Sentencia AC-1068-20 — Registro 15213
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 64, 82, 90, 94, 128 y 134 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente causa y siendo que el titulo Extrajudicial que se está Ejecutando es un pagare que no tiene fecha de vencimiento, de conformidad con el artículo 591 del Código de Comercio, se entiende que es pagadero a la vista, o sea a partir de su suscripción, mismo que de conformidad con el artículo 579 del referido cuerpo legal, prescribe en el plazo de tres (3) años a partir de la fecha de suscripción veinte (20) de julio de dos mil doce (2012) y al haber presentado la demanda de ejecución hasta el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), y no existiendo causal alguna de interrupción de prescripción, es evidente que esa acción esta prescrita, debiéndose Denegar el presente recurso de amparo, al concurrir el motivo de oposición a ejecución de título extrajudicial antes referido.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 124 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “Corte Suprema De Justicia. Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, actuando como en su condición de representante procesal del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece (13) de marzo dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS contra los Señores SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJIA y CLAUDIA MARIEL VALLADARES ALVAREZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de si mismo contemplados en los artículos 64, 82, 90, 94, 128 y 134 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, actuando como Representante Procesal del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, solicitando demanda de ejecución de titulo extrajudicial, que se dicte despacho de ejecución con requerimiento de pago y embargo, que se practiquen medida de averiguación de bienes del deudor. (Folios 01-45 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia de oposición en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: ESTIMAR el motivo de oposición planteado en la presente demanda de ejecución de titulo extrajudicial, por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA, en su condición de representante procesal de la parte ejecutada-opositora señor SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, en la demanda promovida por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, en su condición de representante procesal del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, contra los Señores SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, en su condición personal; SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJIA, y CLAUDIA MARIEL VALLADARES ALVAREZ, en su condición de avales solidarios, en cuanto a conceder la excepción de PRESCRIPCION en vista de la extinción de la acción cambiaria por inactividad del ultimo tenedor del titulo ejecutivo (pagare), dentro los términos legales para ejercitar la acción.- SEGUNDO: Téngase por sobreseído este proceso contra los ejecutados, y archívese el mismo sin ulterior desarrollo, debiéndose entregar oportunamente los documentos que interesen a las partes previo acuse de recibo.- TERCERO: Se les indica a las partes que la presente resolución es definitiva, en tal sentido, cabe contra la misma el recurso de apelación, debiendo interponerse dentro del plazo de 10 días hábiles ante este Juzgado, expresándose los agravios que la resolución le cause, conociendo del mismo la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.- CUARTO: Con costas para la parte ejecutante.” (Folios 118–123 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, actuando como en su condición de representante procesal del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho mención; SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA DE OPOSICION de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en la demanda de ejecución forzosa interpuesta por el REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS en contra del señor SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA.- TERCERO: CON COSTAS.” (Folios 11-17 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020), ante la Honorable Sala de lo Constitucional se interpone acción de amparo por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, actuando como en su condición de representante procesal del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90, 94, 128 y 134 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–20 y 44 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no violentarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios 47–51 y 53 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA a favor del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), que declara sin lugar el recurso de apelación, interpuesto en contra de la sentencia de oposición de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de titulo extrajudicial, promovida por el REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, contra los señores SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJIA Y CLAUDIA MARIEL VALLADARES ALVAREZ. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA considera que la decisión del Ad-Quem de fecha trece (13) de marzo del dos mil veinte (2020), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria del principio del debido proceso por faltar a la motivación debida y a la fundamentación correspondiente, referente a los requisitos internos de la sentencia, tal como lo ordena en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, en el sentido que en el recurso de apelación se han planteado tres (3) agravios e inclusive se planteó nulidad absoluta de la sentencia recurrida, no expresando en la sentencia la motivación correspondiente de cada agravio planteado para obtener una respuesta lógica y fundamentada legalmente, lo que ocurre es prácticamente relacionar los antecedentes de cada parte sin dar la respuesta esperada, e inclusive por dejar de observar lo establecido en el artículo 798 del Código Procesal Civil, conllevando a su vez a la violación del derecho de defensa, en vista que al no motivar dando respuesta a los argumentos en el recurso antes relacionado y que se realizaron por escrito. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha dieciséis de septiembre del dos mil veintiuno, estableciendo que del análisis realizado al fallo impetrado, aprecia que el reproche señalado por el amparista a la resolución Sub- Examine, no incurre en ninguna vulneración Constitucional, ya que la alzada si se ha pronunciado sobre cada uno de los argumentos sometidos a su conocimiento por la parte demandante, tal como se aprecia en autos, al señalar el Ad-Quem que la ejecución surge de un pagare suscrito en fecha veinte (20) de julio de dos mil doce (2012), siendo requerido su pago en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con lo cual han transcurrido más de tres años, sin que se evidenciaría interrupción en lo que respecta a su cobro, por lo cual la alzada considera que no es de recibo el agravio expresado en ese sentido, siendo del parecer que no se otorgue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente causa y siendo que el titulo Extrajudicial que se está Ejecutando es un pagare que no tiene fecha de vencimiento, de conformidad con el artículo 591 del Código de Comercio, se entiende que es pagadero a la vista, o sea a partir de su suscripción, mismo que de conformidad con el artículo 579 del referido cuerpo legal, prescribe en el plazo de tres (3) años a partir de la fecha de suscripción veinte (20) de julio de dos mil doce (2012) y al haber presentado la demanda de ejecución hasta el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), y no existiendo causal alguna de interrupción de prescripción, es evidente que esa acción esta prescrita, debiéndose Denegar el presente recurso de amparo, al concurrir el motivo de oposición a ejecución de título extrajudicial antes referido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 507, 579, 590, 591, 592 y 594 del Código de Comercio; FALLA: PRIMERO: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, a favor del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha trece de marzo de dos mil veinte, emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, que declara sin lugar el Recurso de Apelación, interpuesto en contra de la Sentencia de Oposición de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” ““Corte Suprema De Justicia. Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, a favor del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, que falla DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, a favor del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, CONFIRMANDO la resolución de fecha trece de marzo del dos mil veinte, emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de oposición de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve dictado por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS contra los Señores SANTOS RICARDO ZEPEDA MEJIA, SANTOS CEFERINO ZEPEDA MEJIA y CLAUDIA MARIEL VALLADARES ALVAREZ. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, actuando en su condición antes referida, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor del REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha diez de mayo del dos mil veintidós, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, en fecha seis de junio de dos mil veintidós, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, al argumentar que no existió respuesta en la sentencia que se recurre en reposición, sobre los motivos alegados en amparo, relacionados con violaciones cometidas por la Corte de Apelaciones, como ser la falta de motivación debida y la fundamentación correspondiente referente a los requisitos internos de la sentencia y con ello acreditar los tres principio violados como lo son el derecho a la defensa, debido proceso y legalidad. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, se hizo un pronunciamiento claro en cuanto al principio del debido proceso y siendo que este tiene como objetivo fundamental, asegurar a los interesados que han acudido ante las Instituciones Jurisdiccionales, o de la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos; entendiéndose por tanto que el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, dentro de los cuales se encuentran los alegados por el recurrente, en vista que siendo que el titulo Extrajudicial que se está Ejecutando es un pagare que no tiene fecha de vencimiento, de conformidad con el artículo 591 del Código de Comercio, se entiende que es pagadero a la vista, o sea a partir de su suscripción, mismo que de conformidad con el artículo 579 del referido cuerpo legal, prescribe en el plazo de tres (3) años a partir de la fecha de suscripción veinte (20) de julio de dos mil doce (2012) y al haber presentado la demanda de ejecución hasta el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), y no existiendo causal alguna de interrupción de prescripción, es evidente que esa acción esta prescrita, por esa razón se le declaró sin lugar el recurso de amparo, al concurrir el motivo de oposición a ejecución de título extrajudicial antes referido. En ese sentido, se entiende que los argumentos del recurrente no son atendibles cuando las alegaciones señaladas por él, no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia y la Resolución de fecha diez de mayo y veintiséis de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal con el número SCO-1068-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL