Sentencia AC-1096-19 — Registro 14776
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación de denunciado; revocó la sentencia definitiva dictada por juzgado de primera instancia que estimó ldenuncia por violencia psicológica, declarando agresor al denunciado, sancionándolo a prestar servicios comunitarios por el término de tres meses; El Tribunal de Apelaciones dictó nueva sentencia declarando sin lugar dicha denuncia en su manifestación psicológica y física contra denunciado; Además, dejó sin valor ni efecto la sanción impuesta y ordenó la Cesación de las medidas cautelares impuestas al denunciado; lo anterior por considerar que los hechos no resultaron acreditados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS…"…"según advierte esta Sala, los argumentos de la impetrante se enfocan principalmente a que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado el derecho que asiste a la denunciante a que se presuma su inocencia. Según se entiende, la recurrente cuestiona el hecho que el Tribunal de Apelaciones valorase documentos que fueron presentados en el juicio principal de violencia doméstica, concernientes a un proceso iniciado en el que se acusa de maltrato por transgresión a la peticionaria Jessica Carolina Rivera Ayala, considerando la amparista que la Alzada dio por hecho que ella había incurrido en ese delito sin que su responsabilidad fuese declarada en juicio y que esta valoración, según se entiende de sus argumentos, dio lugar a que se otorgara la apelación y se revocase la sentencia que estimaba la denuncia que por violencia doméstica presentó dicha señora en contra de su expareja, el padre de sus menores hijos..."..."esta Sala observa que sus cuestionamientos parecen estar más orientados hacia denunciar una valoración impropia de la prueba por parte de la Alzada que a una violación directa del derecho a la presunción de la inocencia como ha argumentado. Al tratarse de un derecho fundamental e inalienable sabemos que el derecho a que se presuma la inocencia le asiste tanto a la señora Rivera Ayala en el proceso que por el supuesto maltrato fue iniciado en su contra, como también al señor Castellanos Sabillón en su calidad de denunciado como supuesto autor violencia doméstica en el caso que es objeto de examen..."..."esta Sala no encuentra sustento en las alegaciones de la recurrente pues no se advierte de lo actuado disminución al derecho reconocido en el artículo 89 de la Constitución de la República en perjuicio de la señora Rivera Ayala, por cuanto según se observa del razonamiento del Tribunal de Alzada, se hizo alusión al impedimento de comunicación en la sentencia de apelación porque la A quo estableció que ese era el objeto del debate, aún y cuando la denuncia de violencia doméstica que dio inicio al proceso no guardaba relación con ese tema en específico sino que estaba enfocada a acciones de violencia física y psicológica de parte del denunciado pero distintas del alejamiento de los menores hijos de su madre..."..."IX. De la motivación de la sentencia de la Alzada esta Sala observa que no se concluyó—y de hecho no podría hacerse por tratarse de un proceso distinto—que la denunciante fuese la causante del maltrato, lo que se dijo en síntesis fue que existían investigaciones en su contra por ese hecho y que la decisión de extraer a los menores del hogar fue tomada por el Fiscal Especial de la Niñez y no por el denunciado de manera unilateral...Esta Sala encuentra además que la documentación cuestionada fue de utilidad para conocer la problemática en torno al régimen de comunicación entre la señora Rivera Ayala con sus menores hijos, determinándose que las limitaciones sobre el mismo están relacionadas a los procedimientos judiciales que se iniciaron contra ella como madre de los niños, por lo que no dependieron del arbitrio del denunciado, como parece haberlo entendido la juez de primera instancia e su fallo. Es importante observar además que la disposición de conceder la guarda y custodia al padre de los niños fue una medida provisional por parte del Juzgado de Letras de Familia, y si bien no se puede discutir el derecho que asiste a la madre de los niños de mantener comunicación con ellos, este es una cuestión que deberá ser regulada y decidida por la autoridad judicial competente, la cual determinó limitar ese derecho mediante una resolución que no es objeto del presente recurso de amparo y tampoco del proceso principal de violencia doméstica, pues no se observa que al inicio del procedimiento haya estado en disputa la comunicación de los hijos con sus padres...esta Sala debe insistir que del estudio de los antecedentes del caso no ha quedado claramente establecida la razón por la que la Juez de Violencia Doméstica consignó en su fallo que el objeto del debate tenía que ver con ese supuesto impedimento de comunicación perpetrado por el denunciado, pues de la denuncia presentada el 18 de abril de 2017 por la propia señora Rivera Ayala y con el que se inició el procedimiento de violencia doméstica, no se hizo mención de alguna acción del denunciante tendiente a no permitirle la comunicación con sus hijos sino que los actos denunciados tenían que ver con violencia psicológica y física, ocurrida en vía pública como se puede apreciar prima facie de la lectura íntegra del contenido de dicha denuncia que corre agregada al primer folio del expediente de primera instancia...esta Sala puede concluir que no ha existido en el presente asunto vulneración a los derechos constitucionales invocados por la impetrante, por cuanto la instrucción, tramitación y conclusión del juicio de mérito se ha realizado de conformidad con la ley por la Corte de Apelaciones como órgano jurisdiccional del Estado, la que, siendo competente para su conocimiento por razón de materia y territorio, ha respetado las formalidades establecidas previamente en la ley y ha enmarcado su decisión dentro del ordenamiento jurídico vigente, apreciando correctamente lo establecido por la normativa procesal aplicable al caso, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se alegan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, los principios que rigen el proceso, al amparo de los derechos y garantías que la Ley Primaria exige y reconoce...esta Sala aprecia que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y se ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la sentencia una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho...esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra el derecho a la presunción de inocencia, la garantía a un debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, observándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, a favor de SÍ MISMA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) que declara con lugar un recurso de Apelación interpuesto por el Abogado KILLER ACOSTA GARCÍA, en su condición de representante legal del señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN, contra actuaciones del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda de Violencia Doméstica promovida por la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, contra el señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN. Estima la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y al de presunción de la inocencia consignados en los artículos 90 y 89 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete (7) de abril del año dos mil diecisiete (2017), la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, compareció ante el Módulo de Atención Integral Especializado de la ciudad de San pedro Sula, presentando Denuncia de Violencia Doméstica, contra el señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN. 2) Que en fecha dieciocho (18) de abril del año mil diecisiete (2017), el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tiene por admitida la denuncia de Violencia Doméstica, interpuesta por la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, contra el señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN. (Folio 2 al 3 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual “…FALLÓ: 1. ESTIMANDO CON LUGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS POR VIOLENCIA DOMESTICA, EN SU MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, en la denuncia interpuesta por la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, contra el señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN. - 2. SE DECLARA AGRESOR, al señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN, por haber cometidos hechos de Violencia Domestica, en su manifestación PSICOLÓGICA, contra la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, consecuentemente SE LE SANCIONA al señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN, a prestar servicios comunitarios por el termino de TRES MESES, la prestación de servicios a la comunidad que deberá consistir en una profesión, oficio, actividad laboral diferente a la que ordinariamente realiza el denunciado y que equivaldrá a una jornada de 2 horas diarias, las que pueden ser hábiles e inhábiles; podrá en todo caso acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana, siempre que la naturaleza del servicio lo permita…” (Folios 200 al 210 de la pieza de la Demanda). 4) Que conociendo de un recurso de Apelación promovido por el Abogado KILLER ACOSTA GARCÍA, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado KILLER ACOSTA GARCÍA, en su condición de apoderado Judicial del señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN, contra la sentencia definitiva de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado Especial de Violencia Domestica, Departamento de Cortés, en la denuncia de Violencia Doméstica en su manifestación Psicológica interpuesta por la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, en contra del señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN.- SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva de fecha Doce de Abril el año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Especial, contra la Violencia Domestica de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes, agregada al expediente de mérito.- En consecuencia este Tribunal de alzada procede a dictar nuevamente la Sentencia, tomando como base los argumentos antes expuestos, cuya parte resolutiva deberá de leerse así: 1) Declarando Sin Lugar la Denuncia de Violencia Domestica en su manifestación Psicológica y Física, interpuesta por la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, en contra del señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN.- 2) Se ordena dejar Sin Valor ni efecto la sanción impuesta consistente en la prestación de servicios comunitarios .- 3.- Se ordena la Cesación de las medidas cautelares que se impusieron en su oportunidad al señor CRISTIAN ELTON CASTELLANOS SABILLÓN…” 5) Que la recurrente, señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, compareció ante este Tribunal, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor de SI MISMA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 y 303 de la Constitución de la República y si bien fue caducado de derecho y perdido irrevocable el termino dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito, se apreció que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación por lo que es procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, dando vista de los antecedentes por el termino de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho para emitir su dictamen. (Folio 64 de la pieza de amparo) 6) Que en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los artículos 80, 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. (Página 56 a la 61 de la pieza de amparo). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. El Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona que se considere agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. Conforme con la ley, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 3. La ley dispone que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4. Correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. OBJETO DEL RECURSO 1. Se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la señora Jessica Carolina Rivera Ayala la precitada sentencia de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, que fuera pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. 2. En este fallo, denunciado por la impetrante como violatorio de derechos y garantías constitucionales, se resolvió un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia definitiva que fue dictada por el Juzgado de Letras de Violencia Doméstica de la ciudad de San Pedro Sula, que declaró HA LUGAR una denuncia de violencia doméstica que fuera presentada por la referida señora en contra del señor Cristian Elton Castellanos Sabillón. 3. En su sentencia de apelación, el Tribunal Ad Quem revocó lo resuelto por el Juzgado de Letras y estableció su disconformidad con la valoración de la prueba que hiciera la A Quo en su fallo. Asimismo, la Alzada externó su desacuerdo con la estimación de los hechos denunciados ante el Juzgado de Violencia Doméstica, considerando que los mismos no resultaron acreditados en el procedimiento iniciado en torno a la denuncia presentada por la señora Rivera Ayala. 1. En el fallo de segundo grado que ha sido denunciado ante esta Sala, se hizo hincapié sobre una alegada situación de vulnerabilidad de los menores hijos de la denunciante y del denunciado, esto derivado de un procedimiento penal iniciado contra la señora Rivera Ayala por un supuesto maltrato por transgresión en perjuicio de dichos menores, así como una decisión del Juzgado de Familia que dispuso otorgarle provisionalmente la guarda y custodia al padre de los menores, a razón de la denuncia del supuesto maltrato. Se observa que la Alzada estableció en su fallo que la falta de comunicación entre los menores y su madre—un punto que fue asentado en la sentencia de primera instancia—resultó de una determinación de la propia autoridad judicial y no del arbitrio del padre denunciado, como pareció haberlo declarado la A Quo en su sentencia. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 1. Para la impetrante, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada violentó su derecho a la presunción de su inocencia y por extensión, quebrantó en su perjuicio la garantía a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Según se aprecia de las argumentaciones de la denunciante, las violaciones se dieron porque la Alzada consideró justificada la decisión de que fuera privada de comunicarse con sus menores hijos a razón del proceso penal que se instó en su contra por el supuesto maltrato por transgresión, cuestionándose que el Ad Quem la haya considerado culpable de dicho maltrato, sin haber sido vencida en juicio. La recurrente sostuvo que la Corte de Apelaciones debió tenerla como inocente de esos cargos al momento de la valoración probatoria, por cuanto su responsabilidad no había sido establecida por tribunal competente, de ahí que recurriese ante esta Sala para que restituya los derechos infringidos por la autoridad denunciada. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Esta Sala ha dicho que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. También esta Sala ha dejado instituido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. III. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Así, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. IV. Hemos insistido a su vez, que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. V. En el presente caso, según advierte esta Sala, los argumentos de la impetrante se enfocan principalmente a que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado el derecho que asiste a la denunciante a que se presuma su inocencia. Según se entiende, la recurrente cuestiona el hecho que el Tribunal de Apelaciones valorase documentos que fueron presentados en el juicio principal de violencia doméstica, concernientes a un proceso iniciado en el que se acusa de maltrato por transgresión a la peticionaria Jessica Carolina Rivera Ayala, considerando la amparista que la Alzada dio por hecho que ella había incurrido en ese delito sin que su responsabilidad fuese declarada en juicio y que esta valoración, según se entiende de sus argumentos, dio lugar a que se otorgara la apelación y se revocase la sentencia que estimaba la denuncia que por violencia doméstica presentó dicha señora en contra de su expareja, el padre de sus menores hijos. VI. Al examinar el fallo recurrido, así como las argumentaciones de la reclamante, esta Sala observa que sus cuestionamientos parecen estar más orientados hacia denunciar una valoración impropia de la prueba por parte de la Alzada que a una violación directa del derecho a la presunción de la inocencia como ha argumentado. Al tratarse de un derecho fundamental e inalienable sabemos que el derecho a que se presuma la inocencia le asiste tanto a la señora Rivera Ayala en el proceso que por el supuesto maltrato fue iniciado en su contra, como también al señor Castellanos Sabillón en su calidad de denunciado como supuesto autor violencia doméstica en el caso que es objeto de examen. VII. El derecho o la proclamación de la presunción de inocencia es ampliamente reconocido en los instrumentos internacionales y convenciones más relevantes sobre derechos humanos y básicamente se traduce en una afirmación positiva de la inocencia de un acusado hasta que su culpabilidad es declarada en juicio. Existen diversas dimensiones de este derecho y en su aplicación en el proceso puede entenderse o visualizarse como una regla de tratamiento, una regla de juicio o como una regla de favorecimiento del acusado en situaciones de duda. Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia se refiere a la condición del imputado en el proceso; como regla de juicio la presunción de la inocencia corresponde con la distribución de la carga de la prueba, la cual recae, como ya sabemos, en la acusación; y, en el último caso, como regla de favorecimiento, se relaciona al principio del in dubio pro reo que aplica cuando el juzgador no logra alcanzar su convicción con grado de certeza más allá de duda razonable, resultando en una decisión absolutoria del acusado, pues al presumirse su inocencia, el principio operará a su favor en el caso que no logre demostrarse su culpabilidad más allá de esa duda razonable. VIII. Dicho lo anterior, esta Sala no encuentra sustento en las alegaciones de la recurrente pues no se advierte de lo actuado disminución al derecho reconocido en el artículo 89 de la Constitución de la República en perjuicio de la señora Rivera Ayala, por cuanto según se observa del razonamiento del Tribunal de Alzada, se hizo alusión al impedimento de comunicación en la sentencia de apelación porque la A quo estableció que ese era el objeto del debate, aún y cuando la denuncia de violencia doméstica que dio inicio al proceso no guardaba relación con ese tema en específico sino que estaba enfocada a acciones de violencia física y psicológica de parte del denunciado pero distintas del alejamiento de los menores hijos de su madre. IX. De la motivación de la sentencia de la Alzada esta Sala observa que no se concluyó—y de hecho no podría hacerse por tratarse de un proceso distinto—que la denunciante fuese la causante del maltrato, lo que se dijo en síntesis fue que existían investigaciones en su contra por ese hecho y que la decisión de extraer a los menores del hogar fue tomada por el Fiscal Especial de la Niñez y no por el denunciado de manera unilateral. X. Esta Sala encuentra además que la documentación cuestionada fue de utilidad para conocer la problemática en torno al régimen de comunicación entre la señora Rivera Ayala con sus menores hijos, determinándose que las limitaciones sobre el mismo están relacionadas a los procedimientos judiciales que se iniciaron contra ella como madre de los niños, por lo que no dependieron del arbitrio del denunciado, como parece haberlo entendido la juez de primera instancia e su fallo. Es importante observar además que la disposición de conceder la guarda y custodia al padre de los niños fue una medida provisional por parte del Juzgado de Letras de Familia, y si bien no se puede discutir el derecho que asiste a la madre de los niños de mantener comunicación con ellos, este es una cuestión que deberá ser regulada y decidida por la autoridad judicial competente, la cual determinó limitar ese derecho mediante una resolución que no es objeto del presente recurso de amparo y tampoco del proceso principal de violencia doméstica, pues no se observa que al inicio del procedimiento haya estado en disputa la comunicación de los hijos con sus padres. XI. Sobre este último punto esta Sala debe insistir que del estudio de los antecedentes del caso no ha quedado claramente establecida la razón por la que la Juez de Violencia Doméstica consignó en su fallo que el objeto del debate tenía que ver con ese supuesto impedimento de comunicación perpetrado por el denunciado, pues de la denuncia presentada el 18 de abril de 2017 por la propia señora Rivera Ayala y con el que se inició el procedimiento de violencia doméstica, no se hizo mención de alguna acción del denunciante tendiente a no permitirle la comunicación con sus hijos sino que los actos denunciados tenían que ver con violencia psicológica y física, ocurrida en vía pública como se puede apreciar prima facie de la lectura íntegra del contenido de dicha denuncia que corre agregada al primer folio del expediente de primera instancia. XII. Por las razones que se han expuesto, y contrario a lo afirmado por la recurrente, esta Sala puede concluir que no ha existido en el presente asunto vulneración a los derechos constitucionales invocados por la impetrante, por cuanto la instrucción, tramitación y conclusión del juicio de mérito se ha realizado de conformidad con la ley por la Corte de Apelaciones como órgano jurisdiccional del Estado, la que, siendo competente para su conocimiento por razón de materia y territorio, ha respetado las formalidades establecidas previamente en la ley y ha enmarcado su decisión dentro del ordenamiento jurídico vigente, apreciando correctamente lo establecido por la normativa procesal aplicable al caso, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se alegan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, los principios que rigen el proceso, al amparo de los derechos y garantías que la Ley Primaria exige y reconoce. XIII. Asimismo, esta Sala aprecia que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y se ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la sentencia una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho. XIV. Así entonces, de todas las consideraciones antes relacionadas, así como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra el derecho a la presunción de inocencia, la garantía a un debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, observándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito presentado por la señora JESSICA CAROLINA RIVERA AYALA, a favor de SÍ MISMA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por las razones que se han dejado establecidas en el presente fallo; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1096=2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11