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Sentencia AC-1183-21 — Registro 15499

Resumen

que declaró sin lugar el recurso de queja e inadmite un escrito de excepción de litispendencia con relación a la demanda de ejecución forzosa promovida contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, el diez de septiembre de dos mil veintiuno y que declara sin lugar un recurso de queja, pues dicha resolución viola los derechos de petición, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que es importante que se determine la litispendencia ya que los pronunciamientos y fundamentos contradictorios e incompatibles emitidos por el A-Quo transgreden de manera arbitraria nuestro ordenamiento procesal. CONSIDERANDO: Que el artículo 730 del Código Procesal Civil establece que el recurso de queja tiene por objeto el reexamen del auto que deniegue la interposición de un recurso de apelación o del recurso de casación, y en el caso de mérito lo que resuelve la resolución de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, es un recurso de reposición interpuesto contra la resolución que inadmite un escrito de excepción de litispendencia presentado por el hoy recurrente. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada fue declarar sin lugar el recurso de queja solicitado por el recurrente, contra el auto dictado por el A-quo en fecha doce de agosto del año dos mil veintiuno, al estimar que el recurrente al presentar su queja hizo pronunciamientos de antecedentes de hecho, sobre el incidente planteado, sobre motivos de la nulidad de actuaciones planteadas en primera instancia y rechazadas por el A-Quo, sin establecer los motivos que le agraviaban de la resolución que inadmitió el recurso de reposición. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de julio de dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO a favor de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS(CCCH), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de queja interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el doce de agosto del año dos mil veintiuno; con relación a la demanda de ejecución forzosa promovida por el señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH). CONSIDERANDO: Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, el diez de septiembre de dos mil veintiuno y que declara sin lugar un recurso de queja, pues dicha resolución viola los derechos de petición, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que es importante que se determine la litispendencia ya que los pronunciamientos y fundamentos contradictorios e incompatibles emitidos por el A-Quo transgreden de manera arbitraria nuestro ordenamiento procesal. CONSIDERANDO: Que el artículo 730 del Código Procesal Civil establece que el recurso de queja tiene por objeto el reexamen del auto que deniegue la interposición de un recurso de apelación o del recurso de casación, y en el caso de mérito lo que resuelve la resolución de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, es un recurso de reposición interpuesto contra la resolución que inadmite un escrito de excepción de litispendencia presentado por el hoy recurrente. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada fue declarar sin lugar el recurso de queja solicitado por el recurrente, contra el auto dictado por el A-quo en fecha doce de agosto del año dos mil veintiuno, al estimar que el recurrente al presentar su queja hizo pronunciamientos de antecedentes de hecho, sobre el incidente planteado, sobre motivos de la nulidad de actuaciones planteadas en primera instancia y rechazadas por el A-Quo, sin establecer los motivos que le agraviaban de la resolución que inadmitió el recurso de reposición. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 730 del Código Procesal Civil; 786 del Código del Trabajo; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO a favor de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS(CCCH), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de agosto de dos mil veintidós. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, contra la resolución dictada por la esta Sala en fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, que SOBRESEYÓ el recurso de amparo interpuesto por el recurrente a favor de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS(CCCH), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de queja interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el doce de agosto del año dos mil veintiuno; con relación a la demanda de ejecución forzosa promovida por el señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH). CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, sobreseyó la presente acción de amparo interpuesta por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO a favor de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS(CCCH), pronunciando en forma motivada las razones por la que consideró procedente sobreseerla, ya que advirtió en el presente recurso la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición, contra la resolución dictada por esta Sala el veinticinco de julio de dos mil veintidós, procediéndose por tal motivo a un examen de dicha resolución en razón a los argumentos expuestos por el recurrente, mismos que no son de recibo en virtud que después de examinada la resolución que se pide sea revocada, se aprecia que se encuentra apegada a derecho, no advirtiéndose que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 41, 42, 46, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, contra la resolución dictada por la esta Sala en fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de las Resoluciones de fechas veinticinco de julio y veintidós de agosto de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1183-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.