Sentencia AC-1451-21 — Registro 15017
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que denegó el recurso de Amparo contra la resolución que deja sin valor y efecto el embargo practicado en contra de la parte demandada, ello en relación a la Demanda de Alimentos mediante el procedimiento abreviado no dispositivo. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho al debido proceso, derecho a la defensa y el derecho de igualdad, consignados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla denegando la acción de amparo promovida, al concluir igual que el Juez A-quo que el recurrente en Amparo, como representante procesal de la parte demandada, se encontraba debidamente notificado de la audiencia programada para fecha trece de septiembre del año dos mil veintiuno. Como bien lo expresa la Alzada en el acápite tercero de los fundamentos de derecho “El Código Procesal Civil, señala que todos los actos de comunicación con las partes personadas, se hacen a través de su apoderado, por ende, al revisar el expediente se comprueba que en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, se notificó y citó al Abogado LESTER ILICH MEJÍA, la resolución del uno de junio de dos mil veintiuno, donde se señala audiencia para tramitar la oposición a la medida cautelar decretada en el proceso, por ende el mismo tenía conocimiento de la fecha y hora en que se llevaría a cabo la audiencia y, estaba en el deber de avisar a su poderdante de la obligación de asistir a la audiencia. Si bien, consta en autos que, la Juez mediante auto del uno de junio de dos mil veintiuno, erradamente ordena al Receptor del Juzgado se cite a las partes materiales a la audiencia programada para el día 13 de septiembre de dos mil veintiuno, no puede desconocer el impetrante, que por disposición legal los actos de comunicación con las partes se realizan a través de los apoderados, según lo establece el artículo 138.1 del Código Procesal Civil…, vemos que es inconclusa la orden de citación a las partes materiales, pues esta se realiza a través de sus apoderados; sin embargo, existe una constancia de citación a los Abogados, para asistir a la referida audiencia; por ende no existe una vulneración al debido proceso no al derecho de defensa invocados (Artículo 212.4 del Código Procesal Civil)…” CONSIDERANDO 7: Que los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario, que será el responsable de la adecuada organización del servicio, reza el primer párrafo del artículo 137 del Código Procesal Civil; seguidamente el artículo 138 numeral 1, en relación a la comunicación al profesional del derecho de la parte, establece: “1. La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su representante procesal, quien firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante…”; en ese orden de ideas y del examen de las diligencias realizadas en primera instancia, específicamente en la pieza separada de solicitud de medida cautelar, se observa a folio número 14, que el Abogado recurrente en Amparo, fue notificado en fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, de la audiencia a celebrarse en fecha trece de septiembre del mismo año, debiendo entonces el representante procesal de la señora Ledia Susana Carias Lopez, enterarla de la audiencia señalada, por ser lo que manda la normativa procesal civil. CONSIDERANDO 8: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 137 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 138, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintidós.
VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que denegó el recurso de Amparo presentado por el Abogado LESTER ILICH MEJIA FLORES, a favor de la señora LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ, contra la resolución de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que deja sin valor y efecto el embargo practicado en contra de la parte demandada, ello en relación a la Demanda de Alimentos mediante el procedimiento abreviado no dispositivo, promovida por la señora LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ, contra el señor JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho al debido proceso, derecho a la defensa y el derecho de igualdad, consignados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, la Licenciada en Psicología LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ, promoviendo mediante el Procedimiento Abreviado no dispositivo, Demanda de Alimentos, amparada en el artículo 110ª del Código de Familia, solicita pensión alimenticia provisional por un valor no menor a los treinta mil lempiras, solicitando asimismo medida cautelar con carácter de urgente, de prohibir al demandado salir del país, demanda promovida en contra del señor JOSÉ DAVID ARRAZOLA NAVARRO, padre de las menores B. G. y A. K., ambas de apellidos A. C.. (Folios del 01–03 de la pieza de antecedentes de la Demanda de Alimentos). 2) Que siguiendo que fue el trámite, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia de oposición a la medida cautelar de prohibición de salida del país y embargo del cuarenta por ciento del salario, solicitada por la parte demandante, contra el demandado señor José David Arrazola Navarro, resolviendo el referido Juzgado: (Sic) “EL JUZGADO RESUELVE: En cuanto a la solicitud de alerta Migratoria se suspende haciendo la salvedad al demandado que si el pretende salir del país temporalmente tiene la obligación de acreditarle al Tribunal como mínimo tres meses de pago de manutención a favor de sus menores hijas B. G. y A. K. ambas de apellidos A. C.; a fin de contar con la certeza del cumplimiento mensual de la pensión alimenticia que fue modificada en la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS MENSUALES con los cuales cubrirá manutención, pago de colegiatura de una de las menores, recibos de energía eléctrica y agua potable de la vivienda que actualmente habitan junto a su madre; incluyendo la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS, de los siguientes beneficios DECIMO TERCER MES DE SALARIO, DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, y VACACIONES; así como un CUARENTA POR CIENTO de las PRESTACIONES LABORALES que le pudieren corresponder al señor JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO; asimismo y en virtud de haber modificado el embargo decretado el 11 de mayo del año 2021 y practicado el 21 de mayo del presente año a la cantidad de L.10,000.00 mensuales los que serán depositados por el demandado señor JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO, en la cuenta de banco Atlántida a nombre de la demandada señora LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ; Comprometiéndose el demandado señor JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO, al pago de las mensualidades de la vivienda que ascienden a la cantidad de DIECIOCHO MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.18,791.73) mensuales así como el pago de la cantidad de OCHO MIL LEMPIRAS MENSUALES (L.8,000.00) como pago de préstamo de menaje de la casa; por un periodo de 4 años Déjese sin ningún valor y efecto el embargo antes mencionado y líbrese atenta nota al depositario para que cese sus funciones como tal, en tal sentido continúese con el proceso en cuanto a la pieza principal; Sin mas que agregar se cierra la presente audiencia…” (Folios 25-26 de la pieza separada de medida cautelar de los antecedentes del A-Quo). 3) Que en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), el Abogado LESTER ILICH MEJIA FLORES en su condición de Representante Procesal de la señora LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ, madre de las menores B. G. Y A. K. ambas de apellidos A. C., compareció ante el Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo contra la resolución de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que la resolución recurrida en Amparo, es violatoria del derecho al debido proceso, defensa e igualdad, contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 01–04 de la pieza de antecedentes de Amparo). 4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha seis (06) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictó sentencia mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Denegando la acción de amparo interpuesta. SEGUNDO: Que se envié en trámite de consulta obligatoria la presente sentencia ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional.” (Folios del 77–83 de la pieza de antecedentes de Amparo). 5) Que en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Civil venido en consulta, resuelta por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por el Abogado LESTER ILICH MEJIA FLORES, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que mediante Auto de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), resuelve dejar sin valor y efecto el embargo decretado en fecha once de mayo del año dos mil veintiuno y promovido por la parte demandante, contra el demandado señor José David Arrazola Navarro, en la Demanda de Alimentos mediante el procedimiento abreviado no dispositivo, promovida por la señora LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ, contra el señor JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente expone en el Recurso de Amparo promovido, que mediante auto de fecha uno de junio del año dos mil veintiuno, el A-quo ordena la citación a la parte demandante señora Ledia Susana Carias Lopez, por medio del receptor del despacho, a la audiencia de fecha trece de septiembre de ese mismo año, hecho que no se realizo al no constar en autos y con ese simple hecho al haber prescindido de normas esenciales de procedimiento, en cuanto al acto de comunicación (CEDULA DE CITACION), que da fe de haberse realizado dicha diligencia para que la parte demandante compareciera a la audiencia señalada, con la cual se produjo indefensión a la parte demandante, según lo establecido en el artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil vigente, como precepto autorizante para alegar la Acción de Amparo, en consecuencia que se restituya el embargo que la Juez dejó sin valor y efecto, dejando en completa indefensión a su representada y por ende a sus menores hijas, de tal forma que al llevarse a cabo la audiencia, tergiversa lo ordenado por ella misma, aduciendo de manera errónea que al haber sido notificado y tener conocimiento de dicha resolución, produce el mismo efecto jurídico, del acto de comunicación realizado por el receptor del despacho, a efecto de que dicho funcionario de fe que se realizó en legal y debida forma, haciendo la observación que en la resolución de la Juez Ilde Mejía Meraz, en un acto de ignorancia inexcusable resuelve que una vez citados por el receptor, ambas partes deben comparecer con sus representantes procesales. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta, es la sentencia de fecha seis de diciembre del año dos mil veintiuno, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resuelve Denegar la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado LESTER ILICH MEJIA FLORES, a favor de la señora LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ, contra actuaciones del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo ha prescindido de normas esenciales del procedimiento, que vulnera los derechos constitucionales, de defensa, debido proceso e igualdad. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración de derechos constitucionales inter alia, el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República mismo que señala en su primer párrafo: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. El impetrante en la acción constitucional planteada muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, quien resuelve dejar sin ningún valor y efecto el embargo decretado en fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, a la parte demandada señor José David Arrazola Navarro, argumentando que su representada la señora Ledia Susana Carias Lopez, no fue citada en legal y debida forma, a efecto de comparecer a la audiencia de Oposición a la medida Cautelar, celebrada en fecha trece de septiembre del año dos mil veintiuno. CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla denegando la acción de amparo promovida, al concluir igual que el Juez A-quo que el recurrente en Amparo, como representante procesal de la parte demandada, se encontraba debidamente notificado de la audiencia programada para fecha trece de septiembre del año dos mil veintiuno. Como bien lo expresa la Alzada en el acápite tercero de los fundamentos de derecho “El Código Procesal Civil, señala que todos los actos de comunicación con las partes personadas, se hacen a través de su apoderado, por ende, al revisar el expediente se comprueba que en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, se notificó y citó al Abogado LESTER ILICH MEJÍA, la resolución del uno de junio de dos mil veintiuno, donde se señala audiencia para tramitar la oposición a la medida cautelar decretada en el proceso, por ende el mismo tenía conocimiento de la fecha y hora en que se llevaría a cabo la audiencia y, estaba en el deber de avisar a su poderdante de la obligación de asistir a la audiencia. Si bien, consta en autos que, la Juez mediante auto del uno de junio de dos mil veintiuno, erradamente ordena al Receptor del Juzgado se cite a las partes materiales a la audiencia programada para el día 13 de septiembre de dos mil veintiuno, no puede desconocer el impetrante, que por disposición legal los actos de comunicación con las partes se realizan a través de los apoderados, según lo establece el artículo 138.1 del Código Procesal Civil…, vemos que es inconclusa la orden de citación a las partes materiales, pues esta se realiza a través de sus apoderados; sin embargo, existe una constancia de citación a los Abogados, para asistir a la referida audiencia; por ende no existe una vulneración al debido proceso no al derecho de defensa invocados (Artículo 212.4 del Código Procesal Civil)…” CONSIDERANDO 7: Que los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario, que será el responsable de la adecuada organización del servicio, reza el primer párrafo del artículo 137 del Código Procesal Civil; seguidamente el artículo 138 numeral 1, en relación a la comunicación al profesional del derecho de la parte, establece: “1. La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su representante procesal, quien firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante…”; en ese orden de ideas y del examen de las diligencias realizadas en primera instancia, específicamente en la pieza separada de solicitud de medida cautelar, se observa a folio número 14, que el Abogado recurrente en Amparo, fue notificado en fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, de la audiencia a celebrarse en fecha trece de septiembre del mismo año, debiendo entonces el representante procesal de la señora Ledia Susana Carias Lopez, enterarla de la audiencia señalada, por ser lo que manda la normativa procesal civil. CONSIDERANDO 8: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 188 numeral 9 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 54.1.2 del Código Procesal Civil. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-1451-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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