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Sentencia AC-1205-21 — Registro 14748

Resumen

Sobreseimiento de acción contra resolución que resuelve incidente de Declinatoria interpuesto por impetrante, en relación a la Demanda Ordinaria para el Pago de Indemnización de perjuicio ocasionado por haber enajenado la cosa (inmueble ajeno pretensión de impetrante se origina de una Demanda Reivindicatoria de Dominio que fue desestimada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, se encuentra conforme a derecho, ello porque el amparista recurre en amparo, una resolución que resuelve un incidente de Declinatoria interpuesto por la Abogada Lidia Estela Cardona Padilla en su condición de Procuradora General de la República, por considerar que la demanda de indemnización de Daños y Perjuicios, compete su conocimiento a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De la sentencia venida en consulta y de la resolución recurrida en amparo, se establece que la pretensión de la parte demandante se origina de una Demanda Reivindicatoria de Dominio que fue desestimada, interpuesta por la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, por ello y en aplicación a los artículos 27, 28 y 29 del Código Procesal Civil, corresponde su conocimiento a los Órganos Jurisdiccionales Civiles y no a la jurisdicción Contencioso Administrativo como lo pretende el recurrente en amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha uno de noviembre del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues el amparista alega cuestiones de mera legalidad que son de competencia exclusiva para decidir sobre ellas los órganos jurisdiccionales de instancia, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo por tratarse de un asunto de mera legalidad, es decir que se trata de cuestiones que por su naturaleza corresponden al juzgador y con exclusividad al Juez ordinario, que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO ONCE (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de noviembre del año dos mil veintiuno, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Ítalo Godoy Mendieta, a favor de la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la resolución de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la DEMANDA POR EL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PEJUICIOS, promovida por el Abogado José Maria Arriola Mayorga, en su condición de Apoderado Legal del señor Marco Antonio Bermúdez Wills, en contra de la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1) En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Ítalo Godoy Mendieta, interponiendo recurso de amparo a favor de la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la resolución de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, considerando que dicha decisión le vulnera a su representada, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-6 vuelto del antecedente) 2) Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de amparo impetrado, por unanimidad de votos falló: “…SOBRESEYENDO LA ACCIÓN DE AMPARO de que se ha hecho mérito. …” (Folios 32-33 del antecedente) 3) Que en fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo venido en consulta, determinado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por el Abogado ITALO GODOY MENDIETA, contra la resolución de cinco de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resuelve el incidente de Declinatoria interpuesto por la Abogada Lidia Estela Cardona Padilla, actuando en su condición de Procuradora General de la República como parte codemandada, en relación a la Demanda Ordinaria para el Pago de Indemnización de todo perjuicio ocasionado por haber enajenado la cosa (inmueble ajeno), promovida por el señor Marco Antonio Bermúdez Wills, contra la Corporación Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortes. CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, es violatorio del derecho constitucional contenido en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, resolución que falla: (Sic)“PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Incidente de Declinatoria interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, actuando en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, en consecuencia, este Juzgado seguirá conociendo de la presente demanda ordinaria…” (Folios 18v de la Pieza de antecedentes de Amparo) CONSIDERANDO TRES (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de noviembre del año dos mil veintiuno, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, contra la resolución judicial de fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el amparista expone en la interposición de la acción constitucional impetrada que se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, contenido en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que la pretensión de la parte demandante es una cuestión que debe ser sometida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo establece el artículo 3 inciso b) de la Ley de lo Contencioso Administrativo que dispone: “Que la jurisdicción de lo Contencioso administrativo conocerá de a)… b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales.”; arguye que la pretensión del actor, no es una cuestión que se deba evacuar mediante un procedimiento civil, pues compete exclusivamente al juez de lo contencioso administrativo, debido a que la pretensión del actor se origina por la expropiación por causa de necesidad pública. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el capítulo II del Código Procesal Civil establece el vínculo esencial entre las normas sobre fijación de la competencia ya sea genérica, objetiva, funcional o territorial y el derecho al Juez Natural garantizado en el artículo 90 de la Constitución de la República, iniciando así a delinear el derecho al debido proceso, como conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los órganos jurisdiccionales, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El caso sub examine refiere específicamente a la vulneración que ha considerado cometida una de las partes, en relación a ese derecho al Juez Natural por infracción a las normas sobre fijación de la competencia objetiva. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, se encuentra conforme a derecho, ello porque el amparista recurre en amparo, una resolución que resuelve un incidente de Declinatoria interpuesto por la Abogada Lidia Estela Cardona Padilla en su condición de Procuradora General de la República, por considerar que la demanda de indemnización de Daños y Perjuicios, compete su conocimiento a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De la sentencia venida en consulta y de la resolución recurrida en amparo, se establece que la pretensión de la parte demandante se origina de una Demanda Reivindicatoria de Dominio que fue desestimada, interpuesta por la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, por ello y en aplicación a los artículos 27, 28 y 29 del Código Procesal Civil, corresponde su conocimiento a los Órganos Jurisdiccionales Civiles y no a la jurisdicción Contencioso Administrativo como lo pretende el recurrente en amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha uno de noviembre del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues el amparista alega cuestiones de mera legalidad que son de competencia exclusiva para decidir sobre ellas los órganos jurisdiccionales de instancia, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo por tratarse de un asunto de mera legalidad, es decir que se trata de cuestiones que por su naturaleza corresponden al juzgador y con exclusividad al Juez ordinario, que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO ONCE (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de noviembre del año dos mil veintiuno, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 699 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1205-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL