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Sentencia AC-1198-21 — Registro 14691

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que denegó el recurso con relación a la demanda por la vía del proceso ordinario de nulidad absoluta de una solicitud de declaratoria de herencia ab-intestato. Estimando el recurrente que se le ha violentado a su representado los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Barbara, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla DENEGANDO la acción constitucional de amparo promovida, al constatar que en fecha 30 de abril del dos mil veintiuno, el abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez, promovió incidente de recusación invocando la causal del artículo 188 regla 3 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; que el A-quo admite a trámite el incidente de recusación y otorga copia al togado recusado, quien manifiesta que no acepta a recusación, resolviendo el Juez mediante auto de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, declarado sin lugar dicho incidente; considera el Tribunal de Alzada que de lo anterior se desprende que se debe observar el contenido del artículo 192 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en el sentido de que no procederá la recusación de un juez una vez se haya comenzado la vista para dictar sentencia, y en el caso de marras es un juicio concluido con sentencia judicial firme. Estima el Ad-Quem que la resolución impugnada no ha producido la infracción de los derechos constitucionales invocados violados por el amparista, ya que el Juez A-quo llevo a cabo el procedimiento establecido para la recusación, el recurrente fue escuchado y tuvo una resolución de fondo justa y motivada, de lo cual se colige que el Juez A-quo ha observado en todo momento la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO (7): En ese orden de ideas el artículo 54 numeral 2 del Código Procesal Civil y que ha sido invocado por el amparista, dispone: “Si la causal se hubiera producido o conocido con posterioridad, deberá ser promovida dentro de los tres (3) días siguientes de haber tenido conocimiento de su existencia, hasta la conclusión del proceso.” Así el artículo 57 del mismo Código citado y que establece el procedimiento a seguir en los incidentes de recusación, en los numerales 1 y 2 por su orden disponen: “La recusación se planteará ante el órgano jurisdiccional donde desempeñe sus funciones el juez, magistrado o auxiliar recusado por medio de un escrito, en el que se deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde.”; “Recibida la recusación entregará copia de ella al recusado y, si no acepta como cierta la causa, el juez o tribunal que conociere de la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifiestamente infundada.”. Analizada la normativa señalada y las resoluciones dictadas por el A-quo y Ad-Quem, esta Sala Constitucional puede precisar que la Sentencia que se revisa ha sido dictada en observancia del debido proceso, pues el A-QUO a seguido el procedimiento establecido para la recusación.-CONSIDERANDO (8): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós.-VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que denegó el recurso presentado por el abogado RAMON EDGARDO IRULA HERNANDEZ a favor del señor BELARMINO MOREL SABILLON, contra la resolución de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, con relación a la Demanda por la vía del Proceso Ordinario de Nulidad Absoluta de una Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, promovida por la señora BLANCA ESTELA URBINA PAZ, contra el señor BELARMINO MOREL SABILLON. Estimando el recurrente que se le ha violentado a su representado los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha uno de junio de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el abogado RAMON EDGARDO IRULA HERNANDEZ, interponiendo acción de amparo a favor del señor BELARMINO MOREL SABILLON, por considerar el recurrente que se le han violentado derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica.-2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual falló denegando el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogada RAMON EDGARDO IRULA HERNANDEZ. (Folios 50 al 54 de la pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado RAMON EDGARDO IRULA HERNANDEZ, a favor del señor BELARMINO MOREL SABILLON, en base al artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Civil venido en consulta, resuelto por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, interpuesto por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado procesal del señor BELARMINO MOREL SABILLON, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, que mediante resolución de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, declara NO HA LUGAR la recusación planteada por el Abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez, en su condición de apoderado procesal de la parte demandada señor Belarmino Morel Sabillón, contra el Juez de dicho órgano jurisdiccional Abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA, en la Demanda de Nulidad Absoluta de Solicitud de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato promovida por la señora BLANCA ESTELA URBINA PAZ.-CONSIDERANDO (2): Que el recurrente expone en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, que declara NO HA LLUGAR el incidente de recusación interpuesto en la Demanda de Nulidad Absoluta de Solicitud de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato promovida por la señora Blanca Estela Urbina Paz; sostiene el recurrente que en cuanto al incidente de recusación introducido de acuerdo al contenido del artículo 54 numeral 2, 57 numeral 4 en relación con los artículos 416, 421 y 423 del Código Procesal Civil, yerra el Tribunal acusado y causa indefensión, al pretender que un funcionario que se encuentra actualmente denunciado ante la fiscalía por un delito, continúe conociendo de la demanda de marras, que irremediablemente obrará con evidente parcialidad y enemistad manifiesta en contra de su presentado o de su persona como profesional del derecho, por lo cual la resolución que se recurre se encuentra alejada de la tutela judicial efectiva, al negar el acceso a la justicia y violentarse el derecho de defensa y debido proceso, ya que al no someter la recusación al tramite establecido para los incidentes, como ordena el Código Procesal Civil, se niega el acceso a la defensa.-CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual DENIEGA la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, a favor del señor BELARMINO MOREL SABILLON, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Bárbara, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera los derechos de petición, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración al derecho de petición, derecho de defensa y debido proceso, contenidos en la Constitución de la República mismos que en su orden señalan: Artículo 80 “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general o de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; Artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. El impetrante en la acción constitucional planteada muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, quien declara NO HA LUGAR el incidente de recusación promovido, en virtud de no existir fundamentos legales y de acuerdo al artículo 192 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales “Ni en lo civil ni en lo criminal podrá hacerse recusación después de comenzada la vista, o de la citación para sentencia”, en el caso que nos ocupa existe sentencia definitiva, la cual ya es firme.-CONSIDERANDO (6): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Barbara, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla DENEGANDO la acción constitucional de amparo promovida, al constatar que en fecha 30 de abril del dos mil veintiuno, el abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez, promovió incidente de recusación invocando la causal del artículo 188 regla 3 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; que el A-quo admite a trámite el incidente de recusación y otorga copia al togado recusado, quien manifiesta que no acepta a recusación, resolviendo el Juez mediante auto de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, declarado sin lugar dicho incidente; considera el Tribunal de Alzada que de lo anterior se desprende que se debe observar el contenido del artículo 192 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en el sentido de que no procederá la recusación de un juez una vez se haya comenzado la vista para dictar sentencia, y en el caso de marras es un juicio concluido con sentencia judicial firme. Estima el Ad-Quem que la resolución impugnada no ha producido la infracción de los derechos constitucionales invocados violados por el amparista, ya que el Juez A-quo llevo a cabo el procedimiento establecido para la recusación, el recurrente fue escuchado y tuvo una resolución de fondo justa y motivada, de lo cual se colige que el Juez A-quo ha observado en todo momento la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO (7): En ese orden de ideas el artículo 54 numeral 2 del Código Procesal Civil y que ha sido invocado por el amparista, dispone: “Si la causal se hubiera producido o conocido con posterioridad, deberá ser promovida dentro de los tres (3) días siguientes de haber tenido conocimiento de su existencia, hasta la conclusión del proceso.” Así el artículo 57 del mismo Código citado y que establece el procedimiento a seguir en los incidentes de recusación, en los numerales 1 y 2 por su orden disponen: “La recusación se planteará ante el órgano jurisdiccional donde desempeñe sus funciones el juez, magistrado o auxiliar recusado por medio de un escrito, en el que se deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde.”; “Recibida la recusación entregará copia de ella al recusado y, si no acepta como cierta la causa, el juez o tribunal que conociere de la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifiestamente infundada.”. Analizada la normativa señalada y las resoluciones dictadas por el A-quo y Ad-Quem, esta Sala Constitucional puede precisar que la Sentencia que se revisa ha sido dictada en observancia del debido proceso, pues el A-QUO a seguido el procedimiento establecido para la recusación.-CONSIDERANDO (8): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 52, 54 numeral 2 y 57 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil; 192 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara en fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de Mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1198-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós.-VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que denegó el recurso presentado por el abogado RAMON EDGARDO IRULA HERNANDEZ a favor del señor BELARMINO MOREL SABILLON, contra la resolución de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, con relación a la Demanda por la vía del Proceso Ordinario de Nulidad Absoluta de una Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, promovida por la señora BLANCA ESTELA URBINA PAZ, contra el señor BELARMINO MOREL SABILLON. Estimando el recurrente que se le ha violentado a su representado los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha uno de junio de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el abogado RAMON EDGARDO IRULA HERNANDEZ, interponiendo acción de amparo a favor del señor BELARMINO MOREL SABILLON, por considerar el recurrente que se le han violentado derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica.-2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual falló denegando el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogada RAMON EDGARDO IRULA HERNANDEZ. (Folios 50 al 54 de la pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado RAMON EDGARDO IRULA HERNANDEZ, a favor del señor BELARMINO MOREL SABILLON, en base al artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Civil venido en consulta, resuelto por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, interpuesto por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado procesal del señor BELARMINO MOREL SABILLON, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, que mediante resolución de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, declara NO HA LUGAR la recusación planteada por el Abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez, en su condición de apoderado procesal de la parte demandada señor Belarmino Morel Sabillón, contra el Juez de dicho órgano jurisdiccional Abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA, en la Demanda de Nulidad Absoluta de Solicitud de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato promovida por la señora BLANCA ESTELA URBINA PAZ.-CONSIDERANDO (2): Que el recurrente expone en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, que declara NO HA LLUGAR el incidente de recusación interpuesto en la Demanda de Nulidad Absoluta de Solicitud de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato promovida por la señora Blanca Estela Urbina Paz; sostiene el recurrente que en cuanto al incidente de recusación introducido de acuerdo al contenido del artículo 54 numeral 2, 57 numeral 4 en relación con los artículos 416, 421 y 423 del Código Procesal Civil, yerra el Tribunal acusado y causa indefensión, al pretender que un funcionario que se encuentra actualmente denunciado ante la fiscalía por un delito, continúe conociendo de la demanda de marras, que irremediablemente obrará con evidente parcialidad y enemistad manifiesta en contra de su presentado o de su persona como profesional del derecho, por lo cual la resolución que se recurre se encuentra alejada de la tutela judicial efectiva, al negar el acceso a la justicia y violentarse el derecho de defensa y debido proceso, ya que al no someter la recusación al tramite establecido para los incidentes, como ordena el Código Procesal Civil, se niega el acceso a la defensa.-CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual DENIEGA la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, a favor del señor BELARMINO MOREL SABILLON, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Bárbara, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera los derechos de petición, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración al derecho de petición, derecho de defensa y debido proceso, contenidos en la Constitución de la República mismos que en su orden señalan: Artículo 80 “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general o de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; Artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. El impetrante en la acción constitucional planteada muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, quien declara NO HA LUGAR el incidente de recusación promovido, en virtud de no existir fundamentos legales y de acuerdo al artículo 192 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales “Ni en lo civil ni en lo criminal podrá hacerse recusación después de comenzada la vista, o de la citación para sentencia”, en el caso que nos ocupa existe sentencia definitiva, la cual ya es firme.-CONSIDERANDO (6): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Barbara, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla DENEGANDO la acción constitucional de amparo promovida, al constatar que en fecha 30 de abril del dos mil veintiuno, el abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez, promovió incidente de recusación invocando la causal del artículo 188 regla 3 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; que el A-quo admite a trámite el incidente de recusación y otorga copia al togado recusado, quien manifiesta que no acepta a recusación, resolviendo el Juez mediante auto de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, declarado sin lugar dicho incidente; considera el Tribunal de Alzada que de lo anterior se desprende que se debe observar el contenido del artículo 192 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en el sentido de que no procederá la recusación de un juez una vez se haya comenzado la vista para dictar sentencia, y en el caso de marras es un juicio concluido con sentencia judicial firme. Estima el Ad-Quem que la resolución impugnada no ha producido la infracción de los derechos constitucionales invocados violados por el amparista, ya que el Juez A-quo llevo a cabo el procedimiento establecido para la recusación, el recurrente fue escuchado y tuvo una resolución de fondo justa y motivada, de lo cual se colige que el Juez A-quo ha observado en todo momento la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO (7): En ese orden de ideas el artículo 54 numeral 2 del Código Procesal Civil y que ha sido invocado por el amparista, dispone: “Si la causal se hubiera producido o conocido con posterioridad, deberá ser promovida dentro de los tres (3) días siguientes de haber tenido conocimiento de su existencia, hasta la conclusión del proceso.” Así el artículo 57 del mismo Código citado y que establece el procedimiento a seguir en los incidentes de recusación, en los numerales 1 y 2 por su orden disponen: “La recusación se planteará ante el órgano jurisdiccional donde desempeñe sus funciones el juez, magistrado o auxiliar recusado por medio de un escrito, en el que se deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde.”; “Recibida la recusación entregará copia de ella al recusado y, si no acepta como cierta la causa, el juez o tribunal que conociere de la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifiestamente infundada.”. Analizada la normativa señalada y las resoluciones dictadas por el A-quo y Ad-Quem, esta Sala Constitucional puede precisar que la Sentencia que se revisa ha sido dictada en observancia del debido proceso, pues el A-QUO a seguido el procedimiento establecido para la recusación.-CONSIDERANDO (8): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 52, 54 numeral 2 y 57 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil; 192 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara en fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de Mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1198-2021.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL