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Sentencia AC-1085-20 — Registro 14592

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de nulidad contra Laudo Arbitral dictado por Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Indutria de Tegucigalpa, que declaró sin lugar demanda arbitral en demanda para el pago de cantidades adeudadas por utilidad y otras reclamaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales sin responsabilidad del contratista derivadas de la rescisión del Contrato de ejecución de obra Rehabilitación de Caminos Rurales Joyas del Quebracho-Guarabuque, Municipio de Orica, desvanecimiento de supuestos incumplimientos contractuales promovida por Ingeniería de Caminos S de R L (DIDECA) contra recurrente y absolvió a éste a pagar a favor de la sociedad demandante, con condena en costas; El Tribunal de apelaciones declaró con lugar la nulidad por disposiciones contradictorias en base al artículo 74.7 de la Ley de Conciliación y Arbitraje

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala observa que en la interposición de la acción, en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, la recurrente enfoca la exposición de sus argumentos en las consecuencias de un recurso de nulidad, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; no obstante y si bien es cierto este supuesto también es abordado en el escrito de formalización de la acción de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno, acá sus argumentos versan en cuanto a exponer que el Tribunal Ad-quem debió sujetarse estrictamente al análisis de las causales de nulidad invocadas, sin pretender transformar su revisión en una segunda instancia ordinaria y aunado a ello, se invocaron las causales de los numerales 7) y 8) del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que llevan como requisito, haberse alegado oportunamente ante el Tribunal Arbitral, que no fue el caso. En forma escueta la recurrente en Amparo expresa que existe violación al debido proceso, sin exponer las consideraciones de hecho y de derecho que fundamentan tal tesis, pues lo que hace la amparista es señalar los principios generales que rigen el procedimiento del arbitraje, como el ser un proceso autónomo y al cual las partes se someten en forma voluntaria y expresa, a la jurisdicción arbitral, sin indicar de manera precisa el por qué a su criterio el Tribunal Ad-quem vulnera el debido proceso y se convierte en una segunda instancia ordinaria, sin consideración a la finalidad de la ley y las circunstancias del caso, no desarrollando la recurrente en forma alguna el concepto de vulneración al debido proceso..."..."al tenor de lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que, en los fundamentos de derecho en el acápite quinto, el Ad-quem estima que, en base a las consideraciones expuestas, se debe declarar con lugar el recurso de nulidad interpuesto por disposiciones contradictorias, en fundamento al artículo 74 numeral 7) de la Ley de Conciliación y Arbitraje; observando en la parte resolutiva de la sentencia recurrida en Amparo, que anula el laudo de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en contravención con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley en comento y que es invocado por la recurrente como transgredido por la sentencia del Ad-quem. De la lectura del referido precepto, esta Sala de lo Constitucional encuentra que éste es lo suficientemente claro y preciso, en cuanto al proceder que debe observar la corte o el tribunal arbitral en su caso, pues de proceder el recurso de nulidad por la causal contenida en el numeral 7)[4] del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, devenía la Corte, en la obligación por mandato de ley, en ordenar al tribunal arbitral que se efectuaran las correcciones o adiciones correspondientes, mas no la anulación del Laudo como erróneamente fue ordenado en la parte resolutiva de su fallo de fecha trece de marzo del año dos mil veinte..."..."siendo evidente la inobservancia por parte de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, del contenido del artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, en su sentencia de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, conociendo del recurso de nulidad, interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, al ordenar en la parte resolutiva de la sentencia impugnada en Amparo, anular el Laudo en comento, se ha vulnerado en perjuicio de la impetrante, el principio genérico del debido proceso, en los términos dejados plasmados en este libelo, en virtud del cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en los términos que se han dejado señalados en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con fundamento al contenido del artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, ordene al tribunal arbitral que efectúe las correcciones o adiciones correspondientes, siendo que el recurso de nulidad fue declarado con lugar con base a lo dispuesto en el artículo 74 numeral 7) de la ley en comento; sentencia recurrida en Amparo y que fue dictada en fecha trece de marzo del año dos mil veinte, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 37 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74, 7 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 76 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDILIA GIRÓN PASTRANA, a favor de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN, representada por su Presidente el señor JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece de marzo del año dos mil veinte, que declaró con lugar el recurso de nulidad, promovido contra el Laudo Arbitral, dictado por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, que declara sin lugar la Demanda Arbitral presentada, ello en relación a la demanda para el “pago de cantidades adeudadas por utilidad, administración según ficha de costos, devolución y pago de retenciones por calidad más el interés que se genere hasta que se haga efectivo el pago, por incumplimiento de obligaciones contractuales sin responsabilidad del contratista, derivadas de la rescisión del contrato de ejecución de obra “REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES JOYAS DEL QUEBRACHO-GUARABUQUE, MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CÓDIGO 105611.-DESVANECIMOENTO DE SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES”, promovida por la Sociedad Mercantil INGENIERÍA DE CAMINOS, S. DE R.L. (DIDECA), a través de su Representante legal DANNY ROBERTO GIRON CHINCHILLA, contra la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado disposiciones contenidas en los artículos 64, 80 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho, compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, en su condición de Apoderado Legal de la empresa INGENIERIA DE CAMINOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, solicitando la integración del Tribunal Arbitral, e interponiendo demanda: “PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS POR UTILIDAD, ADMINISTRACIÓN, SEGÚN FECHA DE COSTOS, RETENCIONES POR CALIDAD MÁS EL INTERÉS QUE SE GENERE HASTA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO.- DERIVADAS POR LA INFRACCIÓN AL PROCEDIMIENTO Y VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA E INFUNDADA RECISIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA “REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES JOYA DEL QUEBRACHO-GUARABUQUI, MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, CÓDIGO 105611.-DESVANECIMIENTO DE SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.”, contra la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. (Folios del 01 al 011 del Tomo I de la pieza de los antecedentes de la CCIT) 2) Que en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, emitió Laudo Arbitral mediante el cual falló: (Sic) “A.) DECLARAR SIN LUGAR la Demanda Arbitral presentada ante este Tribunal Arbitral por la sociedad mercantil INGENIERÍA DE CAMINOS, S. DE R.L. DE C.V. contra LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). B.) ABSOLVER a la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) a pagar a favor de la sociedad mercantil INGENIERÍA DE CAMINOS, S. DE R.L. DE C.V. la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (889,077.76) en concepto de utilidad, administración según ficha de costos y retenciones por calidad, más el interés que se generara. C.) CONDENAR EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE por haberse desestimado todas y cada una de sus pretensiones, por la suma total de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRA (L.136,414.37) las que se cuantifican y desglosan de la siguiente manera: 1. Costas Procesales: Conforme al artículo 48 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, donde faculta a los árbitros a exigir a las partes involucradas en el proceso, la provisión de fondos que estime necesaria para atender a los honorarios de los Árbitros y a los gastos que puedan producirse en la administración y tramitación del arbitraje, este Tribunal Arbitral estableció los mismos en definitiva mediante resolución firme que consta en el Acta de la Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral que obra a folios 00149 al 00150 del Expediente de Mérito, y se tasaron por el monto de TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (L.31,006.60) 2.) Costas Personales: Conforme a la Tasación presentada y que obra en el Expediente, corresponde el pago en concepto de Costas Personales por el monto de CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRA (L.105,407.77), desglosados de la siguiente manera: Hasta L.30,000.00…………………………25%.........L. 7,500.00 De L.30,000,01 hasta L.100,000.00…………20%………………… L. 14,000.00 De L. 100,000.01 hasta L.200,000.00………15%……………….L. 15,000.00, De L. 200,000.01 en adelante (L.689,077.76)…10%...L.68,907.77, Total: L.105,407.77”, (Folios del 00705 al 00722 del Tomo II de la pieza de los antecedentes de la CCIT) 3) Que en fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve, el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, actuando en su condición antes indicada, interpuso Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y que se deja relacionado en el acápite que antecede. En consecuencia, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de comercio e Industrias de Tegucigalpa, tuvo por admitido el mismo en fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, y ordenó se remitiera el expediente de mérito a la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán. (Folio 00749 del Tomo II de la pieza de los antecedentes de la CCIT) 4) Que conociendo del recurso de nulidad presentado por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, en su condición de apoderado legal de la empresa Ingeniería de Caminos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (IDECA), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha trece de marzo del año dos mil veinte, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD del Laudo Arbitral del que se ha hecho mención; SEGUNDO: ANULA el Laudo de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en la “DEMANDA ARBITRAL”.- Promovida por la sociedad mercantil INGENIERIA DE CAMINOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (IDECA)Contra la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).- SIN COSTAS….” (Folios del 45 al 53fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) Que la Abogada LIDILIA GIRÓN PASTRANA compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, interponiendo acccion de amparo a favor de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN, representada por su Presidente el señor JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, contra la sentencia de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consignados en los artículos 64, 80 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno y ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 01 al 7 y 39 de los autos) 6) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “se OTORGUE la acción de amparo interpuesta por existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista.”; argumenta la Fiscal del Despacho que la interpretación hecha por el Ad-Quem es incorrecta, y como representantes de la sociedad, solicita que se materialice por parte de este alto Tribunal de Justicia, la tutela efectiva, ya que el Tribunal Arbitral declaro la nulidad del Laudo Arbitral en base a lo establecido en el artículo 74 numeral 7 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, cuando dicha ley ordena que bajo dicha causal solo se puede ordenar efectuar las correcciones o adiciones correspondientes. (Folios del 42 al 50 de los autos) CONSIDERANDO 1: Que el Estado reconoce la garantía de amparo, según lo preceptuado en el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a efecto que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, ello en consonancia con lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional en los artículos 3 y 41. CONSIDERANDO 2: Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, correspondiendo a la Sala de lo Constitucional la jurisdicción constitucional, debiendo observar en la substanciación de la acción de amparo los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso, según lo dispone la normativa sobre justicia constitucional en el artículo 45. CONSIDERANDO 3: Que la recurrente en amparo aduce que la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo del año dos mil veinte, vulnera el derecho al debido proceso; la violación a este derecho fundamental, la recurrente lo desarrolla expresando que la Ley de Conciliación y Arbitraje ya establece cuales son las causales y las consecuencias de su invocación en el recurso de nulidad, por lo que no tendría razón someterse a un arbitraje si las partes no se van a someter a la resuelto, tal como lo establece el artículo 37. En ese sentido continúa exponiendo la garantista, la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil, del Departamento de Francisco Morazán, violenta la voluntad de las partes, por ser un proceso autónomo, en el que se verifica el cumplimiento de determinados supuestos de validez del Laudo Arbitral, sin perder de vista que las partes se han sometido de forma voluntaria y expresa a la Jurisdicción Arbitral. CONSIDERANDO 4: Que la impetrante sostiene que la petición de nulidad, como único recurso contra el laudo arbitral, se trata de un recurso extraordinario que procede de causas especificas de conformidad a lo preceptuado en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje y su anulación constituye una decisión facultativa del Tribunal ordinario competente, es decir que el Laudo no será nulo de pleno derecho, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 76 segundo párrafo. La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, del Departamento de Francisco Morazán, como Tribunal competente para resolver sobre la petición de Nulidad del laudo, debió sujetarse estrictamente al análisis de las causales de nulidad invocadas, sin pretender transformar su revisión en una “segunda instancia ordinaria”, ya que la naturaleza facultativa de la declaración de nulidad del laudo, indica que la Corte de Apelaciones, debió decidir sobre la anulación tomando en consideración la finalidad de la Ley y las circunstancias del caso, entendiéndose que el Recurso de anulación de laudo es un proceso autónomo, en el que en forma puntual se verifica el cumplimiento de determinados supuestos de validez del Laudo Arbitral. Aunado a ello, se invocaron las causales de los numerales 7) y 8) del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que llevan como requisito, haberse alegado oportunamente ante el Tribunal Arbitral, que no fue el caso y no menos importante, que, en un último caso, al estimarse dichas causales, se procederá a ordenar al tribunal arbitral que efectué las correcciones o adiciones correspondientes, en ningún caso ordenar la nulidad. CONSIDERANDO 5: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. Siendo así es obligatorio el cumplimiento de las exigencias procesales establecidas para el correcto desarrollo de la misma y conforme a ello determinar si procede o no el reconocimiento de esos derechos que los impetrantes aducen violentados o amenazados. CONSIDERANDO 6: Que, del examen de la acción constitucional impetrada, esta Sala observa que en la interposición de la acción, en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, la recurrente enfoca la exposición de sus argumentos en las consecuencias de un recurso de nulidad, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; no obstante y si bien es cierto este supuesto también es abordado en el escrito de formalización de la acción de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno, acá sus argumentos versan en cuanto a exponer que el Tribunal Ad-quem debió sujetarse estrictamente al análisis de las causales de nulidad invocadas, sin pretender transformar su revisión en una segunda instancia ordinaria y aunado a ello, se invocaron las causales de los numerales 7) y 8) del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que llevan como requisito, haberse alegado oportunamente ante el Tribunal Arbitral, que no fue el caso. En forma escueta la recurrente en Amparo expresa que existe violación al debido proceso, sin exponer las consideraciones de hecho y de derecho que fundamentan tal tesis, pues lo que hace la amparista es señalar los principios generales que rigen el procedimiento del arbitraje, como el ser un proceso autónomo y al cual las partes se someten en forma voluntaria y expresa, a la jurisdicción arbitral, sin indicar de manera precisa el por qué a su criterio el Tribunal Ad-quem vulnera el debido proceso y se convierte en una segunda instancia ordinaria, sin consideración a la finalidad de la ley y las circunstancias del caso, no desarrollando la recurrente en forma alguna el concepto de vulneración al debido proceso. CONSIDERANDO 7: Que corresponde entonces analizar si existe vulneración al debido proceso, en el orden de las consecuencias de un recurso de nulidad, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, en relación al recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral previamente referido; en ese orden de ideas el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, citado por el amparista como violentado por la sentencia emitida, reza: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; el debido proceso como ya lo ha dejado plasmado esta Sala en diferentes sentencias, comporta una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en igualdad de condiciones a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros. CONSIDERANDO 8: Que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral[1], de allí que las personas que tengan la libre administración de sus bienes, no pueden ser privadas del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento[2], decisión que generalmente se incluye en una cláusula en el negocio jurídico establecido entre las partes, renunciando con ello a los tribunales jurisdiccionales comunes y sometiendo las controversias que surjan o puedan surgir a un Árbitro o Tribunal Arbitral, ello en estricta relación a lo que determina el artículo 28 de la Ley de Conciliación y Arbitraje “CONTROVERSIAS OBJETO DE ARBITRAJE. Podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan la libre disposición”, señalando seguidamente el artículo 29 de la misma normativa que situaciones no son objeto de arbitraje. CONSIDERANDO 9: Que el asunto sometido a la decisión de un tribunal arbitral se decidirá por medio de un Laudo, el que tiene la misma fuerza y validez de una sentencia judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; contra el Laudo arbitral solo podrá interponerse el recurso de nulidad, señala el artículo 73 de la normativa previamente citada y por las causas que seguidamente enumera el artículo 74, la que se limita a nueve, establecidas en números clausus; es importante ilustrar en que consiste el recurso de nulidad en el Arbitraje, en palabras de Fortín Lardizábal[3] “el arbitraje es un proceso de única instancia, de manera que el fondo del asunto y el derecho aplicable solamente es discutible ante el tribunal mismo y no será revisado por ningún otro tribunal.-En otras palabras, el recurso de nulidad no es un recurso de apelación…”, para el mencionado autor el recurso de nulidad es el remedio extraordinario que la Ley prevé para sanear la violación grave de la normativa de orden público que informa al proceso arbitral. CONSIDERANDO 10: Que, en la escueta exposición que hace la recurrente en relación a la vulneración al debido proceso, ésta sostiene que las consecuencias del recurso de nulidad se encuentra dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje y cuando en la interposición de un recurso de nulidad se invoquen las causales de los numerales 7, 8 y 9 y éste prospere, se ordenara al tribunal arbitral que este efectúe las correcciones o adiciones correspondientes, en ningún caso ordenar la nulidad; es menester entonces conocer el contenido del artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje que se lee: “Consecuencias del Recurso de Nulidad. Efectuado el traslado y practicadas las pruebas necesarias a juicio de la corte o el tribunal arbitral, se decidirá el recurso para lo cual la corte o el tribunal arbitral en su caso contará con un plazo no superior a un mes. Cuando prospere cualesquiera de las causales señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 74, la corte o el tribunal arbitral en su caso declarara la nulidad del laudo. En los demás se procederá a ordenar al tribunal arbitral que efectúe las correcciones o adiciones correspondientes. -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 11: Que al tenor de lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que, en los fundamentos de derecho en el acápite quinto, el Ad-quem estima que, en base a las consideraciones expuestas, se debe declarar con lugar el recurso de nulidad interpuesto por disposiciones contradictorias, en fundamento al artículo 74 numeral 7) de la Ley de Conciliación y Arbitraje; observando en la parte resolutiva de la sentencia recurrida en Amparo, que anula el laudo de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en contravención con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley en comento y que es invocado por la recurrente como transgredido por la sentencia del Ad-quem. De la lectura del referido precepto, esta Sala de lo Constitucional encuentra que éste es lo suficientemente claro y preciso, en cuanto al proceder que debe observar la corte o el tribunal arbitral en su caso, pues de proceder el recurso de nulidad por la causal contenida en el numeral 7)[4] del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, devenía la Corte, en la obligación por mandato de ley, en ordenar al tribunal arbitral que se efectuaran las correcciones o adiciones correspondientes, mas no la anulación del Laudo como erróneamente fue ordenado en la parte resolutiva de su fallo de fecha trece de marzo del año dos mil veinte. CONSIDERANDO 12: Que siendo evidente la inobservancia por parte de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, del contenido del artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, en su sentencia de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, conociendo del recurso de nulidad, interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, al ordenar en la parte resolutiva de la sentencia impugnada en Amparo, anular el Laudo en comento, se ha vulnerado en perjuicio de la impetrante, el principio genérico del debido proceso, en los términos dejados plasmados en este libelo, en virtud del cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 13: Que el otorgamiento del amparo en los términos que se han dejado señalados en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con fundamento al contenido del artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, ordene al tribunal arbitral que efectúe las correcciones o adiciones correspondientes, siendo que el recurso de nulidad fue declarado con lugar con base a lo dispuesto en el artículo 74 numeral 7) de la ley en comento; sentencia recurrida en Amparo y que fue dictada en fecha trece de marzo del año dos mil veinte, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, visto el Dictamen del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 26, 28, 29, 34, 37, 69, 73, 74 y 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 63, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada LIDILIA GIRÓN PASTRANA, en su condición de Apoderado Legal de la MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM), contra la sentencia proferida en fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en los términos dejados establecidos en este libelo, por quebrantamiento del principio del debido proceso, a efecto de dictar una nueva sentencia, en la que con fundamento al contenido del artículo 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, ordene al tribunal arbitral que efectúe las correcciones o adiciones correspondientes, siendo que el recurso de nulidad fue declarado con lugar con base a lo dispuesto en el artículo 74 numeral 7) de la Ley de Conciliación y Arbitraje. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1085-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 26 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.

[2] Artículo 110 de la Constitución de la República.

[3] Fortín Lardizábal, Carlos Alfonso. El Conflicto y los Métodos Alternos para su Solución, Tegucigalpa, D.C., Honduras, 1ª.ed. 2006. Pág. 106.

[4] “Artículo 74. Causas de Nulidad. Las únicas causas de nulidad del laudo son las siguientes: 1… 2… 3… 4…5…6…7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal arbitral…”