en fecha 14 de marzo de 2017, por lo que los periodos que la parte ejecutada supone que se encuentran prescritos, adquirieron firmeza para su cobro a partir del 5 de abril de 2017, pues es la fecha en la cual caducó el derecho para entablar la demanda, por ende el plazo para que dichos periodos se tomen como prescritos vencen en fecha 5 de abril de 2022.3). Alega que el certificado de deuda es un acto administrativo con lo cual su generación, creación, y por supuesto su prescripción es objeto de pronunciamiento único y exclusivamente de la propia administración pública, por lo tanto, para alegar que sus impuestos estaban prescritos, tuvo que haber que haber peticionado ante la Administración Tributaria, el desvanecimiento, invalidez o prescripción del título ejecutivo tributario. Apunta la Procuraduría que la prescripción al igual que la exoneración, son figuras que por ley se peticionan en sede administrativa, nunca en ejecución de título extrajudicial, por lo que al otorgar como prescritos los periodos consignados en el título de ejecución, el juez de primera instancia se toma atribuciones que no se encuentran enmarcadas dentro de sus funciones. CONSIDERANDO (7): La Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó Sentencia en fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, determinó entre otros, DECLARAR CON LUGAR la excepción material de prescripción de la acción, en cuanto a las declaraciones fiscales números AL3192016 y AL343492016 ambas del periodo fiscal 2010-12 por un valor total de ciento ocho mil, seiscientos setenta y cinco lempiras con setenta y dos centavos (L 108,675.72). DECLARÓ SIN LUGAR la excepción material de prescripción en cuanto a las declaraciones fiscales números 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L246,942.60) y declaraciones fiscales números 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L247,716.89).- Falló que se continúe con los tramites de la ejecución respecto a cuanto a las declaraciones fiscales números 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L243,942.60) y declaraciones 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L247,716.89), sumando un gran total de cuatrocientos noventa y cuatro mil, seiscientos cincuenta y nueve lempiras con cuarenta y nueve centavos (L494,659.49).- 3) SIN COSTAS en primera instancia.” CONSIDERANDO (8): Que la Corte de Apelaciones recurrida en amparo, motiva la decisión antes descrita, y manifiesta que, en cuanto a la prescripción, la parte ejecutante no acreditó mediante documentos fehacientes el tiempo por el cual empezó el termino para el computo de la misma o en su efecto la interrupción de la misma prescripción. Motiva señalando que no se acredito en qué momento quedo firme la resolución administrativa para efecto de que se computara el plazo de la prescripción. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional, hace suya la motivación expuesta por la Corte de Apelaciones cuando define la prescripción, como un modo de extinguir las obligaciones no reclamadas durante cierto lapso de tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor, frente a la pasividad prolongada por el titular del crédito, en otras palabras, es la caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos. La regla general, establece que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción, cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado y este se computa a partir del día en que pudo ejercitarse la acción o el derecho, siendo necesario determinar a partir de cuando el demandante pudo ejercitar la acción que se conoce. En tal sentido y para determinar la procedencia o no de la excepción de prescripción, resulta necesario remitirnos al contenido del Código Civil, el cual en su artículo 2289 manda que las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley, asimismo es importante agregar que, dada la naturaleza de la acción ejercitada, el Código Tributario en su artículo 136 manda que la responsabilidad de los contribuyentes, responsables o agentes recaudadores y las acciones y facultades del Fisco para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, notificar ajustes, determinar y exigir el pago da las correspondientes obligaciones y para hacer efectiva las acciones previstas en este Código prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes o responsables inscritos, así como para los contribuyentes responsables que no están legalmente obligados a inscribirse. Por cuanto resulta preciso y oportuno determinar a partir de cuando comenzó a correr el tiempo de la prescripción para determinar si en efecto la acción se encuentra prescrito o no. SEXTO: El artículo 139 del Código Tributario, decreto 22-97 determina que la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar el tributo y sus accesorios, realizar verificaciones o fiscalizaciones o para exigir el pago, comenzara a correr desde el día siguiente a aquel en que se haya presentado la correspondiente declaración. CONSIDERANDO (10): Que se estima la existencia del cumplimiento del debido proceso en el razonamiento jurídico planteado en la sentencia recurrida, al señalar la alzada lo siguiente : “… se aprecia del certificado de deuda que le da origen a la presente acción que los tributos cuyo pagos se reclaman, nacen de las declaraciones siguientes AL3192016 y AL343492016 ambas del periodo fiscal 201012 por un valor total de ciento ocho mil, seiscientos setenta y cinco lempiras con setenta y dos centavos (L108,675.72), declaraciones 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L 246,942.60) y finalmente declaraciones 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L 247,716.89); no obstante con las pruebas aportadas y admitidas al proceso no ha sido posible determinar a partir de cuando comienza el computo del plazo para la prescripción, pues solamente contamos con datos anuales, es decir las declaraciones AL3192016 y AL343492016 corresponden al año dos mil diez, es decir que las mismas prescribirían en el año dos mil quince sin poder determinarse con exactitud a partir de qué fecha, dado que no se aportó prueba para tal fin; sin embargo a estas alturas y dada que la presente demanda de ejecución se ejercitó en junio del año dos mil diecinueve, se deduce que las mismas en efecto se encuentran prescritas. Cabe agregar que si bien la parte ejecutante, deduce que hubo una interrupción de la prescripción por el ejercicio de un recurso de apelación, es importante además agregar que no se aportó prueba que acredite dicho extremo, siendo imposible tomar en cuenta dicho dato. Asimismo, se aprecia que las declaraciones 8051-28 y 8021-2411 corresponden al periodo fiscal 2014, cuyo vencimiento para reclamarlas prescribiría en el año dos mil diecinueve; no obstante, la demanda se promovió en ese mismo año, sin embargo, no es posible determinar si la prescripción de dichas declaraciones se cumplía antes de la interposición de la demanda o si la misma se vio interrumpida por la presentación de la referida demanda, pues no existe prueba que así lo acredite y siendo que conforme al artículo 238 del Código Procesal Civil, corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención, lo que implica que en este caso al ejecutado opositor le corresponde probar la certeza de la excepción de prescripción que opuso; sin embargo, en el presente caso no hay prueba que acredite dicha prescripción, por cuanto resulta procedente desestimar la prescripción en cuanto a la declaraciones fiscales del año dos mil catorce, siendo procedente su pago. Finalmente, en cuanto a las declaraciones 8021-2949 y 8051-785 que corresponden al periodo fiscal 2015, las mismas prescribirían hasta el presente año dos mil veinte y dado que la demanda se ejercitó en el año dos mil diecinueve, se tiene la certeza de que la misma no se encontraba prescrita para ese entonces, por consiguiente, resulta procedente estimar igualmente el pago de las mismas. resultando conveniente continuar con los tramites de la ejecución por el valor de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L 246,942.60) que corresponde a las declaraciones fiscales del año dos mil catorce más la suma de doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L 247,716.89) que corresponden al año dos mil quince, teniendo un gran total de cuatrocientos noventa y cuatro mil, seiscientos cincuenta y nueve lempiras con cuarenta y nueve centavos (L 494,659.49).SEPTIMO: Los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil mandan que todas las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, es decir que el tribunal sin apartarse de la causa a pedir, debe expresar los razonamiento fácticas y jurídicas que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del derecho, también deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, debiéndose además en las sentencias efectuar las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate. Por otro lado, el artículo 13 del Código Procesal Civil manda que el juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico; extremo que fue apreciado por el juez en el juicio que hoy nos ocupa al estimar la excepción de falta de legitimación y de prescripción en su totalidad cuando no procedía. CONSIDERANDO (11): Que, uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y del mencionado recurso, por ahora no se aprecia ninguna violación. CONSIDERANDO (12): Que, en base a lo explicado anteriormente, se manifiesta que no existe la vulneración a lo artículo 90 constitucional citado, en virtud de que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones de quejoso quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa, y se debe mencionar que éste no es privativo de la parte demandante, sino también del demandado. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, específicamente con respecto a la excepción propuesta, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."SEPTIMO: Los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil mandan que todas las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, es decir que el tribunal sin apartarse de la causa a pedir, debe expresar los razonamiento fácticas y jurídicas que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del derecho, también deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, debiéndose además en las sentencias efectuar las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate. Por otro lado, el artículo 13 del Código Procesal Civil manda que el juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico; extremo que fue apreciado por el juez en el juicio que hoy nos ocupa al estimar la excepción de falta de legitimación y de prescripción en su totalidad cuando no procedía. CONSIDERANDO (11): Que, uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y del mencionado recurso, por ahora no se aprecia ninguna violación. CONSIDERANDO (12): Que, en base a lo explicado anteriormente, se manifiesta que no existe la vulneración a lo artículo 90 constitucional citado, en virtud de que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones de quejoso quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa, y se debe mencionar que éste no es privativo de la parte demandante, sino también del demandado. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, específicamente con respecto a la excepción propuesta, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que esta Sala de lo Constitucional, hace suya la motivación expuesta por la Corte de Apelaciones cuando define la prescripción, como un modo de extinguir las obligaciones no reclamadas durante cierto lapso de tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor, frente a la pasividad prolongada por el titular del crédito, en otras palabras, es la caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos. La regla general, establece que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción, cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado y este se computa a partir del día en que pudo ejercitarse la acción o el derecho, siendo necesario determinar a partir de cuando el demandante pudo ejercitar la acción que se conoce. En tal sentido y para determinar la procedencia o no de la excepción de prescripción, resulta necesario remitirnos al contenido del Código Civil, el cual en su artículo 2289 manda que las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley, asimismo es importante agregar que, dada la naturaleza de la acción ejercitada, el Código Tributario en su artículo 136 manda que la responsabilidad de los contribuyentes, responsables o agentes recaudadores y las acciones y facultades del Fisco para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, notificar ajustes, determinar y exigir el pago da las correspondientes obligaciones y para hacer efectiva las acciones previstas en este Código prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes o responsables inscritos, así como para los contribuyentes responsables que no están legalmente obligados a inscribirse. Por cuanto resulta preciso y oportuno determinar a partir de cuando comenzó a correr el tiempo de la prescripción para determinar si en efecto la acción se encuentra prescrito o no. SEXTO: El artículo 139 del Código Tributario, decreto 22-97 determina que la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar el tributo y sus accesorios, realizar verificaciones o fiscalizaciones o para exigir el pago, comenzara a correr desde el día siguiente a aquel en que se haya presentado la correspondiente declaración. CONSIDERANDO (10): Que se estima la existencia del cumplimiento del debido proceso en el razonamiento jurídico planteado en la sentencia recurrida, al señalar la alzada lo siguiente : “… se aprecia del certificado de deuda que le da origen a la presente acción que los tributos cuyo pagos se reclaman, nacen de las declaraciones siguientes AL3192016 y AL343492016 ambas del periodo fiscal 201012 por un valor total de ciento ocho mil, seiscientos setenta y cinco lempiras con setenta y dos centavos (L108,675.72), declaraciones 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L 246,942.60) y finalmente declaraciones 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L 247,716.89); no obstante con las pruebas aportadas y admitidas al proceso no ha sido posible determinar a partir de cuando comienza el computo del plazo para la prescripción, pues solamente contamos con datos anuales, es decir las declaraciones AL3192016 y AL343492016 corresponden al año dos mil diez, es decir que las mismas prescribirían en el año dos mil quince sin poder determinarse con exactitud a partir de qué fecha, dado que no se aportó prueba para tal fin; sin embargo a estas alturas y dada que la presente demanda de ejecución se ejercitó en junio del año dos mil diecinueve, se deduce que las mismas en efecto se encuentran prescritas. Cabe agregar que si bien la parte ejecutante, deduce que hubo una interrupción de la prescripción por el ejercicio de un recurso de apelación, es importante además agregar que no se aportó prueba que acredite dicho extremo, siendo imposible tomar en cuenta dicho dato. Asimismo, se aprecia que las declaraciones 8051-28 y 8021-2411 corresponden al periodo fiscal 2014, cuyo vencimiento para reclamarlas prescribiría en el año dos mil diecinueve; no obstante, la demanda se promovió en ese mismo año, sin embargo, no es posible determinar si la prescripción de dichas declaraciones se cumplía antes de la interposición de la demanda o si la misma se vio interrumpida por la presentación de la referida demanda, pues no existe prueba que así lo acredite y siendo que conforme al artículo 238 del Código Procesal Civil, corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención, lo que implica que en este caso al ejecutado opositor le corresponde probar la certeza de la excepción de prescripción que opuso; sin embargo, en el presente caso no hay prueba que acredite dicha prescripción, por cuanto resulta procedente desestimar la prescripción en cuanto a la declaraciones fiscales del año dos mil catorce, siendo procedente su pago. Finalmente, en cuanto a las declaraciones 8021-2949 y 8051-785 que corresponden al periodo fiscal 2015, las mismas prescribirían hasta el presente año dos mil veinte y dado que la demanda se ejercitó en el año dos mil diecinueve, se tiene la certeza de que la misma no se encontraba prescrita para ese entonces, por consiguiente, resulta procedente estimar igualmente el pago de las mismas. resultando conveniente continuar con los tramites de la ejecución por el valor de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L 246,942.60) que corresponde a las declaraciones fiscales del año dos mil catorce más la suma de doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L 247,716.89) que corresponden al año dos mil quince, teniendo un gran total de cuatrocientos noventa y cuatro mil, seiscientos cincuenta y nueve lempiras con cuarenta y nueve centavos (L 494,659.49).SEPTIMO: Los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil mandan que todas las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, es decir que el tribunal sin apartarse de la causa a pedir, debe expresar los razonamiento fácticas y jurídicas que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del derecho, también deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, debiéndose además en las sentencias efectuar las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate. Por otro lado, el artículo 13 del Código Procesal Civil manda que el juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico; extremo que fue apreciado por el juez en el juicio que hoy nos ocupa al estimar la excepción de falta de legitimación y de prescripción en su totalidad cuando no procedía. CONSIDERANDO (11): Que, uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y del mencionado recurso, por ahora no se aprecia ninguna violación. CONSIDERANDO (12): Que, en base a lo explicado anteriormente, se manifiesta que no existe la vulneración a lo artículo 90 constitucional citado, en virtud de que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones de quejoso quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa, y se debe mencionar que éste no es privativo de la parte demandante, sino también del demandado. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, específicamente con respecto a la excepción propuesta, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito"
Legislación citada
- Código Civil, art. 2289 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Tributario, art. 136 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Tributario, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por la Abogada SARA ELIZABETH SOLANO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciocho (18) de enero dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, para el pago de SEISCIENTOS TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTIÚN CENTAVOS (L603,335.21) en concepto de impuestos, multas, recargos e intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que indique el Sistema Financiero Nacional vigente hasta el momento del pago que efectué el deudor, más las costas procesales del juicio; contra la Sociedad Mercantil AGENCIA BARRET S.A. DE C.V., por medio de su representante el Señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 1, 80, 82, 90, 183, 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, actuando en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, promoviendo demanda de ejecución de título extrajudicial, se dicte despacho de ejecución, se practique eventualmente averiguación domiciliaria y patrimonial del deudor y responsable solidario, embargo, contra la Sociedad Mercantil AGENCIA BARRET S.A. DE C.V. (Folios 01-14 de la Pieza de Ejecución Extrajudicial del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “I. Estimando los motivos de oposición de falta de carácter, representación o legitimación del demandante o del demandado y la de prescripción o caducidad de la pretensión, interpuesta por el representante procesal de la parte ejecutada señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO, en la demanda de titulo extrajudicial promovida por la Procuraduría General de la República, contra la SOCIEDAD MERCANTIL AGENCIA BARRET SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. II. La presente resolución no produce efectos de cosa juzgada, así como también no hay condena en costas por las razones jurídicas enunciadas en la presente resolución. - Se emite la presente en virtud de múltiples audiencias celebradas. III. Contra la presente resolución procede interponer el recurso de apelación dentro de los diez días hábiles a la notificación. - NOTIFIQUESE.” (Folios 39-42 de la Pieza de Oposición del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada SARA ELIZABETH SOLANO MARTINEZ, actuando en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó Sentencia en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada SARA ELIZABETH SOLANO MARTINEZ, quien actúa en su condición de apoderada judicial de la Procuraduría General de la República en representación del Estado de Honduras a través del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), contra la sentencia definitiva de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (39), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida en contra de la sociedad mercantil denominada AGENCIA BARRET SA DE CV por medio de su representante legal y responsable solidario, el señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO, para el pago de SEISCIENTOS TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTIÚN CENTAVOS (L603,335.21) en concepto de impuestos, multas, recargos e intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que indique el Sistema Financiero Nacional vigente hasta el momento del pago que efectué el deudor, más las costas procesales del juicio.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva dictada en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve ( 39), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, venida en apelación.- En consecuencia y de conformidad al contenido del artículo 715.3 del Código Procesal Civil, se procede a resolver directamente la sentencia definitiva, así: 1) DECLARANDO SIN LUGAR la excepción material de Falta de carácter, representación o legitimación del demandante o demandado.- 2) DECLARAR CON LUGAR la excepción material de prescripción de la acción, en cuanto a las declaraciones fiscales números AL3192016 y AL343492016 ambas del periodo fiscal 201012 por un valor total de ciento ocho mil, seiscientos setenta y cinco lempiras con setenta y dos centavos (L 108,675.72).- 3) DECLARAR SIN LUGAR la excepción material de prescripción en cuanto a las declaraciones fiscales números 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L246,942.60) y declaraciones 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L247,716.89).- 4) Que se continúe con los tramites de la ejecución respecto a cuanto a las declaraciones fiscales números 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L243,942.60) y declaraciones 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L247,716.89), sumando un gran total de cuatrocientos noventa y cuatro mil, seiscientos cincuenta y nueve lempiras con cuarenta y nueve centavos (L494,659.49).- 3) SIN COSTAS en primera instancia.” (Folios 07-12 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que la Abogada SARA ELIZABETH SOLANO MARTINEZ, actuando en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82, 90, 183, 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–06 y 25 de la presente Recurso) 5) Que en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE OTORGUE la presente acción de amparo, por vislumbrarse violación al derecho constitucional invocado por la amparista.” (Folios 28–31 y 33 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que el génesis de la presente causa comienza con una demanda de ejecución de título extrajudicial, y solicitud de que se dicte despacho de ejecución, se practique eventualmente averiguación domiciliaria y patrimonial del deudor y responsable solidario, embargo, que interpusiera en su oportunidad el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, actuando en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sociedad Mercantil AGENCIA BARRET S.A. DE C.V., ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. En el decurso del proceso, la parte demandada ejecutada señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO, opuso dos defectos procesales: 1.- Falta de carácter, representación o legitimación del demandante o del demandado y 2.- El de prescripción o caducidad de la pretensión. CONSIDERANDO (3): Que después del estudio de la presente causa, esta Sala Constitucional ve que a lo largo del proceso la ahora recurrente ha tenido libre acceso a los tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, y estas se han desarrollado de la forma que señalan las leyes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de petición ni al de defensa por el solo hecho que las respuestas a las peticiones hechas por las partes son en algún sentido, contrario a las pretensiones de éstas, teniendo lo anterior como consecuencia de la observancia al debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que esta Corte Suprema de Justicia, considera lógica y congruente en derecho la deducción del Tribunal recurrido, al manifestar en su sentencia que la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado NO tiene lugar, cuando fue acreditado en juicio con medio de prueba documental, consistiendo en: 1.- Declaración Jurada que consta en la base de datos que maneja la Administración Tributaria, como requisito al momento de inscribir y registrar la empresa; declaración jurada extendida por el señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO, quien declara ser el representante legal de la Sociedad mercantil denominada AGENCIA BARRET S.A. DE CV 2.- Una Carta Poder que corre a folio 22.1 del expediente de oposición, en la cual el señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO, otorgó carta poder a un profesional del derecho, en su condición de representante legal de la Sociedad mercantil denominada AGENCIA BARRET S.A. DE CV.- Se manifiesta que esta excepción se refiere a la aptitud de ejecutar actos procesales con eficacia jurídica en nombre ajeno, o lo que es lo mismo “la capacidad para estar en juicio por medio de otro (legitimatio ad processum)”. CONSIDERANDO (5): Que se dice lo anterior, ya que este Supremo Tribunal observa que los servidores de justicia del Tribunal de Alzada, en este caso han actuado conforme a la Ley y por consiguiente la decisión recurrida por la Abogada SARA ELIZABETH SOLANO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciocho de enero dos mil veintiuno, con relación a la determinación de declarar SIN LUGAR la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado y opuesta por el demandado excepcionista, no es más que la aplicación con la debida interpretación, del numeral 2º del artículo 792 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (6): Que con relación a la segunda excepción opuesta, relativa a la prescripción de la acción, expone la procuraduría General de la República, ahora recurrente, que vulnera a su defendido el hecho de que la Corte de apelaciones haya declarado prescritos algunos periodos contenidos en el titulo ejecutivo extrajudicial, y señala que si bien es cierto que en el certificado de deuda se detalla periodos 201012 en el impuesto de retención en la fuente; estas obligaciones no tienen su génesis de autoliquidaciones, sino al contrario, nacen de ajustes practicados y notificados en fecha quince de mayo de dos mil trece, mediante resolución DEI-135-DA-ARN-E-2013. Aduce que el obligado tributario impugnó la misma, mediante recurso de reposición presentado en fecha cuatro de junio de dos mil trece y resuelto en fecha cuatro de agosto de dos mil catorce y notificándose el apoderado legal de la misma en fecha diecinueve de enero del 2015, quien inconforme con la misma, procedió a interponer en fecha veintiuno de enero de dos mil quince recurso de apelación en contra de la resolución antes relacionada, emitiendo la Secretaria de Finanzas una resolución en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, notificándose el apoderado legal del obligado tributario de la misma en fecha 14 de marzo de 2017, por lo que los periodos que la parte ejecutada supone que se encuentran prescritos, adquirieron firmeza para su cobro a partir del 5 de abril de 2017, pues es la fecha en la cual caducó el derecho para entablar la demanda, por ende el plazo para que dichos periodos se tomen como prescritos vencen en fecha 5 de abril de 2022.3). Alega que el certificado de deuda es un acto administrativo con lo cual su generación, creación, y por supuesto su prescripción es objeto de pronunciamiento único y exclusivamente de la propia administración pública, por lo tanto, para alegar que sus impuestos estaban prescritos, tuvo que haber que haber peticionado ante la Administración Tributaria, el desvanecimiento, invalidez o prescripción del título ejecutivo tributario. Apunta la Procuraduría que la prescripción al igual que la exoneración, son figuras que por ley se peticionan en sede administrativa, nunca en ejecución de título extrajudicial, por lo que al otorgar como prescritos los periodos consignados en el título de ejecución, el juez de primera instancia se toma atribuciones que no se encuentran enmarcadas dentro de sus funciones. CONSIDERANDO (7): La Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó Sentencia en fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, determinó entre otros, DECLARAR CON LUGAR la excepción material de prescripción de la acción, en cuanto a las declaraciones fiscales números AL3192016 y AL343492016 ambas del periodo fiscal 2010-12 por un valor total de ciento ocho mil, seiscientos setenta y cinco lempiras con setenta y dos centavos (L 108,675.72). DECLARÓ SIN LUGAR la excepción material de prescripción en cuanto a las declaraciones fiscales números 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L246,942.60) y declaraciones fiscales números 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L247,716.89).- Falló que se continúe con los tramites de la ejecución respecto a cuanto a las declaraciones fiscales números 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L243,942.60) y declaraciones 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L247,716.89), sumando un gran total de cuatrocientos noventa y cuatro mil, seiscientos cincuenta y nueve lempiras con cuarenta y nueve centavos (L494,659.49).- 3) SIN COSTAS en primera instancia.” CONSIDERANDO (8): Que la Corte de Apelaciones recurrida en amparo, motiva la decisión antes descrita, y manifiesta que, en cuanto a la prescripción, la parte ejecutante no acreditó mediante documentos fehacientes el tiempo por el cual empezó el termino para el computo de la misma o en su efecto la interrupción de la misma prescripción. Motiva señalando que no se acredito en qué momento quedo firme la resolución administrativa para efecto de que se computara el plazo de la prescripción. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional, hace suya la motivación expuesta por la Corte de Apelaciones cuando define la prescripción, como un modo de extinguir las obligaciones no reclamadas durante cierto lapso de tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor, frente a la pasividad prolongada por el titular del crédito, en otras palabras, es la caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos. La regla general, establece que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción, cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado y este se computa a partir del día en que pudo ejercitarse la acción o el derecho, siendo necesario determinar a partir de cuando el demandante pudo ejercitar la acción que se conoce. En tal sentido y para determinar la procedencia o no de la excepción de prescripción, resulta necesario remitirnos al contenido del Código Civil, el cual en su artículo 2289 manda que las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley, asimismo es importante agregar que, dada la naturaleza de la acción ejercitada, el Código Tributario en su artículo 136 manda que la responsabilidad de los contribuyentes, responsables o agentes recaudadores y las acciones y facultades del Fisco para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, notificar ajustes, determinar y exigir el pago da las correspondientes obligaciones y para hacer efectiva las acciones previstas en este Código prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes o responsables inscritos, así como para los contribuyentes responsables que no están legalmente obligados a inscribirse. Por cuanto resulta preciso y oportuno determinar a partir de cuando comenzó a correr el tiempo de la prescripción para determinar si en efecto la acción se encuentra prescrito o no. SEXTO: El artículo 139 del Código Tributario, decreto 22-97 determina que la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar el tributo y sus accesorios, realizar verificaciones o fiscalizaciones o para exigir el pago, comenzara a correr desde el día siguiente a aquel en que se haya presentado la correspondiente declaración. CONSIDERANDO (10): Que se estima la existencia del cumplimiento del debido proceso en el razonamiento jurídico planteado en la sentencia recurrida, al señalar la alzada lo siguiente : “… se aprecia del certificado de deuda que le da origen a la presente acción que los tributos cuyo pagos se reclaman, nacen de las declaraciones siguientes AL3192016 y AL343492016 ambas del periodo fiscal 201012 por un valor total de ciento ocho mil, seiscientos setenta y cinco lempiras con setenta y dos centavos (L108,675.72), declaraciones 8051-28 y 8021-2411 ambas del periodo fiscal 201401 por un valor total de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L 246,942.60) y finalmente declaraciones 8021-2949 y 8051-785 del periodo fiscal 201501 que ascienden a un valor doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L 247,716.89); no obstante con las pruebas aportadas y admitidas al proceso no ha sido posible determinar a partir de cuando comienza el computo del plazo para la prescripción, pues solamente contamos con datos anuales, es decir las declaraciones AL3192016 y AL343492016 corresponden al año dos mil diez, es decir que las mismas prescribirían en el año dos mil quince sin poder determinarse con exactitud a partir de qué fecha, dado que no se aportó prueba para tal fin; sin embargo a estas alturas y dada que la presente demanda de ejecución se ejercitó en junio del año dos mil diecinueve, se deduce que las mismas en efecto se encuentran prescritas. Cabe agregar que si bien la parte ejecutante, deduce que hubo una interrupción de la prescripción por el ejercicio de un recurso de apelación, es importante además agregar que no se aportó prueba que acredite dicho extremo, siendo imposible tomar en cuenta dicho dato. Asimismo, se aprecia que las declaraciones 8051-28 y 8021-2411 corresponden al periodo fiscal 2014, cuyo vencimiento para reclamarlas prescribiría en el año dos mil diecinueve; no obstante, la demanda se promovió en ese mismo año, sin embargo, no es posible determinar si la prescripción de dichas declaraciones se cumplía antes de la interposición de la demanda o si la misma se vio interrumpida por la presentación de la referida demanda, pues no existe prueba que así lo acredite y siendo que conforme al artículo 238 del Código Procesal Civil, corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención, lo que implica que en este caso al ejecutado opositor le corresponde probar la certeza de la excepción de prescripción que opuso; sin embargo, en el presente caso no hay prueba que acredite dicha prescripción, por cuanto resulta procedente desestimar la prescripción en cuanto a la declaraciones fiscales del año dos mil catorce, siendo procedente su pago. Finalmente, en cuanto a las declaraciones 8021-2949 y 8051-785 que corresponden al periodo fiscal 2015, las mismas prescribirían hasta el presente año dos mil veinte y dado que la demanda se ejercitó en el año dos mil diecinueve, se tiene la certeza de que la misma no se encontraba prescrita para ese entonces, por consiguiente, resulta procedente estimar igualmente el pago de las mismas. resultando conveniente continuar con los tramites de la ejecución por el valor de doscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y dos lempiras con sesenta centavos (L 246,942.60) que corresponde a las declaraciones fiscales del año dos mil catorce más la suma de doscientos cuarenta y siete mil, setecientos dieciséis lempiras con ochenta y nueve centavos (L 247,716.89) que corresponden al año dos mil quince, teniendo un gran total de cuatrocientos noventa y cuatro mil, seiscientos cincuenta y nueve lempiras con cuarenta y nueve centavos (L 494,659.49).SEPTIMO: Los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil mandan que todas las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, es decir que el tribunal sin apartarse de la causa a pedir, debe expresar los razonamiento fácticas y jurídicas que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del derecho, también deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, debiéndose además en las sentencias efectuar las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate. Por otro lado, el artículo 13 del Código Procesal Civil manda que el juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico; extremo que fue apreciado por el juez en el juicio que hoy nos ocupa al estimar la excepción de falta de legitimación y de prescripción en su totalidad cuando no procedía. CONSIDERANDO (11): Que, uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y del mencionado recurso, por ahora no se aprecia ninguna violación. CONSIDERANDO (12): Que, en base a lo explicado anteriormente, se manifiesta que no existe la vulneración a lo artículo 90 constitucional citado, en virtud de que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones de quejoso quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa, y se debe mencionar que éste no es privativo de la parte demandante, sino también del demandado. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, específicamente con respecto a la excepción propuesta, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada SARA ELIZABETH SOLANO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciocho (18) de enero dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS contra la Sociedad Mercantil AGENCIA BARRET S.A. DE C.V., por medio de su representante el Señor EDWIN MAYER ROSENTHAL COELLO.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0270-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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