Sentencia AC-1067-20 — Registro 15212
Resumen
Se interpuso recurso de amparo que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia definitiva con relación a la Demanda de suspensión de obra nueva. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado las garantías Constitucionales consignadas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (12): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha uno de octubre del año dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió de base para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia violatoria de los derechos de defensa y debido proceso, como lo indica la recurrente; en el fallo recurrido se ha respetado el debido proceso, al dictar una sentencia con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca la impetrante como vulnerados. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por la recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, pues las exigencias que fundamentan la decisión adoptada, se encuentran establecidas en la ley, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por la recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ABELLA ESTHER CARBAJAL PAZ, a favor de EDUARDO ALEJANDRO BLANDON CARBAJAL, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (01) de octubre del año dos mil veinte (2020), que por mayoría de votos, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); con relación a la Demanda de suspensión de obra nueva, promovida por el señor EDUARDO ALEJANDRO BLANDON CARBAJAL, contra la señora KARLA PATRICIA GOMEZ ANDURAY. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado las garantías Constitucionales consignadas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el señor EDUARDO ALEJANDRO BLANDON CARBAJAL, interponiendo demanda para la suspensión de una obra nueva por la vía del proceso abreviado contra la señora KARLA PATRICIA GOMEZ ANDURAY. (Folios del 01-07 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 2) Que seguido que fue el trámite correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR LA DENUNCIA DE OBRA NUEVA interpuesta por el señor EDUARDO ALEJANDRO BLANDON CARBAJAL contra la señora KARLA PATRICIA GOMEZ ANDURAY, por las razones supra consideradas.- SEGUNDO: Mandar alzar la prohibición de Suspensión Provisional de la Obra Decretada, sin perjuicio a las acciones que la parte vencida pueda ejercer…” (Folios del 355–358fv de la pieza de antecedentes del A-Quo). 3) Que el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición de Representante Procesal del señor EDUARDO ALEJANDRO BLANDON CARBAJAL, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el acápite que antecede, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia por mayoría de votos, en fecha uno (01) de octubre del año dos mil veinte (2020), en la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Rene Velásquez Días, en su condición de representante procesal de Eduardo Alejandro Blandón Carbajal. SEGUNDO: Confirmar la sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Con costas a la parte recurrente…” (Folios del 35-41 de la pieza de antecedentes del Ad-Quem) 4) Que no conforme con la sentencia dictada en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), por el Tribunal de segunda instancia, la Abogada ABELLA ESTHER CARBAJAL PAZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del señor EDUARDO ALEJANDRO BLANDON CARBAJAL, por considerar que la misma es violatoria de las garantías consignadas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veintiuno (2021). (Folios del 01-06 y 66 de los autos) 5) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.”; argumenta la Fiscal del Despacho que esa Representación Fiscal aprecia, que la sentencia proferida por el Tribunal de Alzada ha externado un razonamiento en el cual no se aprecia vulneración manifiesta o evidente de los derechos constitucionales invocados por el amparista, en tanto que el ámbito de conocimiento del tribunal de alzada esta limitado por el contenido de la pretensión recursiva, conforme el principio dispositivo que establece el Código Procesal Civil, de modo tal que el Ad-quem aprecio que en el caso de autos no se estableció con la claridad el concepto de la violación que se exige para el recurso de apelación. Por lo que del análisis de lo anteriormente citado el Ministerio Público estima que en el caso de autos el fallo emitido por el Ad-quem no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el Amparista, ya que su resolución es razonable, congruente y justa. (Folios del 69–73 y 75 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1], y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de octubre del año dos mil veinte, que por mayoría de votos declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Rene Velásquez Diaz, en su condición de representante procesal del señor Eduardo Alejandro Blandón Carbajal, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, que declara Sin Lugar la Denuncia de Obra Nueva interpuesta por el señor Eduardo Alejandro Blandón Carbajal. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo viola los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Argumenta la pedidora de amparo que el Magistrado redactor del fallo en comento, se confundió con su misión y dando vía para resolver el recurso de apelación, al pasado y se posesionó de la idea fija en su mente que estaba resolviendo un recurso de casación civil por infracción de ley, regulado en nuestro Código de Procedimientos, emitido en 1906 y ahora parcialmente derogado, quedando únicamente vigente las normas que se refieren a actos de jurisdicción voluntaria o mejor dicho actos no contenciosos; continua expresando la recurrente que ya tenemos un nuevo Código Procesal Civil, basado en principios y doctrina nueva, inclusive el propio recurso de casación civil, fue hondamente modificado para superar esas expresiones que lastimosamente se vierten en los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, que constituye por el momento un precedente funesto en la aplicación de la justicia en un Estado de Derecho. Las exigencias contenidas en los mencionados fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, no existen en nuestra legislación, por ello es que en ningún momento la Corte recurrida llega a citar norma o articulo alguno del CPC en que se base, sino que es una creatividad ilegal. CONSIDERANDO (4): Que en relación a la vulneración del contenido del articulo 90 constitucional, la impetrante sostiene que la Alzada al confirmar el fallo de primera instancia, prohijó los fundamentos de derecho de la sentencia de primera instancia; al sostener equivocadamente en sus fundamentos de derecho cuarto, quinto, sexto y séptimo que en el recurso de apelación (en la expresión de agravios) se debió seguir la técnica legal y doctrinaria del antiguo recurso de casación por infracción de ley, infringiendo las normas constitucionales invocadas, específicamente el párrafo primero del articulo 90 de nuestra constitución de la República, como el aceptar que la sentencia apelada desconoce el articulo 902 del Código Civil (el que pasa a transcribir). Reitera asimismo la recurrente que se infringe el derecho a la defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, al sostener equivocadamente que los requisitos para un escrito interponiendo recurso de apelación y expresión de agravios, se debe someter a los antiguos trámites del riguroso recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, regulado en el Código de Procedimientos de 1906, lo cual no es correcto ni legal, pero por ello dictó el fallo recurrido en la forma que lo emitió. CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que la recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia del escrito de interposición del recurso de Amparo y en la formalización del mismo, que la recurrente se enfoca en la sentencia dictada por el A-quo, apreciaciones en cuanto a los yerros que a su criterio cometió la Juez de Primera de Instancia, olvidando que recurre en Amparo de la sentencia dictada en segunda instancia por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tal es así que en la formalización de la acusación sus argumentaciones versan en cuestiones de mera legalidad haciendo referencia a que se acreditó por parte de su representado los hechos torales de la demanda, enunciando los medios de prueba que fueron propuestos, para concluir que el derecho de defensa y el debido proceso protegidos en las últimas décadas por nuestro sistema legal, fueron infringidos por la sentencia recurrida que confirma en todas sus partes la de primera instancia y hace suyos los hechos y fundamentos de derecho de dicha sentencia. CONSIDERANDO (7): Que, en el escrito de interposición de la acción de Amparo, este Alto Tribunal encuentra argumentos que son propios a resolver en esta instancia constitucional, como ser lo expresado por la recurrente en relación a que se infringe el derecho a la defensa y debido proceso, consignados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, pues las exigencias contenidas en los fundamentos de derecho de la sentencia que se recurre en amparo no existen en nuestra legislación, por ello en ningún momento la Corte recurrida llega a citar norma o artículo alguno del Código Procesal Civil en que se base, sino que es una creatividad ilegal. CONSIDERANDO (8): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[2]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[3] CONSIDERANDO (9): Que la resolución emitida por el Ad-quem resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido y consecuencia de ello, confirma la sentencia recurrida; en el acápite cuarto de los fundamentos de derecho el Tribunal recurrido expone: “Con carácter previo, es preciso señalar que el Tribunal que resuelva el recurso de apelación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurrido por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. Es por ello, que como regla general se establece que los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de un recurso devolutivo (llámese apelación o casación) deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, la identificación con total precisión del pronunciamiento o parte que de él se impugna. Lo anterior es de conformidad al principio dispositivo o de justicia rogada (artículo 10.2 del CPC), que es extensible al ámbito de los recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 701 del Código Procesal Civil…”. La recurrente en sus argumentos sostiene que las exigencias contenidas en los fundamentos de derecho de la sentencia que se recurre en amparo no existen en nuestra legislación, no obstante, a ello el Ad-quem cita como fundamento de su decisión el contenido del artículo 10.2 del Código Procesal Civil, en relación con el contenido del precepto 701 de la ley adjetiva en comento; resulta importante entonces para esta Sala de lo Constitucional referirnos al precepto citado, para dilucidar si tal fundamento de derecho es acorde a lo decidido, el que a la letra dice: “ARTÍCULO 701. EFECTO DEVOLUTIVO. ÁMBITO DEL RECURSO. 1. El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. 2. Respectando los límites anteriores podrá resolver el recurso invocando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque no coincidan con los señalados por los recurrentes en sus escritos. 3. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.”; de la lectura de la norma legal citada, este Alto Tribunal aprecia que lo decidido por el Tribunal recurrido, no es de su creatividad o inventiva, como expone la recurrente, pues las exigencias que fundamentan la decisión adoptada se encuentran establecidas en la ley, los límites establecidos por el artículo 701, es el parámetro en cuanto a la respuesta brindada al recurso de apelación promovido, por ello el tribunal recurrido expone en el acápite quinto de los fundamentos de derecho, que en relación al primer y tercer agravio, el recurrente no señala la finalidad del agravio, ya sea la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate o la revisión de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como en la valoración de la prueba. CONSIDERANDO (10): Que se aprecia de la lectura de los fundamentos de derecho esgrimidos por el tribunal recurrido, que estos van dirigidos a orientar al apelante a que la técnica recursiva utilizada no fue la correcta; en ese orden de ideas el artículo 704 del Código Procesal Civil, desarrolla lo atinente a la fundamentación de los recursos devolutivos, que es precisamente lo que el ad-quem le señala al recurrente en apelación, en atención a que los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo acusa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna. Al respecto y atención a los límites o parámetros que debe observar el Ad-quem al momento de resolver un recurso devolutivo, Diego Diez sostiene que “El tribunal superior (iudex ad quem), en los recursos de apelación y de casación, está vinculado con la pretensión y resistencia del recurrente y del recurrido (art. 701.1 del CPC). Se aplica así el brocardo tantum devolutum quantum apellatum, proyecccion a su vez del principio dispositivo que inspira toda la organización del proceso civil…”[4] CONSIDERANDO (11): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (12): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha uno de octubre del año dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió de base para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia violatoria de los derechos de defensa y debido proceso, como lo indica la recurrente; en el fallo recurrido se ha respetado el debido proceso, al dictar una sentencia con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca la impetrante como vulnerados. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por la recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, pues las exigencias que fundamentan la decisión adoptada, se encuentran establecidas en la ley, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por la recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 200, 206, 207, 208, 701, 704 y 705 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada ABELLA ESTHER CARBAJAL PAZ, a favor del señor EDUARDO ALEJANDRO BLANDON CARBAJAL, contra la sentencia de fecha UNO (1) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-1067-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
CLML
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[3] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.
[4] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 47.