Sentencia AC-1021-21 — Registro 14630
Resumen
Acto recurrido que otorgó la acción de Amparo contra la Denuncia de Violencia Doméstica interpuesta contra la impetrante, con relación a una recusación alegada, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), cuando señala que no se motivó la decisión de otorgar a favor del señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ, la guarda y custodia provisional de la menor S. A. J. S., en vista que al tratarse de una medida cautelar, el Juez debe de realizar para su otorgamiento un análisis profundo, sobre todo en medidas como la otorgada en el presente caso, que es referente a la guarda y cuidado de una menor de edad, cuya decisión debe de estar sustentada siempre en beneficio del interés superior del menor y que al no haber sido realizada de esa manera por el Juez, al haberle otorgado al denunciante la guarda y cuidado de la Menor S. A. J. S., ha violentado el debido proceso, debiéndose confirmar la sentencia definitiva venida en consulta.…" Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa..." ..." Que por las razones señaladas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones..."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo del dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que otorgó la acción de Amparo interpuesta por las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, en su condición de madre de la menor S. A. J. S., contra la Denuncia de Violencia Domestica interpuesta por el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ, contra la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintiuno (2021),dictada por el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán, ,con relación a una recusación alegada en la denuncia promovida por el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ, contra la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN.-Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (2) de agosto del dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Fiscalía de delitos comunes el señor JORGE ALBERTO LAINEZ, interponiendo denuncia contra la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN con relación a una recusación alegada en la denuncia promovida por el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ, contra la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN. 2) Que en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán, (SIC) RESOLVIO: DECLARAR SIN LUGAR, lo recurrido por parte del representante procesal de la denuncia, en virtud de no apegarse a Derecho dicho recurso, en tal sentido se mantiene las medidas impuestas y se declaran con lugar las medidas…” (Folio 11 al 14 de la pieza del Juzgado) 3)Que en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintiuno(2021), dictada por el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 08 la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintiuno(2021), dictó sentencia mediante la cual falló (Sic): “PRIMERO: SE OTORGA LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por las abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA , en su condición de apoderadas legales de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN.- SEGUNDO: Se declara la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, desde el acta que contiene la AUDIENCIA celebrada en fecha en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) y demás actuaciones dejando subsistente únicamente los poderes y representación procesal de cada una de las partes que fueron otorgados en la misma.- Indicándole de forma precisa al A-quo la conducta a cumplir como ser una vez recibido la presente sentencia proceda a desarrollar la audiencia con toda la sutileza técnica y científica que el cargo le impone con el objeto de dar respuesta clara y contundente a cada una de las pretensiones de las partes siempre motivadas y sustentadas en el ordenamiento jurídico correspondiente…”(Folios 128 al 131 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que otorga el recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas BLANCA INEZ FORTIN ALVARENGA Y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor de ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra la audiencia celebrada por el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia de Violencia Domestica, interpuesta ante el Ministerio Publico, Sección de Turno de la Fiscalía de Delitos Comunes, interpuesta en fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, por el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ contra la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN. CONSIDERANDO TRES (3): Que las reclamantes sustentaron su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dicha decisión es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en vista que lo resuelto por el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, en audiencia de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021), prescinde del trámite legal correspondiente. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), cuando señala que no se motivó la decisión de otorgar a favor del señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ, la guarda y custodia provisional de la menor S. A. J. S., en vista que al tratarse de una medida cautelar, el Juez debe de realizar para su otorgamiento un análisis profundo, sobre todo en medidas como la otorgada en el presente caso, que es referente a la guarda y cuidado de una menor de edad, cuya decisión debe de estar sustentada siempre en beneficio del interés superior del menor y que al no haber sido realizada de esa manera por el Juez, al haberle otorgado al denunciante la guarda y cuidado de la Menor S. A. J. S., ha violentado el debido proceso, debiéndose confirmar la sentencia definitiva venida en consulta. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe darse un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones señaladas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) que otorga el recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas BLANCA INEZ FORTIN ALVARENGA Y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor de ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra la audiencia celebrada por el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia de Violencia Domestica, interpuesta ante el Ministerio Publico, Sección de Turno de la Fiscalía de Delitos Comunes, interpuesta en fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, por el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ contra la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 22, 199 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1021-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.