Sentencia AC-252-21 — Registro 15255
Resumen
Sentencia resolvió recursos de apelación interpuestos por ambas partes declarando con lugar la demanda de responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito interpuesta por demandante contra recurrente; La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida revocó parcialmente la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Ejecución Penal de Tela, Atlántida y condenó a recurrente al resarcimiento de los daños y perjuicio causado a demandante; La Sala de lo Constitucional luego de analizar el caso de mérito según el Acuerdo No. CSJ-03-2020 emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que habilitan los plazos y terminos judiciales declaró ha lugar el recurso de reposición interpuesto por recurrente; Además, denegó la acción de amparo a favor de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de los carentes argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo, esta Sala advierte que los mismos se centran en atacar la resolución dictada por el A-quo en fecha veinte de junio del dos mil diecinueve, y lo cierto es que poco o nada argumenta por que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha siete de agosto del dos mil veinte, es violatoria de la Tutela Judicial Efectiva, debido proceso, derecho de igualdad y derecho de defensa, alegatos que expone con el mismo argumento de que el Estado no es responsable solidariamente en virtud de que los agentes de seguridad no se encontraban en el ejercicio de sus funciones. De la revisión de los antecedentes, esta Sala advierte, que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, brinda respuesta a cada uno de los agravios expuestos por los recurrentes en apelación, contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La ceiba, Atlántida, con funciones en Tela, Atlántida, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió para resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte la impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia violatoria de garantías constitucionales..."..."del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en consecuencia no se vulnera el derecho de igualdad y derecho de defensa también invocados por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, pues se aprecia que la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de instancia, da respuesta a cada uno de los agravios expresados en el recurso de apelación, en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado CARLOS EDUARDO TABORA QUINTANILLA, actuando como representante procesal del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), por medio de la cual se falla Sobreseyendo la acción constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha siete de agosto del año dos mil veinte, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALTER MORALES AYALA, en su condición de procurador judicial en representación del Estado de Honduras.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SANDRA SUYAPA CHAVEZ ANGELINO, en su condición apoderada legal de la señora ANGELA MARCELINO REYES.- TERCERO: REVOCANDO PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Ejecución Penal de Tela, Atlántida.- CUARTO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda de Responsabilidad Civil proveniente de la comisión de un delito, interpuesta por la señora ANGELA MARCELINO REYES, en contra del ESTADO DE HONDURAS.- QUINTO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la señora ANGELA MARCELINO REYES, por la cantidad de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.4,046.016.15) en concepto de INDEMNIZACION POR DAÑOS MATERIALES QUE COMPRENDE EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE.- ASIMISMO CONDENA AL PAGO DE VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS EN CONCEPTO DE DAÑOS MORALES (U$$.25,000.00) conforme las resoluciones emitidas por la CIDH. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (2): Que vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso arguyendo que: 1. En fecha diez de mayo del año dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional resolvió declarar inadmisible el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada en fecha siete de agosto del año dos mil veinte, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, por estar comprendido dentro de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al haberse interpuesto el recurso de mérito fuera del plazo establecido por el artículo 48 de la citada ley; 2. Arguye el recurrente, que los plazos estaban suspendidos desde el LUNES 16 DE MARZO DEL 2020, entrando nuevamente en vigencia el día LUNES ONCE (11) DE ENERO DEL 2021 según lo dispuesto en el ACUERDO N° CSJ-03-2020, emitido por el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, debiendo empezar a contabilizarse el plazo para la interposición de la garantía de Amparo el día Lunes once de enero del dos mil veintiuno, siendo el último día del plazo el día once de marzo del dos mil veintiuno, fecha que fue presentada la garantía de amparo, por tal razón la sala de lo Constitucional debe rectificar el fallo emitido en fecha diez de mayo del dos mil veintidós y declarar con lugar el recurso de Amparo presentado por vulnerar principios y derechos constitucionales a su representada. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que las pretensiones del recurrente en el recurso de reposición en relación al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del recurso de amparo, son de recibo por esta Sala de lo Constitucional, pues del examen exhaustivo de las diligencias, se observa que la sentencia emitida en fecha diez de mayo del año dos mil veintidós, por este Alto Tribunal, sobresee las diligencias en virtud que la acción de amparo fue presentada vencido el plazo que señala el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no obstante analizado el caso de mérito, según lo dispuesto en el ACUERDO N° CSJ-03-2020, emitido por el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se habilitan los plazos y términos judiciales a partir del LUNES 11 DE ENERO DEL 2021, por lo cual el plazo de dos meses para interponer la presente Garantía Constitucional de Amparo vencía el día LUNES ONCE (11) DE MARZO DEL 2021, fecha en que se presentó el mismo, estando dentro del plazo de dos meses que regula el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que procede estudiar el fondo del asunto y conforme a ello determinar si procede o no otorgar la acción constitucional de amparo promovida. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en amparo muestra su inconformidad con la resolución de fecha siete de agosto del año dos mil veinte, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que FALLA: (sic) PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALTER MORALES AYALA, en su condición de procurador judicial en representación del Estado de Honduras.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ ANGELINO, en su condición de la apoderada legal de la señora ANGELA MARCELINO REYES.- TERCERO: REVOCANDO PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha veinte de junio del años dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Ejecución Penal de Tela, Atlántida.- CUARTO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda de Responsabilidad Civil proveniente de la comisión de un delito, interpuesta por la señora ANGELA MARCELINO REYES, en contra del ESTADO DE HONDURAS.- QUINTO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los despachos de Defensa al resarcimiento de los daños y perjuicio causado a la señora ANGELA MARCELINO REYES, por la cantidad de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON QUICE CENTAVOS (l.4,046.016.15) en concepto de INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MATERIALES QUE COMPRENDEN EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE.- ASIMISMO CONENA AL PAGO DE VINTICINCO MIL DOLARES AMERICAOS O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS EN CONCEPTO DE DAÑOS MORALES (U$$.25,000.00) conforme a las resoluciones emitidas por la CIDH.- SEXTO: SIN COSTAS.-“. En ese orden de ideas corresponde a esta Sala de lo Constitucional, determinar si en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, se vulneran o no garantías constitucionales alegadas por el impetrante en el recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente tanto en la interposición del recurso, como en la formalización se enfoca en realizar apreciaciones de la Resolución dictada por el A-quo, indicando en el primer motivo en relación a la Tutela Judicial Efectiva, la cual se ha violentado con la sentencia de fecha veinte de junio del dos mil veinte dictada por el A-quo, en donde condenó al Estado de Honduras como tercero civil solidariamente responsable apegado a una supuesta existencia de responsabilidad, por lo que sin razón jurídica alguna y en contradicción al principio de la sana critica, el A-quo falla condenando al Estado al resarcimiento de los daños morales causados por la comisión del hecho delictivo, que a pesar de ser claro y evidente que el Estado de Honduras no es responsable solidariamente en virtud de que los agentes de seguridad no se encontraban en el ejercicio de sus funciones, el Ad-quem confirma la sentencia emitida por el A-quo, lo que constituye la violación de la tutela judicial efectiva; en el segundo motivo relacionado a la violación del Debido Proceso, argumenta que la sentencia emitida por el A-quo, ha violentado el debido proceso, pues de manera antojadiza ha dejado de observar normas procesales aplicables al caso de mérito, pues no puede el A-quo hacer caso omiso al fallo del Tribunal del Sentencia de fecha siete de diciembre del dos mil siete donde el Estado de Honduras es absuelto de toda responsabilidad, en tal virtud el Juzgado de Ejecución si bien es cierto debió darle trámite al resarcimiento de los daños morales, no es menos cierto que el Estado de Honduras no está legitimado para actuar en el proceso de apremio, ya que los imputados en el hecho delictivo no estaban dentro del ejercicio de sus funciones, violentado los derechos fundamentales señalados, mismos que continuaron siendo violentados cuando el Tribunal de Alzada confirmo la sentencia del A-quo, careciendo de todo motivo legal y rompiendo el orden constitucional; tercer motivo: Violación de al derecho de defensa vinculado al derecho de igualdad. Argumenta que tanto el A-quo, como el Ad-quem, emitieron fallos incongruentes con los hechos debatidos dentro del proceso, vulnerando el principio de igualdad de las partes. En el caso que nos ocupa, el A-quo al emitir una sentencia condenando al Estado de Honduras como responsable solidario, infringe el principio de igualdad, no valoró los planteamiento de la defensa, así como lo dispuesto por el fallo de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en fecha siete de diciembre del dos mil siete, misma que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, donde se absuelve de toda responsabilidad al Estado de Honduras por la comisión del hecho criminal de los agentes de seguridad, mismos que no se encontraban en el ejercicio de sus funciones por lo que no se puede invocar a diestra y siniestra el artículo 324 de la Constitución, simplemente por el hecho de que su empleador es el Estado de Honduras, cuando los mismos no son contratados para realizar actos delictivos, dejando claro que la acción es personalísima que no existe forma de que otra persona natural o jurídica no culpable asuma la responsabilidad de la culpabilidad de otra y como es de hacer ver el Estado de Honduras no es responsable del actuar de los acusados cuando no se encuentran en funciones. De lo anterior se concluye que el fallo del A-quo que es el acto reclamado, como el fallo del Tribunal de Alzada confirmando el fallo supra señalado deben de ser congruentes con lo solicitado por las partes, bajo esa premisa tanto el a-quo como el Ad-quem, no debieron emitir una sentencia con falta de legitimación por parte del Estado de Honduras, violentando el principio de igualdad que a su vez constituye violación al derecho de defensa de su representado, al no valorar los agravios y la defensa planteada. Argumenta que el a-quo no valoró el fallo de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de fecha siete de diciembre del dos mil siete, identificando una vulneración al principio dispositivo. CONSIDERANDO (7): Que de los carentes argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo, esta Sala advierte que los mismos se centran en atacar la resolución dictada por el A-quo en fecha veinte de junio del dos mil diecinueve, y lo cierto es que poco o nada argumenta por que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha siete de agosto del dos mil veinte, es violatoria de la Tutela Judicial Efectiva, debido proceso, derecho de igualdad y derecho de defensa, alegatos que expone con el mismo argumento de que el Estado no es responsable solidariamente en virtud de que los agentes de seguridad no se encontraban en el ejercicio de sus funciones. De la revisión de los antecedentes, esta Sala advierte, que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, brinda respuesta a cada uno de los agravios expuestos por los recurrentes en apelación, contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La ceiba, Atlántida, con funciones en Tela, Atlántida, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió para resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte la impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia violatoria de garantías constitucionales. CONSIDERANDO (8): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (9): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en consecuencia no se vulnera el derecho de igualdad y derecho de defensa también invocados por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, pues se aprecia que la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de instancia, da respuesta a cada uno de los agravios expresados en el recurso de apelación, en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales. CONSIDERANDO (11): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 63, 80, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323 párrafo primero de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No.3)literal b), 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; RESUELVE: 1) DECLARAR HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CAROS EDUARDO TABORA QUINTANILLA, por las razones y en los términos que se dejan ya señalados (Considerando 4); 2) DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha SIETE (7) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Y MANDA: Que el secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre de dos mil veintidós, certificación de la Reslución de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0252-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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