Sentencia AC-1123-21 — Registro 14849
Resumen
Denegatoria de acción de amparo en consulta interpuesta contra resolución que desestima el incidente de especial pronunciamiento previo de nulidad absoluta de actuaciones y resoluciones judiciales, interpuesto por la parte demandante, contra la resolución judicial de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), en la demanda ordinaria de mayor cuantía, mediante el proceso ordinario, promovida por impetrante, contra Sociedad Mercantil SUPERMERCADOS LA COLONIA S. A. DE C.V. y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha siete de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve desestimar el incidente especial de pronunciamiento previo de nulidad absoluta de actuaciones y resoluciones judiciales, interpuesto por el Abogado Elmer E. Fugon Martínez, en su condición de representante procesal de la parte demandante, bajo entre otros argumentos expuesto por el A-quo, que del auto de fecha 28 de agosto del 2018 y del estudio del caso, ha podido verificar que el mismo le fue notificado a la parte demandante-incidentista, en legal y debida forma, en fecha 6 de septiembre del año 2018, mediante vía telefónica por parte de la secretaria del Despacho, tal como corre agregado a folio 336, teniendo el compareciente el momento procesal oportuno para poder interponer recurso correspondiente contra la resolución que hoy se impugna y al no haberlo hecho se da por enterado del asunto, por tal razón, las actuaciones surten desde ese momento todos sus efectos, como si se hubieren hecho con arreglo a las disposiciones de la normativa procesal civil vigente, por lo que no es un acto que implique indefensión para la parte demandante, por tanto, no concurren los presupuestos del citado articulo 212 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los exponen argumentando que el Código Procesal Civil, que es ley adjetiva aplicable, no permite abstenerse de contestar la demanda, como así lo establecía el Código de Procedimientos Civiles, ley adjetiva derogada, por consiguiente no vigente, que en el primer escrito se interpondrían las excepciones dilatorias e incidentes previo a la prosecución del proceso, la ley adjetiva vigente, Código Procesal Civil, artículo 434.1 establece que la contestación de la demanda se redactará en la forma prevenida para ésta, el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actos, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente, es decir, no puede dejar de contestar la demanda, so pena de que le pueda precluir el termino para la contestación, ya que este plazo de treinta días es perentorio e improrrogable es decir que este plazo es fatal o preclusivo, perdiéndose la oportunidad de ejecutar el acto de contestación de la demanda, artículo 123.1 y 126 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en los fundamentos de derecho de la sentencia, la Corte señala en el acápite tercero: (Sic) “Que no obstante tener razón el recurrente respecto a que con la normativa procesal de 1906, ya derogada, era factible abstenerse de contestar la demanda y por ello quedar pendiente el plazo para dar respuesta a la misma, debido a la interposición de excepciones dilatorias, lo cual con la normativa adjetiva vigente (CODIGO PROCESAL CIVIL), es vedada tal situación; sin embargo es importante mencionar que independientemente de qué normativa procesal se trate, cuando se ventilan casos de evicción, como en el proceso de mérito pareciera tratarse, si es procedente que el demandado, una vez ha sido emplazado y dentro del término emplazamiento solicite al tribunal que se le notifique la demanda al vendedor, en cuyo caso se suspenderá el plazo para contestar la demanda (ver artículo 1639 párrafo tercero del Código Civil[1]), es decir que tal suspensión del plazo para contestar a la demanda, no es ni por disposición del código de procedimientos Civiles de 1906, ni por el Código procesal civil vigente, sino por disposición de una norma sustantiva como es el Código Civil.- Así que el alegato respecto a cual norma adjetiva es la que se debe aplicar en el caso que nos ocupa resulta del todo estéril.-En consecuencia a lo anterior, y siendo que la suspensión del plazo para contestar a la demanda fue realizado por el Juez de instancia en cumplimiento a la petición efectuada por el demandado (SUPERMERCADO LA COLONIA), tal como se desprende del folio 129 frente y vuelto de la pieza de instancia, y cuya reanudación de plazo consta mediante auto de fecha 15 de febrero de 2018 (folio 23 y 236), habiendo transcurrido únicamente 12 días del plazo original, y quedando pendiente 18 días hábiles para completar los 30 días que el demandado contaba para contestar la demanda, tal como así lo deja por sentado la secretaria del Despacho mediante constancia de fecha 20 de febrero de 2018 que obra a folio 241 de autos…” CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a denegar la acción de amparo promovida, al constatar de los antecedentes del caso, que la actuación de la juez A-quo se encuentra conforme a derecho, observando el debido proceso, pues su actuación se encuentra enmarcada en la disposición contenida en el párrafo tercero, del artículo 1639 del Código Civil, en relación al procedimiento a seguir para la suspensión de la contestación de la demanda para el comprador. CONSIDERANDO 9: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 10: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintidós. VISTO: En consulta la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que denegó el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, a favor de la empresa MINERALES DEL PACIFICO HONDURAS S.A., contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que desestima el incidente de especial pronunciamiento previo de nulidad absoluta de actuaciones y resoluciones judiciales, interpuesto por la parte demandante, contra la resolución judicial de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), en la demanda ordinaria de mayor cuantía, mediante el proceso ordinario, promovida por la Sociedad Mercantil MINERALES DEL PACIFICO HONDURAS SOCIEDAD ANÓNIMA (MIPHSA), contra la Sociedad Mercantil SUPERMERCADOS LA COLONIA S. A. DE C.V. y en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 60, 64, 70, 82 y 90, en relación con los artículos 321, 323, 324 y 327 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, interponiendo demanda ordinaria de mayor cuantía mediante el proceso ordinario, contra la Sociedad Mercantil SUPERMERCADOS LA COLONIA S. A. DE C.V. y en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). (Folios del 1-12fv de la pieza principal de los antecedentes del A-Quo) 2) Que en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el referido juzgado, el Abogado Elmer E. Fugon M., interponiendo incidente especial de pronunciamiento previo de nulidad absoluta de actuaciones y resoluciones judiciales, contra la resolución judicial de fecha 28 de agosto del año 2018, que resuelve tener por contestada en tiempo y forma la demanda de mérito, por parte del Abogado Marcio Said Barahona Salgado, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil supermercados la colonia, sociedad anónima de capital variable. (Folios del 1-6 de la pieza separada de nulidad, de los antecedentes del A-quo) 3) Que siguiendo el trámite, en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución por medio de la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR el INCIDENTE ESPECIAL DE PRONUNCIAMIENTO PREVIO DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES, interpuesto por el Abogado ELMER E. FUGON MARTINEZ, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil MINERALES DEL PACIFICO HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA (MIPHSA) como parte demandante, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de agosto del años dos mil dieciocho (2018).- SEGUNDO: CONDENAR al solicitante en todas las costas causadas en el incidente. TERCERO: Que contra esta resolución NO CABE RECURSO ALGUNO. CUARTO: Continúese con el tramite normal del presente juicio…” (Folios del 31-33 de la pieza separada de nulidad, de los antecedentes del A-quo) 4) Que en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, en representación de la empresa MINERALES DEL PACIFICO HONDURAS S.A., interponiendo recurso de amparo contra la resolución judicial de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y que se deja relacionada en el acápite que antecede. (Folios 01–07 de la pieza de antecedentes de Amparo). 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictó sentencia mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: SE DENIEGA LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la empresa MINERALES DEL PACIFICO S.A.- SEGUNDO: Que se envié en trámite de consulta obligatoria la presente sentencia a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 53–59 de la pieza de antecedentes de Amparo). 6) Que en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, contra la resolución de fecha siete (7) de diciembre, del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que desestima el incidente de especial pronunciamiento previo de nulidad absoluta de actuaciones y resoluciones judiciales, interpuesto por la parte demandante, en relación a la demanda ordinaria de mayor cuantía, mediante el proceso ordinario, promovida por la Sociedad Mercantil MINERALES DEL PACIFICO HONDURAS SOCIEDAD ANÓNIMA (MIPHSA), contra la Sociedad Mercantil SUPERMERCADOS LA COLONIA S. A. DE C.V. y en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha siete de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera las garantías contenidas en los artículos 60, 64, 70, 82 y 90, en relación con los artículos 321, 323, 324 y 327 de la Constitución de la República, en atención que el Código Procesal Civil, que es la ley adjetiva aplicable, no permite abstenerse de contestar la demanda, como así lo establecía el Código de Procedimientos Civiles, ley adjetiva derogada, por consiguiente no vigente. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha siete de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve desestimar el incidente especial de pronunciamiento previo de nulidad absoluta de actuaciones y resoluciones judiciales, interpuesto por el Abogado Elmer E. Fugon Martínez, en su condición de representante procesal de la parte demandante, bajo entre otros argumentos expuesto por el A-quo, que del auto de fecha 28 de agosto del 2018 y del estudio del caso, ha podido verificar que el mismo le fue notificado a la parte demandante-incidentista, en legal y debida forma, en fecha 6 de septiembre del año 2018, mediante vía telefónica por parte de la secretaria del Despacho, tal como corre agregado a folio 336, teniendo el compareciente el momento procesal oportuno para poder interponer recurso correspondiente contra la resolución que hoy se impugna y al no haberlo hecho se da por enterado del asunto, por tal razón, las actuaciones surten desde ese momento todos sus efectos, como si se hubieren hecho con arreglo a las disposiciones de la normativa procesal civil vigente, por lo que no es un acto que implique indefensión para la parte demandante, por tanto, no concurren los presupuestos del citado articulo 212 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los exponen argumentando que el Código Procesal Civil, que es ley adjetiva aplicable, no permite abstenerse de contestar la demanda, como así lo establecía el Código de Procedimientos Civiles, ley adjetiva derogada, por consiguiente no vigente, que en el primer escrito se interpondrían las excepciones dilatorias e incidentes previo a la prosecución del proceso, la ley adjetiva vigente, Código Procesal Civil, artículo 434.1 establece que la contestación de la demanda se redactará en la forma prevenida para ésta, el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actos, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente, es decir, no puede dejar de contestar la demanda, so pena de que le pueda precluir el termino para la contestación, ya que este plazo de treinta días es perentorio e improrrogable es decir que este plazo es fatal o preclusivo, perdiéndose la oportunidad de ejecutar el acto de contestación de la demanda, artículo 123.1 y 126 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en los fundamentos de derecho de la sentencia, la Corte señala en el acápite tercero: (Sic) “Que no obstante tener razón el recurrente respecto a que con la normativa procesal de 1906, ya derogada, era factible abstenerse de contestar la demanda y por ello quedar pendiente el plazo para dar respuesta a la misma, debido a la interposición de excepciones dilatorias, lo cual con la normativa adjetiva vigente (CODIGO PROCESAL CIVIL), es vedada tal situación; sin embargo es importante mencionar que independientemente de qué normativa procesal se trate, cuando se ventilan casos de evicción, como en el proceso de mérito pareciera tratarse, si es procedente que el demandado, una vez ha sido emplazado y dentro del término emplazamiento solicite al tribunal que se le notifique la demanda al vendedor, en cuyo caso se suspenderá el plazo para contestar la demanda (ver artículo 1639 párrafo tercero del Código Civil[1]), es decir que tal suspensión del plazo para contestar a la demanda, no es ni por disposición del código de procedimientos Civiles de 1906, ni por el Código procesal civil vigente, sino por disposición de una norma sustantiva como es el Código Civil.- Así que el alegato respecto a cual norma adjetiva es la que se debe aplicar en el caso que nos ocupa resulta del todo estéril.-En consecuencia a lo anterior, y siendo que la suspensión del plazo para contestar a la demanda fue realizado por el Juez de instancia en cumplimiento a la petición efectuada por el demandado (SUPERMERCADO LA COLONIA), tal como se desprende del folio 129 frente y vuelto de la pieza de instancia, y cuya reanudación de plazo consta mediante auto de fecha 15 de febrero de 2018 (folio 23 y 236), habiendo transcurrido únicamente 12 días del plazo original, y quedando pendiente 18 días hábiles para completar los 30 días que el demandado contaba para contestar la demanda, tal como así lo deja por sentado la secretaria del Despacho mediante constancia de fecha 20 de febrero de 2018 que obra a folio 241 de autos…” CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a denegar la acción de amparo promovida, al constatar de los antecedentes del caso, que la actuación de la juez A-quo se encuentra conforme a derecho, observando el debido proceso, pues su actuación se encuentra enmarcada en la disposición contenida en el párrafo tercero, del artículo 1639 del Código Civil, en relación al procedimiento a seguir para la suspensión de la contestación de la demanda para el comprador. CONSIDERANDO 9: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 10: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, oído la opinión del Ministerio Público y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que DENIEGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado ELMER EDDY FUGON MARTINEZ, a favor de la empresa MINERALES DEL PACIFICO S.A.; contra la resolución de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1123-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] El comprador demandado solicitará dentro del término que el Código de Procedimientos señala para contestar a la demanda, que ésta se notifique al vendedor o vendedores. La notificación se hará como el mismo Código establece para emplazar a los demandados. El término de contestación para el comprador quedará en suspenso mientras no expiren los que para comparecer y contestar a la demanda se señalen al vendedor o vendedores, que serán los mismos plazos que determina para todos los demandados dicho Código de Procedimientos, contados desde la notificación establecida por el párrafo primero de este artículo. Si los citados de evicción no comparecieren en tiempo y forma, continuará respecto del comprador, el término para contestar a la demanda. -Lo subrayado es nuestro-