Sentencia AC-253-21 — Registro 15205
Resumen
Se interpuso recurso contra la resolución que resolvió recurso de apelación con relación a la demanda de apremio de responsabilidad civil en la condición de heredera ab-intestato de una menor contra el Estado de Honduras, derivada de la sentencia condenatoria en la causa que se instruye contra los (miembros de las Fuerzas Armadas) por el delito de asesinato. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la Constituci6én de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se habría producido, cuando la Corte de Apelaciones confirma la sentencia dictada por el Juez A Quo, sin embargo, se debe manifestar que obviamente, la Procuraduría General de la República, no puede cuestionar la firmeza de la sentencia condenatoria dictada contra los Señores GEOVANY ALEXANDER JANANIA LOPEZ, ROSEL ALBERTO MATUTE RODRIGUEZ y JUAN CARLOS BONILLA BONILLA, (miembros de las Fuerzas Armadas) por el delito de ASESINATO en perjuicio de GINO ELIGIO LOPEZ y EDSON ANDRES CASTILLO MARCELINO; pero si ha podido refutar, la existencia de su propia responsabilidad, (vid. artículo 437 párrafo segundo del Código Procesal Penal), sin embargo, en el transcurso del proceso seguido ante el Juez de Ejecución la Procuraduría General de la República no desvirtuó en ningún momento que los miembros de las Fuerzas Armadas estaban en el ejercicio de sus funciones cuando sucedió el hecho por el cual fueron condenados por el delito de asesinato. -CONSIDERANDO (6): Que, en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, la que alcanzó firmeza después de haber sido conocida por la Sala Penal de la Corte Suprema, quedó probado que los condenados cometieron el hecho mientras estaban en el ejercicio de sus funciones, o realizaban acciones propias de su cargo, por lo que la condena fue impuesta de acuerdo al rango o sea de acuerdo a la relación de subordinación, siendo así los hechos podemos afirmar, la existencia de la responsabilidad solidaria del tercero civilmente responsable, en este caso el Estado de Honduras.-CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 433 del Código Procesal Penal, la demanda que se entable para deducir la responsabilidad civil derivada de un delito podrá entablarse contra los condenados, contra los responsables civiles según lo dispuesto en el Código Penal o contra los terceros que, por previsión legal o relación contractual, son responsables civilmente como consecuencia de la conducta de que se conoció en el respectivo proceso.-CONSIDERANDO (8): Que un análisis detenido de los antecedentes revela que el Quejoso ha tenido la oportunidad de proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también de formular alegatos e interponer recursos en defensa de sus pretensiones, de ahí que no se constata la vulneración de su derecho de defensa.-CONSIDERANDO (9): Que, por otro lado, y por las mismas razones tampoco se aprecia la vulneración del debido proceso en perjuicio del recurrente, puesto que tanto el Juez de Ejecución como la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, han observado las formalidades propias del procedimiento que, para ejercer la acción de responsabilidad civil ex delicto, ha promovido el actor, y por otro lado han cumplido con los requerimientos mínimos de motivación que exige la ley, razón por la cual como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que estima debe denegarse la Acción de Amparo invocada.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 124 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 433 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha siete (07) de agosto de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda de apremio de responsabilidad civil promovida por la Señora SAYRA ROXANA ARRIOLA LOPEZ en su condición de heredera ab-intestato de su menor hija E. J. E. A. contra el ESTADO DE HONDURAS, derivada de la sentencia condenatoria en la causa que se instruye contra los Señores GEOVANY ALEXANDER JANANIA LOPEZ, ROSEL ALBERTO MATUTE RODRIGUEZ y JUAN CARLOS BONILLA BONILLA, (miembros de las Fuerzas Armadas) por el delito de ASESINATO en perjuicio de GINO ELIGIO LOPEZ y EDSON ANDRES CASTILLO MARCELINO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la Constituci6én de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha tres (03) de enero de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tela, Departamento de Atlántida, la Abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ ANGELINO, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Señora SAYRA ROXANA ARRIOLA LOPEZ en su condición de heredera ab-intestato de su menor hija E. J. E. A. contra el ESTADO DE HONDURAS, promoviendo demanda civil por la vía de apremio contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Defensa en su condición de tercero civilmente responsable para que se indemnice por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la comisión de un ilícito penal de agentes de seguridad del Estado. (Folios 01-68 de la Pieza de Ejecución Extrajudicial del A-Quo).- 2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el Citado Juzgado, dictó sentencia en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la presente demanda de responsabilidad civil interpuesta por la señora SAIRA ROXANA ARRIOLA LOPEZ en representación de su menor hija E. J. E. A. contra el ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Condenar al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Defensa al resarcimiento de los daños causados a la menor E. J. E. A. por la cantidad de TRES MILLONES NOVENCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y Dos centavos (LPS. L.3,924,692.42) en concepto de INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MATERIALES Y MORALES, importe calculado hasta e] mes de Enero del 2017, QUE INCLUYE LA SUMA DE 25,000 Dólares COMO DAÑO MORAL QUE SE HAN OTORGADO EN CASOS SIMILARES EN La CIDH, suma reflejada en base a las cifras estipuladas en el informe actuarial de la parte demandada GESDA DT-56/2015 página l0) monto que deberá ser modificable de acuerdo a la tasa de descuento o tasa promedio del Sistema Financiero Nacional de los Depósitos de Ahorro a plazos y certificado de Deposito vigente hasta el momento de la firmeza del presente fallo. TERCERO: No procede la condena en costas. CUARTO: Contra esta sentencia definitiva podrá interponerse recurso de Apelación, dentro de los tres (3) días hábiles después de su notificación. QUINTO: Notifíquese a las partes del presente fallo.” (Folios 535-549 de la Pieza de Oposición del A-Quo).-3) Que, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ ANGELINO, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Señora SATRA ROXANA ARRIOLA LOPEZ en representación de su menor hija E. J. E. A. y el Abogado WALTER MORALES AYALA, actuando en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó Sentencia en fecha siete (07) de agosto de dos mil veinte (2020), en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ ANGELINO, en su condición de Apoderada demandante, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Ejecución de Tela, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en la DEMANDA CIVIL POR LA VIA DE APREMIO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DEFENSA EN SU CONDICION DE TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE PARA QUE SE INDEMNICE POR LOS DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE LA COMISION DE UN ILICITO, promovida por la señora SAIRA ROXANA ARRIOLA LOPEZ, en representaci6én de su menor hija E. J. E. A. como heredera Ab Intestato de su padre el señor GINO ELIGIO LOPEZ. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado WALTER MORALES AYALA, actuando en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. TERCERO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.” (Folios 08-22 de la Pieza del Ad-Quem).-4) Que la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, actuando en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha siete (07) de agosto de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01-14 y 49 de la presente Recurso) .-5) Que en fecha cinco (05) de enero de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 52-58 y 60 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 con relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por la Procuraduría General de la República, través de la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA ODE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha siete de agosto de dos mil veinte, que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Procuraduría General de la República, que confirma la sentencia dictada por el JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda de apremio de responsabilidad civil promovida por la Señora SAYRA ROXANA ARRIOLA LOPEZ en su condición de heredera ab-intestato de su menor hija E. J. E. A. contra el ESTADO DE HONDURAS, derivada de la sentencia condenatoria en la causa que se instruye contra los Señores GEOVANY ALEXANDER JANANIA LOPEZ, ROSEL ALBERTO MATUTE RODRIGUEZ y JUAN CARLOS BONILLA BONILLA, (miembros de las Fuerzas Armadas) por el delito de ASESINATO en perjuicio de GINO ELIGIO LOPEZ y EDSON ANDRES CASTILLO MARCELINO.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente defensor del Estado, en el escrito de formalización del amparo expone: PRIMER MOTIVO: Violación al Derecho de Tutela Judicial Efectiva consignado en a artículo 1 de la Constitución de la Republica y en el artículo 1 del código procesal civil La constitución establece en su artículo 1, que: “Honduras es un Estado de derecho soberano, constituido como republica libre, democrática e independiente Para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar, económico y social.” Es decir que Honduras garantiza a todos los hondureños el goce a la Justicia, lo que incluye la tutela judicial efectiva, reglada en todos los instrumentos procesales, que son necesarios para la satisfacción de los intereses de las partes y, en especial, para garantizar la no Vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo para la obtención de una sentencia motivada y congruente con lo solicitado que pueda, en su caso, y conforme al procedimiento previamente establecido, ser revisada por un Órgano jurisdiccional Superior y que cuente, además con garantías para su ejecuci6n. Asimismo, el artículo 1 del Código Procesal Civil, regula este derecho al expresar “Derecho de acceso a los juzgados y tribunales. 1. Toda persona tiene derecho q peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. - 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. - 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. - El Órgano Jurisdiccional velar por el cumplimiento de este articulo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de estos. En ese sentido debemos comprender que el Estado garantiza el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, siguiendo los procedimientos legales debidamente aprobados por el legislador en las normas adjetivas, sometidas bajo la esfera de un juez para que conozcan de un asunto atendiendo su materia, cuantía y demás aspectos que definan esa competencia; es decir que si bien el acceso a la justicia es universal, no quiere decir que quien peticiona un derecho para que sea declarado por el juez, lo podrá hacer prescindiendo de las normas procesales respectivas, por consiguiente el debido proceso forma parte integrante de la garantía del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, por lo que si ese debido proceso se vulnera, automáticamente se vulneran las garantía de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva. En el caso concreto esas garantías se han violentado con la sentencia declarada por el Ad quo, pues el juez en primera instancia efectivamente no respetó esas garantías, aplicando de forma incorrecta e ilegal la ley adjetiva al caso concreto que nos ocupa específicamente en la sentencia de primera instancia de fecha dieseis (16) de mayo del año 2019, en la cual condenó a mi representado como tercero civil solidariamente responsable aplicando erróneamente lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal que establece que quien incurra en responsabilidad penal también lo será civilmente la cual quedo debidamente desvirtuada mediante el fallo emitido por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en fecha doce (12) de diciembre del dos mil siete (2007), en la cual versa en su fundamentación jurídica que es aplicable a los acusados lo dispuesto en el artículo 405 del Código Penal ya que se ha originado un perjuicio moral directo con los familiares de cada una de la víctimas, la responsabilidad civil en este caso es de los acusados ya que son ellos quienes deben de responder en virtud que la acción penal es PERSONALISIMA en el caso que nos ocupa, no siendo así el Estado de Honduras, pero resulta honorable Sala de lo Constitucional, que a pesar de ser claro y evidente que el Estado de Honduras no es responsable solidariamente en virtud de que los agentes de seguridad NO SE ENCONTRABAN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES el Ad-quem CONFIRMA la sentencia emitida por el A-quo, lo que constituye de forma clara la violación de la tutela judicial efectiva, habida cuenta que el Ad-quem no ha seguido con las garantías del debido proceso que son integrantes de la garantía de la tutela judicial efectiva, al hacerlo así se han visto violentado mi representado las garantías procesales. Por lo tanto, es preciso establecer que es una resolución carente de los requisitos elementales de las resoluciones, ya que no supone una justificación racional, expresada mediante un razonamiento lógico concreto, no abstracto, particular, no genérico, por lo tanto, honorable Sala de lo Constitucional solicitamos nos ampare ante las vulneraciones a la garantía de la Tutela Judicial Efectiva. SEGUNDO MOTIVO: Violación a la garantía constitucional del debido proceso, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que dispone: “Nadie Puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las normalidades derecho y garantías que la ley establece.” En desarrollo de esa garantía el Código Procesal Civil, en el artículo 3, establece que en los tramites previstos, las partes tienen derecho a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente. independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. El hecho que la sentencia recurrida revoque la resolución del A-quo, evidencia que el tribunal de alzada ha inobservado las normas procesales aplicables al caso que hoy ocupa, violentando con ello el debido proceso, pues de manera antojadiza ha dejado da observar normas procesales aplicables al caso de mérito, el tribunal de alzada no puede desconocer lo estipulado en el fallo del Tribunal de Sentencia doce (12) de diciembre del dos mil siete (2007) misma que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia donde se absuelve de toda responsabilidad al Estado por la Comisión del Hecho criminal de los agentes de seguridad, mismos que no se encontraban en el ejercicio de sus funciones donde claramente el Estado de Honduras es absuelto de toda responsabilidad, en tal virtud el juzgado de ejecución competente si bien es cierto debió darle el trámite correspondiente al resarcimiento de los daños morales no es menos cierto que el Estado de Honduras NO está LEGITIMADO para actuar en el proceso de Apremio, ya que los imputados en el hecho delictivo NO estaban en el ejercicio de sus funciones ,violentando los derechos fundamentales supra señalados durante la presente garantía de amparo , mismos que continuaron siendo violentados cuando el Tribunal de Alzada confirmo la sentencia del A-quo careciendo de todo motivo legal y rompiendo el orden constitucional. Aunado a la Legitimación del Estado de Honduras en el caso que nos ocupa, es preciso esclarecer que el Código Procesal Civil como norma adjetiva desarrolla lo establecido a la Legitimación, estableciendo dos clases de Legitimación, siendo estas: 1) Legitimación ordinaria; 2) Legitimación extraordinaria; estableciendo literalmente lo siguiente: “Articulo 64, Legitimación ordinaria y extraordinaria. 1. Para efectos procesales son partes legitimas ordinarias las que comparezcan y activen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa. 2. Las leyes podrán otorgar en determinados supuestos, bien por tratarse de una sustitución procesal, bien por razones de interés público o social legitimación extraordinaria a personas distintas de los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. 3. La legitimación en pretensiones colectivas será la que se determina en este Código o en otras leyes complementarias.” De conformidad con lo anteriormente expuesto se puede entender de manera clara que el Estado carece de Legitimidad en ambos casos, todo ello aunado que al no tener relación jurídica con el objeto principal del proceso desvinculándolo de esta manera de la legitimación ordinaria; y en el segundo caso referente a la legitimación extraordinaria que puede apreciar de manera evidente que no existe alguna ley que exprese de manera puntual la legitimación extraordinaria del Estado de Honduras, de conformidad con el caso que nos aborda, y en aplicabilidad al artículo 22 del Código Procesal Civil, el cual manda que el mismo se aplicará de manera supletoria cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativo, laborales, y de otra índole procesal, Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se puede evidenciar el acto violatorio al principio del Debido Proceso queda evidenciado y la ruptura del orden constitucional y violación de Derechos fundamentales por parte del A-quo al emitir sentencia condenando al Estado al resarcimiento de daños morales confirmado por el Ad-quo. Por ello es necesario que este honorable tribunal, ampare a mi representado, ante la clara violación a las garantías constitucionales señaladas, otorgando el mismo y que se proceda a decretar inadmisible la demanda en virtud de carecer de requisitos esenciales para lograr su admisión. TERCER MOTIVO: Violación al Derecho a la defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, que dice “El derecho de defensa es inviolable. - Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. El ejercicio del derecho a la defensa esta íntimamente vinculado al derecho de igualdad de partes, al principio de aportación de parte y al principio de congruencia. Es importante establecer que tanto el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La Ceiba, con funciones en Tela, y la Corte primera de Apelaciones de La Ceiba, del Departamento de Atlántida, emitieron fallos incongruentes con los hechos debatidos dentro del proceso, vulnerando con ello el principio de igualdad, identificado en el artículo 5 del Código Procesal Civil, el cual establece: “Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupe. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad de las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole.” En por ello honorable Sala Constitucional, que en el caso que nos ocupa es evidente qua el A-quo, en su accionar y al emitir una sentencia condenatoria al Estado de Honduras como responsable solidario, infringe el principio supra señalado, en virtud que no valoró los planteamientos usados por la defesa de mi representado conforme a la dispuesto en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en fecha doce (12) de diciembre del dos mil siete (2007) misma que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, donde se absuelve de toda responsabilidad al Estado por la comisión del hecho criminal de los agentes de seguridad, mismos que no se encontraban en el ejercicio de sus funciones; por lo que no se puede invocar a diestra y siniestra el artículo 324 de la Constitución simplemente por el hecho de que si empleador es el Estado de Honduras, cuando los mismos no son contratados Para realizar actos delictivos como lo es asesinar a una persona dejando claro que la acci6n ( penal es PERSONALISIMA que no hay modo que otra persona no-culpable supla o pase a hacerse cargo de la culpabilidad de otro y como es de hacer ver el Estado de Honduras no es responsable del actuar de los acusados cuando no se encuentran en funciones , como es establecido en la sentencia penal del 12 de Diciembre del 2007 ya que mi representado nunca estuvo en un proceso penal juntamente con los condenados por lo que el estado no puede responder por una acción de responsabilidad civil. De lo anterior se concluye que tanto el fallo del A-quo que es el acto reclamado en al presente acción de amparo como el fallo de tribunal de Alzada Confirmando el fallo supra señalado deben de ser congruente con lo solicitado por las partes, bajo esa premisa tanto el A-quo como el Ad-quem, no debieron emitir una sentencia con falta de | legitimaci6én por parte del Estado de Honduras, violentando el principio de igualdad que a su vez constituye una violación al Derecho de Defensa de mi representado, al no valorar los agravios y la defensa planteada y en consecuencia quebrantar el orden constitucional y violentar los Derechos Fundamentales del Estado, y como se puede apreciar durante todo el desarrollo de la presente acción de amparo el A-quo no valoro el fallo de la sala primera del Tribunal de sentencia de fecha DOCE (12) de diciembre del afio (2007), identificando de esta manera una vulneración al principio dispositivo. Este principio es una de las reglas más importantes del derecho procesal, ya que es por medio de la cual el juez se obliga a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y las pretensiones de las partes, en ese sentido si se emite una resolución o fallo apartándonos de ese principio, de forma directa se vulnera la garantía constitucional de derecho de defensa pues se resuelve sobre asuntos que la parte afectada en ningún momento pudo defender, oponerse y/ o contraprobar, ya que al no tener momento procesal esta parte procesal para oponerse sobre nuevos argumentos planteados en la sentencia, evidentemente causa violación a esa garantía a esta representación.- NORMAS PROCESALES INFRINGIDAS QUE PROVOCAN INDEFENSION A ni EPRESENTADO: 108 artículos 208 numeral 1), 701 numeral 1), en relaci6n con el 10 numeral 2), todo el CPC, que disponen: artículo 208. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito…”. Artículo 701. EFECTO DEVOLUTIVO. AMBITO DEL RECURSO: 1. El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos, por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación.” “Articulo 10. PRINCIPIO DISPOSITIVO. ...2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor, y con lo opuesto con el demandado teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.” Honorables sala, el A-quo como el tribunal de Alzada, vulneró el derecho de defensa de mi representado en virtud que emitió un fallo incongruente con los hechos y agravios expresados la defensa del Estado de Honduras, vulnerado con ello el principio dispositivo, el que gobierna no solo para la primera instancia, sino también en los recursos devolutivos, el que a su vez forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, provocando a mi representada una evidente indefensión, a las que mi representada en ningún momento tuvo la oportunidad de oponerse o contrargumentar puesto que el tribunal de Alzada resolvió sobre cuestiones Confirmando el fallo emitido por el A-quo sobre cuestiones a las que mi representado en ningún momento estuvo legitimado, en el proceso pues no es responsable del resarcimiento de daños morales; cometidos por servidores públicos que no se encuentran en funciones, en ese sentido es preciso establecer el concepto del principio dispositivo: “Es la disposición de las partes de ejercitar las pretensiones para exigir la tutela de intereses legítimos ante el órgano Jurisdiccional, y la resolución que recaiga debe ser congruente con lo solicitado por las partes” bajo esa premisa el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La Ceiba, con funciones en Tela, Departamento de Atlántida, no debió resolver de manera arbitraria y lesiva una sentencia donde se condena a mi representado a responder civilmente cuando este no se encontraba legitimado en la Causa de Apremio como se puede apreciar en los antecedentes….”CONSIDERANDO (5): Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se habría producido, cuando la Corte de Apelaciones confirma la sentencia dictada por el Juez A Quo, sin embargo, se debe manifestar que obviamente, la Procuraduría General de la República, no puede cuestionar la firmeza de la sentencia condenatoria dictada contra los Señores GEOVANY ALEXANDER JANANIA LOPEZ, ROSEL ALBERTO MATUTE RODRIGUEZ y JUAN CARLOS BONILLA BONILLA, (miembros de las Fuerzas Armadas) por el delito de ASESINATO en perjuicio de GINO ELIGIO LOPEZ y EDSON ANDRES CASTILLO MARCELINO; pero si ha podido refutar, la existencia de su propia responsabilidad, (vid. artículo 437 párrafo segundo del Código Procesal Penal), sin embargo, en el transcurso del proceso seguido ante el Juez de Ejecución la Procuraduría General de la República no desvirtuó en ningún momento que los miembros de las Fuerzas Armadas estaban en el ejercicio de sus funciones cuando sucedió el hecho por el cual fueron condenados por el delito de asesinato. -CONSIDERANDO (6): Que, en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, la que alcanzó firmeza después de haber sido conocida por la Sala Penal de la Corte Suprema, quedó probado que los condenados cometieron el hecho mientras estaban en el ejercicio de sus funciones, o realizaban acciones propias de su cargo, por lo que la condena fue impuesta de acuerdo al rango o sea de acuerdo a la relación de subordinación, siendo así los hechos podemos afirmar, la existencia de la responsabilidad solidaria del tercero civilmente responsable, en este caso el Estado de Honduras.-CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 433 del Código Procesal Penal, la demanda que se entable para deducir la responsabilidad civil derivada de un delito podrá entablarse contra los condenados, contra los responsables civiles según lo dispuesto en el Código Penal o contra los terceros que, por previsión legal o relación contractual, son responsables civilmente como consecuencia de la conducta de que se conoció en el respectivo proceso.-CONSIDERANDO (8): Que un análisis detenido de los antecedentes revela que el Quejoso ha tenido la oportunidad de proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también de formular alegatos e interponer recursos en defensa de sus pretensiones, de ahí que no se constata la vulneración de su derecho de defensa.-CONSIDERANDO (9): Que, por otro lado, y por las mismas razones tampoco se aprecia la vulneración del debido proceso en perjuicio del recurrente, puesto que tanto el Juez de Ejecución como la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, han observado las formalidades propias del procedimiento que, para ejercer la acción de responsabilidad civil ex delicto, ha promovido el actor, y por otro lado han cumplido con los requerimientos mínimos de motivación que exige la ley, razón por la cual como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que estima debe denegarse la Acción de Amparo invocada.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos: 37 No.1, 40, 45, 58, 64, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 8 No. 1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 711 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Procuraduría General de la República, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA CON FUNCIONES EN TELA, ATLANTIDA, en fecha siete de agosto de dos mil veinte, que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda de apremio de responsabilidad civil promovida por la Señora SAYRA ROXANA ARRIOLA LOPEZ en su condición de heredera ab-intestato de su menor hija E. J. E. A. contra el ESTADO DE HONDURAS, derivada de la sentencia condenatoria en la causa que se instruye contra los Señores GEOVANY ALEXANDER JANANIA LOPEZ, ROSEL ALBERTO MATUTE RODRIGUEZ y JUAN CARLOS BONILLA BONILLA, (miembros de las Fuerzas Armadas) por el delito de ASESINATO en perjuicio de GINO ELIGIO LOPEZ y EDSON ANDRES CASTILLO MARCELINO. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintidós.-VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la Abogada CLAUDIA VANESSA MURILLO SANCHEZ LOPEZ, actuando en su condición de representante procesal del Estado de Honduras; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha veinte de abril del año dos mil veintidós, que deniega el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha siete (07) de agosto de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda de apremio de responsabilidad civil promovida por la Señora SAYRA ROXANA ARRIOLA LOPEZ en su condición de heredera ab-intestato de su menor hija E. J. E. A. contra el ESTADO DE HONDURAS, derivada de la sentencia condenatoria en la causa que se instruye contra los Señores GEOVANY ALEXANDER JANANIA LOPEZ, ROSEL ALBERTO MATUTE RODRIGUEZ y JUAN CARLOS BONILLA BONILLA, (miembros de las Fuerzas Armadas) por el delito de ASESINATO en perjuicio de GINO ELIGIO LOPEZ y EDSON ANDRES CASTILLO MARCELINO.-CONSIDERANDO: Que la recurrente estima que la sentencia recurrida en amparo no está apegada a derecho por violentar a su representada el derecho fundamental al debido proceso, al determinar no haber dado el trámite señalado en la ley al recurso de reposición interpuesto.-CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional ha constatado en principio, que la suplicante expone en su recurso de reposición lo siguiente: “PRIMERO: Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo supra desarrollado en el presente escrito, la presente Sala resolvió de manera lesiva mediante un fallo de fecha veinte (20) de abril del dos mil veintidós (2022), denegar la Garantía de Amparo, interpuesto por mi representado, contra la resolución dictada por la corte primera de apelaciones de la sección judicial de la ceiba, con funciones en tela, departamento de Atlántida, de fecha siete (07) de agosto del dos mil veinte (2020), misma que declaró sin lugar el recurso de Apelación interpuesto contra actuaciones del juzgado de ejecución de la sección judicial de la ceiba, departamento de Atlántida; es preciso señalar, que esta representación del Estado de Honduras, tal como se esclareció en la garantía de amparo antes referida, si desvirtuó que mi representado NO ESTÁ LEGITIMADO para actúa en el proceso de Apremio, en virtud que los imputados en el hecho delictivo NO estaban dentro del ejercicio de sus funciones, ya que se encontraban departiendo en una actividad fuera de su Jornada laboral correspondiente a una fiesta, ajena totalmente a las actividades efectuadas dentro de su ejército de sus funciones y el fallo emitido por la sala primera de tribunal de sentencia la condena al Estado de Honduras a ser responsable solidariamente, tal y como lo establece la misma Sala de lo Constitucional en la Sentencia proferida en fecha veinte (20) de abrí! del dos mil veintidós (2022) específicamente en su considerando cinco el cual literalmente versa: «...pera si ha podido REFUTAR la existencia de su propia responsabilidad civil (vid. Articulo 437 párrafo segundo del código procesal penal) mismo que fue debidamente desvirtuado en cada una de las instancias ventiladas en el caso que nos ocupa. SEGUNDO: Es importante señalar, que la acción penal es PERSONALISIMA como es el caso que nos ocupa no siendo así del Estado de Honduras, dejando claramente establecido que mí representado no es responsable solidariamente, en virtud que como supra mencionamos los agentes de seguridad no se encontraban en el ejercicio de sus funciones. Tratándose de las acciones incoadas por la vía de apremio, nada más de una fase de ejecución de la sentencia lo único que puede imponerse por la vía coactiva es precisamente lo juzgado, lo sentenciado en la condena proferida y ésta en ninguna parte menciona y menos determina responsabilidad civil alguna a cargo del Estado de Honduras, por lo que las responsabilidades resarcitorias deben ser exigibles únicas y exclusivamente en contra de los condenados a través de la sentencia emitida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en fecha doce (12) de diciembre del dos mil siete (2007); aunado a lo antes manifestado, es preciso establecer que en las diligencias ventiladas por la vía de apremio a través de Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La Ceiba, debió únicamente ejecutar el fallo de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia, el cual debía necesaria e irreversiblemente limitarse a ejecutar lo sentenciado, de ninguna manera puede ir más allá de lo resuelta en dicho fallo, incorporando a conveniencia de las ilegitimas pretensiones del actor de la acción de apremio; situaciones no dirimidas, alcances no establecidos ni determinados y mucho menos incorporando a sujetos no obligados como terceros, habida cuenta que, el Estado de Honduras nada absolutamente tiene que ver en este asunto. En consecuencia, esta Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como garante de la Tutela Judicial Efectiva, Principio de Legalidad, Debido Proceso y el Derecho de Defesa, en aras de salvaguardar los Derechos Constitucionales Fundamentales violentados por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de la Ceiba y por la Corte Primera de Apelaciones de La ceiba, deba de impartir Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado, debe observar además el artículo 321 Constitucional, que establece: "Los Servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. TERCERO: Aunado a lo antes expuesto, el artículo 41 establece literalmente “.de la finalidad de la acción y el derecho de pedirla. El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo; 1)... 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución” en el caso que nos ocupa, se puede esclarecer que la presente acción de amparo reúne los requisitos para poder restablecer el orden constitucional quebrantado por las vulneraciones sufridas a mi representado proferidas por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La Ceiba y por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba; violaciones que esta Honorable Sala Constitucional pretende legitimar al emitir un fallo en el cual declara sin Lugar la acción constitucional que tiene como fin restituir los derechos que son violentados a mi representado como lo es la garantía de Amparo, habida cuenta que existe presupuestos fundamentales que evidenciamos de manera precisa que mi representado carece de legitimación para ser objeto del proceso de apremio que de manera sorpresiva pretende que el Estado de Honduras responda de manera solidaria, representando violaciones a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho de Defensa y Principio de Legalidad. Finalmente, solicito a esta Honorable Sala de lo Constitucional que estime los hechos debidamente esclarecidos por esta representación del Estado de Honduras y proceda a reconsiderar decretar CON LUGAR la Garantía Constitucional de Amparo, en aras de salvaguardar el orden construccional establecido.”-CONSIDERANDO: Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; es por ello por lo que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial y concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado, como se dejó bien explicado en la sentencia que se recurre, en la cual tanto en primera como en segunda instancia, han analizado los medios de prueba, haciendo las valoraciones pasando por el tamiz de las máximas de la experiencia y de la sana critica; valoraciones que como se dijo proveen protección de los intereses o derechos de ambas partes, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia como sucedió en la resolución recurrida, por tanto, garante de un debido proceso.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y 46 Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 7 de la Ley de INJUPEMP. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada CLAUDIA VANESSA MURILLO SANCHEZ LOPEZ, actuando en su condición de representante procesal del Estado de Honduras; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha veinte de abril del año dos mil veintidós, que deniega el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República; Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintidós (2022) y Resolución de fecha veintiséis(26)de julio del año dos mil veintidós (2022), recaídas en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0253-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL