Sentencia AC-1221-21 — Registro 14686
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resuelve el recurso de apelación con relación a la demanda de desahucio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio de la sentencia denunciada y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la Alzada recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; más aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente.-CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Resoluciones que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero del año dos mil veintidós.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, a favor de LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa a favor de SI MISMA y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; con relación a la demanda de desahucio promovida por LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa en forma personal y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO y ANA LUCÍA FLORES VALLECILLO, contra SINDY DANIELA AGUILERA MATEO.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que a criterio del recurrente la Alzada realizó una interpretación indebida e incorrecta para emitir el acto reclamado y señala además que este se dictó únicamente a la prueba que aporta la demandada con lo cual estima el quejoso se parcializó y acomodó el fallo a favor de la demandada.-CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el repitente se quebrantan las declaraciones y garantías contenidas en los artículos 59, 60,80, 82 entre otros de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que examinados los antecedentes como el acto reclamado, se advierte que el Ad-quem determina que conforme las pruebas evacuadas logró establecer que el quince (15) de julio del año dos mil diecinueve, se suscribió un contrato de arrendamiento entre la señora SINDY DANIELA AGUILERA MATEO y el señor MARIO ROBERTO FLORES, Q.E.P.D., quien falleció el cuatro (04) de agosto del año dos mil veinte, según Certificado de Defunción, y que las reformas realizadas por la inquilina se efectuaron estando en vida el señor MARIO ROBERTO FLORES, Q.E.P.D., señalando la Corte Denunciada que si bien el artículo 51 numeral 6 de la Ley de Inquilinato, dispone que los arrendamientos expiran cuando el arrendatario sin permiso escrito realiza cualquier modificación en el inmueble arrendado, señalando la Corte censurada que si bien no existe permiso escrito, no obstante, el artículo 1557 del Código Civil, referente a juzgar la intención de los contratantes aspecto que recae en los actos de coetáneos y posteriores al contrato, concluyendo el Ad-quem que no puede obviarse esta intención que prevalece de modo evidente y que señala se encuentra acreditada en cuanto la autorización tácita del señor MARIO ROBERTO FLORES, Q.E.P.D., quien al encontrándose enterado de tales modificaciones no las objetó tales modificaciones.-CONSIDERANDO: Que en respecto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que el acto reclamado ha sido resuelto conforme a las cuestiones planteadas por los comparecientes en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.-CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio de la sentencia denunciada y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la Alzada recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; más aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente.-CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho; 41, 44, 46 No. 1, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, a favor de LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa a favor de SI MISMA y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, al existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se archiven las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., veintitrés de marzo del año dos mil veintidós.- VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, contra la resolución de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa a favor de SI MISMA y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; con relación a la demanda de desahucio promovida por LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa en forma personal y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO y ANA LUCÍA FLORES VALLECILLO, contra SINDY DANIELA AGUILERA MATEO.-CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la resolución de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, procediéndose por tal motivo a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional, en razón a los alegatos planteados por el reclamante en el recurso de reposición, mismos que no son de recibo en virtud a que después de analizados de nueva cuenta los antecedentes como la resolución que se pide sea revocada, se aprecia que se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, contra la resolución de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de las Resoluciones de fechas veintidós (22) de febrero y veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaídas en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1221-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Resoluciones que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero del año dos mil veintidós.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, a favor de LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa a favor de SI MISMA y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; con relación a la demanda de desahucio promovida por LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa en forma personal y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO y ANA LUCÍA FLORES VALLECILLO, contra SINDY DANIELA AGUILERA MATEO.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que a criterio del recurrente la Alzada realizó una interpretación indebida e incorrecta para emitir el acto reclamado y señala además que este se dictó únicamente a la prueba que aporta la demandada con lo cual estima el quejoso se parcializó y acomodó el fallo a favor de la demandada.-CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el repitente se quebrantan las declaraciones y garantías contenidas en los artículos 59, 60,80, 82 entre otros de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que examinados los antecedentes como el acto reclamado, se advierte que el Ad-quem determina que conforme las pruebas evacuadas logró establecer que el quince (15) de julio del año dos mil diecinueve, se suscribió un contrato de arrendamiento entre la señora SINDY DANIELA AGUILERA MATEO y el señor MARIO ROBERTO FLORES, Q.E.P.D., quien falleció el cuatro (04) de agosto del año dos mil veinte, según Certificado de Defunción, y que las reformas realizadas por la inquilina se efectuaron estando en vida el señor MARIO ROBERTO FLORES, Q.E.P.D., señalando la Corte Denunciada que si bien el artículo 51 numeral 6 de la Ley de Inquilinato, dispone que los arrendamientos expiran cuando el arrendatario sin permiso escrito realiza cualquier modificación en el inmueble arrendado, señalando la Corte censurada que si bien no existe permiso escrito, no obstante, el artículo 1557 del Código Civil, referente a juzgar la intención de los contratantes aspecto que recae en los actos de coetáneos y posteriores al contrato, concluyendo el Ad-quem que no puede obviarse esta intención que prevalece de modo evidente y que señala se encuentra acreditada en cuanto la autorización tácita del señor MARIO ROBERTO FLORES, Q.E.P.D., quien al encontrándose enterado de tales modificaciones no las objetó tales modificaciones.-CONSIDERANDO: Que en respecto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que el acto reclamado ha sido resuelto conforme a las cuestiones planteadas por los comparecientes en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.-CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio de la sentencia denunciada y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la Alzada recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; más aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente.-CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho; 41, 44, 46 No. 1, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, a favor de LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa a favor de SI MISMA y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, al existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se archiven las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., veintitrés de marzo del año dos mil veintidós.- VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, contra la resolución de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa a favor de SI MISMA y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; con relación a la demanda de desahucio promovida por LEONELA VERENA VALLECILLO HERNANDEZ, quien actúa en forma personal y como representante legal de su menor hijo LUIS MARIO FLORES VALLECILLO y ANA LUCÍA FLORES VALLECILLO, contra SINDY DANIELA AGUILERA MATEO.-CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la resolución de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, procediéndose por tal motivo a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional, en razón a los alegatos planteados por el reclamante en el recurso de reposición, mismos que no son de recibo en virtud a que después de analizados de nueva cuenta los antecedentes como la resolución que se pide sea revocada, se aprecia que se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, contra la resolución de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. – Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de las Resoluciones de fechas veintidós (22) de febrero y veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaídas en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1221-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL