Sentencia AC-1456-21 — Registro 16268
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió un recurso de apelación con relación a la demanda por la vía del proceso no dispositivo de liquidación del régimen económico de una unión de hecho no formalizada. Estimando las recurrentes que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales contemplados en los artículos 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que, siempre en formalización del recurso, invocan las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, en el plano jurídico, el precedente de amparo emitido por la Sala de lo Constitucional bajo el número registro AC SCO 704=2018, de fecha 24 de enero de 2020, pone de manifiesto la inexistencia de limitaciones de plazo para el ejercicio de una acción, salvo el de la prescripción ordinaria de las acciones personales que prescribe el artículo 2292 del Código Civil. Sostienen, asimismo, que la interpretación judicial del artículo 668 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil es oscura, pues se le indica a su representada interponer un proceso declarativo, no obstante que, conforme a dicha normativa, todos los procesos de familia se tramitan bajo procesos no dispositivos, que, si bien se rigen por las reglas del proceso declarativo abreviado, no son una especialidad del abreviado, mucho menos por cuantía. Señalando, asimismo, a la sentencia por indicar que, al no estar amparada bajo la figura del matrimonio, carece la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN de derecho a instar el proceso especial de liquidación de régimen económico, contrario al dispositivo legal preindicado, con relación al artículo 672 numeral 6) del Código Procesal Civil; en detrimento de la figura de la unión de hecho, de principio de igualdad y de la jurisprudencia interamericana que hace parte del bloque de convencionalidad (Convenio Belem do Para, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile), que reconoce el concepto familiar no está reducido únicamente al matrimonio y abarca otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, han reiterado las recurrentes que, con la resolución judicial reclamada brinda una indebida interpretación al artículo 668 numerales 2) y 3), y 672 del Código Procesal Civil, lo cual quebranta el principio de legalidad, el debido proceso, el derecho de igualdad ante la ley y el principio pro homine, en perjuicio su representada; todo lo cual concurría a justificar porque procede el otorgamiento de la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO (10): Que, así denota, para el caso la tesitura del artículo 55 del Código de Familia, invocado por las garantistas, este reza en su preámbulo: “Artículo 55. La unión de hecho inscrita por el Registrador Civil produce los efectos siguientes: 1) … 2) … 3) … 4) …, y 5) …”; lo cual, notoriamente, no subsume el supuesto fáctico argumentado en la pretensión garantista, en el ámbito material del derecho de familia. CONSIDERANDO (12): Que, finalmente, en lo concerniente a la indefensión, jurisprudencia constante de la Sala ha motivado la misma se produce cuando se provoca una limitación real al derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes, privando al justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de los medios que la ley procesal prevé; lo cual no puede predicarse del fallo contra el cual se interpone la garantía de amparo, el cual resulta positivamente compatible con las garantías y derechos constitucionales aquí invocadas; no habiéndose argumentado válidamente en el presente caso, por parte de las amparistas, de qué manera las formalidades, derechos o garantías que asisten a la demandante han resultado vulneradas con la sentencia objeto de amparo; o como se produjo efectiva la indefensión grave e irreversible de los derechos judicialmente tutelados, mediante la aplicación del dispositivo legal de inadmisibilidad de la demanda interpuesta, teniendo presente que la demandante goza siempre de la posibilidad de instar la pretensión patrimonial familiar descrita y circunstanciada, a través del proceso declarativo que corresponda en derecho; por lo cual resulta fundado DENEGAR el presente recurso de amparo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 672 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Familia, art. 55 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda por la vía del proceso no dispositivo de liquidación del régimen económico de una unión de hecho no formalizada promovida por la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN contra el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ. Estimando las recurrentes que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales contemplados en los artículos 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, actuando como Apoderadas Legales de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, interponen demanda por la vía del proceso no dispositivo de liquidación de régimen económico de una unión de hecho no formalizada conforme al Artículo 668 numeral 3 del Código Procesal Civil, se solicita la adopción inaudita parte y con carácter de urgencia de medidas cautelares de prohibición de celebrar actos y contratos sobre tres inmuebles comerciales. (Folios 01-10 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó auto definitivo de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar INADMISIBLE la “SOLICITUD DE LIQUIDACION DE REGIMEN ECONOMICO por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo” promovida por las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, como representantes procesales de la Señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ en virtud de no existir ninguna acción principal de la que pueda derivarse; en consecuencia es una acción aislada y no existe una formación de patrimonio familiar.- SEGUNDO: Este Tribunal es Incompetente Funcionalmente para conocer la acción incoada por la compareciente siendo que la misma no se difiere de una acción anterior, conforme a lo establecido en el artículo 669 numeral 1 del Código Procesal Civil.- TERCERO: Que el señor secretario del Despacho, proceda al archivo de la presente demanda y la devolución de los documentos acompañados a la misma. CUARTO: Contra la presente resolución cabe el recurso de apelación el cual se interpondrá ante el órgano que dicto la resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días (10) contados desde el día siguiente al de su notificación. En el escrito de interposición del recurso el apelante expresara los agravios que la resolución le cause. - QUINTO: Para efectos de impugnación: Téngase como representantes procesales de la Señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, a las BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, con las facultades legales a ella conferidas. NOTIFIQUESE.” (Folios 11–12 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, actuando como Apoderadas Legales de la Señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada BLANCA INEZ FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, en su condición de apoderadas legales de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN. SEGUNDO: Bajo los criterios del Tribunal de apelación, SE CONFIRMA el auto impugnado. TERCERO: SIN COSTAS”; lo cual tuvo entre sus principales consideraciones fácticas y jurídicas, las contenidas en el Considerando NOVENO de sus fundamentos de Derecho: “De lo anterior se desprende que la pretensión de la demandante respecto a la liquidación de un régimen económico de una unión de hecho no formalizada, no corresponde su tramitación conforme al proceso especial que al efecto establece el Código Procesal Civil, sino al proceso declarativo sea ordinario o abreviado, que conforme a la cuantía corresponde, por lo que la decisión del a-quo, que se conoce en grado de apelación se encuentra dictada conforme a Derecho, siendo plausible su confirmatoria, ya que en ausencia de matrimonio no cabe la posibilidad de considerar que toda unión diferente a la matrimonial por el mero hecho de iniciarse haya de llevar aparejada automáticamente el surgimiento de un régimen de comunidad de bienes, sino que habrán de ser los convivientes quienes por un pacto expreso o tácito evidencien su voluntad de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la existencia de la unión de hecho, y en caso de no existir dicho pacto, demostrar en un proceso declarativo, al tenor de los medios probatorios idóneos, la existencia de tal régimen, para proceder posteriormente a su liquidación, conforme a la fase segunda del proceso especial contendida en el artículo 672 del Código Procesal Civil”. (Folios 15-20 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, comparecieron ante este Tribunal en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos (02) de mayo de dos mil veintidós (2022). (Folios 01–14 y 47 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por las Amparistas”; fundamentando su parecer en no haberse violentado el derecho de defensa y al debido proceso de las recurrentes. Que el artículo 668 del Código Procesal Civil (CPC), señala que la Liquidación del Régimen Económico será aplicable a las capitulaciones matrimoniales, como a la liquidación de uniones de hecho, formalizadas o no. Sin embargo, tal como se aprecia del artículo 672 numeral 1) del Código Procesal Civil (CPC), debe: a) Haberse concluido previamente con el inventario (artículos 670 y 671 del CPC), b) Una vez firme la resolución que declare disuelto el régimen económico; requisitos que también aplican a las parejas de unión de hecho formalizadas y no formalizadas, tal como lo señala el artículo 672 numeral 6) del Código Procesal Civil (CPC); razón por la cual se comparte el criterio esgrimido por la Alzada, en cuanto señala que debe previamente demostrarse en un proceso declarativo la existencia, y, consiguientemente, la disolución del régimen económico, como previo proceder a su liquidación. No existe, pues, una exclusión a las uniones de hecho no formalizadas; por el contrario, la Ley les señala las condiciones a cumplir previo a solicitar su liquidación. (Ver folios 50–54 y 56 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en la presente vista para sentencia la resolución proferida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; particularmente, al confirmar el pronunciamiento dictado por el Juez A Quo mediante auto definitivo de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021), con relación a la demanda por la vía del proceso no dispositivo de liquidación del régimen económico de una unión de hecho no formalizada promovida por la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN contra el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ; resolución de Alzada, que falla en lo conducente: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada BLANCA INEZ FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, en su condición de apoderadas legales de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN. SEGUNDO: Bajo los criterios del Tribunal de apelación, SE CONFIRMA el auto impugnado. TERCERO: SIN COSTAS”; cuya motivación se desarrolla, sucintamente, en el Antecedente 3) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que en formalización del recurso presentado por las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, se expresa que los preceptos constitucionales que le fueron vulnerados a su representada, mediante la resolución venida en amparo, son los preceptuados en los artículos 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, y 321 de la Constitución de la República, con relación al contenido ostensible del artículo 668 del Código Procesal Civil; el cual es claro al establecer que la liquidación del régimen patrimonial puede entablarse independientemente a cualquier otro proceso relacionado a la relación conyugal. Según las garantistas, la jurisdicción ha motivado de forma oscura la inadmisión de la demanda presentada a favor de la agraviada, en contra del señor JORGE ALBERTO JUÁREZ RODRÍGUEZ, por la vía del proceso no dispositivo de liquidación de régimen económico de una unión de hecho no formalizada; interpretando en perjuicio de la persona humana el artículo 668 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil; lo cual le causa perjuicio al derecho de defensa y al debido proceso de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, en vista a que, durante la unión de hecho no formalizada en referencia, se adquirieron 3 locales comerciales ubicados en el Centro Morazán, los cuales individualiza y describe así: Local 11107, Matrícula 1562832-K0007; Local 11108, Matrícula 1562832-K0008; y, Local 11109, Matrícula 1562832-K0009; los cuales fueron producto del trabajo conjunto de la señora demandante con el señor JORGE ALBERTO JUÁREZ RODRÍGUEZ, y adquiridos en el mes de noviembre de 2017, siendo el lugar donde su poderdante tenía oficinas profesionales; hasta que, en un acto de violencia patrimonial y psicológica contra ella, el demandado le expulsó de la oficina en relación, sacando sus pertenencias de las oficinas comunes que venían compartiendo, las cuales fueron adquiridas, como se deja dicho, durante la unión de hecho no formalizada que ambos sostuvieron; teniendo por objeto la demanda incoada se le adjudique a la demandante el 50% de los referidos bienes adquiridos durante su unión de hecho. CONSIDERANDO (5): Que, siempre en formalización del recurso, invocan las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, en el plano jurídico, el precedente de amparo emitido por la Sala de lo Constitucional bajo el número registro AC SCO 704=2018, de fecha 24 de enero de 2020, pone de manifiesto la inexistencia de limitaciones de plazo para el ejercicio de una acción, salvo el de la prescripción ordinaria de las acciones personales que prescribe el artículo 2292 del Código Civil. Sostienen, asimismo, que la interpretación judicial del artículo 668 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil es oscura, pues se le indica a su representada interponer un proceso declarativo, no obstante que, conforme a dicha normativa, todos los procesos de familia se tramitan bajo procesos no dispositivos, que, si bien se rigen por las reglas del proceso declarativo abreviado, no son una especialidad del abreviado, mucho menos por cuantía. Señalando, asimismo, a la sentencia por indicar que, al no estar amparada bajo la figura del matrimonio, carece la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN de derecho a instar el proceso especial de liquidación de régimen económico, contrario al dispositivo legal preindicado, con relación al artículo 672 numeral 6) del Código Procesal Civil; en detrimento de la figura de la unión de hecho, de principio de igualdad y de la jurisprudencia interamericana que hace parte del bloque de convencionalidad (Convenio Belem do Para, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile), que reconoce el concepto familiar no está reducido únicamente al matrimonio y abarca otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, han reiterado las recurrentes que, con la resolución judicial reclamada brinda una indebida interpretación al artículo 668 numerales 2) y 3), y 672 del Código Procesal Civil, lo cual quebranta el principio de legalidad, el debido proceso, el derecho de igualdad ante la ley y el principio pro homine, en perjuicio su representada; todo lo cual concurría a justificar porque procede el otorgamiento de la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por ende, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les haya atribuido, lo cual compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto en concreto. CONSIDERNADO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos; asegurando que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, por lo tanto; el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, con base a derecho. CONSIDERANDO (9): Que, visto el caso para sentencia, analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por las recurrentes y escuchado el parecer del Fiscal, encuentra la Sala de lo Constitucional que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales, se concentra en disputar la adecuación de la interpretación judicial concernida respecto a los artículos 668 numerales 2) y 3), y 672 del Código Procesal Civil; como actuación judicial quebrantadora del principio de legalidad, el debido proceso, el derecho de igualdad ante la ley y el principio pro homine. Hace constar la Corte, sin embargo, que no consta de autos que la fundamentación jurídica del Ad Quem expresara que las uniones de hecho, formalizadas o no, deban excluirse de las disposiciones legales que estipulan lo concerniente al régimen económico; obrando afirmación a contrario en el Considerando Octavo de los Fundamentos de Derecho, donde se explicita la apertura del régimen jurídico hondureño de la familia, tanto para matrimonios como para uniones de hecho; para instar el proceso especial de liquidación de régimen económico, siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley. CONSIDERANDO (10): Que, así denota, para el caso la tesitura del artículo 55 del Código de Familia, invocado por las garantistas, este reza en su preámbulo: “Artículo 55. La unión de hecho inscrita por el Registrador Civil produce los efectos siguientes: 1) … 2) … 3) … 4) …, y 5) …”; lo cual, notoriamente, no subsume el supuesto fáctico argumentado en la pretensión garantista, en el ámbito material del derecho de familia. CONSIDERANDO (11): Que en cuanto a la alegada infracción al derecho de defensa y al debido proceso, según preceptuados en los artículos 82 y 90 constitucionales, debe analizarse primero si se han observado las formalidades esenciales del proceso y si el derecho de defensa, que en su comprensión más amplia que incluye el derecho de acceso a los tribunales, ha permanecido inviolable en el curso del proceso. En el caso concreto se desprende de los antecedentes del proceso que las peticionarias ha tenido la oportunidad de acceder a los recursos ordinarios en la causa, así como a la acción constitucional de Amparo que se resuelve en este acto, en un plazo justo y razonable; donde se le ha brindado una resolución motivada en razón suficiente, no incursa en arbitrariedad, y de la cual se puede decir con propiedad, que es una derivación razonada del derecho vigente, en relación a las circunstancias del caso. CONSIDERANDO (12): Que, finalmente, en lo concerniente a la indefensión, jurisprudencia constante de la Sala ha motivado la misma se produce cuando se provoca una limitación real al derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes, privando al justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de los medios que la ley procesal prevé; lo cual no puede predicarse del fallo contra el cual se interpone la garantía de amparo, el cual resulta positivamente compatible con las garantías y derechos constitucionales aquí invocadas; no habiéndose argumentado válidamente en el presente caso, por parte de las amparistas, de qué manera las formalidades, derechos o garantías que asisten a la demandante han resultado vulneradas con la sentencia objeto de amparo; o como se produjo efectiva la indefensión grave e irreversible de los derechos judicialmente tutelados, mediante la aplicación del dispositivo legal de inadmisibilidad de la demanda interpuesta, teniendo presente que la demandante goza siempre de la posibilidad de instar la pretensión patrimonial familiar descrita y circunstanciada, a través del proceso declarativo que corresponda en derecho; por lo cual resulta fundado DENEGAR el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero del dos mil veintitrés. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por las Abogadas BLANCA INÉS FORTÍN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA a favor de la señora ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha trece de octubre del año dos mil veintidós y por la cual se falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por las garantistas contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación contra actuaciones del Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, con relación a la inadmisibilidad de la demanda de “SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE REGIMEN ECONÓMICO por la vía del proceso abreviado no dispositivo”, atinente a la liquidación del régimen económico de una unión de hecho no formalizada, promovida por las Abogadas BLANCA INÉS FORTÍN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA como representantes procesales de la señora ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN contra el señor JORGE ALBERTO JUÁREZ RODRÍGUEZ. CONSIDERANDO (1): Que la referida acción de Amparo se interpuso en fecha catorce de diciembre del año dos mil veintiuno, procediéndose, a la vista del caso, a dictar sentencia en sentido denegatorio, en fecha trece de octubre del año dos mil veintidós; por este alto Tribunal, en ejercicio de su competencia constitucional. CONSIDERANDO (2): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos; lo cual es cumplido, en tanto requisito de procedibilidad, al interponerse en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veintidós, según consta a folios setenta y tres (73) y subsiguientes de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición de la parte recurrente, esta funda su recurso contra la denegatoria de la garantía constitucional de amparo, manifestando las Abogadas BLANCA INÉS FORTÍN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, que la sentencia constitucional relacionada le causa los siguientes agravios a la representación procesal de la señora ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN: a) Aplicación de forma no gramatical, en extrapolación a lo preceptuado en el artículo 17 del Código Civil, de la legalidad invocada por la Sala de lo Constitucional, al consignar en el CONSIDERANDO (9) la honorable Corte que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales, se concentra en disputar la adecuación de la interpretación de la interpretación judicial concernida respecto a los artículos 668 numerales 2) y 3); y 672 del Código Procesal Civil. Sin embargo, reprochan las recurrentes, que: “(…) la Honorable Corte en ningún momento se pronuncia expresamente, sobre dicha interpretación de la sentencia, generando un vacío, en relación a la forma en que los tribunales inferiores deben interpretar el artículo 668 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil.” CONSIDERANDO (4): Que, siempre en sustento de su recurso de reposición, en lo pertinente al primer agravio, sostienen las amparistas que, tal omisión de motivación afectaría lo que han denominado: “aplicación de la liquidación del régimen económico de las uniones de hecho no formalizadas”, en vista a que la posición motivada por la Corte Primera de Apelaciones, al confirmar el auto de inadmisión de primera instancia, obligaba, prima facie, a que se reconociera la existencia de un régimen económico, a través de un proceso declarativo. Sin embargo, sostienen las amparistas, que para proceder a liquidar el régimen económico se tiene derecho conforme al artículo 55 del Código de Familia y, que los artículos 668 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil no exigen dicho reconocimiento a través de un proceso declarativo para que se proceda a la liquidación del régimen económico; siendo que este procede por pacto de las partes o por disposiciones de ley; manifestando la representación procesal recurrente no está de acuerdo con la interpretación no literal, de la normativa plasmada, descartando las garantistas cualquier otra interpretación del derecho aplicable. CONSIDERANDO (5): Que, para una recta inteligencia de la cuestión planteada, debe establecerse el ámbito de aplicación del régimen económico, el cual asiste a la parte solicitante, según las garantistas, por así tenerlo establecido el artículo 55 del Código de Familia. Ahora bien, el tantas veces mencionado artículo 668 del Código Procesal Civil, en su numeral 1), establece en su literalidad: “La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujetos a determinadas cargas y obligaciones, se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, por los trámites del proceso abreviado con las particularidades fijadas en la presente Sección y demás normas que resulten aplicables”. CONSIDERANDO (6): Que concurre a esta tesitura jurídica, lo manifestado por la Corte de Apelaciones recurrida, al exponer en el Capítulo Octavo del fallo objeto de amparo, lo siguiente: “En caso de no existir matrimonio y los convivientes deseen liquidar algún patrimonio común existente, la solución la brinda el artículo 668.2 y 3 del Código Procesal Civil, el cual remite a que dicha pretensión se canalice a través de las normas generales del Código, es decir excluyendo dicha pretensión de este especial proceso, remitiendo a sustanciarse, tal pretensión al declarativo ordinario u abreviado según la cuantía, pues en las uniones de hecho formalizada o no, no se genera en modo alguno un régimen económico matrimonial al no estar previsto en tal sentido de forma expresa en la normativa sustantiva correspondiente, lo que no excluye la posibilidad de que en la práctica pueda generarse una situación de comunidad de bienes que deba ser objeto de disolución (formación del inventario) y posterior liquidación (partición), fase que por disposición expresa sí le es aplicable a las parejas conformadas en unión de hecho tanto formalizadas y no formalizadas, tal como así expresamente lo establece el Código Procesal Civil, en su artículo 672.6. / Igual disposición rige para aquellos regímenes económicos que a pesar de haberse disuelto el vínculo matrimonial se fueron liquidados y, a la fecha se encuentra una masa común de bienes que debe ser objeto de partición”. CONSIDERANDO (7): Que tal motivación judicial, se tiene por fundamentada en derecho, no lesiva a los derechos fundamentales de la persona beneficiaria del recurso, dado que resulta claramente extensiva en lo concerniente a la liquidación del régimen económico patrimonial en uniones de hecho, formalizadas o no, siempre y cuando tengan causa legal y cumplan con los requisitos preceptuados en ley; verbigracia, en los supuestos que ya establece el precitado artículo 668.1 del Código Procesal Civil: 1) Capitulaciones matrimoniales, en caso de existir tal acuerdo entre los cónyuges, o; 2) Por disposición legal que determine la existencia de una masa común de bienes y derechos, sujetos a determinadas cargas y obligaciones. Cabe reiterar, en este punto, lo puntualmente motivado en la sentencia recurrida vía recurso de reposición, que dice, a la letra: “CONSIDERANDO (10): Que, así denota, para el caso la tesitura del artículo 55 del Código de Familia, invocado por las garantistas, este reza en su preámbulo: “Artículo 55. La unión de hecho inscrita por el Registrador Civil produce los efectos siguientes: 1) … 2) … 3) … 4) …, y 5) …”; lo cual, notoriamente, no subsume el supuesto fáctico argumentado en la pretensión garantista, en el ámbito material del derecho de familia.” CONSIDERANDO (8): Que, finalmente, fundan su recurso de reposición los garantistas en lo que denominan: b) Falta de veracidad sobre lo esgrimido por esta honorable Corte Suprema de Justicia – Sala de lo Constitucional, ampliando lo señalado con anterioridad en el precitado CONSIDERANDO (9) de la sentencia de la Sala que es objeto del presente recurso de reposición, el cual resulta reiterativo en el sentido que no resulta excluyente la interpretación judicial del derecho adjetivo invocado, del derecho que sustancialmente asiste a las uniones de hecho, formalizadas o no, a las estipulaciones que conciernen al régimen económico: “… siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley”;[1] pues resulta contrario a lo esgrimido por la honorable Sala, el fundamento de derecho Séptimo del fallo objeto de amparo, el cual señala que solo podrán acudir a este proceso especial quienes estén unidos en matrimonio y deseen disolver el vinculo matrimonial. Sin embargo, resulta aparente, de la sola lectura del fundamento de derecho Sexto del fallo objeto de amparo, que este extracto desarrolla aspectos motivacionales de la liquidación de régimen económico contendido en el Código Procesal Civil;[2] de lo cual se colige que la liquidación de un régimen económico de unión de hecho no formalizada, no corresponde su tramitación a este proceso especial, sino al proceso declarativo, sea ordinario o abreviado, conforme a la cuantía corresponda. CONSIDERANDO (9): Que invocan las recurrentes, los artículos 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; artículos 8, 10 y 29 de la Declaración Universal de las Derechos Humanos; artículo 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, en los artículos 8, 9 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y los artículos 3, 4 y 7 del Convenio de Belem do Para. Solicitando, en definitiva, se reconsidere el fallo notificado por la Sala de lo Constitucional, declarando con lugar la acción de amparo promovida por su representación procesal a fin de proteger los derechos constitucionales y garantías constituciones de su poderdante. CONSIDERANDO (10): Que el principio de independencia judicial se normativiza, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por Cortes y Tribunales, en el ámbito de su competencia.[3] En tal sentido, se ha sostenido por la Sala, que, el régimen de las impugnaciones que franquea la Ley Sobre Justicia Constitucional, debe sustentarse en consideración a la vinculación del órgano jurisdiccional a la legalidad constitucional; por sobre valoraciones subjetivas, o parciales de lo que las (os) pretensores estimen o soliciten imponer autoritativamente como contenido e interpretación univoca de la legalidad aplicable al fallo. Asimismo, considerase que el presente recurso de reposición no agrega nuevos elementos de juicio, a los antes expuestos, en trámite del recurso de amparo. CONSIDERANDO (11): Que, abundando sobre las razones que asisten al fallo del presente recurso no devolutivo, se señala a modo ilustrativo la línea jurisprudencial dictada en las sentencias SSTC 50/1984, 23/1987, 50/1988, 90/1990, 359/1993, 205/2000 del Tribunal Constitucional español, según las cuales las decisiones judiciales de inadmisión: “… podrán dar lugar al amparo constitucional cuando la interpretación y aplicación de la norma en que se funden resulte arbitraria o manifiestamente irrazonable, se apoye en una causa legal inexistente, o sea fruto de un error patente”;[4] lo cual, en definitiva, no asiste al presente caso en vista a explicitarse, en caso concreto, la vinculación a legalidad estricta del fallo jurisdiccional dictado, con base en una interpretación plausible, comprensiva y razonable de los artículos legales que resultan general y pertinentemente aplicables; considerándose, finalmente, que la confirmación en apelaciones de la inadmisibilidad decretada por el Juzgado A Quo, además de haberse dictado con base a racionalidad jurídica, no desampara de modo alguno la tutela judicial efectiva que asiste a la señora ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, en su condición precitada; de seguirse el cauce que establecen las disposiciones citadas del fallo, en el marco del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (12): Que, por todo ello, se concluye que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho por no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda. Señala, por su parte, el artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que, solicitada la reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; deberá procederse sin más trámite, a denegar o enmendar el fallo, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 63, 64, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por las Abogadas BLANCA INÉS FORTÍN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA a favor de la señora ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN. Y MANDA: Que la Secretaría notifique a los recurrentes la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós y reposición de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1456-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] El énfasis es añadido por la honorable Sala de lo Constitucional.
[2] Ver: Fundamento de derecho Cuarto del fallo objeto de amparo, a folio dieciocho (18) vuelto de la segunda pieza.
[3] Ver artículo 304 de la Constitución de la República.
[4] Ver: Montero Aroca, J., et al. Amparo constitucional y proceso civil (2008). Valencia: Tirant lo Blanch Editores. Págs. 80 y 81.