Sentencia AC-1030-21 — Registro 15211
Resumen
Se interpuso Recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia con relación a la demanda vía proceso declarativo ordinario de oposición de declaratoria de heredera testamentaria y nulidad absoluta de instrumento público de testamento abierto. Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de petición, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 60, 80, 90 y 183 de la Constitución de la República, pues inadmite el ofrecimiento a prueba propuesto en el escrito de interposición del recurso de apelación, pues la Juez A-Quo no consignó, apreció o relacionó toda la prueba que se practicó en la audiencia probatoria.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos, en el que la Sala aprecia que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERRTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de julio de dos mil veintidós.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CRISTINA ISABEL GONZALEZ PAVÓN DE ZAVALA a favor de los señores HÉCTOR FREDY ZAVALA LICONA, ALEX ROBERTO ZAVALA LICONA y HERMAN ARTURO ZAVALA LICONA también conocido como GERMAN ARTURO ZAVALA LICONA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce de mayo de dos mil veinte; con relación a la demanda vía proceso declarativo ordinario de oposición de declaratoria de heredera testamentaria y nulidad absoluta de instrumento público de testamento abierto promovida por los señores HÉCTOR FREDY ZAVALA LICONA, ALEX ROBERTO ZAVALA LICONA y HERMAN ARTURO ZAVALA LICONA también conocido como GERMAN ARTURO ZAVALA LICONA, contra los señores EVA LETICIA ZAVALA LICONA y RAFAEL MEDINA IRIAS.-CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de petición, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 60, 80, 90 y 183 de la Constitución de la República, pues inadmite el ofrecimiento a prueba propuesto en el escrito de interposición del recurso de apelación, pues la Juez A-Quo no consignó, apreció o relacionó toda la prueba que se practicó en la audiencia probatoria.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada el tres de mayo de dos mil veintiuno y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, inadmitió los medios de prueba solicitados ante esa instancia, en virtud de que los mismos no se encausan en ninguno de los incisos del artículo 712.2 del Código Procesal Civil para que proceda su admisión.-CONSIDERANDO: Que el artículo 712 del Código Procesal Civil dispone, que la prueba en apelación deberá ser propuesta en el escrito de interposición, de oposición o de impugnación y se limitará a los casos expresados en ese artículo, situación que no se observa en el caso de mérito.- CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos, en el que la Sala aprecia que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 215 numeral 3, 715.1, 788 y 900.1 del Código Procesal Civil; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CRISTINA ISABEL GONZALEZ PAVÓN DE ZAVALA a favor de los señores HÉCTOR FREDY ZAVALA LICONA, ALEX ROBERTO ZAVALA LICONA y HERMAN ARTURO ZAVALA LICONA también conocido como GERMAN ARTURO ZAVALA LICONA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1030-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL