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Sentencia AC-1015-21 — Registro 15710

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró ha lugar recurso de apelación con relación a la demanda ordinaria de pago de lo no debido promovida. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 64, 80 y 82 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y resulta evidente que para la apreciación de estas violaciones mediante el ejercicio de esta acción constitucional, deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos.-CONSIDERANDO (11): Que según advierte esta Sala, en el presente caso, los argumentos del impetrante resultan insuficientes para acreditar la violaciones alegadas, por cuanto no se observa arbitrariedad por parte el Tribunal de Alzada en la emisión de su resolución, como tampoco que ésta resulte carente de la debida motivación, ni en sus consideraciones ni en su resultante decisión, la cual se estima consecuente con sus razonamientos y con los fundamentos de derecho en los que se apoya.-Por otro lado, es oportuno destacar que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares en los procesos judiciales es, en principio, una decisión propia de los órganos jurisdiccionales, debiendo ésta corresponder con los requisitos y a las finalidades exigidas por la ley.-En virtud de ello, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio de instancia y por tanto no susceptible—en principio—de la garantía constitucional de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, cuando se haya tomado tal disposición como resultado de una apreciación inexacta de hechos o de una valoración defectuosa de la prueba aportada en forma oportuna por las partes, lo que no ha acontecido en el presente asunto.-La falta de motivación aducida por el quejoso no se evidencia de la resolución que es objeto de examen, pues la Alzada en el ordinal 5º de sus fundamentos de derecho ha expuesto las razones en las que justifica su decisión, la cual está formada en razonamientos ordenados que a criterio de esta Sala resultan claros y consecuentes con la determinación de la Alzada de estimar el recurso de apelación promovido por la parte demandada y la consiguiente oposición a la medida cautelar en cuestión, que resulta ser una decisión de estricto derecho que corresponde y compete tomar a los órganos jurisdiccionales del orden común en estricto apego a su potestad constitucional de impartir justicia, de aplicar las leyes a casos concretos y juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (12): Que es en tal virtud que esta Sala aprecia la inexistencia en el presente asunto de vulneración la garantía a un debido proceso, al derecho de defensa o al principio de supremacía constitucional, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo se han respetado las formalidades establecidas en la ley, y la decisión resultante está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado el Tribunal lo establecido por la norma y con base a hechos acreditados mediante prueba, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas.-CONSIDERANDO (13): Que se observa que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la sentencia una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho. -CONSIDERANDO (14): Que de todas las consideraciones antes relacionadas y del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía a un debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, apreciándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad del recurrente con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil vendidos.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN JOSÉ ESCOBAR GUZMÁN, a favor del PRIMER COLEGIO PROFESIONAL HONDUREÑO DE MAESTROS (PRICPHMA), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021) que declaró HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por el del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria de pago de lo no debido promovida por el PRIMER COLEGIO PROFESIONAL HONDUREÑO DE MAESTROS (PRICPHMA), contra el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 64, 80 y 82 de la Constitución de la República. - ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) , el Abogado JUAN JOSÉ ESCOBAR GUZMÁN, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, interponiendo Demanda Ordinaria de pago de lo no debido por la vía del proceso declarativo ordinario, que en concepto de restitución o devolución de cantidad indebidamente depositada a favor del demandado le corresponde al patrocinado, se reclama el pago de danos y perjuicios consistente en los intereses calculados sobre la cantidad declamad a la tasa más alta que presta la Banca Nacional partir del día en que erróneamente se depositó la cantidad reclamada hasta la fecha la fecha en que se restituya dicho valor a favor del demandante, se solicita medida cautelar, inaudita parte, de embargo preventivo de bienes consistente en la cantidad debida junto con la proyección de intereses.-2) Que en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán resolviendo la oposición a la medida cautelar s de embargo solicitada por la parte demandante, dictó resolución mediante la que decidió: “… PRIMERO: Declarar sin lugar la oposición a la medida cautelar presentada por el Abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO, en su condición de representante procesal del COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTRAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH). SEGUNDO: Se mantiene la medida cautelar de embargo preventivo. TERCERO: Sin lugar la solicitud de adopción de ofrecimiento del peligro de demora procesal. CUARTO: Se levanta la medida de embargo decretada en autos de fecha 15 y 31 de mayo del 2018…”. (Folio 23 al 32 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán resolviendo un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, FALLÓ: “…PRIMERO: Con lugar el recurso de Apelación interpuesto. SEGUNDO: SE REVOCA la resolución impugnada. TERCERO: Con Lugar la oposición interpuesta contra la adopción de la medida cautelar adoptada inaudita parte al no justificarse el peligro de demora procesal. CUARTO: Se levanta la medida de embargo decretada en autos de fecha 15 y 31 de mayo del 2018…”. (Folio 23 al 32 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional el Abogado JUAN JOSÉ ESCOBAR GUZMÁN, interponiendo recurso de amparo contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80 y 821 de la Constitución; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022). (Folio 35 del presente Recurso).-5) Que en fecha cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que PROCEDE DECLARAR CON LUGAR, la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 38–43del presente Recurso).-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN .-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del PRIMER COLEGIO PROFESIONAL HONDUREÑO DE MAESTROS (en adelante PRICPHMA), la precitada sentencia de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, que fue pronunciada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL, que se dejó previamente relacionada. -El fallo denunciado por el impetrante como violatorio de derechos y garantías constitucionales, resolvió un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en este caso, el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (en adelante COLPROSUMAH), contra de una resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de marzo de dos mil veintiuno. -La Corte de Alzada determinó revocar la resolución apelada, declarar con lugar la oposición promovida contra la adopción de la medida cautelar impuesta y ordenar el levantamiento de esta.-Para el Tribunal de Alzada, el único agravio de recibo presentado por la parte apelante y demandada resultó ser el segundo, señalando entre sus razonamientos una serie de desavenencias cometidas por el juez de instancia en el procedimiento para la imposición de la medida cautelar anteriormente relacionada, entendiéndose que, conforme con el criterio del Tribunal de Alzada, las consideraciones del A Quo resultaron además de erróneas, inconsecuentes e incoherentes para justificar el peligro de demora como presupuesto para la imposición de la medida cautelar solicitada.-SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE.-CONSIDERANDO (6): Que el impetrante censuró lo actuado por la Corte de Apelaciones calificándola su decisión como antojadiza y carente de la debida motivación. -El quejoso sostuvo que la ley le otorga a su representada el derecho a solicitar embargo preventivo derivado de la acción entablada en contra del COLPROSUMAH como entidad demandada e hizo énfasis en el resultado de una inspección llevada a cabo en el proceso por medio de la cual afirma que se acreditó la aparente inexistencia de una deuda millonaria del Ministerio de Educación que la parte demandada alegó que tenía vigencia a su favor, pero el quejoso cuestionó que no ha sido presentado ningún documento que acredite que esta deuda existe. -El impetrante dedicó parte importante de sus argumentos a plantear o en todo caso reiterar diversos aspectos relacionados con el fondo de la controversia, como la existencia de la obligación alegada y la discutible actuación de un intermediario que al parecer se agenció dinero del Estado para transferirlo a diversos colegios profesionales porque aparentemente no había una buena relación con la Secretaría de Finanzas por supuestas razones políticas—esto según se expuso en la demanda principal—por lo que se recurrió a esta cuestionable gestión.-Para el impetrante, los razonamientos de la Alzada y su decisión han transgredido derechos constitucionales de su representado, en específico el principio de supremacía constitucional, el derecho de defensa y el derecho a un debido proceso.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO (7): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. -La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.-CONSIDERANDO (9): Que en este sentido se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí a obtener de la autoridad jurisdiccional una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. -CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y resulta evidente que para la apreciación de estas violaciones mediante el ejercicio de esta acción constitucional, deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos.-CONSIDERANDO (11): Que según advierte esta Sala, en el presente caso, los argumentos del impetrante resultan insuficientes para acreditar la violaciones alegadas, por cuanto no se observa arbitrariedad por parte el Tribunal de Alzada en la emisión de su resolución, como tampoco que ésta resulte carente de la debida motivación, ni en sus consideraciones ni en su resultante decisión, la cual se estima consecuente con sus razonamientos y con los fundamentos de derecho en los que se apoya.-Por otro lado, es oportuno destacar que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares en los procesos judiciales es, en principio, una decisión propia de los órganos jurisdiccionales, debiendo ésta corresponder con los requisitos y a las finalidades exigidas por la ley.-En virtud de ello, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio de instancia y por tanto no susceptible—en principio—de la garantía constitucional de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, cuando se haya tomado tal disposición como resultado de una apreciación inexacta de hechos o de una valoración defectuosa de la prueba aportada en forma oportuna por las partes, lo que no ha acontecido en el presente asunto.-La falta de motivación aducida por el quejoso no se evidencia de la resolución que es objeto de examen, pues la Alzada en el ordinal 5º de sus fundamentos de derecho ha expuesto las razones en las que justifica su decisión, la cual está formada en razonamientos ordenados que a criterio de esta Sala resultan claros y consecuentes con la determinación de la Alzada de estimar el recurso de apelación promovido por la parte demandada y la consiguiente oposición a la medida cautelar en cuestión, que resulta ser una decisión de estricto derecho que corresponde y compete tomar a los órganos jurisdiccionales del orden común en estricto apego a su potestad constitucional de impartir justicia, de aplicar las leyes a casos concretos y juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (12): Que es en tal virtud que esta Sala aprecia la inexistencia en el presente asunto de vulneración la garantía a un debido proceso, al derecho de defensa o al principio de supremacía constitucional, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo se han respetado las formalidades establecidas en la ley, y la decisión resultante está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado el Tribunal lo establecido por la norma y con base a hechos acreditados mediante prueba, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas.-CONSIDERANDO (13): Que se observa que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la sentencia una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho. -CONSIDERANDO (14): Que de todas las consideraciones antes relacionadas y del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía a un debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, apreciándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad del recurrente con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. F A L L A: DENEGANDO la garantía de amparo invocada por el Abogado JUAN JOSÉ ESCOBAR GUZMÁN, a favor del PRIMER COLEGIO PROFESIONAL HONDUREÑO DE MAESTROS (PRICPHMA), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021); Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1015-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11