Sentencia AC-231-21 — Registro 15303
Resumen
Acto recurrido que resuelve apelación contra la del a-quo, con relación a la demanda de alimentos y suspensión de patria potestad vía proceso abreviado, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., nueve de junio del año dos mil veintidós.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ADOLFO CRUZ RIVERA, a favor de SI MISMO y de la señora BRENDA VARINIA CRUZ RIVERA, contra sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte, que resolvió el recurso de apelación impetrado contra la sentencia dictada por JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación a la demanda de alimentos y suspensión de patria potestad vía proceso abreviado promovida por la por EUGENIA MENARDI MARCONI, contra el Abogado LUIS ADOLFO CRUZ RIVERA.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recuso de amparo se desprende que el recurrente señala como agravio que a su representada no se le reconoce como dueña de un automotor que fue embargado al recurrente por estar a nombre de este, toda vez que aún no se ha registrado dicho traspaso, señala además, el repitente, que dicha Alzada ha realizado valoraciones que a su entender son parcializadas y excesivas.-CONSIDERANDO: Que el recurrente señala que con el acto reclamado se vulneran las declaraciones y derechos contenidos en los artículos 80, 82, 90, 321 entre otros de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que la Alzada le indica al quejoso que si bien en el caso de estudio fueron decretadas otras medidas cautelares en su perjuicio, también hace referencia que procedió a decretar el embargo como medida procesal precautoria, toda vez que la solicitante acreditó el peligro de mora procesal en razón a la posible insolvencia del deudor así como por la apariencia del buen derecho al justificar lo solicitado ante dicho estrado, todo en observancia a la proporcionalidad y adecuación de la medidas y la efectividad de la protección jurisdiccional, atendiendo a la eficacia de una eventual sentencia condenatoria.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se aprecia que el quejoso además ha realizado una la amplia exposición sobre diferentes situaciones, y aun cuando se observa que estas están intrínsecamente relacionadas a la presente causa, esta Sala de lo Constitucional no emitirá pronunciamiento sobre los mismos, toda vez que no forman parte del acto reclamado dictado en fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno.-CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO: Que las medidas cautelares por su naturaleza son provisionales conforme lo dispuesto en los artículos 394 al 397, es decir que acordadas las medidas cautelares pueden ser modificadas o revocadas en cualquier momento al cumplir su función de aseguramiento, desaparezcan los motivos por los que se adoptaron las mismas o al rendir la caución suficiente, aspectos que fueron expuestos por la Alzada en la resolución en estudio, apreciando esta Sala, que en la emisión del acto reclamado se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna que establece: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan", declaración constitucional que aprecia esta Sala, no ha sido contravenida con el acto reclamado.-CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1. SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ADOLFO CRUZ RIVERA, a favor de SI MISMO y de la señora BRENDA VARINIA CRUZ RIVERA, contra sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; 2. Visto el escrito presentado por la señora EUGENIA MENARDI MARCONI, en fecha veintiuno (21) de mayo del presente año, se admite el mismo en atención a lo establecido en el artículo 80 constitucional y en cuanto a lo peticionado, se declara sin lugar en virtud de que la acción de amparo por su propia naturaleza no es de carácter contradictoria; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes septiembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha nueve (9) de junio del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0231-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL