Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-1427-21 — Registro 14423

Resumen

Se interpuso recurso de ampararo contra una resolución y un auto correspondientes a un recurso de queja presentado contra la sentencia definitiva y la solicitud de aclaración de la sentencia definitiva dictada en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintiuno y reposición de la resolución de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintiuno, relacionados a la demanda de desahucio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Que en lo que se refiere al requisito procesal discutido en el presente caso contenido en el artículo 69 de la Ley de Inquilinato, la Sala ha sido y es del criterio que la condición del pago o consignación de rentas vencidas al tiempo de la interposición de los recursos, no constituye un formalismo desproporcionado, sino que representa una exigencia esencial para el acceso y la sustanciación de los mismos. Ello se justifica por la propia finalidad de la imposición legal de tal requisito procesal, que es el de impedir o evitar que el arrendatario se valga del sistema de recursos, que la Ley concede, como medio para continuar en el goce del inmueble arrendado sin satisfacer la contraprestación de la renta, convirtiendo la interposición de tales remedios procesales, en una maniobra dilatoria del lanzamiento en perjuicio del arrendador.”

Legislación citada

  • Ley de Inquilinato, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, tanto de lo expuesto en los considerandos que anteceden, de lo expuesto por el recurrente como de los antecedentes y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional para este tipo de acciones en materia de inquilinato, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los derechos que invocados como quebrantados; más aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y séptimo, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio declarativo principal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., siete de marzo del año dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor de JOSÉ ABRAHAM FERNANDEZ BANEGAS, contra una resolución y un auto dictados por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fechas dieciséis (16) de noviembre y uno (01) de diciembre ambas del año dos mil veintiuno, respectivamente, correspondientes a un recurso de queja presentado contra la sentencia definitiva y la solicitud de aclaración de la sentencia definitiva dictada en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintiuno y reposición de la resolución de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintiuno, relacionados a la demanda de desahucio promovida por HORTENSIA FUNEZ CHAVEZ, en contra de JOSÉ ABRAHAM FERNANDEZ BANEGAS. CONSIDERANDO: Que leídos tanto el escrito de interposición del recurso de amparo como la solicitud de la suspensión del acto reclamado, esta Sala aprecia que el recurrente estima que con el acto reclamado se afecta injusta e ilegalmente a su representado. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con el acto reclamado fueron quebrantados los derechos reconocidos en los artículos 80, 82 y 90, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de la resolución reclamada de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintiuno, se desprende que la Alzada inadmitió el recurso de queja, en vista que, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Inquilinato, específicamente en el artículo 69, el recurrente debió acompañar el último recibo de pago como requisito para tener acceso a la impugnación de las resoluciones judiciales, apreciando ésta Sala que el acto reclamado consigna con claridad las razones que tuvo para emitir el pronunciamiento que ha sido censurado con la acción de amparo no advirtiendo que los argumentos del recurrente justifiquen la interposición de su recurso por lo que esta Sala de lo Constitucional debe concluir que el objeto del presente recurso de amparo no es otro que dilatorio. CONSIDERANDO: Que en lo que se refiere al requisito procesal discutido en el presente caso contenido en el artículo 69 de la Ley de Inquilinato, la Sala ha sido y es del criterio que la condición del pago o consignación de rentas vencidas al tiempo de la interposición de los recursos, no constituye un formalismo desproporcionado, sino que representa una exigencia esencial para el acceso y la sustanciación de los mismos. Ello se justifica por la propia finalidad de la imposición legal de tal requisito procesal, que es el de impedir o evitar que el arrendatario se valga del sistema de recursos, que la Ley concede, como medio para continuar en el goce del inmueble arrendado sin satisfacer la contraprestación de la renta, convirtiendo la interposición de tales remedios procesales, en una maniobra dilatoria del lanzamiento en perjuicio del arrendador. CONSIDERANDO: Que analizado el auto denunciado de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil veintiuno, se aprecia que la Alzada le indica al recurrente que las pretensiones del repitente no versan en la rectificación de algún erro material o aclaración de un concepto oscuro razón por la que no rechazó la solicitud de aclaración del quejoso, asimismo el Ad-quem ilustra al impetrante en el sentido de que la resolución del recurso de queja es una resolución definitiva contra la cual no cabe el recurso de reposición. CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, tanto de lo expuesto en los considerandos que anteceden, de lo expuesto por el recurrente como de los antecedentes y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional para este tipo de acciones en materia de inquilinato, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los derechos que invocados como quebrantados; más aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y séptimo, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio declarativo principal. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho;artículo 69 de la Ley de Inquilinato; 41, 44, 46 No. 1 y 7, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor de JOSÉ ABRAHAM FERNANDEZ BANEGAS, contra una resolución y un auto dictados por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad por lo que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el proceso. y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se certifique la presente resolución al tribunal Ad-quem y A-quo para los efectos legales consiguiente.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha siete de marzo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1427=2021.

_CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

3