Sentencia AC-1048-22 — Registro 16304
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la resolución con relación a la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (3): Que la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós dictada por la la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que se conoce en consulta, sobreseyó la acción de amparo promovida por la Abogada Liz Carolina Figueroa Ferrari, a a favor del señor Oscar Torres Hernández, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, conforme a las consideraciones expuestas en forma sucinta en el Antecedente 3) de la presente sentencia; por considerar que recaen en la misma las causales de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento estipuladas en los numerales 1) y 9) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo estas: “1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad …2)…3)…4)…5)…6)…7)…8)…9) Cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del procedimiento”; por lo que constando en autos tales circunstancias, deben sobreseerse las presentes diligencias; confirmando a la vez la sentencia venida en consulta, con la especial mención de consistir el contenido de la acción de amparo en alegaciones de mera legalidad, sin trascendencia a la tutela judicial efectiva.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 y 9 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil veintidós. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que sobreseyó el de recurso de amparo presentado por la Abogada Liz Carolina Figueroa Ferrari, a favor del señor Oscar Torres Hernández, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, con relación a la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva, promovida por el Abogado Guillermo Reinerio Salguero, en su condición de representante procesal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Guadalupe Limitada, en contra del señor Oscar Torres Hernández. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Luis Armando Acosta Funez, en su condición de representante procesal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Guadalupe Limitada, interponiendo demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva, en contra del señor Oscar Torres Hernández. (Folios 1-6 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia de anulabilidad, tuvo las siguientes consideraciones: “…existo alguna los intentos de notificación a la incidentista notificación asimismo, consta en las presentes diligencia que los mismos se efectuaron en fecha 27/10/2021, nueve meses después que se haya ordenado por el poder ejecutivo la habilitación de plazos, razón por la cual bajo ningún contexto se le ha causado y haciéndole también un llamado de atención y la advertencia que de presentando se le sancionara a la representante procesal incidentista por abuso de derecho que causa dilatoria al proceso de acuerdo al artículo 6 y 88 del CPC, Y POR NO HABER ni establecer las supuestas actuaciones irregulares y por no haber causado indefensión a las partes se declara sin lugar la anulabilidad presentada por la abogada LIZ, que la secretaria del despacho proceda a notificar por cualquiera de los medios, la presente resolución haciendo constar que la presente resolución es irrecurrible. Se da por finalizada la presente audiencia, firmando la presente acta para constancia la compareciente ante Suscrita Juez y Secretario Adjunta que da Fe de lo actuado, y que la secretaria proceda a extender la certificación de la presente audiencia solicitada por la representante procesal de la parte ejecutante, siendo las cuatro y ocho de la tarde." (Folios 262-265 expediente del A-quo) 3) En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, compareció la Abogada Liz Carolina Figueroa Ferrari, ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Oscar Torres Hernández, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que la decisión adoptada por el A-quo y de la cual se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 del expediente del Ad-Quem) 4) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Por recibida la comunicación debidamente cumplimentada, junto con el expediente número 0801-2015-08222-CPEH. SEGUNDO: Sobreseer la acción de Amparo interpuesta por la abogada LIZ CAROLINA FIGUEROA FERRARI, quien actúa en su condición de representante procesal del señor OSCAR TORRES HERNANDEZ, quien recurre contra la resolución dictada en la audiencia de nulidad celebrada el veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán…”; Por considerar la apertura a la tutela jurisdiccional, implica la comisión de un acto que se considera violatorio, cuya reparación se buscó activa y permanentemente, agotando dentro del momento procesal oportuno todos los medios establecidos a su alcance; lo cual no muestra correlato a lo establecido en lo acaecido en la Audiencia de nulidad de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán que contiene la resolución objeto de amparo, al verificarse del auto contra el cual se presenta anulabilidad, el cual es de mero trámite y en el cual se colocó una fecha inexistente; siendo rectificada correctamente en la celebración de la Audiencia. Por todo ello, no habiéndose violentado ningún derecho a la recurrente, se considera no se ha violentado ningún derecho a la recurrente, habiéndose presentado el amparo con fin dilatorio y contra un acto de mera legalidad; de conformidad al artículo 46 incisos 1) y 9) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 27-28 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, tal como ocurre en el presente caso. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta acción de amparo promovida por la peticionaria, Abogada Liz Carolina Figueroa Ferrari, en fecha ocho de junio del año dos mil veintidós ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; por considerar que se le violentaron a su representación procesal los derechos constitucionales ínsitos en los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós dictada por la la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que se conoce en consulta, sobreseyó la acción de amparo promovida por la Abogada Liz Carolina Figueroa Ferrari, a a favor del señor Oscar Torres Hernández, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, conforme a las consideraciones expuestas en forma sucinta en el Antecedente 3) de la presente sentencia; por considerar que recaen en la misma las causales de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento estipuladas en los numerales 1) y 9) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo estas: “1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad …2)…3)…4)…5)…6)…7)…8)…9) Cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del procedimiento”; por lo que constando en autos tales circunstancias, deben sobreseerse las presentes diligencias; confirmando a la vez la sentencia venida en consulta, con la especial mención de consistir el contenido de la acción de amparo en alegaciones de mera legalidad, sin trascendencia a la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 82, 90, 94, 303, 313 No.5 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 46 numerales 1) y 9); 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, de la cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1048-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL