Sentencia AC-1148-21 — Registro 15907
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representado contemplados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que en fecha siete de abril de dos mil veintidós el Ministerio Público emitió dictamen en el cual establece que del estudio de la sentencia recurrida se aprecia que el Tribunal de Alzada, contrario a lo señalado por la recurrente, procedió a valorar el medio de prueba denominado reconocimiento judicial, en cuyo razonamiento explica que las actuaciones de las personas llamadas como técnico en dicho reconocimiento fue la de obtener una declaración sobre las inspecciones, mediciones, ubicaciones geográficas y lo que pudo constatar que en el año dos mil diecinueve sobre supuesto cambio de cercado, volviéndose como un testigo, sin establecer los aspectos técnicos relacionados con la finalidad del reconocimiento judicial; concluyendo que las resultas de dicha probanza no son idóneas para efectos de valoración y acreditación de la pretensión de la demandante, sumando al hecho que de las pruebas aportadas al proceso se advierte las inconsistencias sobre la extensión superficial de ambos predios, ya que las medidas consignadas en los levantamientos de los peritos, los títulos de propiedad y datos catastrales difieren entre sí, causando que ambas propiedades se traslapen, lo que en definitiva llevó al juzgador a considerar que no se acreditó la perturbación de las seis manzanas que refiere la recurrente, ya que no singularizó las mismas. Por lo que, esta representación fiscal aprecia que, en el caso de autos, al no poder establecerse con absoluta certeza la extensión superficial de los inmuebles en conflicto, por ende, tampoco se singularizó en cuanto a los puntos, coordenadas o colindancias, pues no se allego prueba idónea para establecer estas circunstancias. En consecuencia, se aprecia que la resolución cuestionada no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, en tanto que la alzada en su motivación es congruente, clara y justa, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que no se otorgue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (8): Que la Constitución de la República, en el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (9): Que, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función que compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto. CONSIDERANDO (10): Que luego del estudio de los antecedentes y del dictamen emitido por el Ministerio Público, esta Sala aprecia que la resolución dictada en fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones ya referida se encuentra bien motivada y razonada en derecho, al no habérsele vulnerado las garantías constitucionales señaladas por la recurrente; por lo cual procede dictar sentencia denegatoria al Recurso de Amparo promovido por la abogada MARIA ELENA REYES DUKE, a favor de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A., de lo cual se ha hecho el debido mérito.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA ELENA REYES DUKE, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JZUGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, con relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra los Señores SANDRA CAROLINA ALVARADO MEJIA y MIGUEL ANGEL MADRID VILLANUEVA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representado contemplados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro (04) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, el Abogado FRANCISCO JOSE COREA CRUZ, actuando en su condición de Apoderado de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., interponiendo por la vía del proceso abreviado de pretensión posesoria de restitución, contra los Señores SANDRA CAROLINA ALVARADO MEJIA y MIGUEL ANGEL MADRID VILLANUEVA. (Folios 01-31 de la Pieza del A-Quo). 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar sin lugar la demanda Pretensión Posesora de Restitución por la vía del procedimiento abreviado, presentada en su momento por el Abogado FRANCISCO COREA, en su condición de representante procesal de la Institución Bancaria Banco del País S.A., contra los señores SANDRA CAROLINA ALVARADO MEJIA y MIGUEL ANGEL MADRID VILLANUEVA, de generales conocidas en el encabezamiento de este fallo. SEGUNDO: Con condena en costas a la pare demandante. TERCERO: Que quede firme el presente fallo si dentro del término de ley correspondiente no se interpone recurso de apelación contra el mismo alguno.” (Folios 232–241 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA ELENA REYES DUKE en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, dictó sentencia en fecha uno (01) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación INTERPUESTO POR LA ABOGADA Maria Elena Reyes Duke, en su condición de apoderada legal de la Institución Bancaria BANCO DEL PAIS S.A., en la DEMANDA VÍA PROCESO ABREVIADO DE PRETENSIÓN POSESORIA DE RESTITUCIÓN PROMOVIDA POR ESTE, en contra de los señores SANDRA CAROLINA ALVARADO MEJIA y MIGUEL ANGEL MADRID VILLANUEVA; SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, mediante la cual se declara SIN LUGAR la Demanda vía proceso abreviado de Pretensión Posesoria de Restitución promovida por la Institución Bancaria BANCO DEL PAIS S.A., en contra de los señores SANDRA CAROLINA ALVARADO MEJIA y MIGUEL ANGEL MADRID VILLANUEVA; TERCERO: CON COSTAS a la parte recurrente por haber visto rechazado los agravios del recurso de apelación.” (Folios 02-08 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que la Abogada MARIA ELENA REYES DUKE, compareció ante este Tribunal en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, en fecha uno (01) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (09) de marzo de dos mil veintidós (2022). (Folios 01-13 y 39 del presente Recurso). 5) Que en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales, invocados por el amparista como transgredidos.” (Folio 42–147 y 47 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen. CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce de la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada MARIA ELENA REYES DUQUE, a favor de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en fecha uno de septiembre de dos mi veintiuno que resolvió un recurso e apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, con relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A. contra lo señores SANDRA CAROLINA ALVARADO MEJIA Y MIGUEL ANGEL MADRID VILLANUEVA, en virtud del contrato de arrendamiento financiero con opción de compra por parte de Banco del País y el señor Douglas Alduví Urquia Pineda, quien fue objeto de perturbación de la posesión por los señores SANDRA CAROLINA ALVARADO MEJIA Y MIGUEL ANGEL MADRID VILLANUEVA de un área de aproximadamente seis manzanas, tomando Banco del País las acciones legales una vez que fue notificado por parte del señor Urquia Pineda; quien en aras de recuperar la posesión perdida, entabló una demanda de pretensión posesoria de restitución ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán en contra de los señores Sandra Carolina Alvarado Mejia Y Miguel Ángel Madrid Villanueva. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente aduce en la interposición del presente recurso que se le han vulnerado los derechos constitucionales contemplados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República al considerar que la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán en fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, ya que falta una debida congruencia en el fallo proferido al haber existido un quebrantamiento al principio de valoración probatoria que ha operado en la apreciación de los medios de prueba denominado reconocimiento judicial acompañado de peritos, pues en los fundamentos de derecho se denota que existe una contradicción entre el razonamiento alcanzado con relación a lo que establece la norma procesal sobre la finalidad probatoria de los medios propuestos para dilucidar los hechos controvertidos; asimismo, lo que se encuentra en pugna con lo que la propia Corte establece referente al criterio de que el reconocimiento judicial puede ser practicado en forma conjunta por la pericia o la recepción de declaraciones testificales, causando con esto que la sentencia carezca de una razonabilidad jurídica y probatorio, produciendo vulneración al derecho de obtener una resolución motivada y fundada en derecho. De igual manera se violentó la garantía del debido proceso en vista que el Ad-Quem en sus fundamentos de derecho expone que no se puedo constatar bajo ningún medio probatorio la extensión real del área supuestamente perturbada ni mucho menos sus poligonales y colindancias, situación que solo podría ser demostrada por el medio de prueba pericial, la cual fue apartada del proceso. CONSIDERANDO (5): Que continúa manifestando la recurrente en la formalización del recurso, que la resolución recurrida en amparo es transgresora de la garantía procesal de la valoración de prueba que se encuentra contenida dentro de la garantía del debido proceso, lo que ha traído como consecuencia en perjuicio de Banco del País que se le vulnere el derecho fundamental del derecho a la propiedad en relación a los artículos 613 y 717 del Código Civil que refieren al derecho de dominio y posesión sobre los bienes inmuebles, los cuales se le han visto vulnerados con las transgresiones a las normas y garantías procesales cometidas por la Corte de Apelaciones recurrida, pues al confirmar la sentencia en la demanda de pretensión posesoria de restitución, ha provocado que Banco del País sea despojada de una fracción de terreno de cual es legitima propietaria y que por consiguiente no puede hacer uso de los derechos reales que competen al legitimo propietario tal como lo dispone la norma legislativa vigente. CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán en su resolución de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, expone en sus fundamentos de derecho que el quejoso señala una omisión sobre la valoración al medio de reconocimiento judicial acompañado por personas técnicas, igualmente en la práctica de este medio de prueba se incorporaron documentos para el esclarecimiento de los hechos consistentes en álbum fotográfico del área objeto del proceso, planos del área de terreno, de igual manera refiere que los técnicos que participaron en el reconocimiento fueron debidamente juramentados y que los antecedentes de hecho no se hace un señalamiento sobre tal existencia en torno a las observaciones y declaraciones que estos brindaron. Asimismo, si este tribunal de alzada hiciera referencia a la inclusión de valoración probatoria sobre el medio de prueba de reconocimiento judicial, nos encontraríamos ante las circunstancias que de las declaraciones rendidas por las personas llamadas como técnicos, nos encontraríamos ante las inconsistencias de que lo dicho por ellos no demuestra la existencia de la singularización del predio de seis manzanas que según la recurrente fueron perturbadas por la parte demandada, puesto que no se puedo constatar bajo ningún medio probatorio la extensión real del área ni mucho menos sus colindancias, situación que solo podía ser demostrada por el medio de prueba pericial, la cual no fue aportada en el proceso, además, la quejosa depone la existencia de los elementos de la acción posesoria y señala un titulo traslaticio de dominio, pero a su vez, señala el titulo traslaticio de dominio de la parte demandada, alegando que el mismo es nulo, extremo que no puede ser considerado por no existir un medio de prueba en el que se demuestre la declaratoria de esa nulidad sobre instrumento público en el que ampara la propiedad los demandados. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones estima declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto a favor de Banco del País en la demanda vía proceso abreviado de pretensión posesoria de restitución y confirma la sentencia definitiva de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno mediante la cual se declara sin lugar la demanda promovida. CONSIDERANDO (7): Que en fecha siete de abril de dos mil veintidós el Ministerio Público emitió dictamen en el cual establece que del estudio de la sentencia recurrida se aprecia que el Tribunal de Alzada, contrario a lo señalado por la recurrente, procedió a valorar el medio de prueba denominado reconocimiento judicial, en cuyo razonamiento explica que las actuaciones de las personas llamadas como técnico en dicho reconocimiento fue la de obtener una declaración sobre las inspecciones, mediciones, ubicaciones geográficas y lo que pudo constatar que en el año dos mil diecinueve sobre supuesto cambio de cercado, volviéndose como un testigo, sin establecer los aspectos técnicos relacionados con la finalidad del reconocimiento judicial; concluyendo que las resultas de dicha probanza no son idóneas para efectos de valoración y acreditación de la pretensión de la demandante, sumando al hecho que de las pruebas aportadas al proceso se advierte las inconsistencias sobre la extensión superficial de ambos predios, ya que las medidas consignadas en los levantamientos de los peritos, los títulos de propiedad y datos catastrales difieren entre sí, causando que ambas propiedades se traslapen, lo que en definitiva llevó al juzgador a considerar que no se acreditó la perturbación de las seis manzanas que refiere la recurrente, ya que no singularizó las mismas. Por lo que, esta representación fiscal aprecia que, en el caso de autos, al no poder establecerse con absoluta certeza la extensión superficial de los inmuebles en conflicto, por ende, tampoco se singularizó en cuanto a los puntos, coordenadas o colindancias, pues no se allego prueba idónea para establecer estas circunstancias. En consecuencia, se aprecia que la resolución cuestionada no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, en tanto que la alzada en su motivación es congruente, clara y justa, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que no se otorgue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (8): Que la Constitución de la República, en el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (9): Que, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función que compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto. CONSIDERANDO (10): Que luego del estudio de los antecedentes y del dictamen emitido por el Ministerio Público, esta Sala aprecia que la resolución dictada en fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones ya referida se encuentra bien motivada y razonada en derecho, al no habérsele vulnerado las garantías constitucionales señaladas por la recurrente; por lo cual procede dictar sentencia denegatoria al Recurso de Amparo promovido por la abogada MARIA ELENA REYES DUKE, a favor de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A., de lo cual se ha hecho el debido mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 70, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por la abogada MARIA ELENA REYES DUKE, a favor de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero del dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la abogada MARIA ELENA REYES DUKE, a favor de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que denegó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán en fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO (1): Que la Sala, mediante resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, denegó el presente recurso de amparo, siendo notificada la recurrente en legal y debida forma por la tabla de avisos del despacho, el día martes diecisiete de enero de dos mil veintitrés, a las diez de la mañana con cincuenta y siete minutos. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 120 de la citada Ley “.... el recurso de reposición podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho”. CONSIDERANDO (3): Que conforme se aprecia de los autos, la resolución que deniega el presente recurso de amparo, fue notificada en legal y debida forma por la tabla de avisos del despacho a la recurrente el día martes diecisiete de enero de dos mil veintitrés, a las diez de la mañana con cincuenta y siete minutos, y la recurrente presenta la reposición de dicha resolución vía correo electrónico el día jueves diecinueve de enero de dos mil veintitrés; por lo que resulta evidente que el presente recurso de reposición ha sido interpuesto de manera extemporánea. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 4, 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por la abogada MARIA ELENA REYES DUKE, a favor de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós y reposición de fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1148-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL