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Sentencia AC-1402-21 — Registro 15999

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo interlocutorio dictado por Juzgado de Primera Instancia que declaró con lugar de manera parcial Oposición a Tasación de Honorarios Profesionales reclamados; Se restó la cantidad de gastos de transporte por no haber sido acreditados; Se Condenó al incidentista (ahora recurrente) a pagar una determinada cantidad en la Demanda para el pago de indemnización de Daños y Perjuicios promovida por éste contra la Corporación Municipal de Nacaome, Valle; La Autoridad recurrida consideró que se debe liquidar según los montos mínimos del Arancel del Profesional del Derecho, y Desestimó el pago de gastos de traslados por no acreditarlos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada, se observa que esta fue dictada de acuerdo a las disposiciones procesales aplicables al respecto. Se dice lo anterior, en tanto en cuanto, el thema decidendi en este caso es determinar si es aplicable o no lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto No. 14 de 1973, emitido en fecha 15 de enero de 1973, por el Jefe de Estado en Consejo de Ministros, el que regula lo relativo a prestamistas no bancarios que literalmente dispone:..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que consta en autos que se trata de una demanda de ejecución de título extrajudicial, cuyo documento a ejecutar es un pagaré (ver folio 28 p.p.), titulo valor consagrado por el uso y que reúne los requisitos exigidos en el artículo 451 del Código de Comercio. En de subrayar que en el titulo ejecutivo se establece que la obligación a ejecutar la constituye no solo la cantidad a pagar, sino que además una cantidad conformada por un 6 % en concepto de intereses mensuales, determinando la fecha desde cuando estos serán exigibles. Debemos mencionar que el verbo rector del artículo 8 antes aludido lo conforma el verbo DEDICAR, el que, según el diccionario de la Real Academia Española tiene varias acepciones, y la aplicable en este caso es: “Tener alguien una determinada actividad como ocupación o profesión” y señala como ejemplo “me dedico a la venta de coches”. Se debe señalar que no basta con que en el título valor se determine una cantidad en concepto de intereses a pagar, sino que se debe demostrar que las personas naturales o jurídicas que se dediquen o pretendan dedicarse a prestar dinero a interés, por lo que el prestar aisladamente cobrando intereses no significa que se dedique o pretenda hacerlo. Así las cosas, la Sala de lo Constitucional detecta una interpretación errónea al contenido del artículo 8 tantas veces mencionado, misma que constituye una vulneración al derecho a la defensa, pues esta interpretación indebida concluye en la inadmisión de la demanda, es por ello que en aplicación del artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional se revoca la sentencia venida en consulta y se Otorga el recurso de amparo interpuesto, cuya consecuencia jurídica es la confirmatoria de la dictada por el Juez del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"de la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada, se observa que esta fue dictada de acuerdo a las disposiciones procesales aplicables al respecto. Se dice lo anterior, en tanto en cuanto, el thema decidendi en este caso es determinar si es aplicable o no lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto No. 14 de 1973, emitido en fecha 15 de enero de 1973, por el Jefe de Estado en Consejo de Ministros, el que regula lo relativo a prestamistas no bancarios que literalmente dispone:..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que consta en autos que se trata de una demanda de ejecución de título extrajudicial, cuyo documento a ejecutar es un pagaré (ver folio 28 p.p.), titulo valor consagrado por el uso y que reúne los requisitos exigidos en el artículo 451 del Código de Comercio. En de subrayar que en el titulo ejecutivo se establece que la obligación a ejecutar la constituye no solo la cantidad a pagar, sino que además una cantidad conformada por un 6 % en concepto de intereses mensuales, determinando la fecha desde cuando estos serán exigibles. Debemos mencionar que el verbo rector del artículo 8 antes aludido lo conforma el verbo DEDICAR, el que, según el diccionario de la Real Academia Española tiene varias acepciones, y la aplicable en este caso es: “Tener alguien una determinada actividad como ocupación o profesión” y señala como ejemplo “me dedico a la venta de coches”. Se debe señalar que no basta con que en el título valor se determine una cantidad en concepto de intereses a pagar, sino que se debe demostrar que las personas naturales o jurídicas que se dediquen o pretendan dedicarse a prestar dinero a interés, por lo que el prestar aisladamente cobrando intereses no significa que se dedique o pretenda hacerlo. Así las cosas, la Sala de lo Constitucional detecta una interpretación errónea al contenido del artículo 8 tantas veces mencionado, misma que constituye una vulneración al derecho a la defensa, pues esta interpretación indebida concluye en la inadmisión de la demanda, es por ello que en aplicación del artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional se revoca la sentencia venida en consulta y se Otorga el recurso de amparo interpuesto, cuya consecuencia jurídica es la confirmatoria de la dictada por el Juez del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Karen Waleska Valladares Díaz, a favor de Sí Misma, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre de dos mil veinte, con relación a la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial promovida por la señora Karen Waleska Valladares Diaz, en causa propia, contra el señor Deok Hwan Koh, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada Khoplastic S. de R.L. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 90, 320 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, compareció la señora Karen Waleska Valladares Diaz, actuando en causa propia, promoviendo demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial contra el señor Deok Hwan Koh, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada Khoplastic S. de R.L. (Folios 1-3 tomo I del expediente del A-quo) 2) En fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Ana Rosa Urquía Zelaya, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada Khoplastic S. de R.L., presentando formal oposición a la demanda de ejecución interpuesta por la Abogada Karen Waleska Valladares Díaz. (Folios 90-98 del tomo I del expediente del A-quo) 3) En fecha diez de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, falló: “…PRIMERO: DESESTIMAN todos los motivos de oposición planteados por parte de la Abogada ANA ROSA URQUIA ZELAYA, en su condición de representante procesa de la empresa KOHPLASTIC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, KOHPLASTIC, S. DE R.L. DE C.V., representada por su Gerente General el señor DEOK HWAN KOH, como parte ejecutada.-SEGUNDO: Síganse adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes de la deudora hasta obtener la cantidad reclamada en la presente demanda que asciende a UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL LEMPIRAS (L.1,503,000.00), más los intereses.-TERCERO: Con costas para la parte ejecutada-opositora.-CUARTO: Contra esta sentencia se podrá interponer el recurso de apelación, que no suspenderá las actuaciones…” (Folios 290-302 vuelto del tomo II del expediente del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Daniel Torres Salgado, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Khoplastic S. de R.L., contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por mayoría de votos falló: “…PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DANIEL TORRES SALGADO, quien actúa en su condición de Apoderado Legal la Sociedad Mercantil KOHPLASTIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. - SEGUNDO: Se REVOCA LA SENTENCIA de fecha diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. - TERCERO: Declara CON LUGAR, el motivo de oposición FALTA DE CARÁCTER, REPRESENTACION O LEGITIMACION DEL DEMANDANTE, alegada por la parte ejecutada; en consecuencia, SE DECLARA SIN LUGAR el procedimiento. - CUARTO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte ejecutante en primera instancia. - QUINTO: SIN CONDENA EN COSTAS, en esta instancia a la parte apelante por haberse estimado sus pretensiones al prosperar su recurso de apelación. - SEXTO: Que se proceda al archivo de las actuaciones…” (Folios 53-68 de la pieza del Ad-quem) 5) En fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, la Abogada Karen Waleska Valladares Díaz, interponiendo acción de amparo a favor de Sí Misma, contra la sentencia relacionada en el numeral antecede, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90, 320 y 321 de la Constitución de la República. 6) En fecha dos de mayo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en consecuencia, se ordenó dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 47 de la pieza de amparo) 7) Que en fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del examen de los antecedentes se observa que de los tres motivos de oposición planteados por la parte demandada, el Tribunal de Alzada declarado con lugar el motivo de oposición de FALTA DE CARACTER, REPRESENTACIÓN O LEGITIMACIÓN DEL DEMANDANTE, en consecuencia, se excluyó del conocimiento de los otros motivos, para lo cual, refiere la Alzada en su resolución por mayoría, que conforme lo establecido en Decreto 14-1973, emitido por el Jefe de Estado en Consejo de Ministros de fecha 15 de enero de 1973, el cual además de regular el derecho que los prestamistas no bancarios debidamente registrados ostentan para la recuperación de sus créditos de quienes lo hayan recibido, también regula los medios de defensa que la ley le otorga a los demandados para neutralizar este tipo de créditos que considere son usurarios, así como el momento en que se debe alegar tal aspecto y la no sujeción de parte del juez a la tarifa legal de prueba, formando libremente su convencimiento y de determinarse que la deuda proviene de un crédito usurario condenará al pago de la cantidad efectivamente recibida por el prestatario. Refiere además que toda persona que se dedique o pretenda dedicarse a prestar dinero con intereses para formular una demanda de reclamo contra deudores deberá acreditar que se encuentra inscrita en el REGISTRO DE PRESTAMISTAS NO BANCARIOS, de tal suerte, que el referido Decreto es tajante en exigir para poder reclamar vía judicial el pago de este tipo de créditos se debe acreditar ante el Juez que se encuentra inscrito como Prestamista No Bancario y con ello estar debidamente legitimado para accionar, caso contrario no se admitirá a trámite la demanda con aquel propósito. Conforme lo anterior, esta representación fiscal al hacer un análisis del planteamiento expuesto por el recurrente con relación a la aplicación del artículo 8 del Decreto 4-1973 estima que en el caso de autos la demandante dejó claro en su manifestación que no se dedica a prestar dinero a interés y que fue un préstamo por una sola vez, aspecto que no fue controvertido en el proceso y que de ser así le correspondería a la parte demandante probar su extremo alegado, es decir, que la ejecutante es prestamistas no bancario. De aquí que se estime que el contrato de préstamo otorgado en fecha trece (13) de diciembre del 2016, junto con el Pagaré por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL LEMPIRAS (L.1,503,000.00), más el interés legal del seis (6%) mensual, desde la fecha en que cayó en mora la sociedad mercantil demandada, tiene el carácter de fuerza ejecutiva, tal como lo establece el artículo 590 del Código de Comercio, pues tiene inserta la fecha, mes y año en que se suscribe, tiene la cantidad a pagar y la obligación contraída por la sociedad mercantil denominada KOHPLASTIC, a través de su representante, el señor CHANG HWAN KOH, la cual no ha sido satisfecha. De lo antes expuesto, la suscrita comparte el parecer esgrimido en el voto particular por parte del magistrado CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE, en cuanto refiere que el referido decreto plasma los motivos que el estado tenía en el año 1973, que era proteger al sector económicamente débil contra la explotación por parte de usureros y personas inescrupulosas, en apoyo a la Ley de Créditos Usurarios, no siendo el caso de autos; por otra parte, discrepa de la opinión de la mayoría, ya que a su criterio el legislador ha dejado sentado que dicha disposición solamente es aplicable a las personas que se dedican a prestar dinero a interés. Del análisis anterior, el Ministerio Público, puede determinar que, en el presente caso de autos, el fallo emitido por el Ad-quem vulnera las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista, en su petición de Amparo, estimando la suscrita que la resolución que hoy se impugna no ha sido dictada de conformidad a la Ley. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por vislumbrarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios 50-54 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la señora Karen Waleska Valladares Diaz, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, actuando en causa propia promovió demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial contra el señor Deok Hwan Koh, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada Khoplastic S. de R.L. CONSIDERANDO (4): Que el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la Abogada Ana Rosa Urquía Zelaya, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada Khoplastic S. de R.L., y en el momento procesal indicado presentó como motivo de oposición a la demanda de ejecución interpuesta por la Abogada Karen Waleska Valladares Díaz, las siguientes excepciones: 1.- Falta de carácter, legitimación o representación del demandante, 2.- Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, 3.- Las personales que tenga el demandado contra el actor, 4.- Falta de representación de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título. CONSIDERANDO (5): Que la impetrante contesta cada uno de los motivos de oposición y cito: “… al primer motivo de oposición la falta de carácter, representación o legitimación de demandante”, en relación a lo aseverado por la Abogada Urquía cabe señalar Que mi representada no se dedica a este rubro es decir no es prestamista no bancario ni está constituida como tal, simplemente aceptó conceder ese único préstamo a la Sociedad Mercantil ejecutada, y de ser el caso el Artículo 594 del Código de Comercio señala y faculta a mi representada a que como tenedora del pagare podrá reclamar los créditos caídos; el descuento del pagare no vencido se calculara al tipo de interés Pactado en este, o, en su defecto, al tipo legal; los intereses moratorios se computaran al tipo estipulado para ellos, a falta de esta estipulación, al tipo de redito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal; En consonancia de lo anterior el Señor Juez está en toda la liberalidad de admitir las demandas que estime convenientes y corresponde al actor la carga de la prueba y demostrar la certeza de los hechos, no en base a amenazas o calumnias sino conforme a derecho, pues no debe desconocer la apoderada ejecutada que también a su representado se le han ejercitado acciones correspondientes por actos que no mencionare en este proceso y no es mi menester lanzar amenazas para lograr mi cometido. TERCERO: Respecto al SEGUNDO MOTIVO DE OPOSICIÓN corresponde a la NULIDAD DEL MANDAMIENTO POR NO CUMPLIR EL TITULO EJECUTIVO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS, sobre este particular de la lectura simple de este pagare se verifica que el señor CHANG HWAN KOH en su entonces condición de Gerente General de la Empresa demandada consigno en dicho pagare que “SE COMPROMETE A TRAVES DE ESTE TITULO A HACER EFECTIVO EL VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL LEMPIRAS (L. 1, 503,000.00) a la señora KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ, por lo tanto este motivo de oposición no tiene fuerza alguna, y surtiendo todos los efectos legales para su ejecución, pues debe y se compromete no son palabras contrarias entre si y señalan claramente la disposición de cumplir con una obligación contraída, aunado a lo anterior la Real Academia Española establece que los sinónimos de la palabra DEBE deriva del verbo DEBER, se encuentran: obligación, responsabilidad, obligatoriedad, cometido, encargo trabajo, ¡incumbencia, compromiso y misión, es decir la palabra compromiso no es opuesta al debe. TERCERO: Respecto al tercer motivo de oposición “LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR”, llama poderosamente la atención que la apoderada ejecutada señala que la cantidad nunca entro a las arcas de su representada, pues tengo en mi poder y así lo presentare como medio de prueba una constancia extendida por Banco Atlántida S.A. en la que se acredita que la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 1, 200.000.00) se transfirió de la cuenta de mi representada a la cuenta número 10120096051 3 nombre de KOHPLASTIC S. DE R.L. DE C.V., aunque la cantidad restante se entregó en efectivo al entonces Gerente General de dicha empresa y el destino en se haya invertido o gastado ese préstamo no es atinente a mi representada. Con respecto a lo que señala el contador que actualmente trabaja con la parte ejecutada es raro que haga tal apreciación pues en la libreta de la cuenta puede verse reflejada dicha cantidad, solo es necesario verificar su historial, sin embargo, se solicitara su interrogatorio como medio de prueba para establecer dichas aseveraciones so pena de falso testimonio. Respecto a las aseveraciones que hace la parte ejecutada, que el esposo de mi representada nunca entregó la gerencia ni la contabilidad de la empresa, pues no es relevante en este proceso de ejecución extrajudicial por tanto no me pronunciare al respecto, ni a las necias afirmaciones de que mi representada oculto bienes, debe recordársele a la apoderada ejecutada que debe guardar el respeto a la autoridad que conoce de la causa pues ya tiene en su expediente un llamado de atención y al señalar temerariamente que mi representada debe ser denunciada por un supuesto delito por el Juez, es ofensivo. Aunado a lo anterior no es congruente ningún motivo de oposición ya que mi representada no puede ni debe declarar en el SERVICIO DE ADMISTRACION DE RENTAS un único préstamo que ha concedido pues no ha percibido un Lempira, pues según el artículo 26 del Código Tributario comienza cuando el hecho generador se haya producido y deber ser determinado en la norma aplicable, y de conformidad al! artículo 138 del Código Tributario mi representada no está obligada a cumplir anticipadamente sus obligaciones tributarias o Aduaneras pues no se ha estimado así por este Ente, en ese sentido no es congruente la declaración de este préstamo que actualmente se está exigiendo, actualmente mi representada es consiente con sus obligaciones Tributarias y se encuentra solvente con el SAR pues no tiene registro de Omisiones en su declaración, tal situación se acreditará con el correspondiente medio du prueba. CUARTO: Respecto al último motivo de oposición denominado las de FALTA DE REPRESENTACION, DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIO EL TITULO, es contradictoria la afirmación que hace la apoderada ejecutada pues en el Instrumento número 20, de fecha nueve (9) de junio de dos mil dieciocho (2018), contentiva a certificación del ACTA NUMERO UNO (1) DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MERCANTIL, KOHPLASTIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE revocan el cargo de Gerente General CHANG HWAN KOH y nombra como nuevo gerente a su representado, es decir ella misma actuó como Secretaria Ad-Hoc, entonces como puede afirmar que el Señor Chang Hwan Koh no ostentaba la representación legal de dicha empresa si le revocaron el cargo de gerente, no se revoca un cargo así si no se ostenta, por tal razón no tiene ningún asidero esta afirmación.”. Escrito que fue resuelto mediante auto de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).” CONSIDERANDO (6): Que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre de dos mil veinte, desestimó los motivos de oposición planteados por parte de la Abogada ANA ROSA URQUIA ZELAYA, en su condición de representante procesa de la empresa KOHPLASTIC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, KOHPLASTIC, S. DE R.L. DE C.V., representada por su Gerente General el señor DEOK HWAN KOH, ordenó que se sígan las actuaciones de apremio sobre los bienes de la deudora hasta obtener la cantidad reclamada en la presente demanda que asciende a UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL LEMPIRAS (L.1,503,000.00), más los intereses y condenó en costas a la parte ejecutada-opositora. No conforme con esta sentencia, el demandado interpuso recurso de apelación. CONSIDERANDO (7): Que, de la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada, se observa que esta fue dictada de acuerdo a las disposiciones procesales aplicables al respecto. Se dice lo anterior, en tanto en cuanto, el thema decidendi en este caso es determinar si es aplicable o no lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto No. 14 de 1973, emitido en fecha 15 de enero de 1973, por el Jefe de Estado en Consejo de Ministros, el que regula lo relativo a prestamistas no bancarios que literalmente dispone: “ARTICULO 8.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen o pretendan dedicarse a prestar dinero a interés deberán inscribirse en el Registro de Prestamistas que al efecto llevará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estarán sujetas a la inspección y vigilancia de dicha Secretaría de Estado, o de la Oficina que ésta designe, y le suministrarán toda la información pertinente que les solicite. La infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior se sancionará con multa de cien a cinco mil lempiras, atendiendo a la gravedad de la falta, la cual será impuesta gubernativa mente por la mencionada Secretaría de Estado, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación. Los Juzgados y Tribunales de la República no darán trámite a demandas para el pago de préstamos, a menos que vayan acompañadas de una certificación extendida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que conste que el demandante ha cumplido las obligaciones que le impone este Articulo”. CONSIDERANDO (8): Que, la Sala de lo Constitucional manifiesta que consta en autos que se trata de una demanda de ejecución de título extrajudicial, cuyo documento a ejecutar es un pagaré (ver folio 28 p.p.), titulo valor consagrado por el uso y que reúne los requisitos exigidos en el artículo 451 del Código de Comercio. En de subrayar que en el titulo ejecutivo se establece que la obligación a ejecutar la constituye no solo la cantidad a pagar, sino que además una cantidad conformada por un 6 % en concepto de intereses mensuales, determinando la fecha desde cuando estos serán exigibles. Debemos mencionar que el verbo rector del artículo 8 antes aludido lo conforma el verbo DEDICAR, el que, según el diccionario de la Real Academia Española tiene varias acepciones, y la aplicable en este caso es: “Tener alguien una determinada actividad como ocupación o profesión” y señala como ejemplo “me dedico a la venta de coches”. Se debe señalar que no basta con que en el título valor se determine una cantidad en concepto de intereses a pagar, sino que se debe demostrar que las personas naturales o jurídicas que se dediquen o pretendan dedicarse a prestar dinero a interés, por lo que el prestar aisladamente cobrando intereses no significa que se dedique o pretenda hacerlo. Así las cosas, la Sala de lo Constitucional detecta una interpretación errónea al contenido del artículo 8 tantas veces mencionado, misma que constituye una vulneración al derecho a la defensa, pues esta interpretación indebida concluye en la inadmisión de la demanda, es por ello que en aplicación del artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional se revoca la sentencia venida en consulta y se Otorga el recurso de amparo interpuesto, cuya consecuencia jurídica es la confirmatoria de la dictada por el Juez del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; No.8, 48 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, 450 y 451 del Código de Comercio y artículo 8 del Decreto No. 14 de 1973, emitido en fecha 15 de enero de 1973, FALLA: 1.- OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Karen Waleska Valladares Díaz, a favor de Sí Misma, 2.- REVOCANDO LA SENTENCIA la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1402-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL