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Sentencia AC-173-22 — Registro 14693

Resumen

En Consulta las diligencias que deniega el recurso de amparo contra la resolución en relación a la demanda ordinaria mediante el proceso declarativo ordinario. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que indudablemente la resolución o acto reclamado, es de mera legalidad y se encuentra resuelto con la concurrencia y motivación que autoriza la ley adjetiva civil sobre la necesidad de acumulación de procesos, que a juicio de esta Corte es a todas luces procedente. Que por las razones procedentes es imperativo denegar la acción de amparo a que se ha hecho mérito.” CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se constata que los actos judiciales reclamados en amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, no resultan susceptible de conocimiento y resolución en el fondo, puesto que el recurrente ha invocado violación de garantías, empleando para ello alegaciones de mera legalidad que impiden su admisibilidad en sede de justicia constitucional, como aserta el fallo venido en consulta en su último considerando y en su fundamentación al establecer como fundamento el artículo 46.1 de la Ley de justicia Constitucional. Lo anterior constituye, efectivamente, causal de sobreseimiento de conformidad a la referida Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, por lo que esta Sala de lo Constitucional, comparte el criterio del Ad-quem en el sentido de que la acción de amparo instada por la Recurrente, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al tenor de lo dispuesto por el artículo 46 No. 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional son alegatos de mera legalidad.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que denegando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Nehemías Cruz Cruz, a favor de la señora Maria Emelina Ramirez, contra la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, con relación a la demanda ordinaria mediante el proceso declarativo ordinario promovida por el señor Medardo Bautista Martínez, en contra del señor J. Ernesto Villaney García Argueta. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, el señor Medardo Bautista Martínez, interponiendo demanda ordinaria mediante el proceso declarativo ordinario promovida por el señor Medardo Bautista Martínez, en contra del señor J. Ernesto Villaney García Argueta. (Folios 1-6 de la pieza principal) 2) En fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada Leslie Antonio Sierra Umanzor, en su condición de representante procesal del señor J. Ernesto Villaney García, presentando escrito de personamiento, solicitud de acumulación de procesos pendientes ante este órgano jurisdiccional… (Folios 21-23 de la pieza principal) 3) En fecha catorce de febrero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, dictó auto interlocutorio mediante el cual resolvió: “PRIMERO: Por las disposiciones anteriormente descritas y de acuerdo a lo establecido en los artículos 100, 101, 104 del Código Procesal Civil.- este Juzgado declara CON LUGAR LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS.-presentado por la Abogada LESLIE ANTONIA SIERRA UMANZOR, quien actúa en representación del señor J. ERNESTO VILLANEY GARCÍA ARGUETA.-POR TANTO: Declara que es procedente decretar la acumulación de los autos aludidos en esta resolución, seguidos en este mismo Juzgado, para cuyo fin se agregaran entre sí por la señora Secretaria del Despacho y se manda a continuar el curso en un solo juicio en el estado en que se encontraban hasta la fecha, en virtud de ser necesario mantener unida la continencia de la causa, en razón que la acción entablada en un juicio son iguales a las deducidas en el otro, y una y otra emana directa e inmediatamente de los mismos hechos al mismo demandante o demandado, habiendo también personas y objetos idénticos en los dos juicios acumulados y dos causas de mérito se ventilan por el procedimiento ordinario. SEGUNDO: Procédase a la acumulación en el expediente O-228-18 por ser el más moderno al expediente O-284-17 por ser el más antiguo, ya que ambos expedientes se encuentran en una misma etapa, al momento de la presentación del escrito de acumulación de procesos. -TERCERO: Que la secretaria del despacho proceda a notificar a las partes intervinientes de la presente resolución.” (Folios 51-53 del antecedente) 4) En fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado Nehemías Cruz Cruz, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Medardo Bautista Martínez, contra la sentencia que se ha dejado referenciada en el numeral que antecede, considerando el peticionario que dicha decisión le vulnera el derecho consagrado en el articulo 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1-7 de la pieza del Ad-quem) 5) Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinte de enero de dos mil veintidós, por unanimidad de votos falló: “DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO promovida por el Abogado NEHEMIAS CRUZ CRUZ, contra el auto interlocutorio de fecha 14 de febrero del 2020, proferido por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, en las diligencias de DEMANDA ORDINARIA POR LA VÍA DEL PROCESO DECLARATIVO, SOLICITANDO LA RESOLUCIÓN DE UN CONTRATO DE PROMESA DE VENTA, DEVOLUCIÓN DE VALORES PAGADOS E INTERESES LEGALES. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. COSTAS Y PAGO DE HONORARIOS DEL JUICIO, MEDIDAS PRECAUTORIAS. Promovida por el señor MEDARDO BAUTISTA MARTINEZ, en contra del señor J. ERNESTO VILLANEY GARCÍA ARGUETA Y MANDA….” (Folios 51-55 vuelto del antecedente) 6) Que en fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual DENEGO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Nehemías Cruz Cruz, a favor de la señora Maria Emelina Ramirez, contra la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, con relación a la demanda ordinaria mediante el proceso declarativo ordinario promovida por el señor Medardo Bautista Martínez, en contra del señor J. Ernesto Villaney García Argueta. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la sentencia venida en consulta dictada, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua mediante la cual falla DENEGAR el recurso amparo interpuesto por el Abogado Nehemías Cruz Cruz, a favor de la señora Maria Emelina Ramirez, la referida Corte que básicamente expone lo siguiente: (Sic.) “CONSIDERANDO: Que de un examen exhaustivo de los autos, nos indica que la autoridad reclamada, en este caso el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, en fecha 14 de febrero del 2020, emitió resolución pronunciándose sobre una acumulación de proceso, generada por la promoción de una interlocutoria por parte de la Abogada LESLIE ANTONIA SIERRA UMANZOR, representante procesal del demandado J. ERNESTOR VILLANEY GARCIA ARGUETA, profesional del derecho que se personó en la supra demanda ordinaria declarativa peticionando dicha acumulación. Es visto y así lo percibe esta Corte, que en la citada judicatura existen en los archivos del órgano de primer grado, dos expedientes contentivos por separado de dos demandas ordinarias así: a) Demanda Ordinaria promovida por el señor MEDARDO BAUTISTA MARTINEZ, en contra del señor J. ERNESTOR VILLANEY GARCIA ARGUETA, con las pretensiones apuntadas, cuya demanda obra en el expediente 0-284-17. b) Así mismo en la misma judicatura se encuentra el expediente judicial número 0-228-18, que contiene Demanda Vía Procedimiento Ordinario, para la resolución de un contrato por incumplimiento contractual, daños y perjuicios, accionada por el señor J. ERNESTOR VILLANEY GARCIA ARGUETA, contra el señor MEDARDO BAUTISTA MARTINEZ. Que independientemente de la documentación y las pretensiones de cada una de las personas que figuran en los autos, ésta Corte percibe que ambos expedientes que contienen las pretensiones individuales de las referidas partes, se encuentran pendientes de resolución ante la citada judicatura y que desde luego ambas acciones se fundamentan en la existencia de un contrato privado de promesa de venta, razón por la cual es aplicable la acumulación de dichos procesos, habida cuenta que aunque el expediente 0-284-17 es el más antiguo en relación al expediente 0-228-18, sin embargo, el más antiguo se encuentra en una etapa previa a la realización de la audiencia probatoria. De allí pues, que, sin prejuzgar sobre las pretensiones sustantivas de los referidos asuntos civiles, a juicio de este Tribunal de Apelaciones existe una conexión entre ambos procesos ordinarios, por lo que de tramitarse separadamente podía correrse eventualmente en la emisión de sentencias que podrían tener pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o excluyentes entre sí. Por manera, que son aplicables los requisitos prescritos en el artículo 100 del Código Procesal Civil y demás preceptos legales que regulan la tramitación y toda la concurrencia de la institución jurídica adjetiva de acumulación de procesos. CONSIDERANDO: Que conforme lo expuesto en el acápite anterior el auto reclamado no vulnera la garantía constitucional del debido proceso, pues la determinación de la interlocutoria del 14 de febrero del 2020, visible a folio 51-53 de los antecedentes responde a una realidad procesal Desde el A-quo se encuentra privilegiando una conducta procesal encaminada sin lugar a dudas el derecho que pudiese corresponderle a cualquiera de los contendientes en los juicios ordinarios acumulados, para la mejor resolución del asunto. CONSIDERANDO: Que indudablemente la resolución o acto reclamado, es de mera legalidad y se encuentra resuelto con la concurrencia y motivación que autoriza la ley adjetiva civil sobre la necesidad de acumulación de procesos, que a juicio de esta Corte es a todas luces procedente. Que por las razones procedentes es imperativo denegar la acción de amparo a que se ha hecho mérito.” CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se constata que los actos judiciales reclamados en amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, no resultan susceptible de conocimiento y resolución en el fondo, puesto que el recurrente ha invocado violación de garantías, empleando para ello alegaciones de mera legalidad que impiden su admisibilidad en sede de justicia constitucional, como aserta el fallo venido en consulta en su último considerando y en su fundamentación al establecer como fundamento el artículo 46.1 de la Ley de justicia Constitucional. Lo anterior constituye, efectivamente, causal de sobreseimiento de conformidad a la referida Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, por lo que esta Sala de lo Constitucional, comparte el criterio del Ad-quem en el sentido de que la acción de amparo instada por la Recurrente, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al tenor de lo dispuesto por el artículo 46 No. 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional son alegatos de mera legalidad. CONSIDERANDO (6): Que en otro orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional señala, que debemos de respetar el lenguaje técnico- jurídico preestablecido en las leyes, en este caso, el Capítulo III DE LA ACCION DE AMPARO, Sección V DE LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que en su artículo 63 manda que la sentencia “otorgará o denegará” , por lo que las sentencias que se dicten se deberá de leer FALLA: OTORGANDO O FALLA:DENEGANDO, o en su caso FALLA: SOBRESEYENDO, en aplicación de los artículos 46 párrafo último y segundo párrafo del artículo 54 de la misma ley. CONSIDERANDO (7) : Que no comparte esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la parte dispositiva de la sentencia emitida en fecha veinte de enero de dos mil veintidós, haya sido la correcta, al DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO, pues al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y estricto cumplimiento a lo preceptuado en el párrafo último del artículo 46 párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “ DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: ….1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…..El órgano jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO (8): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que, esta Sala de lo Constitucional, es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe de REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua,, que falla DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 183, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 46 No. 9), y párrafo último, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua de fecha veinte de enero de dos mil veintidós. 2) SOBRESEYENDO el Amparo interpuesto por el Abogado Nehemías Cruz Cruz, a favor de la señora Maria Emelina Ramirez, contra la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, con relación a la demanda ordinaria mediante el proceso declarativo ordinario promovida por el señor Medardo Bautista Martínez, en contra del señor J. Ernesto Villaney García Argueta..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JORGE ABERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-173-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL