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Sentencia AC-1565-22 — Registro 15919

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgo la acción de Amparo con relación a la decisión de degradar de categoría de su cargo como Jefe del Banco de Medicina Transfuncional, a un simple cargo de Empleada del Departamento de Muestra de Enfermo con VIH, del Hospital Escuela Universitario, respectivamente.-Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82, 90, 314 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO 11: Que visto los antecedentes del recurso y para dar respuesta al mismo, se llega a la siguiente conclusión respecto al derecho al Honor: PRIMERO: A criterio de este Tribunal Ad-Quem, el acto verbal de comunicarle e insinuarle a la recurrente sobre un descenso de su puesto de trabajo constituye una violación directa al derecho al honor de la recurrente, al insinuarle que se le impondría un descenso a un puesto de trabajo por debajo de los méritos profesionales del recurrente, estando ella nombrada a un puesto nominal de Microbiología General y funcional de Jefa de Departamento de Medicina Transfusional, lo cual constituiría un descenso de puesto laboral, el cual debe ser impuesto mediante un proceso administrativo exhaustivo en donde se comprueba un incumplimiento de las funciones o incompetencia profesional de la recurrente que ameritase su descenso a un puesto de menor categoría; Al insinuarle dicho descenso son motivación o explicación el superior le atribuye a la recurrente la calidad de profesional inadecuada que ha incumpliendo con sus funciones de tal forma que amerita un descenso del puesto para lo cual fue nombrada, provocando un daño al Honor de la recurrente, por lo tanto se valora que si hubo una vulneración a este derecho constitucional. SEGUNDO: A criterio de este Tribunal Ad-Quem, El Oficio N° 0602-2022-DGSAC-HE que establece un “LLAMADO DE ATENCION” dirigido a la Doctora Criselda Elvir, así como el Oficio Citatorio N° 013-2022-UAL-HE, de fecha 10 de mayo de 2022, dirigido a la Doctora Criselda Azucena Elvir Castillo, el cual se visualiza en el folio 166 del expediente de mérito, en el cual se cita a la misma para escuchar, entre otros descargos, el siguiente descargo: “POR SUPONERLA RESPONSABLE DE INHABILIDAD O INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO. POR HABER CAMBIADO VALORES DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN LITERATURA CON VALOR CIENTIFICO”. Siendo que dicha audiencia se celebraría mientras que existe un proceso de acción constitucional de amparo que versa sobre un ataque al derecho al honor dirigida a la persona citada para dicha audiencia de descargo, se interpreta que tanto el llamado de atención como la acción citatoria están revestidas de solo para poder inyectar presión sobre la recurrente que ha presentado un recurso de amparo en defensa de sus derechos constitucionales en contra de una autoridad del Hospital Escuela Universitario, lo cual se considera una violación al derecho al Honor e Integridad de la recurrente, sin menoscabo de la potestad del Hospital Escuela Universitario de realizar audiencias de descargo a su personal dentro de los limites de la Ley y del sentido común, tomando en cuenta que la recurrente ya ha sido victima de acciones de esta naturaleza, así como consta en el expediente de Amparo SA-2149-19.- CONSIDERANDO (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitucion; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. La garantía del debido proceso exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (13): Que visto los antecedentes del recurso y para dar respuesta al mismo, se llega a la siguiente conclusión respecto al Derecho de Defensa y del Debido Proceso: A criterio de este Tribunal Ad- Quem concluye PRIMERO: Que el acto verbal de comunicarle que podría ser descendida a un puesto de asistente de clínica para pacientes con VIH, fácticamente constituye una insinuación o amenaza por parte el superior jerárquico de un descenso de un puesto laboral, y no una notificación de una acción de descenso de un puesto de trabajo producto de un proceso administrativo por parte del departamento de recursos humanos del Hospital Escuela Universitario. Si bien dicho acto verbal no seria objeto de recurso legal alguno, por ser un acto informal que carece de cualquier legalidad, en términos estrictamente legales, dicho acto no constituiría un descenso de un puesto de trabajo, por lo que dicho acto no sería objeto de oposición o recurso alguno, por lo que, si bien el superior Jerárquico actúa de impropiamente para ser un funcionario público, por causa de que dicha llamada no tuvo efectos jurídicos-administrativos más allá del daño moral causado a la recurrente, se estima que este acto no constituye una violación a los derechos constitucionales del derecho de defensa y el derecho al debido proceso de la requirente.” CONSIDERANDO (5): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a concluir en el OTORGAMIENTO de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, por lo que SE CONFIRMA el OTORGAMIENTO de la acción de Amparo, venida en consulta.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que otorgo la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, a favor de la señora CRISELDA AZUCENA ELVIR CASTILLO, con relación a la decisión de degradar a la señora CRISELDA AZUCENA ELVIR CASTILLO de categoría de su cargo como Jefe del Banco de Medicina Transfuncional, a un simple cargo de Empleada del Departamento de Muestra de Enfermo con VIH, del Hospital Escuela Universitario, respectivamente.-Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82, 90, 314 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora CRISELDA AZUCENA ELVIR CASTILLO, contra actuaciones de la Comisión Interventora del Hospital Escuela Universitario DR. OSMIN ONAN TOVAR PEÑA, con relación a la decisión de degradar la señora CRISELDA AZUCENA ELVIR CASTILLO de categoría de su cargo como Jefe del Banco de Medicina Transfuncional, a un simple cargo de Empleada del Departamento de Muestra de Enfermo con VIH, del Hospital Escuela Universitario. 2) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictó sentencia mediante la cual: “FALLÓ: PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, en su condición de apoderado de la señora CRISELDA AZUCENA ELVIR CASTILLO, contra el acto violatorio del derecho realizado por el Hospital Escuela Universitario. SEGUNDO: Remitir la presente sentencia en consulta obligatoria, ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.” 3) Que en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, el fallo de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintidos (2022) emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante el cual “FALLÓ: PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, en su condición de apoderado de la señora CRISELDA AZUCENA ELVIR CASTILLO, contra el acto violatorio del derecho realizado por el Hospital Escuela Universitario. SEGUNDO: Remitir la presente sentencia en consulta obligatoria, ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.” CONSIDERANDO (4): Que la decisión en el recurso de amparo venido en consulta, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintidos (2022) emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el cual dictó el SOBRESEIMIENTO de dicha acción, fundamentando la motivación de su fallo en lo siguiente: “CONSIDERANDO 11: Que visto los antecedentes del recurso y para dar respuesta al mismo, se llega a la siguiente conclusión respecto al derecho al Honor: PRIMERO: A criterio de este Tribunal Ad-Quem, el acto verbal de comunicarle e insinuarle a la recurrente sobre un descenso de su puesto de trabajo constituye una violación directa al derecho al honor de la recurrente, al insinuarle que se le impondría un descenso a un puesto de trabajo por debajo de los méritos profesionales del recurrente, estando ella nombrada a un puesto nominal de Microbiología General y funcional de Jefa de Departamento de Medicina Transfusional, lo cual constituiría un descenso de puesto laboral, el cual debe ser impuesto mediante un proceso administrativo exhaustivo en donde se comprueba un incumplimiento de las funciones o incompetencia profesional de la recurrente que ameritase su descenso a un puesto de menor categoría; Al insinuarle dicho descenso son motivación o explicación el superior le atribuye a la recurrente la calidad de profesional inadecuada que ha incumpliendo con sus funciones de tal forma que amerita un descenso del puesto para lo cual fue nombrada, provocando un daño al Honor de la recurrente, por lo tanto se valora que si hubo una vulneración a este derecho constitucional. SEGUNDO: A criterio de este Tribunal Ad-Quem, El Oficio N° 0602-2022-DGSAC-HE que establece un “LLAMADO DE ATENCION” dirigido a la Doctora Criselda Elvir, así como el Oficio Citatorio N° 013-2022-UAL-HE, de fecha 10 de mayo de 2022, dirigido a la Doctora Criselda Azucena Elvir Castillo, el cual se visualiza en el folio 166 del expediente de mérito, en el cual se cita a la misma para escuchar, entre otros descargos, el siguiente descargo: “POR SUPONERLA RESPONSABLE DE INHABILIDAD O INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO. POR HABER CAMBIADO VALORES DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN LITERATURA CON VALOR CIENTIFICO”. Siendo que dicha audiencia se celebraría mientras que existe un proceso de acción constitucional de amparo que versa sobre un ataque al derecho al honor dirigida a la persona citada para dicha audiencia de descargo, se interpreta que tanto el llamado de atención como la acción citatoria están revestidas de solo para poder inyectar presión sobre la recurrente que ha presentado un recurso de amparo en defensa de sus derechos constitucionales en contra de una autoridad del Hospital Escuela Universitario, lo cual se considera una violación al derecho al Honor e Integridad de la recurrente, sin menoscabo de la potestad del Hospital Escuela Universitario de realizar audiencias de descargo a su personal dentro de los limites de la Ley y del sentido común, tomando en cuenta que la recurrente ya ha sido victima de acciones de esta naturaleza, así como consta en el expediente de Amparo SA-2149-19.- CONSIDERANDO (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitucion; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. La garantía del debido proceso exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (13): Que visto los antecedentes del recurso y para dar respuesta al mismo, se llega a la siguiente conclusión respecto al Derecho de Defensa y del Debido Proceso: A criterio de este Tribunal Ad- Quem concluye PRIMERO: Que el acto verbal de comunicarle que podría ser descendida a un puesto de asistente de clínica para pacientes con VIH, fácticamente constituye una insinuación o amenaza por parte el superior jerárquico de un descenso de un puesto laboral, y no una notificación de una acción de descenso de un puesto de trabajo producto de un proceso administrativo por parte del departamento de recursos humanos del Hospital Escuela Universitario. Si bien dicho acto verbal no seria objeto de recurso legal alguno, por ser un acto informal que carece de cualquier legalidad, en términos estrictamente legales, dicho acto no constituiría un descenso de un puesto de trabajo, por lo que dicho acto no sería objeto de oposición o recurso alguno, por lo que, si bien el superior Jerárquico actúa de impropiamente para ser un funcionario público, por causa de que dicha llamada no tuvo efectos jurídicos-administrativos más allá del daño moral causado a la recurrente, se estima que este acto no constituye una violación a los derechos constitucionales del derecho de defensa y el derecho al debido proceso de la requirente.” CONSIDERANDO (5): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a concluir en el OTORGAMIENTO de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, por lo que SE CONFIRMA el OTORGAMIENTO de la acción de Amparo, venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304 de la Constitucion de la Republica; 8, 10, 11 y 12 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos; 2, 10, 14.1, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; 18 y 24 de la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 9, 11, 25 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3.2, 10, 41, 63 y 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta que OTORGA la acción de amparo presentada por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, en su condición de apoderado legal de la señora CRISELDA AZUCENA ELVIR CASTILLO, contra el acto verbal mediante llamada telefónica emitido por el superior jerárquico de la recurrente, Doctor NICOLAS HANDY, quien ostenta el puesto de Director de Gestión de Servicios de apoyo Clínico, entre las fechas diecisiete (17 y veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), que conoció mediante Acción de amparo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazan, quien fallo en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintidos (2022), OTORGAR dicha acción.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1565-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL